Odebrecht también dejó casas muertas
La Procuraduría General de la República ya ha advertido que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura para la que fue contratada durante los gobiernos de Hugo Chávez. Pero hasta ahora solo es por el incumplimiento en la construcción de 2.400 viviendas -cotizadas con un exorbitante sobreprecio y proyectadas en un terreno no apto para construir- que la constructora enfrenta a la justicia en Venezuela, país en el que, solo después del propio Brasil, Odebrecht admite que repartió el mayor monto en sobornos.
Odebrecht
está a las puertas de su primer juicio en Venezuela. Una demanda interpuesta por
la Compañía Anónima Metro de Caracas contra la empresa brasileña cursa ante el
Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ), a cargo de la Magistrada Belinda Paz
Calzadilla.
Se
trata de la primera y única acción judicial contra la constructora en la trama
venezolana del ya célebre escándalo Lava Jato. El litigio presentado por el
Metro de Caracas, encargado de ejecutar contratos suscritos entre el Gobierno y
la empresa -caída en desgracia en su Brasil natal y en otros países de la región
tras revelarse un esquema de pago de sobornos para beneficiarse con jugosos
contratos- no guarda relación alguna con la investigación iniciada por la
Procuraduría General de la República (PGR), el organismo que hace las veces de
abogado del Estado. Este envió un legajo de documentos que reposan en las
oficinas de la Fiscalía 55 contra la Corrupción, ahora a cargo de la Fiscal 22
Nacional Aramay Carolina Terán Hidalgo, sin que hasta la fecha alguno de los
casos señalados haya llegado a los tribunales venezolanos.
Esto,
a pesar de la masiva presencia que Odebrecht tuvo en Venezuela durante al menos
tres lustros del régimen bolivariano. La propia empresa admitió ante el
Departamento de Justicia de Estados Unidos que en ningún otro país, excepto
Brasil, Odebrecht pagó tantos sobornos en el periodo de 2006 a 2015 como en
Venezuela: al menos unos 98 millones de dólares en coimas.
Apenas
fue este reciente miércoles 7 de agosto cuando se celebró una audiencia judicial
de un caso de Odebrecht relativamente desconocido. En esta primera batalla, el
resultado fue desfavorable para el demandante: El tribunal ordenó al Metro de
Caracas subsanar errores en la demanda, ya que la compañía no determinó ni probó
el monto del daño que la gigante de la construcción habría ocasionado al Estado
por el incumplimiento en la construcción de 2.400 viviendas a edificar en un
terreno ubicado en Mariches, municipio Sucre del estado Miranda (al este de
Caracas).
Por
su parte, Odebrecht rechazó la acusación alegando que con el anticipo recibido
sí ejecutó parte de los compromisos. Al hacer la declaración ante el tribunal,
la empresa optó por reservarse las pruebas, las que parecen ser muy necesarias
puesto que una visita al sitio donde se levantarían las viviendas muestra, a
simple vista, que no hay más que maleza y maquinaria abandonada.
El
Estado venezolano, en manos del chavismo desde 1999, no acudió a la justicia por
alguno de los once megaproyectos de infraestructura que contrató a la gigante
brasileña de ingeniería civil. Curiosamente, sus reflejos solo le han dado para
llevar a Odebrecht ante un tribunal por estas casas inexistentes.
La
demanda interpuesta por el Metro de Caracas exige el pago de 76,05 millones de
dólares (los 50,7 millones de dólares desembolsados como anticipo más 23,35
millones por incumplimiento de obligaciones), además de la cancelación de 854
millones de bolívares (unos 65.000 dólares al cambio de la tasa paralela). La
acción judicial fue admitida ante la Sala Político Administrativa del máximo
tribunal el 19 de junio de 2018, seis meses después de ser presentada, el 14 de
diciembre de 2017.
En
la disputa el Metro reclama a la empresa brasileña, y también a Seguros Caroní S.A, -que actuó como afianzadora- el reembolso al Estado del dinero que se
entregó en anticipo, debido al incumplimiento de sus obligaciones en el contrato
N-MC-4749, destinado a la construcción de 2.400 viviendas en el sector Mariches,
en Petare, al este de Caracas. Durante la audiencia, la aseguradora pidió al
juzgado que se le excluya de la demanda, dando fe de no haberla recibido por
parte de Odebrecht.

