Mujeres como mercancía, un viejo secreto entre Venezuela y Trinidad
Desde hace al menos 10 años hay reportes sobre la trata de mujeres desde Venezuela hacia Trinidad y Tobago, un delito que se ha agudizado con la crisis económica del país y del cual, solo en 2018, quedaron 16 denuncias sin resolver en manos del Ministerio Público. El epicentro del “negocio" está en Güiria, en el estado Sucre, donde hasta las autoridades policiales y migratorias venezolanas están involucradas pues en la cadena de transportar a las mujeres escasea la ética y sobran los dólares.
Que
fueron los miembros de una red de trata de mujeres los que secuestraron las dos
embarcaciones que salieron de Güiria -en el estado Sucre, al oriente de
Venezuela-, el 23 de abril y el 16 de mayo fue la versión que rápidamente corrió
entre los habitantes del pueblo. No hacía falta una versión oficial para dar el
veredicto. Allí todos saben que las mujeres están “en venta” y que cuestan 300
dólares cada una.
Luego, los hechos reforzaron la
hipótesis que pasaba de boca en boca: no hay enseres flotando en el mar, no
aparecen cuerpos. No hay rastro de muertos. Lo que sí hay son 60 familias que
insisten que sus parientes están secuestrados y exigen que los
busquen.
El
23 de abril naufragó el peñero Jhonnalys José. De 35 personas que lo abordaron,
solo aparecieron 8 vivas y el cuerpo de una adolescente de 16 años que se ahogó.
Patricia(*) había decidido ir por segunda vez a Trinidad y Tobago -había ido el
año anterior- y le pidió el aventón a Noel Tortolero, conocido en el pueblo como
“Noelito” y por trasladar mujeres hasta Trinidad y Tobago.
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Ella
lo conoce desde hace años y asumió que no corría peligro. No era la primera vez
que la llevaban gratis y el 23 de abril vió lo de siempre: que a las chicas, en
su mayoría menores de edad, les tomaban fotos antes de zarpar. Era de noche
cuando abordó el bote y no logró fijar los rostros de las personas que estaban
ese día en la embarcación. Para ella solo eran más mujeres que cruzarían a la
isla. Como siempre.
El
motor falló desde que arrancaron de Güiria, pero continuaron hacia Trinidad. Al
llegar a Isla de Patos finalmente se paralizó y el agua empezó a inundar la
embarcación. Todos se aferraron al bote hasta que se volteó y no tuvieron otra
opción que entregarse al mar. Unas se subieron a las pimpinas plásticas de
gasolina y otras se sostenían del bote que dio la vuelta, pero se mantenía a
flote.
Patricia vio a una de sus vecinas en
Güiria quitándose la ropa para empezar nadar. La mujer le pidió compañía para no
desvanecer en el agua. Se veía una montaña y tenían fe que podían llegar a algún
lugar donde agarrarse. Y llegaron. Estuvieron sobre una piedra un día y
medio.
Por
un instante pensaron que las buscaban para rescatarlas cuando vieron un drone
acercarse a la zona donde naufragó el bote. Luego una embarcación se acercó y se
alejó. La vista no las dejó distinguir si rescataron a otras personas. Gritaron
pidiendo ayuda, pero no las vieron. El barco siguió la marcha hasta Trinidad y
Tobago.
Luego de día y medio sentadas en una
piedra, finalmente fueron rescatadas por pescadores de Güiria que llevaban una
búsqueda incansable para encontrar rastros de las personas en el agua. Tras
acompañarse en el naufragio hoy estas dos mujeres evitan hablarse y se mantienen
bajo resguardo en sus casas. Saben que ya se salvaron una vez del agua y también
que quizá no cuenten con la misma suerte de salvarse en ese
pueblo.
Las
sobrevivientes de la primera embarcación han reconocido por fotos a otras
adolescentes que viajaban por la ruta ilegal. Una joven de Carúpano de 17 años
de edad se fue de su casa diciendo que estaría de vacaciones en San Cristóbal
con una amiga. Llamó en dos oportunidades a su mamá desde un número de teléfono
desconocido diciendo que se quería devolver, pero que tenía una deuda de 200
dólares que intentaba resolver. “Ella me decía que no me preocupara, que estaba
buscando la manera de regresar”, cuenta su madre que quiere mantener su
identidad bajo resguardo.
