La telaraña del narcotráfico atrapa a los waraos

A las precarias condiciones de vida se suma también la tragedia de que el territorio donde se asientan, en la salida hacia el mar Atlántico, es una de las rutas utilizadas para transportar drogas. Los grandes traficantes se aprovechan de la ingenuidad y la franqueza de muchos de ellos para ofrecérselos como carnada a la policía, que, mientras tanto, no puede evitar el paso de grandes cargamentos. En un año, 50 indígenas han sido procesados por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y de gasolina. Esta es la historia de una costumbre.
Delta
Amacuro.- La escena se repite con frecuencia en los caños del Delta del Orinoco:
un joven de la etnia warao, al mando de una canoa, suda no solo por el esfuerzo
físico que supone la faena, sino por los nervios propios de quien se sabe en
riesgo. A simple vista la embarcación está repleta de ocumo chino, un tubérculo
emblemático en la cultura culinaria de la región. Pero debajo de la capa de
verdura reposa una carga de cocaína. Lo sabe la Guardia Nacional de Venezuela
porque los han visto ir y venir remontando la corriente con esa carga aparente
de vegetales; tantos que la siembra debería abarcar media selva para poder
llenar la canoa.
Rafael
Antonio Marín Yánez, 42 años, hombre pequeño y de tez cobriza, conocido como
excelente motorista, es uno de los protagonistas de la secuencia. El 24 de
febrero 2015 estaba con su primo Luis Enrique Yánez Cabello, de 34 años, en una
orilla del río, en el sector llamado Sagarai, del Caño Manamo, junto a una
curiara de metal que escondía marihuana. Ambos fueron detenidos, según consta en
el expediente YP01-P-2015-000635 del Tribunal Itinerante de Juicio del Circuito
Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, al mostrarse nerviosos cuando la
patrulla militar los interceptó. Ocultaban 92 kilos de esa droga divididos en
panelas.
Los
primos fueron llevados a juicio y necesitaron un traductor del español a su
lengua materna para seguir las incidencias del proceso. El 23 de julio de 2015
los condenaron a 10 años de prisión por tráfico agravado de sustancias
estupefacientes bajo la modalidad de transporte. Esta decisión fue apelada el 21
de septiembre de 2015, en el expediente YP01-R-2015-000156 de la Corte de
Apelaciones con Competencia Múltiple del Circuito Judicial Penal del Estado
Delta Amacuro. Esta instancia decidió anular el fallo de julio y ordenó un nuevo
juicio.
Los dos
hombres están recluidos en el retén de Guasina, ubicado en Tucupita y cuyo
nombre recuerda el tenebroso penal civil instalado en una isla de la región,
escenario de torturas a presos políticos de los tiempos de la dictadura de
Marcos Pérez Jiménez, mostradas en el documental Tiempos de Dictadura de Carlos
Oteyza. La cárcel es un destino más que eventual en una región cuyos dramas no
están en la lista de prioridades del país, y no tiene forma de ofrecer a los
lugareños un trabajo digno. Algunos han esquivado esa suerte. La Guardia
Nacional, quizás apiadándose de él, decidió no iniciar la judicialización de su
historia. Un caso más que no engrosa las estadísticas de los decomisos de droga,
pero que sí se suma al generalizado clima de opinión en la zona. Los waraos
están siendo utilizados como carnada para disimular el paso de mayores lotes de
drogas a través del corredor fluvial que desemboca en la fachada oriental del
Océano Atlántico.
El retén
de Guasina, convertido en improvisado penal, no es muy distinto a los otros
penales del país. Concebido para estadías cortas, Guasina, sin embargo, tiene su
líder –o Pran, como se le conoce en la jerga delincuencial– y los indígenas
están confinados en uno de los seis módulos de la
instalación.
El editor
del portal digital TaneTanae (cuyo vocablo traduce del Así pasó, del warao al
español) Amador Medina, conoce de cerca el lugar. Dice que las mayores penurias
las tienen los que no poseen 2.500 bolívares a la semana para abonar “la causa”,
la contribución al mantenimiento del penal que recoge la organización delictiva
que domina el reclusorio. Como forma de pago los indígenas sirven de mensajeros,
acarrean agua, rastrillan o lavan la ropa de sus
compañeros.
“La
comida es otro dolor de cabeza. Las familias deben aportar el alimento para el
detenido y en diversas ocasiones pasan hambre”, afirma Medina, quien agrega que
hay 33 presos de raza warao, en su mayoría condenados por contrabando y otros
delitos como homicidio.
