La historia que María Gabriela ya no puede contar

Condenada al ostracismo por su ¿intransigencia o rectitud?, María Gabriela Mirabal Castro, parte de una dinastía política venezolana, decidió usar los medios y las redes como tribuna para una campaña contra su propio hermano, Gustavo Adolfo, a quien denuncia como testaferro de Alejandro Andrade, el ex Tesorero Nacional y ex escolta del comandante Chávez que acaba de ser arrestado en Florida. Pero ahora se ha quedado sin ese púlpito por un conflicto que tuvo con un joven empresario que, asegura María Gabriela, actúa en complicidad con su hermano al llevarla a tribunales por unas desavenencias de condominio.
María
Gabriela Mirabal Castro no puede contar esta historia. No desde el reciente
lunes 26 de noviembre de 2018.
Ese
día acudió puntual a la cita en el juzgado 16 en función de Control del Área
Metropolitana de Caracas. En un acto de imputación que se celebró a puerta
cerrada y con dos horas de retraso porque el expediente estaba incompleto –y, de
hecho, hasta esa mañana era desconocido por la defensa de María Gabriela–le
dictaron, como medidas cautelares, prohibición de salida del país, prohibición
de declarar a la prensa y, peor, prohibición de publicar en las redes sociales,
tanto para ella como a terceros
De
lo que sucedió en aquel recinto ese mediodía, del contenido del expediente y de
lo que ha pasado después, no se pueden conocer los detalles. Ni María Gabriela,
ni su defensa en nombre de ella, pueden revelarlos. Pero de cualquier manera
trascendió por fuentes tribunalicias que le fueron imputados los delitos de
violencia privada e instigación, en apariencia por un conflicto vecinal que
arrancó en 2013, pero que la acusada ha denunciado como un nuevo episodio de un
conflicto familiar con ramificaciones políticas que se inició mucho antes, en
2002, y que tuvo su punto de quiebre en
2007.
Un
día de ese año 2007, Daniel Andrés, el hijo menor de María Gabriela, no regresó
al apartamento en el que vivía con su madre y hermano en la urbanización Bello
Monte, un barrio de clase media acomodada en el sureste de la capital
venezolana. El joven –que recién había cumplido los 18 años de edad– se montó en
un avión privado de su único tío materno y padrino de bautizo, Gustavo Adolfo
Mirabal Castro, con destino a Florida, en Estados Unidos. Fue Gustavo Enrique,
el hijo mayor de María Gabriela, el que le dio la noticia. Esa separación marcó
también para María Gabriela el punto de ruptura definitiva con su hermano y, a
la postre, con el resto de su familia.
Los
Mirabal Castro eran una familia unida. Con sus problemas, pero unida. Así que
cuando se divorció a los 27 años del padre de sus dos únicos hijos, María
Gabriela no dudó en convertir al tío Gustavo Adolfo en la figura paterna de los
niños. Él cumplió con su rol sin pretensiones: siempre les tenía algún regalito
en diciembre y a veces los llevaba a comer en McDonald’s. Pero cuando comenzó a
trabajar en el ahora disuelto Banco Industrial de Venezuela (BIV, una
institución financiera del Estado), en 2002, junto a su presidente, Leonardo
González Dellán, y a los seis meses dejó de vivir alquilado en el modesto Centro
Polo, en Bello Monte, y compró aquella casa grande en la urbanización Cumbres de
Curumo, en Caracas, y otra en La Romana, en República Dominicana, y otra más en
Londres, Inglaterra, y aquel avión para volar hasta esas y otras propiedades, y
aquel Maserati para movilizarse por tierra, el tío Gustavo Adolfo se volvió más
espléndido.
Empezó
por regalarle a su ahijado Daniel Andrés el pasaje para el viaje de graduación
del colegio a Cancún, en México, al que su madre no quería que fuera por no
haber aprobado el último año de bachillerato, y continuó con aquel traslado a
Miami, donde le daría la misma vida de lujos que él y otros miembros de la
familia ya vivían, y a la que se incorporaría, cuatro años después, Gustavo
Enrique, el hijo mayor de María Gabriela, el más cercano a
ella.
