Un matadero a cielo abierto y del tamaño de un país

En una de las imágenes se ven una decena de esqueletos, ya sin piel, y con la cabeza casi intacta, sin ojos. En otra, lamentable, fetos de becerros.

“Da dolor ver esas reses tiradas allí. Ya tenemos varios cementerios de animales. Cuando están recién sacrificados, los perros y los zamuros se van comiendo el resto de la carne y las vísceras. Ya algunos restos no se ven, el pasto los ha tapado”, relata Dávila mientras se acomoda sus lentes para revisar mejor el archivo fotográfico en el iPad.  

En su finca han descuartizado más reses que en todas las demás haciendas de Jají, un lugar de clima templado en el estado Mérida, en los Andes venezolanos. En la región abundan pastizales que se caracterizan por tener hojas de color verde claro, largas y angostas, muy ricas en proteínas e idóneas para la alimentación de los animales. En el último año y medio, a Dávila le han robado y matado 33 animales, entre vacas, toros y unos caballos que le había regalado a sus hijos.

“No he tenido ingresos suficientes y ya he perdido 60 reses, entre las muertes naturales y las que matan, algunas se enferman y mueren por falta de vacunas”, dice Dávila, sacando las cuentas de sus pérdidas, que son también las de una nación en crisis. 

Mérida es solo uno de los 17 estados ganaderos y lecheros del país. El aporte más importante de las fincas de esta región -especialmente en Jají- es el estudio genético que han realizado durante 30 años para obtener animales que produzcan un alimento de mayor calidad. En los últimos cuatro años, sin embargo, su producción lechera ha caído 70 por ciento.

El sector agropecuario languidece tras una serie de problemas y contracciones económicas por distintos males. Entre ellos: 16 años de controles de precios determinados por el Gobierno; la importación a manos llenas de un poco más de 103.000 cabezas de ganado, especialmente desde Brasil entre 2007 y 2013, mientras hubo divisas a tasas preferenciales; las regulaciones extremas y el efecto de las intervenciones de fincas productivas amparadas por la Ley de Tierras entre el 2007 y 2012, propuesta por el entonces presidente Hugo Chávez. A ese difícil panorama se han sumado las invasiones, los robos y el descuartizamiento de animales. Nada más en Jají, en el último año, en unos quince predios agremiados, han descuartizado 50 reses. Si se suman al resto de las 150 unidades de producción de la zona, que comprende tres municipios, el número asciende a 100. 

No es un caso aislado. El fenómeno se ha presentando en otras regiones. En Mérida el descuartizamiento de reses apareció hace tres años, pero antes del 2017 ya se habían reportado varias denuncias de este tipo en otros estados de Venezuela. 

Es difícil tener una cifra total de estos casos de descenso a la más primitiva depredación. Muchos de ellos no son reportados a las autoridades. Pero Armando.Info ha podido documentar, con información del gremio ganadero, datos que circulan en redes sociales, medios, y con las pocas cifras oficiales que hay al respecto, que desde enero hasta julio del año en curso habían descuartizado a un total de 454 animales. De este número, mataron de manera violenta a 407 vacas en diferentes fincas del país, 18 búfalos y 29 toros.

Por cada res que matan se dejan de producir unos 5 litros de leche diarios, en el caso del ganado de propósito lechero, refiere la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga). En promedio, una res que va a matadero da entre 150 y 220 kilos de carne.

Este derroche de los descuartizamientos está sucediendo en un país en el que la desnutrición afecta a entre 20% y 30% de la población, según estimaciones  de organizaciones no gubernamentales locales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) afirma que unos 6,8 millones de venezolanos pasan hambre.

¿Quiénes son los responsables? Varios testimonios sugieren que el robo o abigeato tradicional de los cuatreros solía ser de poco volumen para una transacción comercial rápida, para resolver un problema puntual o para consumo por parte del mismo bandolero. Pero ahora se transforma. Otros actores participan, entre ellos funcionarios de instituciones estatales, miembros de la etnia indígena yukpa y también personas que pertenecen a estructuras criminales más sofisticadas.

El abigeato y los cuatreros siempre han existido en Venezuela, especialmente en la región de los Llanos del Centro y Occidente. Aparecen hasta en las novelas de Rómulo Gallegos. Lo nuevo es este tipo de matanza cruel de los animales para robarse la carne.

“Una vez al mes me roban los cuatreros del llano, ya saben cómo manejar las reses, en el mismo sitio de los potreros de la finca las descuartizan, como carniceros especialistas con cuchillo, se llevan la carne y dejan los trastes de las reses”, cuenta Manuel Tovar, productor agropecuario de Las Mercedes del Llano en Guárico, en el centro del país.

