La ley del Poder Judicial: mientras más pobre la provincia, más chavistas son los jueces

La revisión de una base de datos con la información de casi 6.000 jueces en Venezuela durante los últimos 19 años arroja todo un muestrario de deformidades en el ejercicio de la Justicia. Abundan los cargos provisionales y con abierta adscripción al partido de Gobierno, tendencias que se agudizan según más se avanza en la periferia. Si bien esta especie de fuerza de gravedad al revés explica la vulnerabilidad del sistema ante las presiones políticas, también abre paso a distorsiones como funcionarios que se rotan en distintas regiones, o jueces que cobran tasas ilegales.
Como
si se tratara de un viaje a la Venezuela profunda, donde a medida que el viajero
se aleja de la capital va encontrando pueblos y ciudades con desigualdades
insospechadas, la justicia venezolana se muestra cada vez menos independiente
del partido de Gobierno mientras más alejados estén los tribunales de
Caracas.
Las
tendencias nacionales en cuanto a la autonomía del Poder Judicial resultan
vergonzosas de por sí. Las dos variables principales para medir la imparcialidad
de un sistema de justicia, que serían la titularidad de los cargos y la ausencia
de militancia política de los juristas, concentran en Venezuela las cifras más
distantes al estándar de calidad. Casi nueve de cada diez de los jueces
venezolanos (85,3%) no son titulares: se pasean entre cargos de libre remoción
bajo las figuras de provisorio, temporal, itinerante y suplencia especial. Desde
2003, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió los concursos de
oposición que normaban el ingreso de los jueces al Poder Judicial, la
imparcialidad en la administración de justicia quedó gravemente
condicionada.
Y
la segunda variable, sobre la militancia o parcialidad política, llega a escala
nacional a 56.3%. Poco más de la mitad de los jueces venezolanos que se
mantienen activos en los tribunales visten togas rojas.
Pero
ambos indicadores muestran peor desempeño cuando la mirada se fija en las
entidades más rurales y lejanas de la capital.
Es
como una fuerza de gravedad al revés, en la que la atracción se hace más potente
según aumenta la distancia con respecto al poder central. A esta comprobación
contraintuitiva se ha podido llegar luego de limpiar y verificar datos, cruzar
variables y hallar patrones a partir de la descarga y recopilación de toda la
información oficial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pública hasta hace
poco en su portal web, y que ha sido sistematizada en una gran base de datos
por Armando.Info, actualizada hasta abril de
2019.
Esta
radiografía del Poder Judicial venezolano, resultante de un amplio trabajo de
periodismo de datos que se prolongó por más de un año, permite detectar
situaciones tan extremas como la existencia de estados donde ni siquiera uno de
cada diez jueces posee la titularidad del cargo y los que más tienen (el
céntrico estado Miranda y Trujillo, en los andes) apenas llegan a la proporción
de tres por cada diez (27.2% y 33.3%, respectivamente). Que casi 80% de la
plantilla de jueces de un mismo estado milita en el partido de Gobierno,
superando el penoso promedio nacional; y que hay entidades donde las sentencias
sobre inhibiciones y recusaciones -figuras empleadas cuando la imparcialidad del
juez está en duda- son mayores, como en Monagas, Apure y Barinas. En estos tres,
las inhibiciones de jueces coinciden con su militancia, mientras que Barinas
despunta con la mayor cantidad de jueces recusados (una de las partes pide que
el juez abandone el caso).

En
Delta Amacuro, Apure, Yaracuy y Amazonas, estados lejanos dentro de la geografía
nacional y entre los más pobres del país, la imparcialidad de las decisiones
tomadas en sus tribunales está por verse. Sus plantillas de jueces son las más
vulnerables o manipulables: 95.1% de los jueces de Yaracuy no son fijos y las
proporciones son igual de graves en Apure (94.6), Delta Amacuro (92.5%) y en
Amazonas (84.7%).
Las
decisiones no solamente quedan comprometidas por la dependencia casi absoluta a
un ente rector politizado (el TSJ), sino también por una afiliación política que
no debería existir y que, sin embargo, ni siquiera ocultan. El principal
transgresor es Barinas, estado natal del fallecido Hugo Chávez, líder de la
“revolución bolivariana”; allí 78.7% de sus jueces tienen filiación política. Le
sigue Monagas (77.9%), de donde es oriundo el número dos del chavismo, Diosdado
Cabello. Y completan el cuestionado ranking de parcialidad los estados Apure
(76%), Delta Amacuro (75%) y Amazonas (65.2%). En todos ellos el concepto de
justicia queda desdibujado.
