El liderazgo secuestrado del comandante Marín Chaparro

El nombre de este teniente coronel, nacido el 25 de septiembre de 1978 en Maracay, capital del céntrico estado Aragua y ciudad-cuartel de gran tradición castrense, es conocido y respetado entre subalternos y superiores. Siguió los pasos de su padre, un coronel y profesor retirado, hacia el mundo militar y el académico, en los que se destacaba al momento de su detención.

Cuando lo arrestaron era el comandante del emblemático batallón de infantería motorizada Juan Pablo Ayala, ubicado en el Complejo Militar de Fuerte Tiuna, en Caracas. Antes había sido el alférez mayor de la promoción Miguel Antonio Vásquez, egresada en 1999 de la otrora Academia Militar de Venezuela -ahora Academia Militar del Ejército Bolivariano- la misma que soñaba con ver convertida en una universidad, según refleja un mensaje que envió por Twitter en 2010 a “su comandante” Hugo Chávez, fallecido ex presidente venezolano.

Con su récord de notas, de acuerdo con los estudios del coronel retirado y profesor universitario Fernando Falcón, Marín Chaparro superó a quien desde 1984 ostentaba el mayor índice de la academia, Luis Castellanos Hurtado, quien había superado a su vez a Guaicaipuro Lameda Montero, ex presidente de Pdvsa a comienzos del Gobierno chavista.

En los primeros años de su mandato, el presidente Hugo Chávez tomó como costumbre escoger a los primeros de cada promoción y llevarlos, como subtenientes, a formar parte de su grupo de ayudantes. Marín Chaparro formó parte de este grupo durante unos meses, según explica el general en el exilio, Antonio Rivero.

“Era otra forma que tenía Chávez de generar cierta subordinación, cierta lealtad hacia él también. Marín Chaparro logró evadir esta cercanía, estuvo aproximadamente un año como ayudante y luego se insertó en las academias, en las unidades de tropa y liderizó como militar, logrando ese ascendiente moral que le permitió que sus compañeros lo vieran bien. Fue un militar de alto nivel académico, muy profesional, muy serio y de mucha marcialidad”, afirmó.

Para el momento de su detención Marín Chaparro se desempeñaba también como docente en la cátedra de Mantenimiento de la Paz y Seguridad Internacional, de la especialización en Derecho y Política Internacional de la Universidad Central de Venezuela (UCV), una universidad estatal autónoma, la más antigua y principal del país. De esta se graduó con honores al igual que de la especialización que hizo antes en Gerencia Pública en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Unefa).

En las redes sociales se muestra como un hombre de familia, fanático de los deportes, sobre todo del fútbol, amante de la naturaleza y de los animales, y simpatizante de las causas más nobles. La nobleza es, precisamente, la cualidad que más destaca su esposa de él. Acota que, sin embargo, como oficial, es severo en disciplina y en exigencia, “pero tiene con qué”. Para Carrizález, la impaciencia es su gran defecto.

"Cuando el luchador está en la arena (...) que su espíritu tenga alegría en el combate que está a punto de empezar. Si mantiene la dignidad y el honor, puede perder la batalla, pero jamás será derrotado, porque su alma estará intacta", publicó Marín Chaparro el pasado 1 de marzo de 2018, en su timeline de Twitter. Con esta cita del libro El manuscrito encontrado en Accra, del autor brasileño Paulo Coelho, parecía vaticinar lo que vendría.

Un día después, cuando Carrizález recogía en el colegio a los dos hijos que tiene con él –un niño de 6 años y una niña de 2–, recibió una llamada del segundo comandante del Batallón Ayala.

—Yocelyn, está pasando algo irregular aquí. Se llevaron a mi comandante.

—¿Para dónde? ¿Por qué? —respondió ella desesperada.

Su marido había sido convocado a una reunión en la Comandancia General del Ejército, en el Ministerio de la Defensa, con el ministro Vladimir Padrino López, con el comandante general del Ejército, Jesús Suárez Chourio, y con el director general de Contrainteligencia Militar, Iván Hernández Dala.

Carrizalez supo que era un asunto grave cuando, al día siguiente, fue el mismo Marín Chaparro quien la llamó desde el ministerio y le pidió que le llevara ropa y comida. Fue él quien le informó, a su llegada, que sería trasladado a la sede de la Dgcim, en Boleíta.

Lo que ella no sabía entonces era que durante aquella reunión en el Ministerio de la Defensa, Marín Chaparro había expuesto a sus interlocutores la realidad de los cuarteles venezolanos. Les había hablado de incomodidad y descontento entre los soldados, afectados por la crisis económica y la escasez de alimentos y medicinas. Les contó, por ejemplo, cómo tuvieron que rendir cuatro patillas entre 500 soldados durante un mes.

Ellos le habrían preguntado cuál era, a su juicio, la solución a este problema. Él los invitó a salir de la oficina y acercarse a los cuarteles.

Pero sólo salió él de la oficina directo a prisión, lo que no impidió, desde luego, que continuara el descontento que había denunciado ante sus superiores cambiado. De hecho, aumenta con el paso del tiempo, según el coronel (r) Fernando Falcón, quien fue uno de los oficiales que junto a Chávez protagonizó el golpe de Estado del 4 de febrero.

