La semana en que los juristas del horror se ensañaron con los menores de edad

Algunos se arrepintieron, pero la mayoría no. En seis estados de Venezuela, jueces de diferentes tribunales llevaron a cabo una auténtica razzia contra los manifestantes que el 23 de enero pasado salieron a las calles para apoyar la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En la embestida, cruzaron una raya roja: ordenaron de manera sumaria prisión para 77 menores de edad, acusados por delitos como terrorismo y agavillamiento. Una revisión a sus carreras permitió comprobar que todos estos jueces comparten perfiles similares, que incluyen la militancia sin disimulo en el partido de Gobierno y el ascenso meteórico en la jerarquía judicial.
La
noche del 23 de enero de 2019 al menos 77 menores de edad, entre 14 y 17 años,
fueron detenidos por protestar contra el régimen de Nicolás Maduro. Algunos,
incluso, por caminar cerca del lugar de la manifestación. En menos de 24 horas
se encontraron dentro de calabozos sin poder comunicarse con sus padres, recibir
sus medicinas o comida y la mayoría magullados por golpes de la Guardia Nacional
y la Policía Nacional Bolivariana.
Aunque
la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (LOPNNA) establece
que a partir de los 14 años las personas tienen responsabilidad penal, los
jueces y fiscales que tomaron sus casos no sólo obviaron el principio
fundamental de la presunción de inocencia sino que sobre expedientes policiales
débiles e incluso inexistentes decidieron acusar a estos jóvenes de
“terrorismo”. Estrenaron masivamente la tipificación de ese delito en la ley,
que fue incluido en el año 2015.
Según
este reportaje pudo comprobar, se trata de jueces y fiscales
itinerantes, de nombramiento provisional, en su mayoría militantes inscritos en
el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y cuyas carreras
dentro del sistema judicial venezolano lucen como un sueño en el que los
requisitos para ocupar el cargo son una formalidad infundada. Funcionarios con
mínima preparación académica que apenas desempeñan cargos menores dentro de los
tribunales de pronto son nombrados jueces, a pesar -o justo por eso- de hacer
proselitismo a favor de la autodenominada Revolución bolivariana” y mostrar
abiertamente sus nexos, amistades y relaciones con el chavismo gobernante. O
quizá por eso mismo.
Dentro
de esa justicia cubierta con el manto de la complicidad, estos jueces recibieron
a los menores y, como si de una plana escolar se tratara, recitaron las mismas
acusaciones por los mismos delitos y ordenaron reclusión a los jóvenes donde
permanecieron privados de libertad junto a adultos con historial de delitos más
graves durante ocho días. La
insensibilidad también tuvo lugar en las actuaciones de estos jueces. “Si usted
se siente mal se me va de aquí”, le dijo una jueza en Caracas a la abuela de un
muchacho que lloraba la detención de su nieto de 14 años, en el barrio de
Cotiza, en el norte de Caracas. La defensora de derechos humanos, Naremi Silva,
fue testigo de esta
situación.