A
través de González Dellán, Gustavo Adolfo había conocido al extesorero chavista
Alejandro El Tuerto Andrade, también ex oficial del ejército y
ex escolta personal de Hugo Chávez, sentenciado esta semana en Florida a diez
años de cárcel, tras haber admitido que recibió en su momento más de mil
millones -un millardo francés, o un billón anglosajón- de dólares en sobornos
durante su gestión. Desde el principio a Andrade y a Gustavo Adolfo los unió una
pasión: los caballos. Y, quizás, algo más. María Gabriela ha asegurado en
entrevistas que se han difundido por las redes sociales que su hermano Gustavo
Adolfo se convirtió en “el perfecto testaferro” de Andrade, gracias a su buena
posición social de cuna y a sus relaciones.
Ambas
cosas -su posición social y el conjunto de sus relaciones- cambiaron casi de la
noche a la mañana. María Gabriela, que se percató de ello, no quiso que sus
hijos gozaran de los beneficios de una fortuna de cuyos orígenes sospechaba.
Ella se habría conformado con que sus hijos pasaran sus vacaciones en la isla de
Margarita, una meca turística sobre el Caribe venezolano, o, con suerte,
llevarlos alguna vez a Miami. Pero Gustavo Adolfo y el nuevo séquito al que se
incorporó tenían otros planes.
Un
par de semanas después de que Daniel Andrés abordara aquel avión privado que lo
llevó a Florida, siempre según lo que ha contado María Gabriela Mirabal en
diversas oportunidades previas, recibió una llamada de su cuñada Carolina
Mirabal, la segunda esposa de Gustavo Adolfo, en la que esta le propuso que se
fuera para allá y que se quedara con ellos, que hiciera las paces con su
hermano, que recuperara a sus hijos.
Se
negó, con una tozudez que se supone heredada de sus abuelos paternos, y que le
ha costado caro.
Rechazó
otros acercamientos, rechazó bienes, rechazó dinero. A ella, insistía, nada ni
nadie la iba a callar. ¡Ni su propia sangre! De hecho, habló más alto: en
programas de radio. Y en las redes sociales comenzó a mostrarse, en cuentas que
algunos atribuyeron a su hermana, el nombre de Gustavo Adolfo Mirabal Castro,
hasta entonces un desconocido para la opinión pública, junto a fotos de lujos
excesivos. Pero, en 2013, las cosas se enredaron cuando el problema familiar se
mezcló con el vecinal y, finalmente, lograron callarla. Al menos
temporalmente.

En su laberinto
Podría
decirse que fue casualidad que el acto de imputación de María Gabriela Mirabal
se celebrara un día antes del juicio de Andrade en
la corte del sur de Florida. Seguramente lo fue. Debía
celebrarse en diciembre de 2017, pero fue diferido en varias oportunidades,
hasta este lunes.
Pero
María Gabriela insiste en que ambos casos están muy relacionados. Ella ha
denunciado varios vínculos, entre ellos que el bufete Mirabal y Asociados, del
que su hermano Gustavo Adolfo es miembro, habría gestionado la incorporación de
una empresa en Panamá, Rickard INC, de la que José Jesús Di Mase Carvallo, su
denunciante por segunda vez, fue socio.
Di
Mase, sin embargo, niega tal vínculo: “No
conozco, no tengo, ni he tenido contacto, y mucho menos relación alguna, con los
señores (Raúl) Gorrín (el dueño del canal de noticias Globovisión, acusado por
la justicia estadounidense de ser testaferro de Andrade), Andrade, (Gustavo)
Mirabal o cualesquiera personajes relacionados al espectro de su entorno (el de
María Gabriela)”, reiteró en una declaración a este medio, a través de un correo
electrónico.