Su finca El Guayabo tiene una extensión de 800 hectáreas y unos 600 animales entre mautes, novillas, vacas lecheras y de doble propósito. Sus doce trabajadores no solo realizan la acostumbrada faena diaria, sino también redoblan la vigilancia para evitar ser sorprendidos por extraños. Sin embargo, muchas veces es insuficiente y cuando se despiertan encuentran a las reses muertas.  

“En el último año me han robado 50 animales y cada tres meses me descuartizan entre cuatro a cinco. No me escapo de que en un fin de semana los trabajadores o el encargado de la finca me llame por teléfono para informar de lo ocurrido”, dice Tovar.

En El Guayabo los invasores ingresan a la finca por las líneas o cercas del fundo, que no suelen tener candados: las cortan y pasan sin dificultad. Las reses que son más fáciles de manejar o que están más a su alcance las descuartizan hasta con machetes ahí mismo, en el potrero, y se llevan lo que necesitan: la buena carne. 

“Es muy común que descuarticen las reses que tienen mayor proporción de peso, específicamente los toros padres, padrotes o reproductores, y son los que a uno le duelen más porque son los más costosos y de mejor genética. Todo el rebaño viene de este tipo de ganadería”, cuenta Tovar. 

En Guárico hay cerca de 2.500 unidades de producción que son atacadas cada noche, ya sea para robar o matar las reses, según datos de la Asociación de Productores Agropecuarios del estado. 

Algunos jornaleros en Jají dicen que lo que ocurre con las carnicerías express “no tiene nombre” y que a veces son los mismos trabajadores o exempleados en las fincas los que están siendo cómplices del delito organizado. 

Un trabajador de la zona que no quiso dar su nombre relata que, muchas veces, algunos empleados han cometido otros delitos y se los llevan presos. Luego “en las cárceles son obligados por los líderes de grupos delictivos a dar información de las fincas donde han trabajado, si no podrían correr con mala suerte”.  

Los habitantes de la zona se dan cuenta de que algo no anda bien cuando observan a algunos campesinos gastando más de lo que acostumbran. “Por aquí están prácticamente identificados quiénes son los que han robado ganado o matan las vacas, varios de ellos han trabajado en las fincas. De un día para otro empiezan a comprar cosas que con su sueldo no pueden, y eso ocurre cada vez que un ganadero denuncia que le mataron una res”, cuenta una joven que vive cerca del pueblo.

Las extorsiones, que eran más comunes en los estados fronterizos, también han llegado a Mérida.

“Esto nunca se había visto aquí en el Jají. A varios ganaderos los han llamado por teléfono diciéndoles que conocen todo de ellos y que si nos les pagan dinero les van a robar y matar al ganado. Yo fui víctima de extorsión y de amenazas, pero les colgué la llamada y no respondí más números desconocidos. Por lo que nos han dicho las autoridades, las llamadas provienen de las cárceles tanto de Mérida como de otros estados”, cuenta Raúl Contreras, dueño del fundo Palo Quemao, cuyas tierras de 80 hectáreas mantienen a 83 reses raza Holstein produciendo leche.   

A Contreras empezaron a matarle animales hace dos años. En una sola noche le cayeron a tres vacas preñadas con siete, cinco y dos meses de gestación. Meses después volvieron y mataron a otras dos. “Eso para mí fue el acabose”, dice. 

En las extorsiones a estos ganaderos en Mérida, personas han afirmado pertenecer a un grupo denominado Las Cinco Águilas Negras y se ha descubierto que las llamadas provienen desde cárceles ubicadas tanto en esta región como de la zona oriental del país, dice un detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, cuerpo policial de apoyo a la Fiscalía), consultado sobre este tipo de delitos.

“En estos momentos casi ningún productor de Jají tiene una situación económica fluida que pueda aguantar una extorsión o pagar vacuna porque está prácticamente en bancarrota. Al que logren extorsionar, lo quiebran y deja el negocio”, sostiene Omar Balza, ingeniero agrónomo, presidente de la Unión de Productores de la Zona Alta de Jají.   

Una vez los cuatreros capturan al animal, lo tumban, enlazan y benefician dentro de la finca, con frecuencia lo empiezan a despresar allí mismo y a sacar la mejor carne para llevársela en sacos de plástico. Si van a caballo, pueden llevar más peso o más volumen; si es a pie, cada persona puede cargar entre unos 20 a 30 kilos de carne.

