La deuda de los negociados K en Venezuela con la justicia parece irrecuperable
El interregno neoconservador de Mauricio Macri entre dos administraciones peronistas concluyó esta semana. Del Gobierno de Cristina Fernández al de Alberto Fernández, en el que ella figura como vicepresidenta, se completó un hiato de cuatro años que no bastó para resolver ante la justicia argentina algunos casos de corrupción heredados del kirchnerismo y que involucran negocios con Venezuela. Uno de ellos: las irregularidades en el contrato para la implantación de la Televisión Digital Abierta. Los involucrados no solo tuvieron suertes dispares ante los tribunales, sino que siguieron contratando con el Estado como si nada.
Curiosamente, y a diferencia de otros contratos con empresas argentinas para apoyar proyectos de infraestructura y productivos en Venezuela que nunca llegaron a concretarse, la implantación de la Televisión Digital Abierta (TDA) tuvo un desenlace que parecía feliz: el 20 de febrero de 2013, actuando como presidente encargado mientras Hugo Chávez no tenía ni dos días de haber regresado de La Habana para morir en el Hospital Militar de Caracas, Nicolás Maduro puso oficialmente en marcha lo que calificó como la “primera fase” del sistema TDA. Un acuerdo con costos por 120 millones de dólares en el marco del Convenio Integral de Cooperación entre Argentina y Venezuela, sirvió para que en apenas siete meses a los hogares más humildes llegaran antenas, decodificadores y teléfonos celulares que permitían el acceso a una señal de televisión mucho más estable que la analógica, todo de forma gratuita para los usuarios.
El negocio tuvo como beneficiarios a los empresarios argentinos Juan José Levy y Pablo Rubio. Pero, como luego se descubriría, la iniciativa había encubierto un esquema distorsionado de sobreprecios y triangulación de productos, desvío de fondos y participación de empresas sin ningún tipo de experiencia. Ya en mayo de 2017 se daban detalles sobre este proceso judicial en Armando.Info.
La
novedad no es solo que el caso permanezca sin resolver a estas alturas. Lo
llamativo es la suerte dispar que tuvieron Levy y Rubio en el proceso. Mientras
que el primero está siendo investigado por las irregularidades en los contratos
-una circunstancia que probablemente quede en suspenso con la profunda reforma
que el nuevo presidente Alberto Fernández ha anunciado para la justicia
argentina-, el segundo no enfrentó ningún procedimiento judicial. Toda una
curiosidad si se toma en cuenta que son muchos los nexos entre ambos y que lleva
a pensar que Rubio contó con la protección o de la Providencia o de alguna otra
instancia.
El esquema
Según
recoge la agencia de noticias argentina Telam, Juan José Levy y Pablo Rubén
Rubio estuvieron presentes en un encuentro en la sede diplomática que organizó
el entonces embajador de Argentina en Venezuela, Carlos Cheppi, el 21 de febrero
de 2013 en Caracas. La reunión se llevó a cabo un día después de la inauguración
del sistema TDA y también contó con la asistencia del entonces ministro de
Planificación Federal de Argentina, Julio De Vido. Este exfuncionario
kirchnerista aparece en diversas causas de corrupción en la Argentina y
actualmente se encuentra privado de libertad luego de que la justicia lo
condenara por su responsabilidad en un accidente ferroviario ocurrido el 22 de
febrero de 2012, donde murieron 52 personas. Pero además fue una especie de
Supra embajador de los negocios argentinos en Venezuela. Levy es allegado a De
Vido.

La puesta en marcha de la TDA en Venezuela, implicó un millonario negocio para empresarios argentinos
“Un
importante número de empresas argentinas mantienen conversaciones con las
autoridades venezolanas con el objetivo de incrementar sus exportaciones y para
instalar sus plantas en el país caribeño, en el marco del proceso de
transferencia de tecnología acordado por ambos países”, se lee en la bajada de
la
nota de Telam sobre aquel encuentro.