El contrato N-MC-4749 es ahora un documento público en el expediente AA40-A-2018-011 que reposa en el TSJ
El
18 de diciembre de 2012, Haiman El Troudi, entonces presidente del Metro de
Caracas, suscribió junto a Euzenando Prazeres de Azevedo, representante de la
Constructora Norberto Odebrecht en Venezuela, un contrato para la ejecución y
construcción de 25 edificios de doce niveles cada uno, conformado por 2.400
apartamentos, por un monto de 169,4 millones de dólares.
El
contrato se firmó por 169 millones de dólares destinados al componente
extranjero, más un componente nacional de 1.877 millones de bolívares,
equivalente a 437.600 dólares, calculados a una tasa de oficial de 4.289,3
bolívares por dólar.
Según
el total, cada vivienda a construirse en el urbanismo, enmarcado en el programa
social Misión Vivienda, en Petare, le costaría al Estado 70.599 dólares,
equivalentes a poco más de 302 millones de bolívares fuertes. Para entonces, en
el municipio Baruta del sureste de Caracas el precio de un apartamento que
variaba entre los 62 y 665 metros cuadrados oscilaba entre los 790.000 bolívares
hasta 14 millones de bolívares. Mientras en Los Naranjos, una zona acomodada del
municipio El Hatillo de Caracas, el precio máximo de una vivienda con similares
características era de 18 millones de bolívares fuertes.
El
alcance de la inversión prometía la edificación de un complejo habitacional que
contaría con 440 apartamentos de 52 metros cuadrados con dos habitaciones y un
baño, y 960 de 70 metros cuadrados con tres habitaciones y dos
baños.
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El
complejo residencial, anclado en el corazón de la barriada más grande de América
Latina, contaría con un Mercal, una escuela primaria, un preescolar Simoncito,
un módulo de salud del tipo Centro de Diagnóstico Integral, áreas
socioproductivas, dos canchas deportivas y de usos múltiples, una plaza de
encuentro comunal y 200 puestos de estacionamiento, además de paisajismo,
vialidad, cloacas, drenajes y cerca perimetral.
El
acuerdo avanzó con agilidad. Apenas diez días después de firmado el contrato, la
constructora recibió en sus arcas del Citibank en New York el primer anticipo
proveniente del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) por 50,7 millones de
dólares, y otro para el componente nacional por 563 millones de bolívares, en su
cuenta del banco Banesco en Caracas.
Fue
al cierre del mismo año en que la constructora donó 35 millones de dólares a la
última campaña presidencial del entonces presidente Hugo Chávez, según
declaraciones de un asesor de campaña del partido político de Luis Ignacio Lula
Da Silva a la Policía Federal de Brasil.
En
el documento principal del contrato MC-4749, que reposa en el expediente
AA40-A-2018-011 en el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, además se establece, en el
tercer apartado dedicado al costo básico de los trabajos, que el precio
consolidado del contrato equivaldrá a la cantidad de 2.601.891.700,00 bolívares
que, calculados a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) de
4.289,3, arroja un precio total de 606.000 dólares. Una cantidad irrisoria y con
una distancia notoria con respecto a la cifra real, de 169 millones de dólares,
que constituye la verdadera base de cálculo de la demanda presentada por el
Metro de Caracas y un inexcusable error que compromete seriamente la
transparencia del contrato suscrito.
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Otra
irregularidad que exhibe el documento contractual es que si bien se ofrecían
2.400 viviendas, en el alcance documentado para la obra se enumeran un complejo
habitacional que contaría con 440 apartamentos de 52 metros cuadrados, y otros
960 de 70 metros. Es decir, 1.400 viviendas y no las 2.400 que se habían
proyectado.
Un terreno baldío
Los
vecinos de Brisas de Morichal conocen poco de los detalles de la contratación.
Solo saben que la obra sería ejecutada por Odebrecht, la misma empresa que
realizaba entonces las obras del Metrocable Mariches – La
Dolorita.
