Carol Padilla, perfil de una jueza por encargo

A sus tribunales de control llegan, casi sin excepción, los casos políticos de mayor interés para el Gobierno de Nicolás Maduro: el atentado con drones, la intentona del 30 de abril, entre otros. Pero esa confianza depositada en ella por el chavismo parece guardar una proporción inversa a su desempeño como abogada litigante, salpicada de incidentes en medio de una larga racha de reveses. Hasta llegó a estar arrestada por la forja de un documento. Ahora es el brazo ejecutor de sentencias prestablecidas.
La
primera vez que Carol Bealexis Padilla Reyes se metió en problemas por un
documento del Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) fue en
1998. En aquel entonces, en el marco de una averiguación penal, el organismo
emitió un escrito en el que aseguraba que Johann Francisco Arretureta Guevara,
un hombre de 37 años al que acusaban de extorsión por hacerse pasar por letrado
sin serlo, efectivamente no era profesional del
Derecho.
La
joven Padilla, quien apenas dos años antes había recibido su título de abogada
de la Universidad Santa María (USM) de Caracas, intentó salvar a quien muchos
años después se convertiría en su marido: falsificó un documento, junto a la
hermana de este, en el que Inpreabogado supuestamente certificaba a Arretureta
como abogado. Lo enviaron al tribunal que llevaba la causa, la jueza y el
inspector detectaron la irregularidad, y a ellas no les quedó otra opción que
reconocer su autoría, por lo que resultaron detenidas
preventivamente.
Pero
la carrera de Padilla, entonces de 25 años de edad, no se truncó por ese
incidente. Todo lo contrario: a más de dos décadas de distancia, es hoy la jueza
por cuyas manos, en fase de control, han pasado los expedientes de los más
recientes y renombrados casos políticos, entre otros, el del atentado fallido
con drones contra Nicolás Maduro, del 4 de agosto de 2018, y el intento de golpe
de Estado del pasado 30 de abril de 2019. Esos y otros casos no solo tienen en
común a la jueza Padilla. Aunque con protagonistas distintos, también comparten
irregularidades y un retraso crónico.
En
2017 Padilla se convirtió en brazo ejecutor de la que catalogan como una
“dictadura judicial”. Aunque, de hecho, ya ha comenzado a perder poder. A principios de agosto de 2019, le
quitaron uno de los tres tribunales que controlaba: el 2º de Primera Instancia
en Función de Control en materia de delitos de Terrorismo con Jurisdicción
Nacional, por lo que quedó a cargo del 1º de control de terrorismo y del 20º de
Primera Instancia en Función de Control de Caracas.
Su
nombre, sin embargo, ya se sumó a la lista de otros “juristas del horror”,
jueces que estuvieron en su posición antes, algunos de ellos con antecedentes
penales, como ella, que se mostraron leales al Gobierno hasta llegada la hora
-en algunos casos- de caer en desgracia: como Alí Paredes, quien conoció los
casos de la jueza María Afiuni y del narcotraficante Walid Makled, y que
tras condenar a este fue detenido por la policía política; Miguel Graterol,
quien llevó los casos del exalcalde Antonio Ledezma y del otrora estudiante
Lorent Saleh, y terminó siendo destituido por otro caso; el mismísimo Maikel
Moreno, quien jugó un rol importante en el caso del excomisario Iván Simonovis,
y quien también después fue destituido de un tribunal de apelaciones por haber
cometido “graves errores judiciales inexcusables” en la liberación de unos
sospechosos de homicidio, aunque luego fue reenganchado y hoy en día preside el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); o Gumer Quintana, quien llevó el caso del
fiscal asesinado Danilo Anderson, y también fue suspendido de sus funciones a
posteriori.
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Defensora de causas perdidas
Llegar
hasta ahí no fue fácil para Padilla. Una vez superado el escollo del documento
falso, se inició en tribunales, en noviembre de 2002, como defensora de Édgar
Márquez, quien se identificó como víctima de la oposición en los sucesos
ocurridos en el país entre el 11 y 14 de abril de 2002, e interpuso una querella
ante la Sala Plena contra un grupo de magistrados, para que esta determinara si
existían o no méritos para su enjuiciamiento en la comisión de los delitos de
complot político y privación de libertad psíquica. El juzgado de sustanciación
declaró la solicitud “inadmisible para su
tramitación”.