La
itinerancia en los nombramientos de jueces y fiscales ha permitido al Gobierno
moverlos a conveniencia y nombrarlos sin credenciales. Ya en el 2003, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados
Americanos (OEA) alertaba del peligro en la administración de justicia en
Venezuela por la provisionalidad de los responsables de tribunales, quienes
desde el 2002 son designados a dedo, lo que les hace vulnerables a las
presiones: de una decisión puede depender su permanencia en el cargo. El informe
de 2016 reconocía que solo 34% de los jueces en Venezuela son titulares de su
cargo. Sobre
esa base el sistema judicial actuó rápido esta vez. La presentación de los
niños, niñas y adolescentes se hizo entre las primeras 50 horas de su
aprehensión. No faltaron los fiscales, ni los alguaciles, ni el papel y tinta
para las sentencias, hubo despacho y habilitaron hasta altas horas en el Palacio
de Justicia de cada estado a todos los que debían y tenían que estar, prestos a
una llamada que indicaba el camino a seguir. Se
reseñaron casos en la misma situación en Amazonas, Aragua, Apure, Bolívar,
Cojedes, Distrito Capital y Yaracuy. Después de ocho días detenidos, los menores
fueron excarcelados, no sin antes sufrir los rigores del régimen penitenciario:
les raparon el cabello y los uniformaron. Algunos no llegaron a ver a sus padres
durante su cautiverio. Se
les otorgó medidas sustitutivas de libertad en las que deben presentarse ante el
tribunal cada 30 días. Estas medidas representan una espada de Damocles por la
que los jóvenes están presos sin los barrotes, sujetos a la celebración de una
audiencia de presentación que debería ocurrir en 45 días, pero que en la
Venezuela de hoy suele diferirse una y otra vez, hasta por años, a conveniencia
de la política de turno. Mientras tanto, estos jóvenes no pueden salir del país
ni expresar su opinión política, viven en el miedo de repetir las penurias que
estos jueces les hicieron sentir en carne
propia.

La jueza empresaria de Bolívar
La
juez Miguelina Maneiro de Carreño tiene 30 años en el Poder Judicial y se graduó
en la Universidad de Carabobo, en el centronorte del país. Está inscrita en el
Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y posee una empresa familiar
llamada Asociación Cooperativa Compañeros sin Límites desde el año 2011,
inscrita en el Registro Nacional de Contratistas por haberle prestado servicios
al Estado ese año. No ha actualizado sus datos en el registro.Además de sus
lazos estrechos con el oficialismo, desde hace cuatro años se registran en su
currículo juicios polémicos y mediáticos. En 2014 su trabajo estuvo expuesto en
los medios de comunicación por el juicio seguido a tres trabajadores de la
Siderúrgica del Orinoco (Sidor), el gran complejo metalúrgico estatal en el
corazón de la industria pesada de Guayana, que fueron detenidos luego de exigir
mejoras salariales y participar en protestas gremialistas. Rederick
Leiva, Leinys Quijada y Heberto Bastardo son los nombres de los obreros
detenidos en la tarde del viernes 19 de septiembre de 2014 en una zona
residencial de Puerto Ordaz, la ciudad industrial sobre la ribera oeste del río
Caroní. En esa fecha llegaba a su fin una huelga que logreó imponer un nuevo
contrato colectivo. El 21 de septiembre, el Tribunal Primero de Control, a cargo
de la jueza Maneiro, les dictó privativa de libertad por presunto tráfico de
armas y asociación para delinquir.El caso fue un compendio de arbitrariedades.
Quizás la más grosera fue cuando la jueza Maneiro se saltó el parámetro legal al
aceptar que la fiscal presentara la acusación al día siguiente de culminar el
lapso, es decir, en el día 46, pese a que una vez vencido el lapso de 45 días
sin que la Fiscal haya presentado la acusación, el detenido debe quedar en
libertad. En
vista del incumplimiento, la defensa solicitó la liberación de los obreros, pero
no hubo pronunciamiento de Maneiro. La agonía de estos trabajadores se prolongó
hasta mayo de 2015 cuando se decidió que serían procesados en
libertad. La
semana pasada la jueza Maneiro dio curso legal a la detención de 20
adolescentes, entre los 14 y 17 años, a quienes se les acusó por haber
protestado el 23 de enero en Puerto Ordaz cuando el diputado Juan Guaidó,
presidente de la Asamblea Nacional, se juramentó como presidente encargado de
Venezuela. A todos se les señaló como participantes de saqueos en la
ciudad. Uno
de estos jóvenes es Jixson, de 14 años de edad, quien sufre de convulsiones. Su
caso atrajo la atención de los medios, pero no de la jueza. Aunque se le
advirtió a Maneiro sobre la condición de salud del menor de edad, permaneció
detenido desde el miércoles 23 de enero a las 8:30 pm hasta el martes 29 de
enero. Jixson informó a su madre que fue golpeado por funcionarios de la Guardia
Nacional en la cabeza y en la planta de sus pies cada vez que decía que quería
ir al baño. Fue
imputado por alteración del orden público, agavillamiento y resistencia a la
autoridad, al igual que los demás detenidos. El
domingo el adolescente convulsionó y su madre no pudo verlo. Solo se enteró por
mensajes de texto que le mandaba un Guardia Nacional. El lunes pasado la defensa
pudo consignar sus informes médicos y se le otorgó un arresto domiciliario el
martes pasado, y luego una medida cautelar con régimen de
presentación. El
jueves 31 de enero todos los padres fueron citados a una audiencia especial en
donde se les otorgó medidas cautelares al resto de los menores de edad. En la
audiencia se les recalcó a los padres que “el presidente Nicolás Maduro y el
presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, decidieron dejarlos
en libertad”, Mientras el presidente del Circuito judicial penal del estado
Bolívar, Andrés Eloy Mazza. Hacía
esa afirmación, la jueza Maneiro guardaba silencio a su
lado.