De
acuerdo con la jueza rectora de Delta Amacuro, Norisol Moreno, las instalaciones
de Guasina no son las adecuadas para los indígenas. Ellos mantienen una dieta a
base de pescado, vegetales y una especie de arepa elaborada con harina de trigo
llamada domplina. A la cárcel no llegan esos alimentos y no toleran la comida
que les brindan. Los dormitorios tampoco son aptos. La Ley de Pueblos y
Comunidades indígenas establece que deben ser recluidos lejos de la población
común y en este caso están bajo la influencia directa de los “criollos”. La
distancia geográfica de los familiares, la pobreza imperante, y su indefensión
ante los poderes fácticos dentro del retén policial de Guasina, hacen del
indígena un preso particularmente sufrido.

Dentro de la escala social warao, el primer signo de prosperidad es comprar una lancha con motor. Foto: Alba Perdomo.
Con voz
amable y pausada el padre Zacarias Kariuki, Vicario General y representante de
la pastoral indígena católica, suma su voz al drama. Algunas veces, cuenta, los
waraos no entienden las razones por las que son detenidos y caen en fuerte
depresión. Hasta hace muy poco el religioso se encargaba de llevar comida a los
detenidos, pero la crisis económica provocó que esa asistencia menguara y
lentamente desapareciera.
“Muchos
indígenas están presos solo por ser choferes o motoristas de lanchas. Otros
carecen de alimentos porque provienen de los caños y no tienen familiares cerca.
Salen más criminales que antes, porque en la cárcel aprenden malas mañas para
sobrevivir. Deben aliarse con el Pran, muchos no tienen para pagar las cuotas
diarias y algunos se prestan para complacer favores sexuales. Es como una
escuela del delito”.
“Faltan
cursos que les expliquen a mis hermanos cuáles son los delitos, para que ellos
no cometan errores”, considera el intérprete jurídico Carlitos Díaz, cuyos
pequeños y redondos ojos oscuros revelan su origen warao. Está muy consciente de
la responsabilidad que tiene porque en los tribunales y la fiscalía habla por
los acusados y les traduce los alegatos. Díaz, un hombre muy parco a pesar de su
profesión, pareciera no querer hablar de más, pero indica que muchos cometen
delitos por ignorancia y son vulnerados al usarles como mulas. Considera que la
investigación debe dirigirse al origen del contrabando y no a penalizar al
mensajero.
Alexis
Valenzuela, líder de origen arawaco y diputado al Parlamento Latinoamericano,
opina que a los waraos les falta orientación legal para comprender los
beneficios judiciales, por lo cual propone un programa de charlas en su idioma y
que los propios indígenas sean incorporados como promotores, para evitar caer en
el delito. Resalta que muchas veces la pena es inferior al tiempo que han pasado
encerrados como procesados. “El warao no sabe mentir. Está condicionado por su
cultura a decir la verdad. El guardia le pregunta: ‘¿llevas algo allí?’ Y él
responde la verdad”.

A la cárcel de Guasina, en Tucupita, suelen llevar a los waraos procesados. Algunas veces no entienden las razones de su reclusión, por lo que caen en en depresión. Foto: Alba Perdomo.
De pescador a traficante
La
tentación de un próspero estilo de vida, que incluya mejores embarcaciones,
alimentación, bebida y tecnología, empuja a los waraos hacia los peligrosos
bordes del crimen organizado. En 2015 apresaron a unos 50 indígenas por delitos
relacionados con narcotráfico en Delta Amacuro, según cifras ofrecidas por
fuentes judiciales de la región.
Cálculos
del Circuito Penal de la entidad indican que 23 de ellos están siendo procesados
solo por contrabando. Por esa tentación de recibir rápida contraprestación al
trabajo, los waraos han abandonado sus actividades económicas tradicionales: el
corte de palma para extraer el palmito, la pesca de cangrejos de río, la
artesanía tejida con la fibra de moriche y el procesamiento del coco y sus
derivados.
Los
waraos han llegado a transportar hasta 700 kilogramos de cocaína en sus
embarcaciones, según se observa en un expediente judicial consultado para este
reportaje. Pero también han sido capturados con cargamentos de marihuana y crack
(el residuo de la cocaína una vez procesada, que es mucho más adictivo), explicó
una fuente policial que pidió reserva del nombre.
El delta
del Orinoco posee alrededor de 3 mil 555 salidas fluviales navegables, un
enmarañado laberinto de túneles acuáticos rodeados de espesa selva. Esta
particular geografía ayuda al acarreo a través del río de drogas, armas y
gasolina que son extraídas sigilosamente hacia Trinidad y Tobago, Guyana y otros
destinos caribeños surcando la intrincada red de caños que solo los waraos son
capaces de navegar.