Flor
María Gordonez vive en la invasión Terrazas de Enmanuel, y cuenta que la empresa
ocupó el terreno en 2007 para instalar un campamento cuando inició la
construcción del Metrocable: “Ellos vinieron, limpiaron el terreno, pusieron
máquinas, camiones para botar basura, y todo eso; a medida del tiempo no sé lo
que pasó con Odebrecht, y eso quedó ahí solo y abandonado”,
comenta.
Doce
años después el Metrocable funciona solo hasta la mitad del tramo inicialmente
previsto; los 2.400 apartamentos no existen y lo único que avanzó fue la maleza
que engulló el campamento y las promesas.
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El
terreno, vecino del barrio Brisas del Morichal, está ubicado en una pendiente
que ofrece una privilegiada vista al Ávila. Durante mucho tiempo, y antes de ser
proyectado como urbanizable, fue empleado – dicen los vecinos – como un relleno
sanitario y botadero de escombros. Por esta razón no sería apto para soportar
edificios de la envergadura que Odebrecht y Metro de Caracas aspiraron en el
contrato que suscribieron en 2012.
Y
así lo confirmaron durante la audiencia celebrada el 7 de agosto en el Tribunal
Supremo de Justicia, tanto los representantes de la empresa como los del Metro
de Caracas. Alegaron que, tras conocer que el terreno no era adecuado para
levantar edificios, modificaron el contrato para reducir el proyecto de 2.400 a
400 viviendas. Lo que reveló que ambas compañías firmaron un contrato y giraron
recursos sin realizar los estudios de suelo previos, indispensables para la
planificación, diseño y ejecución de un proyecto de toda
construcción.
“Esto
está en pañales” declaró Marisol Oramas, jueza de paz de la Alcaldía del
Municipio Sucre, quien intervino en el caso en respuesta a los reclamos que los
vecinos del sector hicieron al alcalde, José Vicente Rangel Ávalos, durante un
acto de entrega de autobuses en marzo de este año en el sector Filas de Mariche.
En
medio de una asamblea vecinal en los espacios de la Casa Bolivariana La
Fortaleza en Petare, días previos a la audiencia, Oramas confirmó que Odebrecht
no realizó ningún estudio de suelo en el terreno, estudio que hoy requieren que
para avanzar en la elaboración de un nuevo proyecto, ahora un poco más modesto.
La aspiración es construir 160 viviendas de 72 metros cuadrados, que
comprenderán la primera etapa de un nuevo desarrollo
habitacional.

Odebrecht oculta su identidad institucional cambiando de color los portones de sus patios
“Sabemos
que el alcalde o la alcaldía no tienen dinero, pero estamos intentando impulsar
una actividad de autogestión, se han tenido reuniones constantes con la
comunidad, apostando a hacer un estudio de suelo para conocer si el terreno está
apto para construir casas. Estamos en un periodo de investigación, apenas
estamos gateando”.
La
abogada dijo conocer que “la empresa fue expropiada por el Estado por la
situación del país, situación de fondos, no sabemos más allá, solo sabemos que
hubo una expropiación. Ellos se tienen que legalizar y organizar como comunidad,
la alcaldía les dijo claramente que no hay fondos, que este proyecto puede
llegar a término solo por autogestión”.
Dos años en la nada
Mientras
la investigación Lava Jato -que destapó el sistema de sobornos y trampas
contractuales de Odebrecht, iniciada en Brasil- movía los cimientos de la
política en América Latina, en Venezuela reinaba el silencio. No fue sino hasta
el 5 de febrero de 2017 que Nicolás Maduro ordenó a su vicepresidente Tareck el
Aissami, “buscar todo lo que está mal hecho” en los contratos y obras ejecutadas
por la brasileña. Lo dijo desde las vías férreas del Metro Guarenas-Guatire,
otra promesa que quedó a la mitad.
Un
año después, en transmisión por el canal estatal VTV, el mandatario venezolano
advirtió nuevamente: "En donde haya obras inconclusas yo se las voy a entregar a
los gobernadores y gobernadoras del país para que terminemos todas las obras que
tenía Odebrecht en Venezuela”.
"Odebrecht
entró en barranco y yo quería establecer un acuerdo para que ellos terminaran
sus obras pero, bueno, ellos continúan en su barranco en Brasil, hundiéndose
cada vez más", dijo. Pero, dos años después, la empresa brasileña continúa
figurando como la contratista oficial de todas esas obras en Venezuela. No hubo
traspaso, ni avance en las obras.
