Con estos guantes se extirparon millones de un paciente moribundo
En 2016 Venezuela galopaba hacia la hiperinflación y la crisis hospitalaria comenzaba a pintar sus escenarios más crudos, con pacientes cada vez más pobres encargados de comprar hasta la gasa para ser atendidos. Aún así algunos doctores trastocaron en improvisados empresarios que lograron venderle al estado -a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior- varios lotes de guantes y material médico quirúrgico 20 veces por encima del precio del mercado. En todos los casos, los productos tuvieron que cruzar al menos tres fronteras: salieron del país donde fueron fabricados para llegar al del intermediario, que luego los envió a El Salvador antes de su final arribo a Venezuela. La carga estaba valorada en 500 mil dólares pero la revolución bolivariana decidió pagar 11 millones de dólares.
La
década pasada fue una buena época para ser médico en Venezuela, y no tan mala
para ser paciente. Así lo explica el cirujano Jaime Lorenzo, un médico con casi
30 años de ejercicio, mientras descansa en uno de los pasillos del hospital de
Caracas donde trabaja.
En
aquel entonces, gracias a acuerdos internacionales con países como Argentina,
llegaron equipamientos médicos nunca antes vistos en Venezuela, como la
litrotricia intracorpórea, que permitía eliminar los cálculos renales en una
sola sesión y sin anestesia. Por un momento los servicios de salud en el país
parecían mejorar, y la esperanza era posible para los más de 15 millones de
venezolanos dependientes del sistema público de salud.
—Ahora
es diferente, como si se tratara de países distintos —dice Lorenzo, los ojos
verdes siempre vivos, frustrado porque hoy, de nuevo, no podrá realizar una
cirugía—.
Imagínese, en este momento yo debería estar operando, pero estoy hablando
con usted.
La
crisis es el escenario donde las vocaciones se prueban. Y él, como todo el
sistema de salud en su país, ha vivido su propia crisis. Esta inició, calcula,
hace unos cinco años. Antes, cuando a un paciente se le programaba una operación
y se carecía de un insumo acaso muy rebuscado, como una prótesis de rodilla o
una malla para la reparación de una hernia, el paciente podía adquirirlo por su
cuenta. La lista de cosas para comprar consistía, casi siempre, en un solo
elemento.
En
2014 el precio del barril de petróleo —la base de la economía
venezolana— cayó a
57 dólares (en 2012 estuvo a 107). Para el año siguiente, 2015, la salud fue una
de las sacrificadas en el presupuesto general: pasó de significar el 3.1% del
gasto total del gobierno a 1.9%, según datos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Desde entonces, la lista que comenzó a darse a los pacientes empezó a incluir todo tipo de cosas, no solo para operar. A ella se añadieron los insumos más básicos (hojas de bisturí, sueros hospitalarios), aquellos que debería tener siempre en sus bodegas un centro médico urbano —como el hospital de Caracas donde Lorenzo trabaja— para funcionar con normalidad. Y cuando la escasez se hizo más profunda, hasta los guantes quirúrgicos faltaban con frecuencia.
La lista se convirtió en una mala noticia para los más pobres, quienes no tienen más remedio que acudir al sistema público. Los insumos básicos para una intervención quirúrgica equivaldría al día de hoy al salario de ocho meses, lo que significa que una familia tendría que destinar lo que comúnmente usaría en comida para comprarle a un privado (o al mercado negro) un insumo que el gobierno podía —y debía— darle. Si faltan los guantes quirúrgicos, es porque falta todo lo demás.
Para
el público internacional, Venezuela es hoy sinónimo de escasez. De apagones. De
hambre. De un lugar en el que todo falta. Y se habla tanto de esto y de forma
tan impersonal que parece un fenómeno ubicuo, fatal. Como si hubiera llegado de
la nada. Lo cierto es que lleva años cocinándose entre varios ingredientes, como
la dependencia casi exclusiva al petróleo. Otro de ellos es la corrupción, que
tuvo una de sus caras más polémicas en la Comisión de Administración de Divisas
(Cadivi), que dirigió la entrega de dólares preferenciales para importaciones
entre 2003 y 2012. A su sombra se desviaron miles de millones de dólares.
Para
frenar la situación de descontrol creada por Cadivi y paliar una escasez cada
vez más manifiesta, el gobierno de Nicolás Maduro creó en marzo de 2014, a solo
unos meses de haber asumido el poder, la Corporación Venezolana de Comercio
Exterior (Corpovex), que se encargaría de centralizar la totalidad de las
importaciones del sector público, desde papel higiénico hasta medicinas.
En
teoría, su misión es la de «organizar y garantizar las importaciones para cubrir
las necesidades del país». La idea era que, al realizar compras en volúmenes
mucho mayores, se pudieran lograr mejores precios y, con eso, surtir, por
ejemplo, con más medicinas a los más de 14 millones de personas que,
actualmente, solo pueden recurrir al sistema público de salud.
