Odebrecht también dejó casas muertas

Apenas fue este reciente miércoles 7 de agosto cuando se celebró una audiencia judicial de un caso de Odebrecht relativamente desconocido. En esta primera batalla, el resultado fue desfavorable para el demandante: El tribunal ordenó al Metro de Caracas subsanar errores en la demanda, ya que la compañía no determinó ni probó el monto del daño que la gigante de la construcción habría ocasionado al Estado por el incumplimiento en la construcción de 2.400 viviendas a edificar en un terreno ubicado en Mariches, municipio Sucre del estado Miranda (al este de Caracas).

Por su parte, Odebrecht rechazó la acusación alegando que con el anticipo recibido sí ejecutó parte de los compromisos. Al hacer la declaración ante el tribunal, la empresa optó por reservarse las pruebas, las que parecen ser muy necesarias puesto que una visita al sitio donde se levantarían las viviendas muestra, a simple vista, que no hay más que maleza y maquinaria abandonada.

El Estado venezolano, en manos del chavismo desde 1999, no acudió a la justicia por alguno de los once megaproyectos de infraestructura que contrató a la gigante brasileña de ingeniería civil. Curiosamente, sus reflejos solo le han dado para llevar a Odebrecht ante un tribunal por estas casas inexistentes.

La demanda interpuesta por el Metro de Caracas exige el pago de 76,05 millones de dólares (los 50,7 millones de dólares desembolsados como anticipo más 23,35 millones por incumplimiento de obligaciones), además de la cancelación de 854 millones de bolívares (unos 65.000 dólares al cambio de la tasa paralela). La acción judicial fue admitida ante la Sala Político Administrativa del máximo tribunal el 19 de junio de 2018, seis meses después de ser presentada, el 14 de diciembre de 2017.

En la disputa el Metro reclama a la empresa brasileña, y también a Seguros Caroní S.A, -que actuó como afianzadora- el reembolso al Estado del dinero que se entregó en anticipo, debido al incumplimiento de sus obligaciones en el contrato N-MC-4749, destinado a la construcción de 2.400 viviendas en el sector Mariches, en Petare, al este de Caracas. Durante la audiencia, la aseguradora pidió al juzgado que se le excluya de la demanda, dando fe de no haberla recibido por parte de Odebrecht.

El 18 de diciembre de 2012, Haiman El Troudi, entonces presidente del Metro de Caracas, suscribió junto a Euzenando Prazeres de Azevedo, representante de la Constructora Norberto Odebrecht en Venezuela, un contrato para la ejecución y construcción de 25 edificios de doce niveles cada uno, conformado por 2.400 apartamentos, por un monto de 169,4 millones de dólares.

El contrato se firmó por 169 millones de dólares destinados al componente extranjero, más un componente nacional de 1.877 millones de bolívares, equivalente a 437.600 dólares, calculados a una tasa de oficial de 4.289,3 bolívares por dólar.

Según el total, cada vivienda a construirse en el urbanismo, enmarcado en el programa social Misión Vivienda, en Petare, le costaría al Estado 70.599 dólares, equivalentes a poco más de 302 millones de bolívares fuertes. Para entonces, en el municipio Baruta del sureste de Caracas el precio de un apartamento que variaba entre los 62 y 665 metros cuadrados oscilaba entre los 790.000 bolívares hasta 14 millones de bolívares. Mientras en Los Naranjos, una zona acomodada del municipio El Hatillo de Caracas, el precio máximo de una vivienda con similares características era de 18 millones de bolívares fuertes.

El alcance de la inversión prometía la edificación de un complejo habitacional que contaría con 440 apartamentos de 52 metros cuadrados con dos habitaciones y un baño, y 960 de 70 metros cuadrados con tres habitaciones y dos baños.

El complejo residencial, anclado en el corazón de la barriada más grande de América Latina, contaría con un Mercal, una escuela primaria, un preescolar Simoncito, un módulo de salud del tipo Centro de Diagnóstico Integral, áreas socioproductivas, dos canchas deportivas y de usos múltiples, una plaza de encuentro comunal y 200 puestos de estacionamiento, además de paisajismo, vialidad, cloacas, drenajes y cerca perimetral.

El acuerdo avanzó con agilidad. Apenas diez días después de firmado el contrato, la constructora recibió en sus arcas del Citibank en New York el primer anticipo proveniente del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) por 50,7 millones de dólares, y otro para el componente nacional por 563 millones de bolívares, en su cuenta del banco Banesco en Caracas.

Fue al cierre del mismo año en que la constructora donó 35 millones de dólares a la última campaña presidencial del entonces presidente Hugo Chávez, según declaraciones de un asesor de campaña del partido político de Luis Ignacio Lula Da Silva a la Policía Federal de Brasil.