Otra modalidad utilizada es la de sacar al animal aún con vida de la finca, para llevarlo no muy lejos a un matadero clandestino. En ese sitio, la res es amarrada y guindada a un palo llamado botalón, donde se beneficia. Los mataderos autorizados suelen tener un piso de cemento que al caer la res se despresa, pero los clandestinos son tan precarios que solo tienen piso de tierra.  

Los mataderos teóricamente son regulados por los municipios y deben tener un permiso de sanidad. 

“Las salas de matanza ilegales han proliferado en los últimos tres años”, acota el detective.

El destino de las presas frescas son las carnicerías o las ventas de carne a orillas de carretera. También van a parar a los llamados asaderos (ventas de carne en vara o a la parrilla). Esto ocurre principalmente en la zona central del país, en los estados llaneros y en territorio zuliano, sobre el extremo noroccidental de Venezuela.

La carne puede ser transportada en camiones ligeros con cava que pertenecen a consejos comunales y cuentan con la venia de autoridades municipales. 

“Pasan por una decena de alcabalas ubicadas en las carreteras. Hemos visto vehículos de alcaldías, de la policía regional, de unidades militares transportando carne en bolsas y chorreando su jugo, una carne expuesta al calor porque no se ha refrigerado”, dice el funcionario policial. 

Es natural deducir que hay complicidad de las autoridades. En teoría, el transporte de carne debe llevar una guía de movilización expedida por la autoridad sanitaria de la zona. Es un documento oficial que define un origen y un destino, que le otorga libre tránsito al transportista y a la mercancía. La Guardia Nacional (GN) es la encargada de solicitarlo y revisarlo en los puntos de control. “Hemos conocido que hay guías falsas y hay funcionarios que se prestan a emitir la documentación de forma fraudulenta”, comenta el detective.   

En la prensa se informó de casos de dos militares del Ejército venezolano que mataron a cinco animales y fueron detenidos en el momento en que  despostaban a una de las reses. Esto ocurrió en Valle de la Pascua, Guárico. Ambos, un primer teniente y un sargento primero, estaban destacados en el fuerte Conopoima de San Juan de los Morros y utilizaban una camioneta con rótulos del Ejército para transportar la carne.  

En otra ocasión fue aprehendido un funcionario de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Se conoció que un grupo armado irrumpió en la finca Los Yopales en la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui, donde obligaron a los encargados a sacrificar y descuartizar catorce reses. Después metieron la carne en un camión propiedad de la petrolera estatal. 

El robo del ganado en tránsito no es tan frecuente, pero sucede. Los llamados piratas de carretera interceptan el ganado que va desde una zona de producción hasta el matadero. “La mayoría de las veces se los llevan todos. Una gandola (camión de carga) puede cargar hasta 50 toros, que es lo que mayormente se traslada”, dice el funcionario policial.

“En el campo tener carne vacuna a la mano es como tener dólares”, dice el detective especializado en estos casos. Desde el año 2014 el país ingresó en una constante y severa contracción económica que incrementó una suerte de oportunidad de hacerse de un producto que escaseaba, como lo es la carne, y hacer una rápida transacción económica ilegal. 

Pero también aumentó el contrabando porque puede ser mejor negocio venderlo -vivo o muerto- al otro lado de la frontera.

“A partir de finales de 2017 se establecieron redes más allá de la frontera, se dieron cuenta de que es un negocio extraordinariamente lucrativo, porque se habla de un mercado que se maneja en moneda dura”, resalta Javier Ignacio Mayorca, integrante del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. “Cada localidad tiene actores criminales específicos. Hay delitos conexos con el abigeato como el sicariato y la extorsión, sobre todo en el Zulia”.

La mayoría de las veces este ganado arreado en distintos estados del país ya lo tienen negociado. Quien lo compra generalmente provee un transporte para movilizar el ganado y llevarlo más lejos en algunos mataderos clandestinos o para llevarlo a Colombia, explica el funcionario del Cicpc.

En la zona fronteriza estas acciones son ejecutadas por grupos de colombianos y venezolanos. El ganado o la carne son llevados a Colombia, a pie, en un recorrido que dura de cuatro a cinco días. Otras reses las sacrifican en la Sierra de Perijá y venden la carne a precios irrisorios en los pueblos cercanos, como Toromo.  En los estados Apure y Táchira son frecuentes los robos en las fincas por parte de grupos irregulares en combinación con contrabandistas, afirma el detective. También aplican la extorsión.