Pero
es la misma Corpovex, la dichosa solución para la escasez creada por el gobierno
de Nicolás Maduro, la que está ahora al centro del problema señalado por el
doctor Jaime Lorenzo. Sobre todo, por el «mal ojo para los negocios» que parecen
tener sus encargados.
Para
muestra, si el lugar común es tolerable, hay un botón: un trato por el que un
encargado de adquisiciones podría ser despedido en cualquier empresa privada.
Uno en el que se compró un insumo médico tan básico, como los guantes
quirúrgicos, a más de 10 veces su precio internacional.
El juego de los intermediarios
Diciembre,
2016. Un barco parte rumbo a Venezuela desde El Salvador, Centroamérica, con un
paquete de 17 mil pares de guantes quirúrgicos fabricados en Malasia. Un trámite
que no sería raro si no fuera por este detalle: el gobierno de Maduro, a través
de Corpovex, pagó más de 44 mil dólares por ese paquete: 2,60 dólares por cada
par de guantes, 30% más que el salario mínimo de un
venezolano.
El negocio, para Venezuela, no puede ser más desventajoso. Naciones vecinas, como Colombia o Perú, consiguen el par por 25 centavos de dólar y en compras mucho más pequeñas, gestionadas por hospitales individuales y no por un monstruo como Corpovex, con la capacidad para adquirir los productos por decenas de toneladas y desde la fábrica. Sin mayor explicación y contra toda lógica económica, la entidad venezolana se inclinó por la oferta más cara haciendo el trato con un pequeño intermediario que no era ni siquiera salvadoreño, sino de Puerto Rico: los 17 mil pares de guantes tuvieron que cruzar al menos tres fronteras (Malasia, Puerto Rico, El Salvador) antes de llegar a Venezuela.
Los insumos médicos vendidos por las cuatro compañías no eran rebuscados: están entre aquellos que todo centro de salud debe tener siempre, por lo que no se justifica su sobreprecio. / Composición: Salud con lupa
Este es solo uno de los casos identificados en un esquema de compras con sobreprecio que involucran a cuatro empresas extranjeras intermediarias que vendieron a Corpovex, vía El Salvador, al menos 11,3 millones de dólares entre 2016 y 2018. La entidad venezolana desembolsó 20 veces más que las instituciones públicas de El Salvador, Colombia, Perú y Guatemala por los mismos productos, entre los que se incluyen mascarillas de oxígeno, catéteres, sondas foley: nada rebuscado, sino insumos que todo centro de salud debe tener siempre disponibles para funcionar con normalidad.
Las
cuatro compañías funcionaron solo como intermediarias: estas no fabricaron
ninguno de los insumos médicos, que provenían de países como China, Malasia,
Camboya, México o Uruguay. De este modo, debido a su paso por El Salvador, los
productos tuvieron que cruzar, en cada caso, al menos tres fronteras antes de
arribar a Venezuela.
Y
este parece ser solo uno de tantos esquemas: la Red de Ejecución de Delitos
Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) advirtió en
septiembre de 2017 que Corpovex estaba al centro de negocios irregulares, en los
que la marca común eran las compras a precios muy superiores que los de la
referencia internacional.
Al
conocer estos negocios, el fenómeno de la escasez de insumos médicos en
Venezuela deja de ser ubicuo y fatal. Comienza a tener un rostro: el de quienes
se benefician a costa de ella para llenar sus bolsillos de
dinero.
Los nombres tras el negocio
Walter
Baumgartner es desde 2006 profesor del Complejo Hospitalario Dr. José Ignacio
Baldó, más conocido como El Algodonal, en el municipio Libertador, al oeste de
Caracas. Es, por tanto, empleado del Ministerio del Poder Popular para la Salud,
una de las instituciones a las que Corpovex surte de productos. Baumgartner
también está detrás de la empresa panameña Santek Pharma, que vendió a esta
entidad 581 mil dólares en insumos médicos sobrevalorados.
Su
importancia en el esquema va más allá de lo enviado. Constituye una especie de
nexo entre Venezuela y las otras compañías de la operación. Cuenta con una
subsidiaria en El Salvador que recibe los productos para alojarlos en su bodega
y que luego contrata a una sociedad local, EFI Logistics, para que se encargue
de la exportación final al país sudamericano.
Al
invertir hasta 20 veces más en los productos básicos enviados por las empresas
de este esquema, el país se queda sin la posibilidad de adquirir otros insumos.
A eso asiente el urólogo Simón Paz desde su consultorio privado en Caracas. Su
voz de barítono, de ritmo pausado y firme, parece hecha para dosificar hasta las
peores noticias.