Dentro de
la escala social warao, el primer signo de prosperidad es comprar una lancha con
motor, y así dejar la curiara de madera y el canalete fuera de servicio. El
segundo objeto de deseo es una planta eléctrica que permita afrontar las oscuras
noches ribereñas sin usar mechurrios de gasoil. Muchos tienen un sueño:
conseguir los 5 millones de bolívares que cuesta en el mercado local un motor
fuera de borda usado de 75 caballos de fuerza.
No en
vano se hacen llamar Gente del Agua, porque toda la vida de este pueblo
transcurre a la vera de un río. Desde que son infantes los waraos salen a pescar
con los padres, un frecuente regalo de bodas del novio a su mujer es una canoa
especialmente construida para que ella surque las aguas rumbo a su conuco. De
vuelta a casa, los hombres conocen por el color y el olor del río donde está la
mejor pesca.
Delta
Amacuro está compuesto por cuatro municipios. Dos de ellos –Antonio Díaz y
Pedernales– son fluviales. Casacoima, que combina sus vastas aguas y porciones
de tierra, y Tucupita, donde se asienta la capital. Para controlar esa serpiente
de mil cabezas se requiere de un verdadero esfuerzo político y de seguridad. La
jurisdicción de Antonio Díaz, que es la más grande y se le conoce como Bajo
Delta por ser la desembocadura del río hacia el océano, se encuentra en la vía
hacia Guyana. Toda esa geografía está prácticamente dolarizada porque se ha
convertido en el corazón palpitante del contrabando. Alexis Valenzuela resalta
que casi todo el pueblo indígena está acostumbrado a vivir del trasiego de
bienes. “No tenemos fronteras para desplazarnos”, recalca con una media sonrisa
en su rostro moreno.
Mientras
tanto Pedernales corresponde a la desembocadura que conecta con el Golfo de
Paria, abriendo así el mercado delictivo a las islas. “No hay militares
suficientes, embarcaciones o recursos para poder monitorear cada uno de los
caños. Cuando vamos por aquí, ellos salen por allá”, asegura un efectivo de
seguridad que pidió reserva de su nombre por temor a
represalias.
Ese
conocimiento profundo es aprovechado por aquellos que ven a los indígenas como
expertos guías en los recodos del agua y la selva. Dependiendo de la amplitud y
lejanía de la boca de caño los warao usan para los traslados de contrabando
diversas embarcaciones de distintos materiales y tamaños: curiaras, balajus,
canoas, lanchas y botes modificados para que tengan doble fondo. Suelen tapar
tales alijos con pescado, ocumo chino, cangrejo o artesanía con la triste
esperanza de no ser detectados por el equipo náutico de la policía. Así ocurrió
con los pescadores Gabriel González Arzolay, de 19 años de edad, y José Meza de
34, vecinos en el sector La Lagunita de Mariusa, quienes salieron en un peñero
la madrugada del 8 de septiembre de 2012. Ese día a las 8:00 de la mañana fueron
interceptados por una lancha de la Guardia Nacional. A los mil 120 litros de
gasolina que encontraron disimulados en la embarcación la Guardia Nacional sumó
35 gramos de marihuana escondidos dentro de la chaqueta que llevaba puesta
González. Ambos fueron acusados de tráfico de drogas en la modalidad de
ocultamiento y contrabando agravado de combustible.
En el
juicio González indicó: “Yo voy admitir los hechos porque esa droga era mía y
solicito se me imponga la pena que me corresponde. Es todo”. Al declararse
culpable recibió una pena reducida –tres años de prisión– mientras que Meza fue
librado de los cargos según el expediente YP01-P-2012-002359 del Tribunal de
Ejecución del Circuito Judicial Penal de Delta
Amacuro.
De submarinos y otros inventos
La
anchura del Orinoco semeja un mar profundo, y tal vez por eso las modalidades de
contrabando varían tanto. Uno de los antecedentes más llamativos es el decomiso
de una especie de submarino fabricado en el Delta hace un tiempo atrás, hecho
denunciado en la prensa venezolana.