En
enero de 2004, Padilla insistió con un recurso de habeas corpus a favor
de un hombre que admitió haber cometido el delito de transporte ilícito de
sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Quince años más tarde, cuando se
convirtiera en jueza, le harían a ella la misma pregunta que planteó su
defendida, la concubina del condenado, en aquel documento: “El derecho a un
debido proceso que tiene un imputado (...) ¿no tiene importancia?”. Padilla
estaba próxima a cumplir los 32 años de vida cuando, el 29 de enero de ese año,
la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del entonces estado Vargas
se declaró competente para conocer de la acción de amparo y la declaró
inadmisible.
Las
pequeñas derrotas no la detuvieron. La joven abogada asumió pocos meses después
la defensa de un hombre imputado por homicidio calificado y, nuevamente,
denunció ante la Corte de Apelaciones de la mencionada entidad costera
violaciones del debido proceso e infracciones de normas de rango constitucional;
exactamente las mismas denuncias de las que hoy es objeto.
El
recurso de amparo en el que solicitaba fuera declarada la nulidad absoluta del
acta policial y de la acusación a su nuevo defendido, sin embargo, fue decretado
inadmisible en abril de 2004. Un mes antes, ya el Tribunal Cuarto de Primera
Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del
estado Vargas había declarado sin lugar su solicitud de requerir la nulidad del
acta policial “por ser manifiestamente
improcedente”.
Padilla
no se amilanó. En noviembre de 2005 lo intentó de nuevo, esta vez como defensora
de Yonny Eduardo Bolívar Jiménez, quien casi nueve años después se convertiría
en el asesino de la intérprete de señas con 18 semanas de gestación, Adriana
Urquiola, cuando en el marco de protestas antigubernamentales le dispararía para
abrirse paso entre barricadas.
En
2005, Bolívar ya había sido acusado de cometer los delitos de secuestro,
ocultamiento ilícito de arma de fuego, usurpación de título militar,
aprovechamiento de acto falso y obtención de pasaporte con falsedad ideológica,
y Padilla fue su apoderada judicial.

Como abogada penalista, Carol Padilla asistió a hombres acusados de tráfico de droga y homicidio. También a Yonny Bolívar, nueve años antes de que se convirtiera en el asesino de Adriana Urquila.
En
aquel momento, la abogada denunció, una vez más, violaciones “flagrantes” al
debido proceso e hizo una solicitud de radicación de juicio, que la Sala de
Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró sin
lugar.
Aunque
su especialización es de Derecho Penal, de acuerdo con información de su
síntesis curricular a la que tuvo acceso Armando.Info, Padilla dejó esos casos
atrás y comenzó a ejercer el Derecho de Familia, con un poco más de
suerte. Entre otros, ya en Caracas, en 2006, volvió a asistir a Arretureta
–quien era un hombre casado– y a su mujer anterior, a disolver el vínculo
matrimonial que mantuvieron por 16 años, los mismos que tenía el hijo de la
pareja al momento del divorcio.
De
acuerdo con su ficha del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS),
Arretureta trabajó hasta el 31 de octubre de 2018 en la Corporación de
Desarrollo de la Región Centro Occidental (Corpooccidente), instituto autónomo
de la Dirección General de Coordinación y Planificación (Cordiplan), que auxilia
al Presidente de la República y al Consejo de Ministros en la planificación del
desarrollo social y económico de la nación.
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Un cargo a la medida
La
abogada Padilla pasó a llevar orgullosamente el apellido de quien se convirtió
en su marido. En la actualidad son tan inseparables que el hombre la acompaña
con frecuencia al Palacio de Justicia, en Caracas, donde la ahora jueza tiene su
despacho, en la mezzanina. De hecho, allí goza de ciertos privilegios. Como
ya publicó Armando.Info,
Arretureta fue el hombre “extraño” que estuvo presente en la audiencia de
presentación –que se suponía privada– del diputado opositor Juan Requesens,
quien este 7 de agosto cumplió un año de haber sido detenido por su supuesta
participación en el atentado contra Maduro.