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De
acuerdo con documentos de los denominados Panama Papers -una filtración
recibida originalmente por el diario Süddeutsche Zeitung de
Múnich y coordinada como proyecto periodístico por el Consorcio Internacional de
Periodistas Investigativos (ICIJ) en Washington DC-, Di Mase recurrió al bufete
panameño Mossack Fonseca, a través del abogado venezolano Carlos
Siso Olavarría, para registrar varias empresas. Una de ellas es Rickard Inc,
constituida en octubre de 2011, y que tenía como accionistas, además,
a Nelson Olmedillo, Arie Davidescu Guelrud y Camilo
Menasche.
Según
explica Di Mase, quien ha denunciado a María Gabriela en dos oportunidades, la
última de ellas con las consecuencias que se conocieron esta semana, esa
empresa fue constituida para llevar a cabo un proyecto de un restaurante en
Panamá. Sin embargo, siempre según su relato, dicho proyecto no se habría
llevado a cabo por la muerte de uno de los socios, Olmedillo, en un accidente.
Él asegura que la compañía “jamás fue utilizada” y que fue cerrada a finales de
2013.
Sin
embargo, de acuerdo con información del registro público panameño, publicada en
el portal Open Corporates con actualización al 15 de junio de 2018, Rickard
Inc seguía vigente este año, aunque sin los nombres de los socios
iniciales.
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Lo
que sucedió en 2013, fuera de cualquier duda, fue el inicio de los problemas de
Di Mase con María Gabriela, quien era su vecina en el edificio ubicado en Bello
Monte en el que la habían abandonado sus hijos. El 17 de octubre de ese año,
María Gabriela denunció a Di Mase ante la Dirección de Ingeniería Municipal de
la Alcaldía del municipio caraqueño de Baruta, por pretender construir una
tercera planta en su pent house.
Casi
cuatro años después, el 31 de mayo de 2017, mediante resolución 376, la referida
dirección de ingeniería municipal sancionó con multa y orden de demolición a Di
Mase y a su esposa. Pero el problema no quedó ahí. En el interín, en 2014, Di
Mase denunció a María Gabriela por primera vez, por hurto agravado de cámaras y
bienes de la comunidad.

Resolución 376 alcaldía de Baruta. El 17 de octubre de 2013, María Gabriela Mirabal denunció a su vecino José Di Mase ante la dirección de Ingeniería Municipal de Baruta, por la construcción de una tercera planta en su pent house. Cuatro años después, lo sancionaron con una multa y le ordenaron demoler las obras. Con esta denuncia empezó el enfrentamiento entre María Gabriela y Di Mase, quien presuntamente actúa en complicidad con el hermano de ella. Él lo niega.
El
10 de octubre de 2014 una subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Civiles,
Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía auxiliar del poder judicial) de otra
jurisdicción se presentó, sin orden de aprehensión ni otros recaudos, en la
residencia de María Gabriela Mirabal. Así consta en la decisión Juez 19º de
Control del Área Metropolitana de Caracas, al desestimar la denuncia de Di Mase.
En ese documento, el juez llega a afirmar que se trató de un caso de
“terrorismo judicial”.
En
esa ocasión, cuando tocaron a su puerta y ella vio lo que parecían ser
funcionarios del Cicpc, no dudó un segundo en abrir. Inmediatamente los hombres
la tomaron por las manos, la esposaron, le cubrieron el rostro y la montaron en
una camioneta.
La
presentaron en el tribunal 19 de control, donde le hicieron la imputación de
hurto agravado y le dieron régimen de presentación cada quince días. “El
secuestro”, como ella ha insistido en llamarlo, fue el primero de una serie de
eventos más que desafortunados, detrás de los que María Gabriela –insiste– está
Di Mase en complicidad con el hermano que ha denunciado por tantos
años.