Algo
que en su trabajo en el Hospital Oncológico Luis Razetti, de la capital, debe
hacer a diario, pues este centro solo es capaz de surtir el 30% de las
quimioterapias requeridas por sus pacientes. Y adolece de casi todo, incluso de
lo más básico (suturas, gasas), como la mayor parte de los hospitales públicos
en Venezuela.
—El
residente se encuentra de brazos cruzados al no contar con el instrumental
adecuado —dice
Paz—. Pero uno siempre trata de buscarle la solución tratando de
improvisar. Está en juego lo más importante, que es la dignidad del
paciente.
Y
esa improvisación se traduce, muchas veces, en lavar minuciosamente material
desechable, como algunos tipos de sonda, para usarlo en más de un paciente. O en
recurrir a bibliografía anterior a los años 70, o al consejo de doctores en
retiro, para buscar soluciones a problemas que tenían décadas superados.
Santek Pharma, la empresa panameña de Baumgartner, el profesor del hospital de El Algodonal, tiene mucho de offshore y parece creada para que no sea fácil descubrir quiénes son sus verdaderos beneficiarios.
Su dirección legal está en el primer piso del edificio Omega, en la capital de Panamá. Es la misma de Rodrigo Molina Ortega y Asociados, el bufete de abogados que la constituyó en 2015 y que colocó a algunos de sus empleados como accionistas de la sociedad y como miembros de su junta directiva.
Sin embargo, sus apoderados generales no son prestanombres y forman parte del staff de la empresa, según su página web. Walter Baumgartner es uno de ellos, junto a su pariente Gunther Baumgartner y los empresarios venezolanos José Ruggiero Moreno y Andrés Ruggiero Hernández. El poder los faculta para “manejar, administrar y llevar adelante los asuntos o negocios de la sociedad en cualquier parte del mundo”. También para “abrir una o varias cuentas en cualesquiera bancos, firmas o instituciones financieras de cualquier país, hacer depósitos y retiras los que existiesen en esas o en otras cuentas que tenga la sociedad”. El resto del poder puede leerse a continuación.
Poder Santek by Salud con lupa on Scribd
El puertorriqueño beneficiado por el chavismo
Rolando
Fernández ama el vino. Casi en cada una de las 813 fotos subidas a su Instagram,
the_wine_list, el ardiente líquido es el protagonista. No es casual: se trata
del producto estrella entre todos los que comercializa su empresa, Labraterra.
Los hay de todas las regiones del mundo.
Hasta
hace muy poco, este puertorriqueño de 52 años se ganaba la vida de una manera
muy diferente a la que ahora le permite lucirse junto a cientos de botellas. Su
rubro, entonces, era la salud. Y las dos sociedades con las que participaba eran
sinónimo de sobreprecio.
Fernández
fue el único accionista de dos compañías domiciliadas en la isla, MedLatin Group
y MCare Solutions, que formaron parte del esquema identificado por Salud con
lupa, en el que cuatro empresas enviaron a Corpovex más de 11 millones de
dólares en insumos médicos sobrevalorados. Fueron 8,7 y 1,6 millones de dólares
respectivamente.
Ambas
reportaron ganancias hasta que se comenzaron a hacer los envíos y fueron
disueltas cuando estos cesaron, en 2018, según el Registro de Corporaciones de
Puerto Rico.
El puertorriqueño Rolando Fernández posa frente a un viñedo en Saint-Emilion, una pequeña ciudad cerca de Bordeaux, Francia, en octubre de 2016, año en el que se dieron los primeros envíos a Corpovex. / Foto: Instagram de Rolando Fernández
Rolando
Fernández tiene una larga relación comercial con el gobierno de Venezuela, que
comenzó en los 90 a través de la empresa Meditec Venezuela, de la que controla
el 97 % de las acciones desde el 2003. Entre 2004 y 2012, la compañía recibió
casi 74 millones en dólares preferenciales de Cadivi, que entregaba dinero al
cambio más ventajoso a, entre otras, sociedades farmacéuticas escogidas a dedo
para que compraran en el extranjero productos que escaseaban en Venezuela.
Existe
otra empresa en el esquema, OEG Internacional, domiciliada en Florida, Estados
Unidos, que envió 275 mil dólares. Creada también en 2015, tiene mucho de
empresa de maletín: su dirección legal es una bodega en Miami a la que otras 50
compañías señalan como sede. Entre sus agentes hay personas que ocupan el mismo
puesto en cientos de sociedades creadas en ese estado de Norteamérica.
Las víctimas del sobrecosto
—Él
llegó aquí caminando y ahora ni se para de la cama. Quiero salvarle la vida a mi
esposo.
Miriam
(quien prefiere no revelar su apellido por temor a represalias) lleva el
cansancio a cuestas, en su mirada, en su caminar pesado, en su tono de voz.