Quizás
su presencia en ese acto íntimo era de apoyo a la jueza, de quien se rumora se
pone nerviosa cuando debe ver al joven parlamentario, reconocido por ser
aguerrido. Pero lo cierto es que Padilla siempre está acompañada, ya sea por el
marido o por el escolta. Ya no es la misma muchacha sencilla que llevaba el
cabello lacio, franelas de algodón y pantalones anchos, y que sonreía
genuinamente. Ahora Padilla lleva el cabello más largo, con ondas y mechas, y
exhibe llamativos atuendos florales.
Después
del divorcio de Arretureta, lo volvió a asistir en al menos dos casos de
arrendamientos, uno de ellos en 2009 cuando, tras no haber pagado ocho meses de
alquiler, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y
Tránsito de Caracas lo condenó a hacer entrega de un apartamento en El Paraíso,
la misma parroquia del municipio Libertador, al Oeste de Caracas, donde la jueza
está registrada para votar.
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En
2012, sin embargo, la vida de Padilla dio un vuelco auspicioso. El 5 de enero,
el entonces diputado Diosdado Cabello -quien se convertiría en el reconocido
número dos del chavismo y actual presidente de la oficialista Asamblea
Nacional Constituyente- asumió la presidencia de la Asamblea Nacional. Cabello
creó en ese parlamento de mayoría oficialista la Sección de Seguimiento y
Control Legislativo, adscrita a la dirección general del Despacho de
Presidencia. Quienes trabajaban en ese momento en el despacho de Cabello
aseguran que la sección fue creada especialmente para que Padilla ingresara al
parlamento.
La
abogada recibió la notificación el 16 de mayo de 2012. Ese día, la entonces
directora general de Desarrollo Humano de la Asamblea Nacional, Numidia Flores
-prima de la llamada primera combatiente, Cilia Flores-, le informó con
una carta que había sido designada para ocupar la jefatura de la mencionada
sección a partir del 1º de junio de ese año. Un día antes, la directora general
del Despacho de Presidencia, Aura Hernández, había enviado un memorándum interno
a Flores en el que le remitía el currículo de Padilla y le solicitaba girar
instrucciones para su designación.
No
era, sin embargo, el primer cargo público que ocuparía Padilla. De acuerdo con
la síntesis curricular que consignó en la Asamblea Nacional, antes trabajó como
directora del despacho de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento; como
coordinadora de Asesoría Legal, Conciliación y Mediación del Ministerio para la
Vivienda y Hábitat; y como abogada adjunta en la Fiscalía General de la
República.
De
hecho, para el momento de su contratación en la AN, Padilla aún aparecía activa
en la cuenta individual del IVSS del Ministerio para la Vivienda y Hábitat, algo
que reflejó la entonces jefa de División de Captación y Selección del
Parlamento, Ana Malpica, en un informe técnico, en el que informó, además, que
por esta razón Padilla tuvo que hacer una carta explicativa antes de ingresar al
Parlamento.
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Quienes
trabajaron con ella en el poder legislativo dicen que se mantuvo ocupada en la
AN hasta que Cabello culminó su gestión. Por eso, hasta el año 2015, no hay
registros de actividad de Padilla en el histórico de sentencias del TSJ. No fue
sino hasta 2017 cuando reapareció, ahora como jueza, primero del Juzgado 9º
Itinerante en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área
Metropolitana de Caracas, y luego del que ha vuelto famoso Juzgado 20º de
Primera Instancia en Función de Control también del Circuito Judicial Penal del
Área Metropolitana de Caracas.
Metamorfosis de una jueza
Aunque
Padilla no tenía experiencia previa en el otro lado de un tribunal, ni siquiera
como secretaria, comenzó pronto a recibir los casos políticos más emblemáticos.
Uno de los primeros que llevó fue el del general de brigada del Ejército,
retirado, Ángel Vivas Perdomo. Vivas y su figura, armada con un fusil de asalto
en los jardines -convertidos en trinchera- de su quinta en Prados del Este, una
urbanización de clase media-alta de Caracas, se convirtieron en un emblema de
las protestas antigubernamentales de febrero de 2014. Fue detenido por
funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía
política del chavismo) en el marco de otras protestas, las de 2017, en un
momento en el que abandonó su residencia.