La justicia es toda roja en Yaracuy
En
el estado centro occidental de Yaracuy la justicia pasa por las manos de Darcy
Lorena Sánchez Nieto, la rectora y presidenta del circuito judicial del estado.
Según la jueza Eddiluh Guédez, Sánchez fue quien la presionó para dictarle la
medida de detención a 19 menores de edad que fueron detenidos por protestar
contra el régimen de Nicolás Maduro el 23 de enero. Según Guédez, la amistad de
la presidenta del circuito con el gobernador de Yaracuy y miembro del partido de
gobierno, Julio León Heredia, es harto conocida, por lo que Sánchez suele ser el
vehículo de las órdenes del partido que bajan a su
circunscripción. Sánchez
Nieto negó la especie, pero su currículo habla por sí solo. Ostenta una carrera
corta pero fulgurante dentro del sistema judicial venezolano, al que ingresó
hace apenas ocho años, en 2011, y por la que en menos de un año se convirtió en
jueza: primero de un tribunal penal en el año 2012, luego de Apelaciones,
también en un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes y de nuevo
está en Apelaciones, donde firmó su última sentencia en diciembre del 2018 como
“juez superior provisoria”. Esto
indica que su cargo le fue asignado directamente por la magistratura y que así
mismo se le puede revocar, una condición que comparte hasta 90 por ciento de los
jueces venezolanos y que les hace especialmente vulnerables, pues pueden ser
removidos con la sola voluntad del Tribunal Supremo de Justicia, de tendencia
abiertamente oficialista. Pero
a Sánchez Nieto le ha ido bien. Su estabilidad parece garantizada. Ha decidido
en 909 casos, se ha inhibido de actuar en 24 oportunidades y ha sido recusada 31
veces. A pesar de su carácter provisional, se sintió con la fortaleza suficiente
para postularse en 2015 a ser magistrada de la República, cuando solo tenía 37
años y la Asamblea Nacional de mayoría oficialista eligió los nuevos miembros
del Tribunal Supremo de Justicia, en un controversial procedimiento express que
terminó de teñirlo de rojo revolucionario. Darcy
Sánchez aparece inscrita en el Psuv. Un extracto de un artículo suyo publicado
en la revista del Centro de Investigación y Estudios Gerenciales, bajo el título
de Axiología de los saberes teórico epistémicos e identidad cultural en el
sujeto investigador del programa de formación avanzada doctorado en ciencias
para el desarrollo estratégico de la Universidad Bolivariana de Venezuela, deja
una enrevesada muestra de esa filiación. En
ese escrito, afincándose en el postulado de Karl Marx que asegura que “no es la
conciencia del ser humano la que constituye la realidad sino que, por el
contrario, es la realidad de la conciencia social la que constituye la
conciencia de los seres humanos”, concluye en que “el carácter transformador de
la investigación debería contribuir con el desarrollo humano integral implícito
como finalidad estratégica del Estado venezolano en función de la construcción
histórica sociocultural del Proyecto de Patria Socialista Bolivariana del Siglo
XXI, desde la apropiación de conciencia social mediante la praxis de un ethos
revolucionario, reconocedor del saber popular y el dialogo de saberes, como
procesos que favorecen la construcción del Estado comunal (socialismo comunal)
como parte del legado material y espiritual de Hugo
Chávez”. Tal
vez a partir de ese ethos revolucionario Sánchez Nieto anunció que los 19
menores detenidos en las protestas ocurridas el 23 de enero en San Felipe, la
capital del estado -entre ellos dos muchachas de 14 años-, serían liberados y
entregados a sus padres no sin antes hacer un “gran acto de profunda reflexión”
en el que ella misma les diría que la protesta es cosa de adultos y no “de
muchachos”. Pero
semejante proselitismo fue demasiado hasta para el chavismo, que a última hora
decidió suspender el acto. Los adolescentes fueron devueltos a sus padres con la
cabeza rapada y medidas sustitutivas de libertad con régimen de presentación
cada 30 días.