La
agencia señala que el representante de la empresa Novatech Solutions S.A., Pablo
Rubio, aseguró que la firma exportó 200.000 decodificadores de manera directa y
otros 100.000 kits desarmados para la puesta en marcha de la TDA. Además, dijo
que en abril de ese año iban a empezar la instalación en Venezuela de la
maquinaria necesaria para el ensamblaje de ese último lote de
decodificadores.
Pero
Venezuela debía comprar aún más decodificadores si pretendía beneficiar al 50%
de la población a través de este sistema, tal y como se había prometido. Según
aseguraron las autoridades venezolanas en la cadena de radio y televisión de ese
20 de febrero de 2013, se disponían a distribuir 600.000 decodificadores en
total. Si habían comprado a Novatech, el proveedor argentino, 300.000
decodificadores, ¿de dónde saldrían los demás?

Maduro anunció que precisaban 600 mil decodificadores
En
esa misma nota de prensa se recogen las palabras de Juan José Levy, que
representaba públicamente a Laboratorios Esme S.A., una compañía que fabricaba
productos de higiene personal y aseo. Aunque Levy habló con Telam sobre la
instalación de una planta en Venezuela para la producción de ese tipo de
insumos. Pero se sabe que a través de otras de sus empresas, Bleu Tel y
Corporación Gulfos, vendió decodificadores para este proyecto y con
sobreprecio.
A
esa conclusión llegó la justicia argentina al analizar los contratos que
hicieron las tres compañías vinculadas a Levy con Venezuela. La información fue
confirmada por una fuente de Conatel con quien Armando.Info conversó. En
la causa judicial se dice que las mercaderías vendidas, como también los fletes
y seguros cobrados a empresas estatales venezolanas por Laboratorios Esme Saic,
Bleu Tel S.A. y Corporación Gulfos S.A., fueron contratados con precios mucho
mayores respecto a iguales productos exportados por las mismas empresas
argentinas a otros países o en relación con similares productos vendidos por
otras empresas a Venezuela o a otros Estados.
Por
ejemplo, la justicia argentina comparó modelos de decodificadores comprados
desde la nación austral a la empresa china Sichuan Changhong Network
Technologies al costo de 30 dólares a precio de venta detal. Los que aparecían
en los contratos investigados que la Corporación Gulfos vendía a Cantv
(Venezuela) alcanzaban los 77 dólares por unidad (en una venta cuantiosa, de
275.000 unidades), sin incluir costos adicionales como el seguro y el flete. Los
montos en los que se fijaron estos últimos también fueron considerados por la
investigación con sobreprecio. Mientras que la misma empresa china tasó el flete
y seguro de sus decodificadores vía marítima hasta Argentina a menos de un dólar
por unidad; Corporación Gulfos fijó las tasas a Venezuela vía aérea en 19,85
dólares por unidad, y en 10,15 dólares por vía
marítima.
Mismo
caso con la segunda empresa. Un contrato entre Bleu Tel y Cantv para la venta de
150.000 decodificadores ya ensamblados provenientes de China estipulaba
que el pago total sería de un poco más de 11,8 millones de dólares, a razón de
78,80 dólares por unidad. Ese monto representa casi el doble de lo que la Unión
Transitoria de Empresas (UTE), que se encargó de los decodificadores en la
puesta en marcha de TDA en Argentina, pagó por ellos a la misma fábrica
asiática. En el caso de los fletes el precio inflado sería también de escándalo.
Mientras que UTE pagó cerca de un dólar por cada decodificador transportado,
Bleu Tel habría cobrado entre 7 y 15 dólares.

Frolem Corporation, vinculada con Levy, dio miles de dólares en efectivo a Marcela Paz, esposa de Pablo Rubio
Lazos de familia
La
investigación judicial estableció nexos entre las familias de Levy y de Rubio.
Aunque el propio Pablo Rubio no se mencione en el documento de 226 páginas
emanado del Poder Judicial de Argentina, sí figuran su esposa, Marcela Carolina
Paz, y su hermano, Julián Francisco Rubio. Este último procesado y señalado como
accionista menor y director suplente de la empresa Corporación Gulfos,
perteneciente a Levy. Gulfos está vinculada a su vez con otra empresa: Frolem
Corporation LC.