La
empresa continúa operando con un personal mínimo en los espacios de los patios
de la inconclusa línea 5 del Metro de Caracas, muy cerca de la estación Miranda
en Parque del Este, desde donde despacha su actual presidente, Carlos Nostre, a
quien se intentó contactar en varias oportunidades para este trabajo. El
campamento luce desierto. Un vigilante distraído permitió el paso al impecable y
vacío interior. Junto a él, una amable secretaria acudió a su superior pero
nunca hubo respuesta efectiva sobre la disposición de los directivos.

Oficinas de Odebrecht en la Torre Humboldt | Oficinas de Odebrecht en la Torre Humboldt
El
mismo escenario de desolación se percibió durante una de las tres visitas de la
reportera de Armando.Info a la oficina comercial de Odebrecht, ubicada en la
Torre Humboldt al sureste de Caracas. En el piso 13, ocupado en su totalidad por
la empresa, una secretaria también se comprometió a canalizar la solicitud de
entrevista. La visita, breve de por sí, fue interrumpida por un corte del
servicio eléctrico que afectó a varios sectores de Caracas, incluyendo a las
oficinas del gigante que, por cierto, estuvo en el consorcio encargado de la
construcción de la central hidroeléctrica de Tocoma, al sur del país, jamás
concluida y llamada a prevenir buena parte de la crisis eléctrica que se le avecinaba a Venezuela, y que
al fin llegó.
Un
recorrido por algunas de las construcciones permitió confirmar que se encuentran
totalmente paralizadas, y que apenas cuentan con personal de vigilancia y
supervisores que las recorren al menos una vez a la semana. La planta de
anillado de Guarenas-Guatire quedó como un cementerio de autobuses del Metro de
Caracas. Mientras en los patios de la línea 5, estación Las Mercedes, funciona
una empresa de cemento y un taller mecánico que antes ofreció servicios a la
compañía.
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Gerson
Hernández, presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción, quien estuvo
muy activo luego de las declaraciones de Maduro sobre la transferencia de las
obras a empresas venezolanas, señaló que, tras los anuncios, miembros del gremio
que representa manifestaron su interés por participar e incluso instalaron mesas
de trabajo, pero nada de eso prosperó. Menciona como principal obstáculo la
inflación: “Para retomar esas obras se requiere necesariamente de una alianza
estratégica e inversión extranjera, porque dado el escenario económico actual,
se hace casi imposible elaborar un presupuesto, la inflación te modifica
cualquier presupuesto en cuestión de horas”.
Por
su parte Mauricio Brim, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción,
aseguró que el gremio que representa no ha sido llamado por el gobierno a
participar en conversación alguna sobre una posible transferencia de las obras a
empresas nacionales: “El único conocimiento que tenemos es público, todos lo
conocemos, pero más allá de eso, nada, oficialmente no hemos sido llamados por
el gobierno”.
La
organización civil Transparencia Venezuela detalla en uno de sus informes que el
finiquito de cada contrato exige acciones contundentes por parte de la justicia
venezolana y disposición a clarificar los procesos. “Es necesario resolver los
acuerdos con los proveedores, revisar la situación del personal, llevar a cabo
evaluaciones de ingeniería forense y realizar el cierre financiero, lo que
supone confrontar diferencias entre el avance físico y los pagos realizados”.
Pero sobre todo el Estado venezolano tiene que negociar el cierre de los
contratos y cobrar las indemnizaciones y nada de esto se puede hacer hasta tanto
no exista una acción judicial resultado de un juicio.
El
pase directo al único juicio que enfrentará la brasileña en Venezuela es solo
por el incumplimiento en la construcción de las viviendas ofrecidas a los
vecinos de Brisas de Morichal. Para la comunidad el fraude es colosal, pero en
realidad es muy pequeño si se toman en cuenta las once grandes obras de
infraestructura, sin concluir, y los más de 40 contratos suscritos con Odebrecht
en el marco del memorándum de entendimiento pactado en abril del 2007 entre
Brasil y Venezuela.