Pobre injusticia, justicia pobre
Investigaciones
publicadas en Armando.Info sobre el sistema judicial, con base en los
primeros hallazgos de esta base de datos, revelaron que 40% de los jueces
penales son en realidad jueces
políticos,
y que casi 8% de los 5.928 jueces que han pasado por el Poder Judicial en los
últimos 20 años también han sido jueces
contratistas que
se beneficiaron ejecutando obras o dando servicios a entes del
Estado.
Ahora
la información completa permite ver cómo el manejo local de la justicia incluye
casos de nepotismo vinculados a alcaldes, oficinas de cobro en tribunales pese a
no estar contempladas en ninguna ley, jueces que duran seis meses en cada cargo
porque han recibido hasta 29 nombramientos en 10 o 15 años, e incluso que han
rotado hasta por cinco estados del país para ocupar distintos cargos en varias
áreas y niveles.
Un
ejemplo: Si algo es común en la ciudad de San Fernando, capital del estado
llanero de Apure, en la frontera sur con Colombia, es el reconocimiento del
poder que concentra la alcaldesa oficialista Ofelia Padrón, del Partido
Socialista Unido de Venezuela y que le permite actuar más allá de sus atribuciones.
Por eso, la presencia de varios familiares directos dentro de los tribunales
locales no reviste de mayor sorpresa para los apureños.
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Una
de sus hermanas, Ana Trina, es juez laboral, y Carmen Elena, la mayor de las
tres, ocupó el cargo de fiscal superior de Apure hasta 2017, cuando la fiscal
general Luisa Ortega Díaz huyó del país. Sus actuaciones sesgadas para encubrir
el delito de dos familiares generaron una investigación ante la dirección contra
la corrupción del Ministerio Público, en 2016. Ahora Carmen Elena trabaja en la
Alcaldía de San Fernando, la que dirige su hermana, y se le ha visto
participando en las reuniones del movimiento político identificado como Frente
Amplio, en el lado del “chavismo disidente”.
“El
nepotismo en el sistema judicial de Apure se hizo más evidente con la llegada de
Ofelia a la alcaldía. Es una maraña”, alcanza a decir un abogado. Otro prefiere
dar el beneficio de la duda sobre las capacidades de sus familiares para ejercer
esos cargos. Ninguno quiere ser identificado en este reportaje para evitar
problemas. Ofelia Padrón fue electa alcaldesa en diciembre de 2013 y reelegida
en 2018. Antes de llegar a este cargo trabajaba como secretaria ejecutiva del
estado junto al gobernador de la entidad, el coronel del Ejército Ramón
Carrizález, ex vicepresidente de la República con Hugo Chávez. Una relación
política estrecha que no ha cesado.
También
tiene un sobrino alguacil y otro familiar directo, Francisco Javier Padrón, como
juez civil. Sobre el nepotismo y preferencias vinculados con su posición, la
alcaldesa Padrón dijo al otro lado del teléfono que no podía hablar al respecto
porque estaba en una reunión, y que “ese tipo de situación que estás planteando
es falso”.
En
esta entidad, 94.6% de los jueces activos actualmente no son titulares y 76%
tiene una militancia política precisa. Por eso no extraña que fuera precisamente
un juez de Apure uno de los que participaron en la acción en la que cinco
tribunales penales, sin competencia alguna en el área electoral, ordenaran en
octubre de 2016 suspender la recolección de firmas necesarias para activar el
referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.
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Pedro
Rafael Solórzano Martínez fue quien cumplió con el mandato emitido desde la
gobernación, al firmar la querella introducida por el gobernador Carrizález en
compañía de la alcaldesa Ofelia Padrón, y tres personas más. Quienes lo conocen
lo describen como un joven que había comenzado su carrera en la administración
pública con cargos políticos antes de llegar al sistema judicial, en marzo de
2016, cuando le dieron un cargo como juez penal sin experiencia previa. Luego de
firmar esta querella como juez provisorio del Tribunal Tercero de Primera
Instancia en lo Penal, mejoró con un nuevo cargo escalando a la Corte de
Apelaciones del estado.
En
Barinas, también en los llanos venezolanos y vecino de Apure, el carnet del Psuv
es la llave que abre las puertas a los tribunales. La presidenta del Colegio de
Abogados de la entidad, Lucía Quintero, no tiene reparos en afirmar que la
mayoría de los jueces de la entidad no tienen credenciales, preparación o mérito
para ocupar los cargos que tienen. “Lo único que tienen es ese carnet. Yo
siempre digo que la razón por la cual ellos son tan dóciles en los lineamientos
que les dan es porque ellos saben que la única razón por la que están allí es
porque poseen ese carnet”, expresa.