“A los ganaderos les ha llegado gente de un grupo llamado los pata’egoma para ofrecer sus servicios y les dicen: ´Nosotros sabemos cuánto perdió usted el año pasado y por una cifra similar o negociada le garantizamos que nosotros le ponemos orden para que a usted no le roben más´. Hay una suerte de oferta de servicio que muchas veces se traduce más adelante en una extorsión”, afirma el funcionario policial.

Por otra parte, las autoridades colombianas han identificado a varios ganaderos y funcionarios cómplices que permiten el contrabando de reses proveniente de Venezuela y trabajan en red.

El pasado 23 de agosto, la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia (Polfa) detuvo a 10 funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario, luego de que se determinara que forman parte de una organización dedicada a falsificar documentos para llevar ganado ilegalmente desde Venezuela, según declaraciones dadas por las autoridades de ese país y reseñadas en el diario El Espectador. Las pesquisas lograron determinar que una familia de apellido Quenza habría facilitado el cruce del ganado por la frontera a pie hasta su finca, para posteriormente distribuirlo a otros ganaderos de la región. Según datos de la policía aduanera de ese país desde 2018 se ha logrado el decomiso de 133.453 kilos de carne en camino a ser vendida.

De acuerdo con la data reportada por la Bolsa Mercantil de Colombia el pasado 29 de julio, en ese país, un ganado en pie (vivo) tenía un valor de 1,31 dólares el kilo (a la tasa de cambio del 7 de octubre). Al mismo tiempo en Venezuela, según los datos de Precio de Ganado.VE, el kilo reflejaba un precio de 0,51 bolívares por dólar. Casi un tercio del precio en el país vecino.

En otras palabras: si un animal de 500 kilos de promedio se compraba en Venezuela por 255 dólares, en Colombia valía 655 dólares. Es claro el incentivo al contrabando de extracción y ha sido tal el incremento que los representantes del sector ganadero colombiano han alertado sobre la crisis que les genera. 

“Colombia recibió no menos de dos millones y medio de cabezas de ganado de contrabando que vienen de Venezuela y muchos de ellos ponen en riesgo el estatus sanitario, como ya se dio en materia de aftosa”, afirma José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan).

Colombia tiene aproximadamente 27 millones de cabezas de ganado, y produce un millón de toneladas de carne y 7.500 millones de litros de leche fresca. Pero todos los estados colombianos cercanos a la frontera y otros más están siendo afectados por la acción de los grupos criminales. 

“Son 300.000 millones de pesos de carne de contrabando de animal y de carne que son vendidas en las carnicerías, a la luz del día en las calles y también con la complicidad de algunos actores del lado colombiano y la anuencia o extorsión que hacen sobre la fuerza pública en Colombia. Estamos hablando de una mafia”, señaló Lafaurie. 

Las mafias han reclutado incluso a los indígenas yukpas, que en ciertas regiones del estado Zulia, fronterizo con los departamentos colombianos de Norte de Santander, Cesar y La Guajira, están comandando los ataques a las fincas. “Los yukpas están divididos en subgrupos, no son los mismos yukpas de Río Negro (Toromo) que los de Tukuko, hay diferencias dialectales y fisionómicas. Hay varios focos delictivos en algunas cuencas, por ejemplo, en Río Negro hay un grupo delictivo muy grande y bastante peligroso. Mataron a uno de ellos un sábado en la noche a mediados de julio, se desconoce quién fue, hay varias versiones”, cuenta el Padre Efraín Nelson, quien frecuentemente brinda ayuda humanitaria a la etnia.

Hay 16.000 indígenas yukpa en la región. Los delitos cometidos con más frecuencia por un grupo de ellos es el robo de reses y de motos. La banda del Pajita es tan peligrosa que nadie puede ir hasta donde están asentados en Toromo (comunidad indígena del municipio Machiques) porque los atracan.

“Creo que roban todo el ganado de una finca no por necesidad, ya eso es vandalismo, mucho de ese ganado pasa hacia Colombia y lo venden allá, también los matan y venden la carne. Hay temor de que por culpa de un grupo, todos los demás pasen por delincuentes, los yukpas viven todos asentados en comunidades, hay mucha hambre y desnutrición, no hay dinero para comprar proteínas”, cuenta el sacerdote.

Medios de comunicación de la región zuliana informaron que este año ingresaron en dos ocasiones grupos de entre 30 a 40 indígenas yukpa a la hacienda El Paraíso cerca de Machiques. 