Por
ahora no se sabe nada más de la jueza Eddiluh Guédez, la jueza que denunció
públicamente la intervención del poder Ejecutivo local en la determinación de
meter en prisión a los menores de edad.
“No aguantó la presión”, dice el activista del partido opositor Voluntad
Popular en Yaracuy, Gabriel Gallo, quien explica que en esa entidad “todo el
mundo sabe que las órdenes sobre lo que pasa en los tribunales las dicta el
gobernador Heredia”. Guédez
se desempeñó hasta el 26 de enero como jueza temporal -también de libre
nombramiento y remoción- del Tribunal Primero de Juicio de Adolescentes, cargo
que desempeñaba desde el año 2009 y día en que circuló el video en el que
denuncia haber sido coaccionada. Igual que la presidenta del circuito, Guédez
también está inscrita en el Psuv y formó parte de la junta directiva de la
cooperativa La Toñeca, que aunque sale en el Registro Nacional de Contratistas,
no parece haber recibido algún contrato o adjudicación por parte del Estado
venezolano. En el teléfono de la cooperativa nadie
contesta. Antes
de su denuncia imputó a los adolescentes y otras 60 personas de siete delitos:
terrorismo, obstaculización de vía pública, daños a bienes, resistencia a la
autoridad, detentación de materiales inflamables, agavillamiento y flagrancia.
Las pruebas presentadas por la fiscalía para solicitar la imputación fueron un
yesquero, seis piedras y un envase de
vidrio.
La
influencia partidista en la justicia la cierra, en el caso de Yaracuy, la Fiscal
Primero de Control, Normely Josefina Pérez Ramos, una abogada de 38 años cuyos
datos aparecen también en la lista de militantes inscritos en el partido de
gobierno. Se desempeñó durante un tiempo como fiscal auxiliar interino en la
Fiscalía 13ª del estado, cuando la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz
-hoy disidente del chavismo y exiliada en Colombia-, firmó su pase a la Fiscalía
Primera para ejercer “con competencia plena” a partir del 1 de abril de
2016. Fue
Pérez Ramos la encargada de tipificar los delitos supuestamente cometidos por
los 19 menores y los 60 adultos detenidos y desestimó la apelación de los
abogados. A pesar de las quejas de los defensores sobre las actas policiales
incompletas o mal llenadas sobre lo ocurrido el 23 de enero, Pérez Ramos miró
hacia otro lado; también cuando cundió la queja porque a los adolescentes
varones detenidos se les rapó el
pelo.