Frolem
Corporation fue, en su momento, accionista mayoritaria de Gulfos. Apareció
en los llamados Panama Papers como una empresa offshore registrada
en Nevada, Estados Unidos, asesorada por el estudio Mossack Fonseca. De acuerdo
con los documentos de esa masiva filtración procesada por el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés),
Juan José Levy fungía en la empresa como intermediario y los accionistas eran
Gabriel Znidardic y las firmas Kastel Limited y Sunlead Enterprises Inc. En la
investigación que dirigió la fiscalía en su contra se sugiere que Frolem sería
la pieza clave en un mecanismo pensado por los empresarios para dar apariencia
de origen lícito al dinero que provenía de los diversos contratos que se hacían
a través de las empresas argentinas.
El otro vínculo que aparece en este entramado es el de Frolem Corporation con Marcela Carolina Paz. Frolem, representada por Miguel Álvaro Romero, suscribió dos contratos de mutuo acuerdo con Paz, por un total de 80.000 y 50.000 dólares en efectivo, para invertir en el mercado de bienes raíces de Argentina. Al no declarar esos 130.000 dólares en efectivo ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de Argentina, habría incurrido en evasión fiscal.
Pero
la relación no termina allí. En la base de datos de los Panama Papers
figura Marcela Paz como intermediaria de la empresa Dockland Properties, ubicada
en Islas Vírgenes Británicas. Julián Rubio, además de ser su cuñado, presidió la
sociedad de bienes raíces Dockland Argentina, la que se presume es hermana
gemela de la anterior. Otros dos Rubio también aparecen relacionados con esta
última: Carolina y Rubén José.
En
un
reportaje del diario argentino La Nación
se recoge la versión según la cual el FPB Bank, un pequeño banco panameño,
encendió las alarmas luego de analizar movimientos de 40 millones de dólares
vinculados con Levy; con su esposa, María Julieta Ratto; y con sus socios de
otra empresa llamada Grupo Núcleo: la familia Rubio y Maximiliano González Kunz.
La entidad, según refiere el artículo, estudia si las operaciones bancarias
relativas a ese dinero, provienen de intercambios entre la estatal venezolana
Cantv y la firma Dockland Properties. Por este caso, según reporta Infobae, Levy
está siendo procesado en Panamá.
Finalmente
aparece una tercera sospechosa: Sunblaze Foundation. Creada en Panamá en marzo
de 2014 tiene a Levy como intermediario. Señala La Nación que fue una de
las investigadas en Panamá tras la alerta del FPB
Bank.
No
parece casual que justamente las empresas escogidas por Cantv para la compra de
decodificadores sean las de Levy y la de Rubio. Algunos de los nexos se pueden
ver en esa investigación. Lo que sí es extraño es que a pesar de tantos vínculos
entre ambos sea solo el primero quien tenga una extensa y minuciosa
investigación en su contra. Uno está siendo procesado por la justicia argentina
y aparezca en medios de comunicación nacionales e internacionales por las
irregularidades relacionadas con sus empresas -el abogado de Levy se negó a
conversar con Armando.Info alegando que no quiere afectar el juicio de su
cliente- y el otro, incluso, continuó haciendo negocios con el Estado
argentino.
Un Rubio silencioso
Tanto
como relacionarse y hacer negocios, Pablo Rubio sabe esconderse. La única foto
que aparece en internet es la que se encuentra bajo este párrafo, cedida por la
web minutodecierre.com. Desde ese portal confirmaron que la fotografía proviene
de Migraciones y se pudo comprobar la veracidad de la información al
contrastarla con la fotocopia del pasaporte del empresario de
Novatech.

De resto, no hay más imágenes de quien pudiera calificarse como un empresario “exitoso”, lo que refuerza la idea de que Rubio contrató servicios para limpiar su reputación y borrar trazas de su imagen en la web, tal como lo afirmó la prensa argentina, que aseguró que Rubio pagó hasta millón y medio de dólares por un servicio de limpieza de imagen a La Agencia de Raúl Timerman y Juan Carlos Malagoli, dos importantes consultores y publicistas argentinos.