Lo
que Quintero da por hecho consigue respaldo en los números obtenidos de la base
de datos. Barinas es el estado con más jueces militantes con 78.7%. Con casi
ocho de cada diez jueces militando en el partido de Gobierno, contraviniendo los
artículos 145 y 256 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Además en esta entidad 85.3% de sus jueces no tienen titularidad de sus cargos.

Quizás
como resultado de esa mezcla de desconocimiento académico, falta de preparación
y lealtad política, ocurren hechos insólitos como la entrega de las sentencias
en un pendrive, o su envío por correo electrónico, a una de las partes
involucradas en el juicio para que impriman el documento y lo lleven de vuelta
en físico al tribunal, porque en la sede no tienen papel ni tinta para hacerlo,
como si se tratara de una monografía que hay que entregar en el colegio y no de
un veredicto que debe tratarse con rigurosidad para no afectar el acto jurídico.
Esta práctica iniciada en 2018 y agravada en el primer trimestre de 2019 es
común en el Circuito Judicial Penal y en los tribunales de protección, precisa
la presidenta del Colegio de Abogados de Barinas.
Que
la justicia sea menos independiente, los jueces más vulnerables y el sistema
menos eficiente en entidades como Barinas y Apure, es algo que se repite en
Delta Amacuro, Amazonas y Monagas según el cruce de datos realizado
por Armando.Info tras organizar la información proveniente de los
5.881 jueces que han pasado por el sistema judicial en los últimos 20 años
(2.396 de ellos activos al menos hasta abril). De oeste a este del mapa de
Venezuela, estos cinco estados muestran un patrón donde la pobreza y la escasa
administración de justicia van entrelazados, y donde la población que menos
tiene es la peor tratada por el sistema.
El
Instituto Nacional de Estadística (INE) los incluye dentro del grupo de
entidades que reúnen entre 10% y 20% de hogares en pobreza extrema o incluso
más, según el último censo nacional de población y vivienda de 2011, mientras
que la más reciente Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi), realizada por
las universidades Católica Andrés Bello, Simón Bolívar y Central de Venezuela,
también los identifica como parte de los estados que para 2018 presentaban
mayores niveles de pobreza multidimensional en
sus localidades.
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Delta
Amacuro es, posiblemente, el más afectado. Es el segundo estado menos poblado de
Venezuela pero con mayor desigualdad, con un acceso tradicionalmente difícil por
su geografía fluvial, y con una población indígena de la etnia warao tan
importante como olvidada por el Estado. En los tribunales de Tucupita apenas
quedan tres jueces de carrera de los 40 que aún dictan sentencias, de
acuerdo con los datos del propio TSJ.
Lex
Bejarano es uno de los activos. Ha sido juez provisorio en el Tribunal Superior
en lo Civil, Mercantil, Protección de niños, niñas y adolescentes y de Tránsito,
juez rector del estado y juez superior. Y en 2014 coqueteó con el TSJ
postulándose para ser magistrado. Pero Bejarano también ha sido un “juez
contratista”. Su empresa de obras y servicios denominada Proyectos,
Construcciones e Inspecciones Mara, C.A, ejecutó proyectos para la Corporación
Venezolana de Guayana (CVG), la Fundación de Edificaciones y Dotaciones
Educativas (FEDE), Fundavivienda y el Instituto de Vialidad de Delta
Amacuro.
No
quiso dar declaraciones sobre cómo se encuentra el Poder Judicial en su estado:
“No podemos hablar de eso”, dijo. Y se negó a hablar sobre su empresa y el
conflicto de intereses por su cargo como juez: “No sé de qué me habla”,
respondió. Sin dar ningún margen para más preguntas finalizó la llamada con una
afirmación: “Todo funciona bien en Tucupita”.
Trampolín a donde sea
Que
los cargos dentro del sistema de justicia dependan de decisiones tomadas en el
cuestionado TSJ ha instaurado vicios e irregularidades que hasta los
trabajadores tribunalicios reconocen.
No
es normal que la abogada Margarita García Salazar, juez agrario, cuente en su
expediente el paso por cinco estados del país desde 2005 (Apure, Aragua, Área
Metropolitana de Caracas, Guárico y Yaracuy) en tribunales afines con su
especialidad y de lo contencioso administrativo. En junio de 2015 fue designada
como contralora provisional del estado Aragua, donde apenas estuvo “prestada”
tres meses para luego seguir su camino en los tribunales agrarios de Guárico.
Aunque se intentó contactar por varias vías, en el juzgado superior agrario de
San Felipe, estado Yaracuy, informaron que desde el año pasado la jueza García
está de reposo y de vacaciones, alternando los permisos. Por ella hay otro juez
provisorio. Como García, dos jueces más han transitado por cinco entidades.