La jueza que llora y condena en Amazonas
Quizás
fue la imagen de Boris Leopoldo Guapo, de 16 años, la que quebró a la jueza
Dayana Matera. El indígena del pueblo yekuana se presentó en la audiencia, en el
Tribunal Segundo de Control del estado Amazonas (sur), con la franela llena de
sangre y con huellas de botas marcadas por todo su cuerpo.Tras haber sido
detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) la tarde del
23 de enero de 2019, en el marco de protestas antigubernamentales en la ciudad
de Puerto Ayacucho, fue trasladado junto a otras 22 personas al Destacamento de
Seguridad Urbana de la GNB, donde pasó la noche de pie por el
hacinamiento. No
era el único menor de edad en el grupo de detenidos. También pernoctaron en
aquel lugar Junior Cardona, de 16 años; Neidys Yuriyuri, de 14 años; y otra
niña, también de 14 años, que no tenía papeles. Los cuatro llegaron al tribunal
a su audiencia de presentación en las mismas condiciones. “Tenían las franelas
rotas y con pisadas, parece que los patearon horrible”, relata uno de los
testigos, quien prefiere resguardar su identidad por temor a
represalias.

Jueza Dayana Matera, del Tribunal Segundo de Control de Responsabilidad Penal del Adolescente, estado Amazonas
La
jueza Dayana Matera no se pudo contener y lloró en el tribunal. Quienes
estuvieron allí cuentan que tuvo que retirarse de la sala dos veces para
maquillarse. La presión –aseguran fuentes de la entidad– era muy fuerte; y
–acotan– venía directamente del gobierno de Nicolás
Maduro. Pero
las lágrimas no frenaron la imputación a los menores del delito de terrorismo. Y
no fue sino hasta este martes 29 de enero cuando obtuvieron una medida
sustitutiva de libertad bajo fianza. A cada niño le pidieron tres fiadores.
Matera no actuó sola. Sus cómplices fueron la jueza Mirla Teresa Castro Parra y
la fiscal de flagrancia Romairy Katiuska Gutiérrez
Fernández. Dayana
de los Ángeles Matera Camejo, de 35 años, es poco conocida en Amazonas, pero
algunas sentencias dan pistas de su carrera como abogada: en 2010 era secretaria
de tribunales y para 2016 ya era jueza del Tribunal Segundo de Primera Instancia
en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, el mismo
en el que conoció la causa de los adolescentes Guapo y compañía.Al menos en tres
oportunidades los nombres de Matera Camejo y Castro Parra coincidieron en un
expediente. Fue en diciembre de 2010, cuando Castro Parra, entonces de 37 años,
era jueza del Tribunal Penal de Control Sección Adolescentes del Circuito
Judicial Penal del estado Amazonas y Matera Camejo secretaria. Pero las une algo
más que eso: las dos militan en el
Psuv.
En Aragua manda la tribu
La
excarcelación de 22 adolescentes en el estado Aragua -centro del país- llegó después de ocho días de detención
desde que unos salieron a las calles a manifestar el 23 de enero y, otros,
fueron apresados por la Guardia Nacional por “presuntamente” haber protestado.
En total, 25 hombres y tres mujeres de 15 a 17 años fueron presentados a los
Tribunales 1° y 2° de Control de
Responsabilidad Penal del Adolescente, a cargo de las juezas Nunziatina
Porrovecchio Tovar y Aliani Josefina Castillo Galeano. En
esa audiencia inicial, solo tres de los detenidos pudieron regresar a casa y el
resto permaneció confinado en los distintos centros de reclusión preventiva del
Estado. La Fiscal 17 del estado Aragua, Floralba Salazar, precalificó los
delitos en un veloz salida judicial que los inculpó de agavillamiento,
instigación al orden público y obstaculización de la vía pública. Un
día antes de la masiva manifestación contra Nicolás Maduro, el Fiscal General,
Tarek William Saab, amenazó con profundizar la acción punitiva por parte de los
fiscales estadales. “El Ministerio Público va a actuar de manera severa” y así
lo hizo en el circuito circuito judicial de Aragua. En
Aragua, como en el resto del país, ni las juezas ni la fiscal son titulares en
sus cargos. Puertas adentro del Palacio de Justicia se comenta que tampoco
reúnen las credenciales para ocupar tal responsabilidad. Porrovecchio y Castillo
son egresadas como abogadas de la Universidad Bicentenaria de Aragua, la primera
en el año 2004 y, la segunda, en 2010. Aliani
Castillo, de 32 años, tuvo un rápido ascenso en el circuito judicial. En el
junio de 2009, sin graduarse, estaba ya adscrita a la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura y dos años después, en 2011, con título de abogada, figuraba como
Secretaria del Tribunal de Primera Instancia en Función de Control de Aragua que
presidía -y preside- el juez Julio Urdaneta. Este último tomó las decisiones
judiciales en contra de los manifestantes mayores de 18 años que fueron
aprehendidos el 23 de enero de 2019.