Se especula que esa limpieza de reputación habría influido en que Novatech y otras empresas vinculadas a Rubio (y a Levy) volvieran a participar en la licitación para la venta de computadoras en un plan estatal argentino llamado Conectar Igualdad. Este fue un programa que lanzó en el año 2010 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de reducir la brecha digital en Argentina. Consistía en entregar una netbook a todos los estudiantes y docentes de establecimientos públicos de educación secundaria, educación especial y de formación docente, y aunque el plazo original era de tres años se extendió y continuó incluso durante el mandato de Mauricio Macri hasta que en 2018 se reemplazó por Aprender Conectados.
El
programa era financiado por la Administración Nacional de la Seguridad Social,
Anses, y una de las premisas era que las compras se hicieran a empresas
argentinas para impulsar la economía nacional. De esta forma quienes
determinaban el precio conveniente para la compra de netbooks eran todas
empresas locales. Durante el kirchnerismo las empresas PC Arts, Grupo Núcleo y
Novatech, entre otras, participaron y ganaron.

Pero
durante el gobierno de Macri se determinó que el precio en el que se venían
comprando los artefactos era sobrevaluado. Una vez que desde el Ejecutivo
amenazó con comprar las netbooks a empresas foráneas, las licitaciones bajaron
casi a la mitad. Esto quiere decir que las mismas empresas que ofrecieron y
vendieron equipos tasados cada uno en 500 dólares, durante el kirchnerismo,
redujeron su precio a 250 dólares por unidad, ante la posibilidad de perder la
cotización a manos del mercado internacional.
¿Qué
pasó después? En 2017 la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos y el Ministerio de Educación y Deportes a través de su sociedad del
estado, Educar, realizó la licitación para la compra de 450.000 netbooks del
Programa Conectar Igualdad. De acuerdo con un
informe de la jefatura de gabinete de ministros de Argentina,
se presentaron once ofertantes cubriendo los 22 lotes para adquirir las casi
medio millón de netbooks. “El modelo es la nueva versión del entregado el año
pasado. El Ministerio de Educación y Deportes pagará un estimado entre U$D225 y
U$D230 por computadora”, refiere el documento.
Allí
se señalan los once ofertantes, de los cuales ocho fueron seleccionados para la
adjudicación. Figuran de nuevo Grupo Núcleo, Novatech y PC-Arts (con el nombre
de Bangho), además de Newsan S.A, Coradir S.A y Positivo
BGH.
Sólo
durante 2014, PC Arts, Grupo Núcleo y Novatech le vendieron notebooks a la Anses
por 890 millones de pesos argentinos -112 millones de dólares- incluyendo
el servicio técnico. La primera de las empresas vendió 47.000 unidades, al igual
cantidad que la segunda cuya cotización eran 82 pesos menor ( 4.094 pesos -511
dólares-y 4.012 pesos -502 dólares- respectivamente). Mientras que
Novatech vendió 124.000 netbooks a 4.101 pesos -512 dólares- cada una. La
conclusión es casi obvia: las empresas vinculadas con Rubio y Levy habrían
competido falsamente entre sí, alzándose con un negocio grande.
En
2017, aunque a mitad del precio, el negocio de las tres continuó.
Armando.Info intentó contactar varias veces a Rubio a través de Novatech,
pero se informó cada vez que estaba de viaje.
Los privilegios de Argentina
El
proyecto de Televisión Digital Abierta o Televisión Digital Terrestre fue
asignado a la antigua Investigaciones Aplicadas, que hoy se llama INVAP Sociedad
del Estado. La empresa estatal argentina se dedica al diseño, integración, y
construcción de plantas, equipamientos y dispositivos en áreas de alta
complejidad como energía nuclear, tecnología espacial, tecnología industrial y
equipamiento médico y científico. Ya había desarrollado el proyecto de TDA en la
nación austral.