“Irrumpieron aquí, armados y sometieron al encargado, así como a los sabaneros, para que ubicaran a todo el ganado. Una vez llegaron a las doce de la medianoche y estuvieron hasta las tres de la mañana en el proceso de robo, y le decían al encargado y a los obreros que se apuraran, porque ellos medían bien el tiempo, ya que después de las tres no les daba chance de llegar a donde iban a trasladarse en Colombia”, contó al diario Panorama de Maracaibo Pamela Romero, dueña de la hacienda.

“Ningún cuerpo de seguridad nos ayuda a resolver el problema. No son la gran mayoría de los indígenas que vienen en la Sierra de Perijá, nosotros nos hemos reunido con los caciques y con parte de la población yukpa y ellos están en contra de estas bandas integradas por indígenas. Alegan además que como están armados, no pueden hacer nada”, sostiene Paúl Márquez, presidente de la Asociación de Ganaderos de Machiques en Zulia.  

Las denuncias contra las bandas integradas por indígenas las toman o el Cicpc o la GN, pero a la larga no tienen efecto. Los cuerpos de seguridad alegan que no pueden ejecutar acción alguna porque los señalados pertenecen a una comunidad protegida por las leyes. Sin embargo, el artículo 133 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas establece que, cuando actúan seis o más personas en un hecho punible, ya no es privativo de la autoridad tradicional indígena la aplicación de su jurisdicción, sino que tiene que pasar a la jurisdicción penal ordinaria. 

“No es que no se pueda, sí se merecen el castigo, pero todo dentro de la jurisdicción indígena. Si se requiere juzgar bajo las leyes ordinarias, se debe hacer. Sea leve o grave el delito, nosotros damos la autorización para la respectiva sanción. Somos un mismo territorio venezolano, con los mismos derechos y deberes que rezan en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, acota Mileydis Martínez, cacique de la localidad de Tukuko. 

Advierte que por mucha necesidad que exista en las comunidades, no permitirán que se convierta en una zona delictiva, como ya lo es Toromo. “La crisis no es excusa para cometer actos delictivos. Y es un vicio que se ha creado, dinero fácil. En dos oportunidades detectamos el tránsito de un lote de carne que no tenía la documentación apropiada y evidenciamos que era robada, por lo que decidimos quitársela a las personas que las tenían y se la repartimos a la comunidad, para que no vuelvan a hacerlo otra vez”. 

Sin embargo, los caciques parecen no contar con mucho poder para detener los actos vandálicos, ya que los grupos delictivos suelen estar mejor armados y organizados. Los propios yukpas también han tenido que colocar vigilancia en todas las entradas a su zona por donde ingresan la carne y reses de contrabando.

“Desde hace un mes aproximadamente, el vandalismo de otra cuenca donde hay yukpas y wayú han ingresado armados a nuestra cuenca y nuestros vigilantes no tienen armas, lo que ha hecho que debamos vigilar también la vida de los propios vigilantes. Hemos pedido al Ejército intervenir en esta situación (...) Son un número bajo los indígenas que cometen estos delitos, pero hacen mucha fuerza por el armamento que llevan”, indicó Martínez.

Recalcó que las autoridades militares pidieron en octubre pasado a los 13 caciques mayores de la zona poder ingresar al territorio indígena y aún están a la espera de esa autorización.    

“No solamente roban ganado, sino también mulas y caballos. Se los están llevando hacia Colombia, a veces son personas indígenas también de procedencia colombiana y han llevado a las personas de acá a cometer estos actos ilícitos. Los ayudan a arrear el ganado. Son bandas que operan desde hace unos años, sabemos cuáles son esos grupos. Esto nos afecta como indígenas, porque no dicen algunos yukpas, sino los yukpas”, sostuvo la cacique.

“80% de los productores están conscientes de que las autoridades no hacen nada, ya ni denuncian y es cuesta arriba contar con esa data. Ni siquiera nos informan”, dice Cecilio Moreno, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios del estado Guárico.

Ante la poca investigación y castigo de los delitos, la mayoría de los casos ya no son reportados. Aunque los productores agropecuarios han sido atacados hasta dos y tres veces, se calcula que apenas 15% de los casos que ocurren en todo el país son denunciados.

“Por ejemplo, cuando los ataques son en la Sierra de Perijá, las autoridades dicen que tienen que esperar una orden del alto mando militar, que nunca llega. Se hacen de la vista gorda. Lo que más preocupa es el desinterés de las autoridades por atender este tema de seguridad”, afirma Armando Chacín, presidente de Fedenaga.