Cuando su hija no se comunicó más,
puso la denuncia ante las autoridades. Las llamadas que hizo la adolescente
nunca fueron desde Táchira sino de Güiria. Su foto fue identificada por algunas
de las sobrevivientes de ese primer bote que naufragó. “Me dijeron que mi hija
lloraba y no quería subirse al peñero. Les decía que su mamá pagaría la deuda.
Su amiga iba sentada en sus piernas en la embarcación”, dice la
mujer.
Cortesía @andercharlespsuv. Los sobrevivientes del primer naufragio fueron rescatados por los pescadores de Güiria.
Pueblo bajo sospecha
Apenas 24 días después de este
naufragio desapareció el barco Ana María, con 33 personas. De este peñero no hay
rastros. Esta semana el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago,
Stuart Young, confirmó que Alberto Abreu, supuesto capitán de esta segunda
embarcación tiene antecedentes penales por trata de
personas.
Abreu es, hasta ahora, la única
persona que apareció y se suma a las pistas que indican que las personas a bordo
del Ana María podrían estar secuestradas, pero tras haber sido rescatado hoy
está en fuga. “El individuo que fue llevado a Granada resultó ser una persona
con antecedentes penales que se dedica a la trata de personas. Tan pronto como
se descubrió eso, el individuo se retiró del hospital en Granada”, explicó el
ministro de Trinidad y Tobago.
En
Güiria se sabe que el hotel donde las mujeres pernoctan por días antes de ser
embarcadas a la isla es el Hotel Plaza. Todos lo señalan apenas se pone un pie
en el pueblo. Conocen que solo captar a una mujer y entregarla a la red de trata
deja una ganancia neta de 300 dólares; que unas saben a lo que van y otras no;
que los funcionarios del Servicio Administrativo de Inmigración y Extranjería
(SAIME) sellan pasaportes sin que la persona esté presente y que cada barco que
sale del puerto debe dejar su cuota en dólares a cada cuerpo policial.
Todos salen de Venezuela legales y
con el visto bueno. No es nada nuevo en Güiria ni tampoco para la Fiscalía.
Tampoco para las autoridades de inmigración de Trinidad y
Tobago.
Jehyson Gutiérrez es el hermano mayor
de Kelly Zambrano, de 19 años de edad, que desapareció en la segunda
embarcación. La chica oriunda de Rubio, estado Táchira, no pudo seguir costeando
su carrera de Psicología. Una amiga la invitó a migrar hasta Trinidad y Tobago
para que pudiera reunir dinero en una moneda que la ayudara a paliar la
hiperinflación que se vive en Venezuela. Para ayudarla le pagó un pasaje por la
ruta ilegal de Güiria, que cuesta 200 dólares, con las mismas personas que la
cruzaron a ella.
Zambrano viajó desde Táchira hasta el
oriente del país. Pernoctó en el Hotel Plaza bajo los cuidados de un hombre
llamado Héctor Torres, a quien su amiga ya conocía porque coordinó el viaje que
la sacó de Venezuela. Zambrano desapareció en el bote Ana María y aún no se sabe
nada de ella.
Gutiérrez fue perseguido y recibió
amenazas desde que llegó a Güiria tras los pasos de su hermana. Asegura que un
día habló con el alcalde de la localidad, Ender Charles. Se montó en su carro e
inmediatamente el equipo de seguridad de Charles detectó que un carro los
seguía. Ese día el joven durmió bajo la custodia de los escoltas del
alcalde.
Después unos hombres lo abordaron.
“Me dijeron que me fuera porque me iba pasar los mismo que a mi hermana. Me
dijeron que la habían matado y que me fuera porque les estaba afectando el
negocio. Ellos se alejaron de mí, pero yo pregunté a la gente si los
conocían. El personal de Protección
Civil me dijo que ambos trabajaban para ellos”, cuenta.