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A
Castillo le tocaron los menores. De esos primeros años de rápido ascenso, el 13
de diciembre de 2016 fue designada jueza itinerante de los Tribunales de Primera
Instancia Penal que atiende las solicitudes de sobreseimientos realizadas por el
Ministerio Público. En 2017, todavía como “suplencia temporal”, se le asignaron
competencias en el Tribunal 2° de Control de Responsabilidad Penal del
Adolescente. Una
fuente que pidió no ser identificada señaló que la joven jueza fue la más
“indulgente” con los primeros tres jóvenes que asistieron al juzgado,
excarcelados el mismo día de la audiencia de presentación y con algunas medidas
impuestas que los obliga a asistir periódicamente a los tribunales. Por su
parte, la jueza Porrovecchio, responsable del Tribunal, fue más severa en las
audiencias , en un torbellino judicial sentenció a 25 adolescentes a ser
privados de su libertad. Porrovecchio
fue secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Aragua
en 2006, cuyo jueces eran Fabiola Colmenarez, Alejandro José Perillo Silva y
Juan Luis Ibarra Verenzuela. De ellos, autores de varias decisiones favorables
al chavismo, Ibarra llegaría a ser magistrado de la Sala de Casación Penal del
Tribunal Supremo de Justicia. Formó parte del grupo de trece magistrados express
que la Asamblea Nacional de entonces, dominada por el oficialismo y a punto de
salir, designó entre gallos y medianoche para asegurarse el control del máximo
tribunal.
La
jueza siguió su ascenso y con dos años de graduada, el 25 de abril de 2006
asumió una “suplencia especial” en el Juzgado Ejecutor de Medidas de los
municipios Sucre y José Ángel Lamas, del estado Aragua. Ocuparía funciones
temporales de Mazzei Rodríguez, señalado por la comunidad judicial del estado
como protegido de la magistrada Maryori Calderón Guerrero, la jueza del caso
Simonovis. En
2013, Porrovecchio fue nombrada jefa de la División de Servicios al Personal de
la Dirección Administrativa Regional del estado Aragua, también en condición de
suplencia hasta que en julio de 2017 llega como “provisoria” al Tribunal 1° de
Control de Responsabilidad Penal del
Adolescente.