Desde la primera semana de junio está en el Hospital Universitario de Caracas
con su esposo, Néstor, un hombre de 40 años, alto y corpulento en fotos, delgado
y débil en la cama de internamiento.
Lo
que comenzó como un malestar estomacal y diarrea derivó en un diagnóstico de
VIH, una noticia inesperada en la familia. A Nelson deben hacerle ocho exámenes
para saber qué tan avanzada o complicada está la infección del virus en su
organismo, pero el hospital no está en condiciones de realizarlos.
Le
controlaron el cuadro diarreico. Lleva dos semanas sin apetito, sin ingerir
alimentos sólidos. Le recetaron “Solución 0,9%”, mejor conocida como suero
fisiológico, un insumo básico en todo ambulatorio y hospital, pero que en
Venezuela se ha convertido en uno de esos elementos que duran más tiempo
ausentes de los centros de salud que en sus propios inventarios.
Esta
es la consecuencia de beneficiar con contratos a pequeños intermediarios. Como
los que protagonizan el esquema descubierto por Salud con lupa, en el que
Corpovex decidió gastar 11 millones de dólares en unos insumos médicos que
podrían haberle costado solo 500 mil.
La
salud pública es una cadena, lo que se desvía o se paga de más en un punto,
irremediablemente faltará en otro lado. ¿Cuántos sueros como los que Néstor
necesita se habrían podido comprar con los 10 millones de dólares que Corpovex
decidió pagar de más por productos para nada rebuscados?
Él
debe recibir cuatro soluciones diarias, pero con este ya lleva cuatro días sin
ingerirlas. Lo realmente grave es que estas ni siquiera representan el
tratamiento de su enfermedad, sino solo su alimento.
—Desde
el primer día lo hemos comprado nosotros porque las enfermeras dicen que aquí no
hay —reclama
Gabriela, su madre—. ¿Cómo no hay suero en
un hospital?
Las
cuatro unidades cuestan entre 13 y 16 dólares por día, pero el sueldo mínimo
mensual en Venezuela para ese día era de 10,4 dólares al cambio oficial. No hay
manera de cubrir los cuatro frascos de suero diarios: el salario no les
alcanza.
Nelson
vendía arepas en la calle. Su esposa tenía un local de comida en un centro
comercial, pero la hiperinflación hizo inviable el alquiler del local en
bolívares. Cuando el centro comercial empezó a exigir pagos en dólares, Miriam
debió dejar el negocio. Todos los miembros de la familia tratan de ayudar, pero
las cuentas no salen.
Para
Néstor y los suyos es difícil imaginar un futuro. El presente lo llena todo,
como una espesa neblina que no deja ver más allá de donde alcanza la mano.
Por
ahora, solo importa conseguir esas cuatro unidades al día. Esas que el gobierno
de su país no le ha podido brindar. El mismo gobierno que regaló un negocio
redondo para un empresario extranjero y un empleado del Ministerio del Poder
Popular para la Salud.
El
cirujano Jaime Lorenzo, frustrado porque hoy de nuevo no podrá operar, arquea
las cejas, se pasa una mano por la nuca y echa la cabeza hacia atrás cuando
escucha la historia de las compañías intermediarias que se beneficiaron con los
sobreprecios. Su cara es la de aquel que se entera que ha sido estafado por
años.
—Saquemos
la cuenta de la cantidad de guantes que se dejaron de comprar al pagarlos a tres
dólares por par, o de otros insumos médicos. La cantidad de personas que
pudieron haber sido ayudadas y tener una asistencia adecuada… eso no beneficia a
nadie, ni a Venezuela ni a los países productores, solo a estos intermediarios
—dice Lorenzo, mientras
acomoda sus lentes y exhibe una mueca de hastío ante la seguridad de que esta,
sin operar, será otra tarde perdida.
*Con la colaboración de Patricia Marcano desde Caracas. Este reportaje forma parte de la serie Venezuela: un país en busca de alivio, de la plataforma colaborativa Salud con Lupa con apoyo del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ)
Este reportaje fue modificado el 26 de septiembre de 2019 en el sitio web original, Salud con Lupa. En una versión anterior, la redacción de un párrafo daba a entender que la empresa panameña Santek Pharma le pertenecía a Walter Baumgartner, lo que no es preciso. Salud con lupa hace esta aclaración: Walter Baumgartner es un apoderado legal con amplias facultades y se incluye el nombre del resto de apoderados de la sociedad, así como más detalles del documento en el que se plasma lo anterior. Abogados contratados por Santek Pharma niegan que la empresa sea proveedora de Corpovex. Sin embargo, hasta ahora no ha habido una comunicación formal de la compañía, pues estos abogados no permiten citarlos en sus argumentos.