Asegura además que la recomendación
de una fiscal de Carúpano era no hablar con nadie de Güiria porque ahorita todos
son sospechosos.
Expediente abierto
El
delito de trata de mujeres con fines sexuales tiene una década siendo
investigado en el Ministerio Público. El año pasado una ex fiscal, que prefirió
mantener su nombre reservado para este reportaje, dijo que quedaron abiertos 16
casos en investigación. En todos había, por lo menos, cinco víctimas
involucradas. Las rutas para llevarse a las mujeres salen de Güiria, Tucupita o
Margarita.
Dos
ex fiscales entrevistados por Armando.info confirman que entre los años 2014 y
2016 los casos de trata de mujeres aumentaron. La crisis socioeconómica del país
hizo que el tráfico de todo se agudizara. Cangrejos, plátanos, queso, miel,
cobre y hasta mujeres se enviaban como mercancía desde Venezuela hacia la
isla.
Representantes del Ministerio
Público, durante la gestión de Luisa Ortega Díaz, hicieron una reunión con la
embajada de Trinidad y Tobago en Caracas que llegó a una conclusión simple y
triste: en la isla no había recursos para hacer las investigaciones. Y en
Venezuela no fue mayor el interés. Las mujeres siguieron siendo mercancía.
“El
primer problema que no logramos superar era que la inmigración en Güiria
funciona de forma manual y no hubo manera que el Saime modernizara el sistema.
Cuando pedíamos quiénes eran las personas que había en determinado bote que
zarpó, no estaban los registros”, explica la fuente.
El
Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Fuerza Armada
venezolana apoyó al Ministerio Público en la investigación durante entre los
años 2014 y 2018 en la triangulación de llamadas telefónicas. Durante esos años
se multiplicaron las denuncias de trata. Esas indagaciones arrojaron que
funcionarios de cuerpos policiales y del Saime estaban involucrados y tenían
alguna relación con quienes transportaban a las mujeres. Hubo detenidos,
liberados y hasta personas que escaparon. Algunas veces las causas estaban
vinculadas y otras no. Las redes son varias.
El
caso más emblemático fue el de Detzy del Valle Padrón. Sobre ella, desde 2009,
pesaban denuncias de mujeres que fueron utilizadas como esclavas sexuales en
Trinidad y Tobago. La pareja de Detzy trabajaba en inmigración de Trinidad y
Tobago y llegó a contar hasta nueve denuncias en su contra, con al menos dos
mujeres en cada una que le acusaban de formar parte del delito y a sus
cómplices.
En
2014 Padrón fue detenida saliendo de Margarita con una víctima más. Una pelea
entre ambas mujeres prendió las alertas de las autoridades. A los pocos meses el
juez que llevaba la causa cambió el sitio de reclusión de Detzy del Valle sin
motivo alguno y ella escapó. Sigue libre.
Esta
semana el Ministerio Público notificó que cuatro hombres y una mujer fueron
detenidos por su supuesta vinculación con una red de trata de personas con fines
de explotación sexual. Aseguran que el 2 de mayo fueron retenidos en la alcabala
militar del pueblo Bohordal, municipio Cajigal del estado Sucre. Se dirigían a
Güiria en un automóvil con dos mujeres y tres adolescentes. Dos de las menores
de edad estaban en compañía de sus representantes, pero una viajaba
sola.
La
Guardia Nacional detuvo a dos hombres en río Salado, quienes presuntamente
estaban planificando la salida de un peñero con estas personas con destino
Trinidad y Tobago. Ninguno de los detenidos suena entre los implicados en la
desaparición de los primeros dos barcos.
Gritos ignorados
El
año pasado una oleada de venezolanos detenidos en cárceles de máxima seguridad
en la isla de Trinidad y Tobago demostró el desespero de los venezolanos por
escapar de la crisis. Mientras la atención estaba volcada a documentar el paso
de los caminantes hacia los países andinos, en otras zonas de Venezuela había
coyotes pasando por las aguas del Delta del Orinoco y por Güiria a migrantes
ilegales por el costo de 100 dólares americanos.