El 10 de
diciembre de 2009 fue allanado en el sector Mariusa del municipio Pedernales un
taller donde se elaboraban “semisumergibles” con fibra de vidrio. Era un modelo
similar al utilizado por los carteles colombianos para transportar drogas en el
océano Pacífico. Así lo dieron a conocer funcionarios de la División Nacional de
Investigaciones contra la Droga del Cuerpo de Investigaciones Científicas
Penales y Criminalísticas a los medios de comunicación. En ese entonces había en
el taller una nave casi completamente construida. Se llamaría Muñeca IV. Esto
sugería a los investigadores que otras tres embarcaciones pudieron ser armadas
por la misma organización. Era el primer descubrimiento de este tipo que ocurría
en el país.
Ángel
Custodio Vegas Gerdez y Orlando Jesús Idrogo llamaron la atención de las
autoridades por las grandes cantidades de fibra de vidrio, madera y resina que
trasladaban en su embarcación. Cuando fueron capturados llevaban 10 barriles de
resina. Habían surcado dos veces el cauce del río. Vegas, además, estaba
armado.
Se dijo
entonces que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), arrinconadas por los efectos del Plan Colombia, estaban detrás del
tráfico de esos materiales, necesarios para construir la embarcación. “El bloque
oriental de las FARC controla 80 por ciento de las operaciones de drogas en
Delta Amacuro. El silencio oficial que hubo cuando descubrieron el sumergible es
parte del encubrimiento”, afirmó entonces Armando Johan Obdola, exdelegado de la
Conacuid en la región. Después, Obdola se refugió en Canadá tras denunciar el
tráfico de drogas en Delta Amacuro. Al periodista Javier Ignacio Mayorca, de El
Nacional, le confió que desde el año 2000 se había incrementado la presencia de
grupos armados colombianos que “contaban y cuentan con la protección de policías
y militares”.
Tal vez
por ello el miedo sea casi unánime en la zona del delta. Apenas algunas voces
como la de Ramón Ramírez, activista comunitario en los caños del Delta, rompen
el consenso. Afirma Ramírez que hay mucho que investigar sobre los decomisos y
la prisión de los waraos. “Usan a los Maraisa (voz tradicional para
autodesignarse de los waraos) como transportistas. Lo ideal es investigar de
dónde viene el cargamento. El pez gordo le ofrece al Maraisa que se declare
culpable para que le bajen la pena. Allí muere la investigación. El traficante
se lucra y queda libre, mientras que el indio se queda
preso”.

Común en el Pacífico colombiano, en 2009 encontraron en Delta Amacuro uno de los submarinos artesanales que improvisan los narcos para trasladar droga.
El dilema de la jurisdicción
Sentada a
la orilla del famoso Paseo Manamo, que funge como centro de encuentro en
Tucupita, la jueza rectora del estado Delta Amacuro, Norisol Moreno, suma
razones jurídicas a los argumentos culturales para explicar por qué los waraos
son proclives a caer en las redes del narcotráfico: “Los jueces, al momento de
dictar decisión pertinente al caso, en muchas ocasiones no dan privativas de
libertad a los waraos, porque ellos deberían ser entregados a la jurisdicción
especial indígena, establecida en la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas y
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 27 de
Diciembre de 2005.
El Estado
reconoce el derecho propio de los pueblos indígenas de aplicar instancias de
justicia dentro de su hábitat y tierras por sus autoridades legítimas y que sólo
afecten a sus integrantes. Las decisiones que se tomen constituyen lo que en
derecho se conoce como “cosa juzgada” siempre que no sean incompatibles con los
derechos establecidos en la Constitución y los tratados, pactos y convenciones
internacionales suscritos y ratificados por la República.
En dicha
legislación se establece que los jueces deberán considerar las condiciones
socioeconómicas y culturales de los indígenas antes del fallo y procurarán
fallos alternativos al encarcelamiento para reinsertar al indígena en su medio.
Pero en Venezuela todavía no se ha constituido esa jurisdicción. El dilema de
encarcelarlos con las penas previstas o someterlos a la jurisdicción especial
que tome en cuenta su cultura y costumbres provoca un vacío que es aprovechado
por los capos de la droga. Los waraos son utilizados como mulas porque suelen
salir libres con relativa facilidad.
A ese
dilema se agrega las carencias estructurales de la justicia venezolana. En ese
eventual proceso un antropólogo debería determinar si el indígena tiene arraigo
en la comunidad o si conoce sus tradiciones. Muchos extranjeros involucrados en
el contrabando y transbordo de psicotrópicos timan a la justicia haciéndose
pasar por nacionales venezolanos para recibir los beneficios. Una frontera
porosa y apenas supervisada, una región olvidada y unos ingenuos de corazón. El
coctel perfecto para que prosperen toda clase de delitos e
injusticias.