Así resisten los colombianos expulsados por Nicolás Maduro

María Angélica Morales, de 52 años, ya no recuerda el día que no pudo entrar más a Venezuela. No sabe de fecha ni de hora. Pero enumera cada una de los bienes que tenía: carro, camioneta, sala, comedor, línea blanca, edredones, empresa de diseño y costura y dos camiones para trasladar mercancía en una frontera próspera. Hoy resume sus bienes en tan solo tres, verdaderos tesoros si se comparan con las posesiones de los venezolanos que ahora cruzan la frontera enfermos, desnutridos y caminando sin rumbo: “Solo tengo techo alquilado, comida y estamos vivos”.

Siente alivio tras cuatro años de vivir en el lado colombiano. Presta sus habitaciones a los venezolanos que vienen recomendados de algún conocido que le quedó en Venezuela. Le da abrigo unos días para ayudarles a sanar y a través de ellos, sanar también tanta pérdida.

Morales recuerda que su vida se vino a menos en 2013. La Guardia Nacional extorsionaba a su esposo, dueño de dos camiones que trasladaban mercancía por toda Venezuela. Muchas veces llegaba sin ganancia a su casa en San Cristóbal, en el fronterizo estado Táchira.

En agosto de 2015 viajó con su esposo Jorge Ardila, de 58 años, hasta Cúcuta, en el vecino  Norte de Santander, como todos los meses. Necesitaba comprar telas para su empresa de diseño de modas y él buscaba la mercancía que transportaba por Venezuela. Ese día dejaron el camión en Ureña, una población sobre la línea limítrofe binacional, y cruzaron el puente para legalizar la mercancía.

A las horas la frontera se cerró y los colombianos comenzaron a huir por las trochas  para salvar sus vidas, mientras que funcionarios militares de la Guardia Nacional marcaban las paredes de sus residencias con una gran letra “D”, en pintura roja o azul, que significaba la orden de demoler esas propiedades y que, en realidad, dejaría marcadas sus vidas.

No se quedó solo en la amenaza. Las casas las destruyeron con tractores. Golpeaban a sus habitantes, rompían sus documentos y les recalcaban: “Esto es porque eres un maldito colombiano”, según recuerdan. La pareja se quedó impactada viendo cómo llegaba la gente huyendo por las trochas y ellos quedaban aislados, solo con la ropa que llevaban puesta.

Ardila no creyó que el cierre de frontera sería definitivo y que el país en donde tenía su residencia desde hacía 25 años le estaba arrebatando su vida. Por  tres meses se mantuvo sentado junto al puente de Ureña, esperando que alguien lo dejara pasar a Venezuela. Se mantenía día y noche pidiendo respuesta a la Guardia Nacional sobre un camión 750 que quedó del lado venezolano. Cuando pudo saber de él,  lo habían desvalijado. Consiguió finalmente pasar al lado venezolano, buscando contactos para trasladar las ruinas de su negocio, pero no lo logró.

Con 17 kilos menos y un luto que no termina, decidió ser taxista de un carro alquilado. Los primeros 50.000 pesos que hace en el día son para pagar el arriendo del vehículo y el resto de la producción es su ganancia.

Aún la madre y tres hermanos de Morales permanecen en Venezuela y siente alivio porque al menos ella puede ayudarlos a soportar la crisis desde Cúcuta. “Yo soy de aquí y soy de allá. Quiero mucho a los dos países. Esta es mi tierra de nacimiento, pero Venezuela me dio muchas cosas. Venezuela es hermosa y allá está mi familia. He orado por ese país como nadie se imagina”, dice.

Ambos añoran. Desde hace año y medio las ruinas de su camión están en un estacionamiento de Cúcuta, pero debe tres millones de pesos que no ha podido pagar. Ardila maneja y traslada clientes cada día con la radio prendida esperando escuchar noticias sobre Venezuela, que cada día abarcan más el espectro. “Mi esposo aún tiene esperanzas de recuperar sus carros”, dice Morales.

“Esto es cambiar de vida totalmente. Es como quitarte algo de tu cuerpo. ¿Estarías contenta si te quitaran una pierna? Es toda una vida. Es pasar de una zona, no de abundancia extrema, pero si teníamos algo”, rememora Morales.

La pareja cuenta los días para que el gobierno de Nicolás Maduro pague por los daños causados. Perdieron la fe. No esperan ser indemnizados por los bienes materiales. Quieren que la ayuda humanitaria entre y dicen que ayudarán a empujar los contenedores con suministros por el puente Simón Bolívar, pero no volverán. Solo esperan ver en las noticias que se haga algún tipo de justicia. 

La familia Ardila Morales es solo una de 1.500 personas censadas entre los expulsados por la Fundación Colombo Venezolana Nueva Ilusión, que fundó Patricia Salguero, de 48 años de edad, quien también tuvo un retorno abrupto a su país el 14 de agosto de 2015.

Apenas una semana antes del 23 de febrero, el Día D en el que se esperaba ingresar que se intentara ingresar ayuda humanitaria a Venezuela. Salguero tomó el micrófono durante un cabildo abierto que se hizo en el sector La Parada, Norte de Santander, con miembros de la oposición venezolana. 

Detrás de la asamblea popular aparecían muchos venezolanos rebuscándose con carretillas para ayudar a quienes cruzan el puente a buscar comida y medicina. Por momentos la algarabía de los venezolanos a la caza de clientela no dejaba escuchar las palabras de los activistas de derechos humanos y los diputados que se dieron cita en una acera, a pesar de que estos se valían de un amplificador y un micrófono improvisados.

Frente a escasas 30 personas que se acercaron con sus banderas en mano, Salguero contó que se mudó a Venezuela en el año 2004 y fue una entre los millones de beneficiados de la decisión de Hugo Chávez para legalizar a todos los extranjeros que estuvieran viviendo en el país. Vivió en Puerto la Cruz, la ciudad gemela de Barcelona, sobre la costa del estado Anzoátegui, y su último lugar de residencia fue en El Junquito, un pueblo de montaña a las afueras de Caracas.

En efecto, en 2005 se legalizó a cerca de dos millones de colombianos residentes en Venezuela, una medida que tenía tanto de justicia social como de dádiva clientelar- Pero con Maduro llegaron a partir de 2013 la escasez y un brote de xenofobia.

Entre discursos cada vez más agresivos contra los colombianos, el hijo de Salguero, que hoy tiene 19 años de edad, fue agredido verbalmente por su acento y nacionalidad. Un compañero fue golpeado en su liceo por intentar defenderlo. La familia Salguero no podía comprar comida porque su cédula de identidad desapareció del sistema de identificación.