Vivas
fue liberado en junio de 2018 bajo una medida de casa por cárcel. Pero antes,
en
mayo de 2017, su defensa interpuso una acción de amparo constitucional ante la
Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área
Metropolitana de Caracas, señalando como presunto agraviante a Padilla, por la
que catalogaron como una violación al derecho de acceso a la justicia por la
omisión de pronunciamiento en relación a un amparo constitucional en la
modalidad de habeas corpus, incoado por ellos un mes antes en el tribunal
de Padilla.
Después
de tantas derrotas como litigante, por fin la justicia estaba del lado de
Padilla. Esta vez, la Corte de Apelaciones declaró inadmisible la acción de
amparo constitucional interpuesta por la defensa del general Vivas. Todavía así
fue un logro judicial, pues los defensores de las causas que caen en sus
tribunales aseguran que las acciones de amparo contra sus tribunales usualmente
no reciben respuesta.
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A
Padilla le dieron casos cada vez más importantes. En agosto de 2017, cuando el
chavismo arremetió contra el equipo de la entonces fiscal general de la
República, Luisa Ortega Díaz- quien finalmente debió huir al exilio-, de entre
52 tribunales que hay en el Área Metropolitana de Caracas, la causa de la
presunta red de extorsión que comandaba Ortega fue a dar al tribunal 20º de
control de Padilla.
Ya
Armando.Info
denunció algunas de las irregularidades de este caso.
Entre otras cosas, tras casi dos años de haber sido detenido, el ex fiscal
auxiliar 55, Luis Sánchez, señalado como parte esa red, no ha tenido su
audiencia preliminar. Ha sufrido 20 diferimientos, principalmente porque el
tribunal de Padilla no da despacho. Padilla también lleva uno de varios casos
relacionados con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que hay en
tribunales, precisamente el de los contratistas de empresas mixtas como
Petropiar, que la fiscalía de Sánchez había
investigado.
Padilla
se mantuvo anclada en el tribunal 20º de control, pese a que en julio de 2016,
el TSJ reguló la rotación anual
de los jueces. Pronto recibió un nuevo expediente, pero no caería en su
tribunal de Caracas sino en otro para el que fue designada como jueza: el 1º de
control con Competencia en Casos
Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, con jurisdicción
nacional. Allí, a sus manos, llegó la causa del intento de magnicidio, en
la que supuestamente estaban involucrados los diputados Juan Requesens y Julio
Borges, y posteriormente se dijo que también el concejal Fernando Albán, todos
dirigentes del partido opositor Primero Justicia.
Armando.Info
también ha reportado irregularidades en este otro caso.
Al comienzo, el tribunal no estaba ni siquiera constituido de manera regular
según la ley. La secretaria Yasmily Rojas no era profesional del Derecho, como
establece el artículo 510 del Código Orgánico Procesal Penal, y esto se supo por
una comunicación emitida, precisamente, por Inpreabogado. Y aunque ya Rojas no
es parte del equipo de Padilla, las irregularidades
continúan.
Entre
otras cosas, el 4 de octubre de 2018 no dieron acceso a la defensa de Requesens
para que revisara el expediente, alegando que el tribunal no estaba dando
despacho, pero, al mismo tiempo, Padilla supuestamente emitió una orden de
captura contra el concejal Albán, quien luego fallecería en circunstancias aún
por aclarar, bajo custodia de funcionarios del Sebin: desde el oficialismo
alegan que se suicidó, mientras que desde la oposición aseguran que fue un
asesinato.
El
reclamo lo incluyó la defensa de Albán en una denuncia que introdujo, primero,
el 4 de diciembre de 2018, en la Fiscalía General de la República y, luego, el 6
de febrero de 2019, en la Defensoría del Pueblo; y que, más recientemente, el 26
de abril de este año, respaldaron con una petición individual ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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En
los documentos, la defensa destaca otras irregularidades, principalmente
relacionadas con la supuesta orden de detención: dicen que no era original, sino
que se trataba de una “copia simple”; y que no contenía ningún tipo de
motivación o razonamiento que justificara la necesidad de dictar la medida
preventiva privativa de libertad, lo que a juicio de la defensa viola las
disposiciones previstas en los artículos 236 y 232 del Código Orgánico Procesal
Penal, que señalan no solo la verificación de los requisitos que justifiquen la
medida, sino la necesidad de una resolución judicial fundada. Esa falta de
motivación es, precisamente y en términos jurídicos, una de las críticas más
comunes a Padilla en los casos políticos.