"Los militares originarios, unos nos fuimos en los primeros tiempos, como yo. Pero desde la llegada de (Nicolás) Maduro hemos sido desplazados, solamente se han quedado los de la extrema confianza de él. La mayoría de ellos son los menos capacitados y los que menos hicieron el 4 de febrero", asegura.

El abogado Alonso Medina Roa encabeza la defensa de Marín Chaparro y explica que el teniente coronel apareció siete días después en el Tribunal Militar Tercero de Control del Área Metropolitana de Caracas, lo que, según denuncia, constituye una violación del lapso establecido en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano para la audiencia de presentación, que es de 48 horas. No estaba solo. Le acompañaban otros ocho militares: cinco oficiales superiores, comandantes de los otros batallones más emblemáticos del país, y tres subalternos que formaban parte del batallón de uno de ellos en el estado Táchira, fronterizo con Colombia.

Entre el 27 y el 28 de febrero de 2018, los oficiales, todos exalumnos destacados de la promoción Miguel Antonio Vásquez, de 1999, se reencontraron en Caracas, a donde habían viajado desde distintos estados del país para recibir el pago por un curso del Estado Mayor que habían realizado. Aprovecharon la oportunidad para ponerse al día en distintas reuniones, entre ellas un almuerzo en el Batallón Ayala, en el Fuerte Tiuna, el principal cuartel militar del país, a las afueras de la capital venezolana. 

De acuerdo con la Fiscalía, cuatro de esos comandantes grabaron un video en el que exponían la situación de los cuarteles y una serie de lineamientos a seguir para mejorarla. El vídeo habría sido borrado, aunque la defensa asegura que el video nunca existió. Un compañero de promoción los habría delatado y afirmado que estaban conspirando y es este testimonio el que constituye la principal prueba de la Fiscalía en contra de los militares y con la que pasaron a juicio. A la defensa, por su parte, no le permitieron promover pruebas.

Pero antes de eso, aquel 9 de marzo de 2018, en la audiencia de presentación, Carrizález revisó a Marín Chaparro antes de que lo privaran de libertad, junto a los otros, por los delitos contra el decoro militar e instigación a la rebelión. El principal temor de la madre de sus hijos, cuando este le dijo que sería trasladado a la Dgcim, era que lo maltrataran. Ese día solo tenía las muñecas lastimadas por haber estado esposado durante tanto tiempo durante los interrogatorios de esa semana que estuvieron desaparecidos.

Hasta entonces, había tenido suerte. Otros como el teniente coronel Deivis Mota Marrero, comandante del 413 batallón blindado GB Pedro León Torres, en el céntrico estado Carabobo, llegaron con hasta cuatro costillas rotas. El dolor era tan fuerte que no podía, ni siquiera, abrazar a sus allegados.

La defensa dejó constancia de torturas y tratos crueles, aunque a los militares les realizaron exámenes médicos forenses que concluían que estaban en perfectas condiciones. “Están firmados por una doctora que no sabemos de dónde salió, no tiene número de registro ni nada”, acota Carrizález, quien asegura que en la sede de la Dgcim a su marido lo han torturado mediante mecanismos de asfixia mecánica, choques de electricidad y golpes en la cabeza. Asegura que esto le ha producido temblores en las manos.

"Cuando poder y derecho se confunden, la inocencia y la justicia no pueden hacer otra cosa que suspirar y someterse mansamente", había tuiteado Marín Chaparro varios meses antes.

Además de la negativa a trasladarlo a Ramo Verde y la presentación tardía, el abogado Alonso Medina Roa, quien encabeza su defensa, ha destacado otras irregularidades como el diferimiento de la audiencia preliminar en cinco oportunidades y la negativa del tribunal de control de admitir las pruebas de la defensa. Para la presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, este tipo de irregularidades se ha vuelto común cuando se trata de militares con arraigo, como Marín Chaparro. 

Luego de la audiencia de presentación, el resto de los militares fueron trasladados a Ramo Verde o a La Pica, en el estado Monagas, al oriente del país. Todos menos Marín Chaparro. De los siete que siguen detenidos hoy, dos recibieron cautelares por medida humanitaria.

Después de esa audiencia de presentación la familia del teniente coronel Marín Chaparro pasó 68 días sin verlo ni saber nada de él. A Carrizalez simplemente le decían que cumplían “órdenes presidenciales” para no dejarle visitarlo. No le permitían ni siquiera llevarle comida. Adentro, a Marín Chaparro le suministraban lo previsto para los presos del centro de reclusión, pero era poco lo que este comía pues estaba encerrado en una celda sin baño, en la que él y otros reclusos debían hacer sus necesidades dentro de una bolsa.

El hombre de 1,75 metros llegó a pesar 59 kilos. Comenzó a sentirse mal. Como padece de hipertensión,  debe tomar tres pastillas por día y, mientras estuvo en esa celda, los primeros cuatro meses de reclusión, los custodios le botaban las medicinas. Él procuraba esconder una dentro de su ropa interior para tomarla en el horario más crítico para este tipo de pacientes, entre las 5:00 y 8:00 am.

A mediados de mayo de 2018 finalmente pudo reencontrarse con su madre, su esposa y su hijo, Rodrigo, entonces de cinco años. Seis hombres los rodearon durante las tres  horas que duró la reunión. Desde entonces, cuando no le niegan la visita dominical, algo que ha sucedido en al menos seis oportunidades durante los últimos nueve meses, los encuentros con su familia han sido fuertemente vigilados.