En el documento principal del contrato MC-4749, que reposa en el expediente AA40-A-2018-011 en el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, además se establece, en el tercer apartado dedicado al costo básico de los trabajos, que el precio consolidado del contrato equivaldrá a la cantidad de 2.601.891.700,00 bolívares que, calculados a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) de 4.289,3, arroja un precio total de 606.000 dólares. Una cantidad irrisoria y con una distancia notoria con respecto a la cifra real, de 169 millones de dólares, que constituye la verdadera base de cálculo de la demanda presentada por el Metro de Caracas y un inexcusable error que compromete seriamente la transparencia del contrato suscrito.

Otra irregularidad que exhibe el documento contractual es que si bien se ofrecían 2.400 viviendas, en el alcance documentado para la obra se enumeran un complejo habitacional que contaría con 440 apartamentos de 52 metros cuadrados, y otros 960 de 70 metros. Es decir, 1.400 viviendas y no las 2.400 que se habían proyectado.

Los vecinos de Brisas de Morichal conocen poco de los detalles de la contratación. Solo saben que la obra sería ejecutada por Odebrecht, la misma empresa que realizaba entonces las obras del Metrocable Mariches – La Dolorita.

Flor María Gordonez vive en la invasión Terrazas de Enmanuel, y cuenta que la empresa ocupó el terreno en 2007 para instalar un campamento cuando inició la construcción del Metrocable: “Ellos vinieron, limpiaron el terreno, pusieron máquinas, camiones para botar basura, y todo eso; a medida del tiempo no sé lo que pasó con Odebrecht, y eso quedó ahí solo y abandonado”, comenta.

Doce años después el Metrocable funciona solo hasta la mitad del tramo inicialmente previsto; los 2.400 apartamentos no existen y lo único que avanzó fue la maleza que engulló el campamento y las promesas.

El terreno, vecino del barrio Brisas del Morichal, está ubicado en una pendiente que ofrece una privilegiada vista al Ávila. Durante mucho tiempo, y antes de ser proyectado como urbanizable, fue empleado – dicen los vecinos – como un relleno sanitario y botadero de escombros. Por esta razón no sería apto para soportar edificios de la envergadura que Odebrecht y Metro de Caracas aspiraron en el contrato que suscribieron en 2012.

Y así lo confirmaron durante la audiencia celebrada el 7 de agosto en el Tribunal Supremo de Justicia, tanto los representantes de la empresa como los del Metro de Caracas. Alegaron que, tras conocer que el terreno no era adecuado para levantar edificios, modificaron el contrato para reducir el proyecto de 2.400 a 400 viviendas. Lo que reveló que ambas compañías firmaron un contrato y giraron recursos sin realizar los estudios de suelo previos, indispensables para la planificación, diseño y ejecución de un proyecto de toda construcción.

“Esto está en pañales” declaró Marisol Oramas, jueza de paz de la Alcaldía del Municipio Sucre, quien intervino en el caso en respuesta a los reclamos que los vecinos del sector hicieron al alcalde, José Vicente Rangel Ávalos, durante un acto de entrega de autobuses en marzo de este año en el sector Filas de Mariche.

En medio de una asamblea vecinal en los espacios de la Casa Bolivariana La Fortaleza en Petare, días previos a la audiencia, Oramas confirmó que Odebrecht no realizó ningún estudio de suelo en el terreno, estudio que hoy requieren que para avanzar en la elaboración de un nuevo proyecto, ahora un poco más modesto. La aspiración es construir 160 viviendas de 72 metros cuadrados, que comprenderán la primera etapa de un nuevo desarrollo habitacional.

“Sabemos que el alcalde o la alcaldía no tienen dinero, pero estamos intentando impulsar una actividad de autogestión, se han tenido reuniones constantes con la comunidad, apostando a hacer un estudio de suelo para conocer si el terreno está apto para construir casas. Estamos en un periodo de investigación, apenas estamos gateando”.

La abogada dijo conocer que “la empresa fue expropiada por el Estado por la situación del país, situación de fondos, no sabemos más allá, solo sabemos que hubo una expropiación. Ellos se tienen que legalizar y organizar como comunidad, la alcaldía les dijo claramente que no hay fondos, que este proyecto puede llegar a término solo por autogestión”.

Mientras la investigación Lava Jato -que destapó el sistema de sobornos y trampas contractuales de Odebrecht, iniciada en Brasil- movía los cimientos de la política en América Latina, en Venezuela reinaba el silencio. No fue sino hasta el 5 de febrero de 2017 que Nicolás Maduro ordenó a su vicepresidente Tareck el Aissami, “buscar todo lo que está mal hecho” en los contratos y obras ejecutadas por la brasileña. Lo dijo desde las vías férreas del Metro Guarenas-Guatire, otra promesa que quedó a la mitad.