A
ambas instituciones, Fiscalía y Defensoría, se les solicitó que investigasen a
Padilla, entre otros funcionarios judiciales y fiscales “que habrían participado
en la producción de la supuesta orden judicial, dictada mientras no existía
acceso al expediente y sin que el tribunal diera despacho, y quienes no
permitieron que el concejal Albán, detenido en ese momento, se presentara ante
el juez competente en los lapsos que prevé la Constitución y el Código Orgánico
Procesal Penal”.
Aunque
Padilla fue quien dictó su detención, tras estar dos días desaparecido, Albán
fue presentado ante otro tribunal, el 6º de control, que declinó su competencia,
el domingo 7 de octubre, un día antes de su muerte.
“El
tribunal supuestamente, sí laboró ‘a puertas cerradas’ para dictar la orden de
aprehensión, pero se mantuvo cerrado para recibir al detenido (Albán), oírlo y
decidir si revocar la medida de detención o conceder la libertad plena, lo que
hoy incluso significaría que Fernando Albán continuase con vida”, se lee en la
denuncia presentada en las instancias nacionales.
En
la petición que hicieron a la CIDH, la defensa incluyó un listado de autoridades
supuestamente responsables de la muerte de Albán, y ubicó a Padilla en el tercer
lugar, después de quien para entonces también era el director del Sebin, Gustavo
González López, y del fiscal general de la República, Tarek William
Saab.
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Para
la fecha, la CIDH no le ha dado entrada al documento, pero una vez que lo haga
solicitará información al gobierno venezolano y hará una investigación.
Posteriormente, si considera que hubo una violación de Derechos Humanos, el caso
será elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San
José de Costa Rica, “que puede
procesar y condenar a la República”, recuerda el abogado Ramón
Aguilar.
Pero
ya Padilla está en aprietos, una vez más. El mismo día que se introdujo ese
documento en la CIDH, el 26 de abril de 2019, el Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos (EEUU) emitió un comunicado en el que informaba que había
impuesto sanciones sobre ella y sobre el canciller venezolano Jorge
Arreaza.
“El
Tesoro seguirá apuntando contra los cercanos al corrupto Maduro, incluidos los
encargados de llevar la diplomacia e impartir justicia en nombre de su régimen
ilegítimo”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en el
comunicado.

El 26 de abril de 2019, la jueza Carol Padilla fue incluida en la lista de sancionados del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, por “impartir justicia en nombre del régimen ilegítimo”
Sin
embargo, Padilla sigue a cargo del caso y del tribunal
1º de control con competencia en
casos vinculados con delitos asociados al terrorismo. Cosa que no
sucedió con el tercer tribunal que encabezaba, el 2° de Primera Instancia
en Función de Control en materia de delitos de Terrorismo con jurisdicción
nacional, en el que llevaba la causa del golpe del 30 de abril, encabezado por
los dirigentes opositores Juan Guaidó y Leopoldo
López.
A
principios de agosto de 2019, otra abogada, Hilda Villanueva, fue designada
jueza de dicho tribunal. Pero antes, Padilla fue acusada de retrasar también ese
caso. Para el jueves 1º de
agosto de 2019 estaba previsto iniciara la audiencia preliminar del diputado
Édgar Zambrano, detenido por su supuesta participación en los hechos, la noche
del 8 de mayo, en las inmediaciones de la sede del partido de centroizquierda
Acción Democrática, desde donde su vehículo fue remolcado por una
grúa.
Pero,
para la audiencia, Zambrano no
fue trasladado desde su sitio de reclusión en Fuerte Tiuna, la instalación
militar más conocida de la capital, hasta los tribunales, en el centro de la
ciudad. Al llegar al Palacio de Justicia, su defensa se encontró con dos papeles
pegados en la puerta de la oficina de Padilla, en la mezzanina, donde
para entonces todavía funcionaban los tres tribunales a su cargo, en los que
notificaban que no había despacho en los dos de
terrorismo.