Los
venezolanos que detenían por estar ilegales no eran deportados sino encarcelados
y obligados a pagar fianzas hasta de hasta 1500 dólares.
investigación realizada por
ArmandoInfo se
reveló que muchas mujeres detenidas denunciaban que estaban secuestradas, que
fueron víctimas de trata. Ninguna
fue escuchada. No fueron tratadas como víctimas sino como inmigrantes ilegales,
según denunciaron sus familiares.
Desde la Comisión de Política
Exterior, el diputado Carlos Valero documentó estas denuncias y se llevaron a la
Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas. Los familiares de los detenidos
acudieron también a la Cancillería, pero no hubo respuesta en ninguna de estas
instancias.
A
principios del año pasado llegaron dos aviones a Venezuela con venezolanos
deportados que previamente estuvieron detenidos en la isla durante meses por
estar indocumentados. Ante la deportación masiva, la Agencia de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) le recordó a los funcionarios de este país
que están obligados a cumplir el tratado de la Convención sobre los Refugiados
de 1951 donde se establece la no repatriación o expulsión de personas que
necesiten protección internacional, sin que se tome en cuenta la forma en la que
entraron en el territorio.
El
Primer Ministro Keith Rowley, quien en marzo de 2017 firmó un acuerdo de
explotación conjunta de gas con Venezuela para destinarlas a Petrocaribe,
respondió enfático ante el exhorto de Acnur: “No podemos y no permitiremos que
los voceros de la ONU nos conviertan en un campo de
refugiados”.
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Las
recientes desapariciones hicieron que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos se pronuncia y exigiera que se desarrollen mecanismos de
búsqueda con un solo procedimiento que facilite la interposición de denuncias, y
si es el caso, se proceda con la repatriación y entrega de
restos.
El
Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, relator sobre los Derechos de los
Migrantes de la CIDH, declaró: “Este trágico naufragio en el Mar Caribe y las
desapariciones de las personas que iban en la embarcación son una muestra más
del nivel de desesperación que a diario enfrentan las personas venezolanas,
quienes por diferentes causas se ven forzadas a migrar de sus hogares y a
afrontar peligros extremos durante sus recorridos a otros países para buscar
sobrevivir”.
Después de un año de denuncias y en
medio de este escándalo por las mujeres venezolanas desaparecidas, Trinidad y
Tobago decidió dar legalidad a los venezolanos que cruzan en un registro que
iniciará el 31 de mayo hasta el 14 de junio para que puedan trabajar en la isla
por unos meses.
El
diputado Valero no ha podido aún reunirse cara a cara con las autoridades de
Trinidad y Tobago y de las reuniones informales con autoridades del gobierno
local solo pudo conocer que hay nueve detenidos por el hundimiento de la primera
embarcación. “Los familiares tienen esperanzas que aparezcan sus parientes y por
eso estamos internacionalizando la búsqueda y haciendo visible las fotos de los
desaparecidos”, señala.
Luego de 5 semanas el Ministerio
Público notificó que hay nueve personas detenidas, seis mujeres y tres
hombres, por estar presuntamente
involucradas al tráfico de personas con fines de explotación sexual del primer
peñero que naufragó el 23 de abril: Beatriz Elizabeth Alcalá
Saldivia (46), Deyson Alexander Alleyne Pimentel (28), Daniela Josefina Luces
Pimentel (19), Ornella Milagros Martínez Marcano (26), Yaritza del Valle Morales
Romero (22), Dignora del Valle Romero Zapata (40), Carlos Enrique Laffont
Astudillo (30), Ingrid José Martínez Marcano (28) y Adrián Eduardo Pacheco Gómez
(33).
Todos tienen imputaciones por los
delitos de trata de personas y asociación, mientras que al dueño del bote se
agregó el delito de homicidio intencional con dolo eventual porque murió la
adolescente de 16 años de edad. El
sitio de reclusión es la Estación de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional
Bolivariana en Güiria.
(*) Nombre ficticio para proteger a la
víctima
Luego de un año de denuncias de violaciones de derechos humanos a venezolanos que cruzaron hasta Trinidad y Tobago, el gobierno otorgará permisos temporales para trabajar y estudiar.