Desde
allí Porrovechio remitió a 20 adolescentes entre el Servicio Autónomo de
Protección y Atención al Niño, Niña y Adolescente de Aragua (Sapanna) y la
estación policial San Carlos conocida como “cuartelito” por haber manifestado
contra el gobierno el 23 de enero. “Es
la peor maldad que haya podido hacer un profesional del derecho. Las familias
están asustadas”, comentó por la línea telefónica la abogada Zuleima Siso, quien
ha atendido el caso. Junto a los miembros del Foro Penal le prestaron atención
jurídica a los jóvenes, de los cuales tres son mujeres. Siso
asegura que la decisión de las juezas es netamente política, que siguen órdenes
superiores y que en ningún momento mostraron arrepentimiento a pesar de que hubo
escenas de dramatismo durante la audiencia, incluyendo desmayos de algunos
progenitores.El
abogado Daniel Merchán señaló que la decisión de excarcelación de los
adolescentes de Aragua, ocurrida ocho días después, obedeció a una “instrucción
nacional” y que las juezas solo expresaron que los chicos “ahora pasaban a
cuidado de sus padres con medidas más educadoras e indulgentes” sin dar mayores
detalles acerca de qué motivó el cambio de decisión. “Esto
obedeció a la presión social que se ejerció sobre el tema de los menores de
edad”, puntualizó. Para
el presidente del Colegio de Abogados del estado Aragua, Rosalino Medina, el
proceso fue ilegal desde el momento mismo de la detención, con expedientes
viciados y actas levantadas donde se precalificó el delito. “Fueron jueces
inquisitivos en conjunto con una fiscal inquisitiva”, señaló Medina quien
advirtió que las medidas tomadas por el Tribunal de Porrovecchio y Castillo para
que los detenidos pudieran obtener su libertad fueron engorrosas. “Les exigieron
fiadores con ciertas condiciones, entre ellas remuneración de gerentes y una
carta de buena conducta emitida por los consejos comunales”, dijo. Coincide,
al igual que otros abogados, que la decisión es política, “para que las
protestas no prosperen” y continuar con la política represiva en contra de las
manifestaciones. “Son jueces provisorios supeditados a una llamada”, concluye
Medina, recordando que aunque la presunción de inocencia es el principio
fundamental que rige las leyes venezolanas, los jueces y la fiscal a cargo en el
estado tienen la orden de “detener a los individuos así no existan
pruebas”. El
presidente del Circuito Judicial Penal de Aragua es Luis Enrique Abello García,
compañero del gobernador del estado, Rodolfo Clemente Marco Torres, en la
promoción de 1988 de la Academia Militar de Venezuela. Abello García también
está inscrito en el partido de gobierno y, a finales de 2018, ocupó el cargo por
recomendación del gobernador sustituyendo a Cinthia Meza. Abello
fue tajante desde su llegada al Palacio de Justicia y ordenó a todos los jueces
que no se liberara a nadie sin su autorización. Su último cargo fue en el vecino
estado Carabobo como juez “provisorio” del Juzgado Superior en lo contencioso y
administrativo de la región centro norte, con sede en Valencia.La cabeza del
circuito judicial de Aragua la ocupa Ramón Carlos Gámez Román, un comprometido
chavista también inscrito en el Psuv y que limpió el terreno para la llegada de
Abello. Es juez Rector del estado desde el 2016, designado por la Sala Plena del
TSJ a cargo de su entonces presidenta, la magistrada Gladys
Gutiérrez.
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Su desempeño como
vicepresidente del comité de postulaciones judiciales en 2015 fue recompensado
por los mismos magistrados express cuyas credenciales avaló.Gámez, junto con
Elvis Amoroso -actual contralor de la República, pero entonces presidente del
comité- seleccionaron a los 13 principales y 21 suplentes que el oficialismo
nombró como magistrados del máximo tribunal de la república antes de entregar el
bastión legislativo a la oposición que ganó la Asamblea Nacional ese
año.
Gámez es, además,
juez coordinador del Circuito Judicial del Trabajo, y juez provisorio del
Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y de Tránsito de la
Circunscripción Judicial del estado Aragua. Su poder plenipotenciario en Aragua
le permitió conformar un consejo con los máximos representantes de la Dirección
Ejecutiva de la Magistratura (DEM), Dirección Administrativa Regional (DAR) y
los circuitos Civil, Laboral, Contra la violencia de Género, Judicial y
Responsabilidad Penal de Adolescente para impulsar el Plan Estratégico del Poder
Judicial que propone el Gobierno de Maduro para la reorganización de la
administración de justicia
Justicia súbita en Cojedes
Adonay
Urdaneta era conocido como un alguacil hasta el año pasado. Hoy en su cuenta de
Twitter se describe como abogado especialista en Procesal Penal y Criminalista.