Pero
éste no era el primer contrato jugoso que hacía la estatal con Venezuela. Poco
después de la creación del convenio binacional en 2004, INVAP llevó adelante un
proyecto con el Ministerio de Salud venezolano que consistió en la construcción
y equipamiento de 19 centros de radioterapia en el país. Diez años más tarde,
Venezuela le pagaría por el mantenimiento y actualización de esos mismos
centros, misión que se vio interrumpida por la crisis
venezolana.
Documentos
y resúmenes de gestión de INVAP dan cuenta de que desde 2012 la compañía se
desempeñó como contratista principal de la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales S.A. (ARSAT) en la instalación y puesta en marcha de las trece
estaciones de Televisión Digital para la venezolana
Cantv.
El
15 de marzo de 2012 Da Vido, por Argentina, y Jorge Arreaza, por Venezuela,
firmaron un “Convenio de Cooperación para el Intercambio de Experiencias y la
Implementación de Acciones Conjuntas en Materia de Políticas Públicas de
Inclusión Digital, Telecomunicaciones y Contenidos Educativos y Culturales”.
Días más tarde, el 29 de marzo de 2012, se legalizó el “Contrato Sistema de
Televisión Digital Terrestre entre la empresa Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anónima- Arsat y la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos
de Venezuela (Cantv)” con las firmas de Néstor Pablo Tognetti, presidente de
Arsat, y Manuel Fernández, por Cantv. (Ver
documentos).
El
documento enumera las 33 cláusulas del acuerdo. En la octava, titulada
Contraprestación se señala que “el monto máximo de contraprestación a favor de
LA CONTRATISTA en virtud del presente CONTRATO, pagaderos con recursos
provenientes del Fideicomiso del Convenio Integral de Cooperación suscrito con
la República de Argentina, es la cantidad fija de Veintiún Millones Ciento
Veintiocho Mil Cuatrocientos Siete Dólares ($ 21,128,407.00)”. A través de tres
adendos se fijó el monto final de 25,578,407.00 de dólares, más la cantidad de
hasta otros dos millones de dólares que corresponderían al equipamiento de la
estación cabecera y telepuerto de los mismos para un
total.
Ese
monto, que es de la primera fase del sistema, ejecutado por Arsat, no incluía el
costo de los decodificadores, según se pudo comprobar en el listado de
entregables que refieren los contratos. Solo la instalación de las trece
estaciones de transmisión, con todos sus equipos.
En
la Memoria y Cuenta del Ministerio de Ciencia y Tecnología del año 2012 se
menciona la adquisición por parte de Venezuela de una cantidad de receptores,
aunque no especifican el origen de todos:
Adquisición
de partes y piezas, e instalación de una línea piloto de ensamblaje de 650
decodificadores en el Complejo Tecnológico Simón Rodríguez de La
Carlota.
Ensamblaje
de 100.000 decodificadores en Brasil para la transferencia tecnológica y de
conocimientos al equipo técnico venezolano, ejecutado por Telecom Venezuela
C.A.
Adquisición
300.000 decodificadores Semi Knocked Down (SKD) para ser ensamblados en
Venezuela.
Ensamblaje
de 600 decodificadores SKD en Venezuela como parte de la prueba piloto de la
línea de producción nacional
Contratación
de la línea para el ensamblaje de los decodificadores SKD en Industrias Canaima,
adquiridos a los proveedores argentinos y brasileños, así como el decodificador
desarrollado por el Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en
Telecomunicaciones.
La
premura por la expansión del sistema de TDA y la presión para que se compraran
los decodificadores a empresas argentinas, se llevó por delante el esfuerzo de
ingenieros venezolanos que venían trabajando con Brasil en el desarrollo de
receptores muy avanzados.
En
2010 los ingenieros venezolanos del Centro Nacional de Desarrollo e
Investigación en Telecomunicaciones (Cendit), impulsados por la Comisión
para el Despliegue de la TDT en Venezuela, fueron al Centro de Referencias de
Tecnologías Innovadoras (Certi) de Brasil en el marco de la cooperación con
ese país que se había firmado para la transferencia tecnológica para el diseño y
fabricación de un decodificador venezolano. Se ideó un modelo original y único,
con tecnología nacional pero con microprocesador extranjero
(suizo).