Unos
días después, el 5 de noviembre de 2014, la fiscalía 135 del área metropolitana
de Caracas prohibió a Di Mase el acercamiento a María Gabriela. “Por considerar
que la integridad física y psicológica de la ciudadana denunciante podría verse
afectada ante los hechos denunciados por la misma, y vista la verosimilitud de
los mismo (sic), resulta idónea esta Medida (sic) a los fines de proteger su
integridad física y salud mental, esto con la finalidad de evitar futuros actos
de violencia”, reza el documento.
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En
un texto que circuló por esas fechas, y cuya autoría confirmó a este medio Di
Mase, el empresario de 35 años de edad relató una sucesión de presuntos actos
vandálicos que atribuye a María Gabriela Mirabal. Aseguró que los objetos
robados se habían recuperado por medio de un allanamiento, “en el cual resultó
detenida (María Gabriela) por varios días por las autoridades”. Aquel
allanamiento al inmueble de María Gabriela sí se hizo con una orden, en enero de
2015, pocos días antes de la desestimación de la denuncia de Di
Mase.
Pero,
después de este hecho, la directora general de la oficina de Atención a la
Ciudadanía del Ministerio para la Mujer y la Igualdad de Género, Aracelis
Zapata, emitió una comunicación dirigida a la fiscalía 135, en la que solicita
“se tomen consideraciones del caso” de María Gabriela, y asegura que “la
situación (la) perjudica emocional, física y psicológicamente por sentir miedo
al enfrentarse al ciudadano (Di Mase) que la agrede en las
escaleras”.
En
el texto que divulgó por aquellas fechas, Di Mase aseguró que su vecina, Mirabal
era la que tenía una “actitud violenta”. Cosa que reafirmó en septiembre de
2017, pocos meses antes de abandonar el inmueble en el que María Gabriela aún
permanece, cuando la denunció por segunda vez, alegando que ella presuntamente
le había sacado una pistola y que le había roto la cabeza a su
escolta.
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Flashback
Alguna
vez María Gabriela, la mayor de los cuatro hermanos Mirabal Castro y la
contestataria de la familia, defendió a Gustavo Adolfo, el único varón y segundo
más joven. Fue el día en el que el padre de ambos, el ex ministro y ex
gobernador del Distrito Federal, Gustavo Mirabal Bustillos, actual presidente
del Instituto de Previsión Social del Parlamentario en la opositora Asamblea
Nacional, descubrió que, como muchos adolescentes, Gustavo Adolfo se llevaba su
carro sin pedirle permiso para salir de casa. En medio de la acalorada
discusión, el entonces joven Gustavo Adolfo arrojó una pecera al
piso.
—¡Dejalo,
papá! —le gritaba María Gabriela a su padre, mientras recogía a los peces del
suelo.
El
matrimonio, conformado por una notario convertida en registradora y el
prominente político del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), solía
ser más estricto con sus tres hijas mujeres. Ellas sobresalieron en sus estudios
mientras a Gustavo Adolfo lo expulsaron de los Institutos Educacionales
Asociados (IEA), mejor conocido como El Peñón, el colegio privado donde
estudiaron los hermanos Mirabal Castro y otros miembros de la familia Mirabal.
Dicen que tampoco le fue bien en el colegio militar al que lo mandaron después,
en los Estados Unidos, ni en la Universidad Santa María, en Caracas, donde
estudió Derecho.
—Tú
no le estás haciendo bien a Gustavo Adolfo —le reclamaba María Gabriela a su
padre.
Con
el mismo tesón, algunos años después lo confrontaría con las pruebas que iba
recopilando del súbito y exagerado enriquecimiento de su hermano, que el padre
insistía en negar. María Gabriela consideraba innecesario lo que hacía su
hermano. Y es que los Mirabal Castro vivían bien. En 1968, cuando el
tío adeco –como llaman en Venezuela a los militantes de AD–
Gonzalo Barrios Bustillos –quien fuera gobernador, secretario general de la
Presidencia, ministro y presidente del Congreso– perdió las elecciones
presidenciales contra el expresidente venezolano Rafael Caldera, la familia
Mirabal Castro se fue a vivir por cinco años a los Estados Unidos. Los padres
estudiaron con becas del Estado y los hijos aprendieron inglés. En Venezuela la
familia disfrutaba en clubes exclusivos, como Los Cortijos, en Caracas, o Playa
Azul, en el estado de Vargas. En el primero, Gustavo Adolfo practicaba
equitación desde pequeño, una pasión que llevaría a otro nivel al convertirse en
propietario del extravagante centro de entrenamiento ecuestre G&C Farm, en
Estados Unidos.