Pero en esa red social fue bautizado como el “verdugo de Cojedes” -estado
llanero en el centrooccidente de Venezuela- tras haber dejado detenidos a 13
adolescentes que estaban en las calles el 23 de enero, entre ellos un joven con
esclerodermia y que recibe tratamiento de quimioterapia, y otro con Síndrome de
Down. Desde que circularon y viralizaron sus fotos señalándolo como el
responsable de estas detenciones su cuenta está bloqueada. En
la audiencia, Urdaneta no escuchó las intervenciones de ninguno de los 13
jóvenes que fueron detenidos. “El juez entraba y salía y en ningún momento
escuchó a los niños”, cuenta una de las madres que prefiere declarar bajo
protección. Luego, sin saber en dónde y cómo fue detenido cada uno, ignorando su
derecho a decir su versión de los hechos, fue firme al ratificar la imputación
de los cargos: resistencia a la autoridad, daños a la propiedad pública,
alteración del orden público y
agavillamiento.

Adonay Urdaneta
Luego
de nueve día, a los adolescentes se les otorgó una medida cautelar con régimen
de presentación cada 30 días. A
Urdaneta se le conoce por su súbito ascenso en los tribunales. En el año 2018
pasó de alguacil destituido (los alguaciles en los tribunales venezolanos
funcionan como personal de apoyo para mantenimiento del orden en el tribunal y
la fluidez en las comunicaciones) a juez de Control del Sistema de
Responsabilidad Penal del Adolescente.No se conoce de primera mano las razones
que impulsaron semejante ascenso, pero queda claro que su afiliación al
oficialista Psuv no fue un impedimento para ello, pues aparece con su nombre,
apellido y cédula en la lista de militantes del partido de gobierno; por el
contrario. Su pareja, Senaida Utrera, fiscal auxiliar superior de investigación
del estado Cojedes, también expone abiertamente su lealtad al chavismo: “Así
seguiré leal a ti mi comandante eterno y a mi presidente Maduro doblegarse jamás
ante estos desleales”, cita en su cuenta de
Twitter.
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La secretaria de Apure
La
noche del 23 de enero, cuatro menores, con edades comprendidas entre los 16 y 17
años, resultaron detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana
(GNB) en el estado Apure, en los Llanos del suroccidente de Venezuela. Fueron
trasladados al Destacamento 351 de San Fernando, donde fuentes aseguran que
fueron golpeados y se solicitaron exámenes médicos forenses de cada uno de los
chicos. Pasaron
48 horas antes de que los excarcelaran por órdenes llegadas de la gobernación
–según relatan fuentes locales– pero proferidas no por el Gobernador, Ramón
Carrizález -ex militar y ex vicepresidente de la República con Hugo Chávez- sino
por su esposa. A pesar de ese gesto tardío de magnanimidad, a los jóvenes, para
liberarlos, les impusieron la obligación de presentar hasta ocho fiadores cada
uno, una decisión que activistas de Derechos Humanos catalogan de “atroz”. Antes
de ser entregados a sus padres, se les imputaron los delitos de obstaculización
de vías públicas, resistencia a la autoridad, detentación de artefactos
explosivos y agavillamiento. Apure
no es el único estado en el que la orden viene de una gobernación en manos del
PSUV. En Monagas, en la región nororiental, abogados hacen la misma
denuncia. Quien
ejecutó la orden de la gobernación oficialista fue la jueza de control Dairys
Colmenares. “La única carrera que tiene es que era secretaria de ese tribunal”,
aseguran abogados de la entidad, quienes insisten en que “la aterrizaron” allí.
Una revisión de su carrera da cuenta que efectivamente, la secretaría de
tribunales ha sido su principal fuerte, pues también fue secretaria del Juzgado
de Primera Instancia Sexto de Ejecución del Circuito Judicial Penal del
Área Metropolitana de Caracas, al menos entre abril de 2008 y junio de 2009.