“Desde
el día 21 de junio (de 2019), que fue presentada la acusación (contra Zambrano)
en horas de la tarde, hasta el día de hoy (1º de agosto), el tribunal de la
causa (2° de Primera Instancia en Función de Control en materia de delitos de
Terrorismo) solamente ha dado despacho durante seis días en casi un mes”,
denunció el abogado Francisco Banchs a su salida del Palacio de Justicia, al
tiempo que recordó que, de acuerdo con la ley venezolana, la audiencia
preliminar debe ser fijada entre 15 y 20 días después del acto conclusivo, que
en este caso se celebró ese 21 de junio.
La
demora no es solo en causas políticas. En otro tipo de casos hay abogados que
también denuncian esperas de hasta más de un año por una decisión, y que la
jueza se desentiende de sus causas dejándolas muchas veces en manos de las
secretarias.
Sin
embargo, a diferencia de los políticos, dicen que en estos otros casos Padilla
“argumenta” bien y es justa con los tiempos de las intervenciones, algo que no
sucede en los casos políticos, en los que insisten en que no justifica sus
decisiones y limita los tiempos de intervención.
Trinomio maquiavélico
Padilla
es el brazo ejecutor de un aparato mucho más complejo que un individuo, e
incluso que tres, como es el caso. Antes de que a ella le corresponda actuar,
los fiscales hacen lo suyo. No siempre está en sintonía con ellos, pero cuando
se trata de Farik Mora Salcedo y Dinora Bustamante Puerta la alineación de los
tres es casi perfecta.
Uno
de los supuestos implicados en la causa del magnicidio, el general Héctor
Hernández Da Costa, detalló en una audiencia en la que estaban presentes los 17
imputados, con sus abogados, los mencionados fiscales y la aludida jueza
Padilla, las torturas de las que asegura fue víctima en la sede de la Dirección
General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y mirando a Mora Salcedo le dijo,
palabras más, palabras menos: “Usted fue testigo de la tortura. Usted tiene una
oficina al lado del ascensor (en la Dgcim)”. Varios de los imputados respaldaron
su versión.
Mora
Salcedo y Bustamante Puerta también estuvieron presentes en el allanamiento a la
casa del jefe de Despacho del líder opositor Juan Guaidó, Roberto Marrero, cuya
causa también cayó en manos de Padilla, aunque los dos fiscales posteriormente
se desvincularan. Para el momento de su detención, en marzo de 2019, Marrero fue
acusado de ocultamiento de arma de guerra y explosivo. En junio de este año, el
tribunal de Padilla, con una celeridad atípica, ordenó el pase a juicio de los
implicados, y admitió las acusaciones de la
fiscalía.
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Mora
Salcedo tuvo experiencia previa, en el año 2010, como abogado en tribunales con
competencia en materia de violencia contra la mujer, defendiendo a los presuntos
agresores. En 2011, formó parte de un equipo de apoderados judiciales de Mercal.
Luego, entre 2013 y 2014 se desempeñó como abogado laboralista en tribunales de
trabajo de Aragua, entidad en la que está registrado para ejercer el derecho al
voto, aunque también hay registros de que vivió en otro estado central,
Carabobo.
Ya
para 2015 era fiscal auxiliar interino 121º del Área Metropolitana de Caracas,
donde se mantuvo hasta 2016. A finales de ese año y principios de 2017, estuvo
al frente de la fiscalía 55 de Caracas. Hoy día es fiscal 67 nacional con
competencia plena y fiscal 11 nacional con competencia en materia contra la
corrupción, y está vinculado también a la causa de Luis
Sánchez.
Bustamante
Puerta fue fiscal auxiliar interina 151 de Caracas, en 2016, luego fue fiscal
provisorio 83 nacional, durante el primer semestre de 2017, y posteriormente, al
menos desde julio de 2017, fue fiscal 83 nacional con competencia en delitos de
legitimación de capitales, financieros y económicos. Ese es el cargo en el que
se mantiene.