Tampoco
es buen síntoma que un jurista sume 29 nombramientos en 14 años, rotando por
distintos tribunales y haciendo suplencias especiales, así como actuando en
calidad de juez provisorio o accidental. Es el caso de Saturno Ramírez, del
estado Falcón, que en promedio ha dedicado cinco meses a cada asignación. Es el
ejemplo más extremo, pero en la información del propio TSJ (incompleta y con
retrasos en su actualización), se evidencian las altas rotaciones: dos jueces
con 27, uno con 20, otros 74 juristas que han recibido entre 10 y 19
nombramientos.
Una
de las figuras que suele cumplir este patrón de movilidad es la del juez rector.
“En el área penal es como el ministro de justicia en esa entidad, y la verdad es
que un juez rector en las regiones tiene muchísimo poder. Ellos son los que
recomiendan a los nombramientos de los nuevos jueces”, detalla Alí Daniels,
director de la organización Acceso a la Justicia.
Desde
el TSJ se envían lineamientos a los jueces rectores, por lo que llevan una carga
política en sus cargos. José
Luis Cárdenas Quintero, expresidente del Circuito Judicial Penal del Estado
Mérida y actual juez rector y presidente del Circuito Judicial Penal de Barinas,
expresa abiertamente en sus redes sociales su afinidad política. Al menos desde
2012 ha hecho vida en el Poder Judicial, pasando por los estados Mérida, Táchira
y Barinas. Su poder en la entidad llanera es de tal nivel que creó una
“coordinación de fianzas” en el Circuito Judicial Penal, oficina donde cobran a
los abogados un arancel para otorgar una medida cautelar, algo absolutamente
ilegal que no está contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal, denuncia el
Colegio de Abogados de Barinas. La oficina funciona al margen de la
ley.

En Barinas se está violando el artículo 254 de la Constitución
En
Caracas, el juez rector Juan Pablo Torres Delgado es de los que llevan sus
aspiraciones políticas tatuadas. En 2008
participó en las primarias del Psuv para postularse como alcalde del municipio
Anaco en el estado Anzoátegui. En 2009 fue postulado por la Universidad
Bolivariana de Venezuela para ser rector del CNE, y fue una de las personas por
la cuales la organización civil Súmate introdujo un Recurso Contencioso
Administrativo en el TSJ para que anulara la lista final de candidatos por
su vinculación directa o indirecta con organizaciones políticas, o por
haber demostrado parcialización en el ejercicio de sus funciones públicas. En
2014 ejerció funciones como síndico
procurador del municipio Libertador del Distrito Capital (gobernado por el
Psuv), y fue seleccionado en diciembre de ese año como uno de los magistrados
suplentes “express” de la Sala de
Casación Civil del TSJ.
Pero
quizás lo más elocuente de su trayectoria es haber apoyado en los 90 a los
abogados que defendieron a Hugo Chávez y a los militares que participaron en el
golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, Cilia Flores y Tarek William Saab, así
como al naciente movimiento político MBR 200, como recuerdan viejos
conocidos.
Que
Venezuela figure entonces como el país con el peor índice de estado de derecho
según el World Justice Project (WJP),
que evalúa el sistema de justicia en 126 países, no sería una exageración,
considerando los propios datos del Poder Judicial venezolano. En la edición
2019, el país suramericano también ocupó el último lugar entre las naciones con
la peor justicia penal y el penúltimo en justicia civil.
Además,
el reciente informe de la alta
comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet,
presentado el 5 de julio y referido a la situación de los derechos humanos en
Venezuela, también subraya las irregularidades existentes en el Poder Judicial.
No se trata de un asunto menor.
En
el apartado sobre las violaciones a los derechos civiles y políticos detalla que
“las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales
como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo,
generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas,
independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos
humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las
personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y
testigos. Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las
violaciones”. Pero además cita entre los factores que propician la impunidad a
“la elevada rotación de los fiscales, jueces y juezas”.
Y
en el capítulo referido al acceso efectivo a la justicia advierte que “la falta
de independencia y la corrupción en el poder judicial son también obstáculos
importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y
reparación”.
Aunque
los datos del propio Tribunal Supremo de Justicia sobre los jueces del país no
estén completos y la radiografía que muestren pueda ser parcial, no dejan de
estar a tono con lo que día a día pasa en los tribunales del país, con las
irregularidades recogidas por el equipo de Michel Bachelet, y con la parcialidad
que empeora en las ciudades más recónditas de Venezuela.
*Esta
investigación contó con el trabajo de Gustavo Jiménez e Isabella
Reimi.