Pero
para eso aún faltaba algo de tiempo. Faltaba que, según la denuncia que ha
repetido su hermana, Gustavo Adolfo aprovechara sus relaciones con la alta
sociedad venezolana y sus habilidades para expresarse y se convirtiera en ese
“peaje” para la obtención de dólares preferenciales.
Los
Mirabal Castro pasaban todas las navidades juntos. Compartían en todos los
cumpleaños. Pero a medida que Gustavo Adolfo se enriquecía más y se relacionaba
con las altas esferas del poder, las reuniones familiares eran más
conflictivas.
—¡El
pueblo está sufriendo! —le reclamaba María Gabriela a su
hermano.
Las
celebraciones en fechas especiales comenzaron a ser cada vez más excéntricas y
los invitados más pintorescos. Ella dejó de ir a esos eventos y ellos dejaron de
invitarla. Por eso se perdió, entre otras cosas, la oportunidad de pasar una
Navidad en la ciudad canadiense de Whistler, de esquiar con sus hijos y luego
relajarse en el lujoso hotel que su hermano reservó exclusivamente para la
familia.
Y
entonces María Gabriela quedó excluida de toda una familia que, ha dicho, está
extasiada con las “ayudas” millonarias de Gustavo Adolfo: viajes, apartamentos,
camionetas y otras que no se pueden rechazar con facilidad, como tratamientos
médicos. Entonces María Gabriela se quedó sola, y fue acusada por su familia más
cercana de estar loca.
En
un blog que lleva su nombre, y cuyo contenido lo enaltece como un “hombre de
admirar”, hay un texto en el que se busca desacreditar con esa línea argumental
a María Gabriela: “Entre
los obstáculos que ha tenido que vencer Gustavo, podemos mencionar que recibió
injustas acusaciones de su propia hermana. Sin embargo, es conveniente aclarar,
que este familiar sufre de inestabilidad emocional. Padecimiento que fue
diagnosticado en el año 2009. (…) Vale reconocer el esfuerzo de Gustavo Mirabal
para evitar un enfrentamiento directo con su hermana, para evitar lastimarla,
aun siendo agredido públicamente”.

Utilizando diversos medios, la familia de María Gabriela ha divulgado que ella padece de inestabilidad emocional. Ella dice que la quieren desestimar.
Audios que circularon por las redes sociales poco antes del acto de imputación de María Gabriela y después de la confesión de Andrade, supuestamente grabados por sus hijos, respaldan esa posición. Ella, sin embargo, insiste en que nunca ha estado internada en una institución psiquiátrica y que pretenden anularla como testigo en el juicio de Andrade en los Estados Unidos, en el que ha servido como colaboradora directa del senador estadounidense Marco Rubio, en calidad de testigo.
Este
20 de noviembre, cuando finalmente Andrade se declaró culpable por lavado de
dinero, María Gabriela no celebró como se imaginó tantos años que celebraría. De
hecho, lloró. Aún resiente el haber quedado excluida de su familia. Y aunque
seguramente esta semana ha soñado con refugiarse
en Cunaviche, la casa de sus abuelos paternos –que en vida visitó,
entre otros, el considerado padre de la democracia venezolana, Rómulo
Betancourt–, María Gabriela se mantiene firme en sus convicciones en aquel
apartamento en el que ya no están ni sus hijos ni el vecino con el que
contiende, pero sí un perro maltés llamado Dalí, el único ser que la
acompaña desde
hace dos años.