De hecho, el abigeato lo llevan las autoridades policiales en un registro aparte desde 2017, indica Javier Ignacio Mayorca, pero aclara que son datos que se desconocen debido también a la opacidad informativa de los entes del Estado. 

“Lo que ocurre en el área rural no es tan importante como lo que ocurre en el Distrito Capital”, sostiene.

Coincide Mayorca en que llevar un registro numérico confiable es difícil debido a que los ganaderos consideran que la Guardia Nacional (GN)es el organismo ante el cual deben denunciar los casos, cuando en realidad el ente para recibir y procesarlas es el Cicpc, que no tiene los recursos suficientes para procesar las investigaciones. 

Señala que otro obstáculo para investigar este delito es la imposibilidad de demostrar la propiedad de las reses. “En los delitos contra la propiedad generalmente se le pide al agraviado que aporte una prueba de lo que le han robado o hurtado, como facturas o registros. Si el ganado no está herrado o marcado, cómo se prueba que ese ganado es de su propiedad. En México, por ejemplo, instalan chips electrónicos o GPS en ganado valioso, todo ello también por el abaratamiento de la tecnología. En Venezuela esto no ocurre”, resalta. 

El funcionario del Cicpc admite que la GN no está haciendo el trabajo que por ley le toca. Tienen un componente que son los comandos rurales, pero a éstos se les está dando más funciones de seguridad urbana (para acabar con las protestas civiles), lejos del medio rural. 

“La posibilidad de combatir el delito de abigeato es extremadamente limitada por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Desde que se fundó en 1937, el control ganadero es responsabilidad primordial de la Guardia Nacional, así como de verificar las guías de movilización y de prestar seguridad en el medio rural. Debe mantener el resguardo en el campo. Nosotros actuamos o investigamos cuando hay fallecidos”, señala.

Si los cuerpos de seguridad llegan a actuar y consiguen detener a delincuentes en flagrancia, una vez que pasan a fiscalía o a tribunales, generalmente son liberados en la audiencia con una medida cautelar de presentación, por lo que los mismos policías sienten frustración aún haciendo el procedimiento adecuado. Luego el aprehendido termina amenazando a la autoridad y al ganadero. Es un círculo vicioso.

“Una vez dejaron libre a uno de los ladrones porque el fiscal que llevó el caso dijo que no había argumentos para detenerlo. Se atrevió a decirnos que no lo habíamos encontrado comiéndose la carne robada”, relata Raúl Contreras desde Jají.    

“La gente se exime de denunciar porque al ser citado tiene que enfrentar al cuatrero y éste luego de quedar en libertad tiene claro quién fue el que lo acusó. Esto ha generado una suerte de silencio porque nadie quiere comprometerse con un hecho de este tipo. En el medio rural el delincuente anda por su cuenta”, afirma el detective.

Para evitar que sigan ocurriendo más hechos violentos en sus fincas, los ganaderos también se organizan. Decidieron que personal de vigilancia dentro de la finca recorra los linderos, y a veces van armados. “Es preventivo y disuasivo”, dicen.

Los productores agropecuarios han formado grupos de patrullaje, sobre todo en los estados más álgidos como Apure y en Zulia, cerca de la frontera con Colombia. Varios ganaderos de la zona se reúnen y en sus carros con grandes faros recorren los terrenos, escopeta en mano, pero no mucho más.  

“Los propietarios de las fincas se han estado defendiendo de manera personal, ya que los cuerpos de seguridad no van hacia esas zonas. Se defienden de manera preventiva, diez productores en sus carros, con sus empleados, comienzan a dar vueltas por las fincas, por las zonas más peligrosas para tener prevención. No podemos estar armados pero por lo menos hacemos un patrullaje de manera preventiva. Nos comunicamos por radio y por teléfono. Pero no ha sido fácil”, cuenta Paúl Márquez desde Zulia.

El ganadero Raúl Contreras, desde Jají, dice que su personal solo puede vigilar hasta las nueve de la noche y vuelve otra vez a patrullar desde las cuatro de la mañana. Aunque no se dan abasto para mantener una vigilancia de 24 horas y dejan abierta una ventana siete horas para que actúen los delincuentes, es lo mejor que pueden hacer, dadas las circunstancias. “Cuando un sargento de la Guardia Nacional que está a cinco minutos de tu finca te dice: ´¿viene usted otra vez con ese problema? Vaya a ver si cuida a sus animales, porque nosotros no somos los guardianes de su finca´, no queda otra que hacerlo”.