De
entre las ventajas de este equipo, pensado en la tecnología televisiva
venezolana, se cuenta con que el usuario tenía la posibilidad de acceder a las
señales de TDA, de Cantv Satelital, la TV de Red de fibra óptica y el ABA de
Cantv a través de un mismo equipo. Otro de los elementos diferenciadores del
equipo tiene que ver con el ahorro y uso eficiente de la
energía.
Dos
meses antes de la culminación de la primera fase del proyecto, el 1 de noviembre
de 2012, a la salida de una reunión con representantes del gobierno brasileño,
encabezada por el entonces Canciller Antonio Patriota, el Presidente Chávez
mostró el prototipo del corazón de un decodificador de TDT, desarrollado por el
Cendit.

Presidente Hugo Chávez enseña el decodificador realizado con tecnología venezolana-brasileña
El
28 de diciembre de 2013, en el acto de inauguración de la televisora de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (TVFANB), el entonces ministro Fernández dio
cuenta del estatus del proyecto TDA al presidente Nicolás Maduro. “Al día de hoy, en este momento en que
estamos hablando, hay 18 estaciones al aire, los 18 puntos más poblados de
nuestro país, que suman en torno a 53-54% de la población, tienen transmisión”,
dijo con respecto a la señal TDA.
Incluye
en este resumen también información relacionada con los decodificadores aunque
él los llama receptores. (Ver video) Allí explica que fueron desarrollados a lo
largo del último año y medio, por “científicos venezolanos que están en La
Carlota, del Cendit, con Brasil, en la alianza que tenemos con
Brasil”.
“Hemos
producido los desensamblados que ensamblamos aquí de Argentina, en Industrias
Canaima (…) hemos producido 72.000 receptores. En los hogares de Venezuela, el
día de hoy hay 362.000 hogares que tienen un receptor. De ésos, 72.000 fueron
ensamblados por manos venezolanas y lo disfrutan familias
venezolanas”.
Esto quiere decir que años de esfuerzo y de intercambio tecnológico con Brasil concluyeron con el ensamblado de solo 72.000 aparatos. La posibilidad de fabricar más receptores “venezolanos” se acabó precisamente porque debido a los altos volúmenes de compra de decodificadores a empresas argentinas, la compañía suiza que fabricaba los microprocesadores culminó el tiraje de los aparatos venezolanos y se abocó a fabricar únicamente los de las empresas chinas, subcontratadas por las argentinas, sin saber que todos iban a culminar en el país caribeño.
El plan original para darle cobertura televisiva digital a la población venezolana contaba con tres fases. En la primera se crearon 13 estaciones transmisoras y en la segunda, desarrollada en 2013 e inicios de 2014, se sumaron 9 más y así se alcanzó a 22 estaciones con sus transmisores desplegadas. Esto permitió alcanzar una cobertura del área donde se concentraba casi un 60% del total de la población. Para que las familias pudiesen tener acceso al servicio precisaban de un decodificador. Documentación emanada de Cantv a la que Armando.info tuvo acceso señala que hasta el 17 de junio de 2014 se había repartido 424.675 decodificadores en todo el país. Para fines de ese año el monto ascendía a 500.000, de los cuales 350.000 habían sido ensamblados en Venezuela. Entre esos últimos se cuentan los 72.000 que se hicieron entre Brasil y Venezuela. La tercera fase, que empezó en 2015, tenía como meta instalar 17 estaciones más de las cuales solo se lograron ocho.
Desde
el colapso económico de Venezuela, la tecnología dejó de ser prioridad y se
frenaron todos los proyectos relacionados con la ampliación de la TDA. Hoy se
estudia la televisión satelital como una forma más eficiente y económica de
llegar a más hogares en menos tiempo. Venezuela, que tiene en órbita tres
satélites, pudiera aprovecharlos para alargar la señal televisiva sin necesidad
del mantenimiento de las estaciones transmisoras que tanto dinero le costaron al
tesoro nacional.