Un año después, en transmisión por el canal estatal VTV, el mandatario venezolano advirtió nuevamente: "En donde haya obras inconclusas yo se las voy a entregar a los gobernadores y gobernadoras del país para que terminemos todas las obras que tenía Odebrecht en Venezuela”.

"Odebrecht entró en barranco y yo quería establecer un acuerdo para que ellos terminaran sus obras pero, bueno, ellos continúan en su barranco en Brasil, hundiéndose cada vez más", dijo. Pero, dos años después, la empresa brasileña continúa figurando como la contratista oficial de todas esas obras en Venezuela. No hubo traspaso, ni avance en las obras.

La empresa continúa operando con un personal mínimo en los espacios de los patios de la inconclusa línea 5 del Metro de Caracas, muy cerca de la estación Miranda en Parque del Este, desde donde despacha su actual presidente, Carlos Nostre, a quien se intentó contactar en varias oportunidades para este trabajo. El campamento luce desierto. Un vigilante distraído permitió el paso al impecable y vacío interior. Junto a él, una amable secretaria acudió a su superior pero nunca hubo respuesta efectiva sobre la disposición de los directivos.

El mismo escenario de desolación se percibió durante una de las tres visitas de la reportera de Armando.Info a la oficina comercial de Odebrecht, ubicada en la Torre Humboldt al sureste de Caracas. En el piso 13, ocupado en su totalidad por la empresa, una secretaria también se comprometió a canalizar la solicitud de entrevista. La visita, breve de por sí, fue interrumpida por un corte del servicio eléctrico que afectó a varios sectores de Caracas, incluyendo a las oficinas del gigante que, por cierto, estuvo en el consorcio encargado de la construcción de la central hidroeléctrica de Tocoma, al sur del país, jamás concluida y llamada a prevenir buena parte de la crisis eléctrica  que se le avecinaba a Venezuela, y que al fin llegó.

Un recorrido por algunas de las construcciones permitió confirmar que se encuentran totalmente paralizadas, y que apenas cuentan con personal de vigilancia y supervisores que las recorren al menos una vez a la semana. La planta de anillado de Guarenas-Guatire quedó como un cementerio de autobuses del Metro de Caracas. Mientras en los patios de la línea 5, estación Las Mercedes, funciona una empresa de cemento y un taller mecánico que antes ofreció servicios a la compañía.

Gerson Hernández, presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción, quien estuvo muy activo luego de las declaraciones de Maduro sobre la transferencia de las obras a empresas venezolanas, señaló que, tras los anuncios, miembros del gremio que representa manifestaron su interés por participar e incluso instalaron mesas de trabajo, pero nada de eso prosperó. Menciona como principal obstáculo la inflación: “Para retomar esas obras se requiere necesariamente de una alianza estratégica e inversión extranjera, porque dado el escenario económico actual, se hace casi imposible elaborar un presupuesto, la inflación te modifica cualquier presupuesto en cuestión de horas”.

Por su parte Mauricio Brim, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, aseguró que el gremio que representa no ha sido llamado por el gobierno a participar en conversación alguna sobre una posible transferencia de las obras a empresas nacionales: “El único conocimiento que tenemos es público, todos lo conocemos, pero más allá de eso, nada, oficialmente no hemos sido llamados por el gobierno”.

La organización civil Transparencia Venezuela detalla en uno de sus informes que el finiquito de cada contrato exige acciones contundentes por parte de la justicia venezolana y disposición a clarificar los procesos. “Es necesario resolver los acuerdos con los proveedores, revisar la situación del personal, llevar a cabo evaluaciones de ingeniería forense y realizar el cierre financiero, lo que supone confrontar diferencias entre el avance físico y los pagos realizados”. Pero sobre todo el Estado venezolano tiene que negociar el cierre de los contratos y cobrar las indemnizaciones y nada de esto se puede hacer hasta tanto no exista una acción judicial resultado de un juicio.

El pase directo al único juicio que enfrentará la brasileña en Venezuela es solo por el incumplimiento en la construcción de las viviendas ofrecidas a los vecinos de Brisas de Morichal. Para la comunidad el fraude es colosal, pero en realidad es muy pequeño si se toman en cuenta las once grandes obras de infraestructura, sin concluir, y los más de 40 contratos suscritos con Odebrecht en el marco del memorándum de entendimiento pactado en abril del 2007 entre Brasil y Venezuela.