El ajedrez de los contratos entre Kirchner y Chávez

Al calor de las buenas relaciones entre Caracas y Buenos Aires se creó un club muy especial. Sus prestigiosos miembros argentinos, con la buena lid de los poderosos, se hicieron acreedores de jugosos contratos para obras de construcción e ingeniería –y hasta la generación de energía nuclear- en ambos países, mientras el presidente Hugo Chávez concentraba sus aspiraciones en el Mercosur y, su homólogo argentino, Néstor Kirchner, hacía todo lo posible por mantenerse en el poder de una de las regiones más grandes del cono sur.
Maletas
de favores iban y venían, en efectivo, ninguna reclamada, alguna decomisada. Las
instituciones oficiales saltaban los flancos legales y, en un sensible límite,
se idearon estrategias para multiplicar los recursos para impulsar el proyecto
bolivariano en Latinoamérica.
Se
crearon los bonos del Sur en la época de mayor bonanza venezolana y este alivió
el despeñadero económico que se asomaba en Argentina arriesgando el esfuerzo del
matrimonio Kirchner por perpetuarse en la silla presidencial. Entre el 2003 y el
2013 se firmaron cientos
de acuerdos de cooperación amparados en un fideicomiso financiero
–de
2004– en el que se intercambiaba petróleo por productos y que, hasta el sol de
hoy, es un hueco negro donde el dinero entraba sin tener claro su destino final.
Así se manejaron al menos 2.000 millones de dólares.
Cada
país tenía sus operadores para esta maquinaria. En Argentina, la mano derecha de
la trama era Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación entre 2003 y 2015 quien hoy ostenta la función de
“pieza clave” en la investigación de corrupción conocida como los “cuadernos de
las coimas”.
En
Venezuela se repiten los nombres de quienes manejaron también durante año la
economía del país: el ex presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael
Ramírez, el ex presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes y el
ex ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodríguez Araque.

Ex ministro del Banco Central de Venezuela y mencionado como uno de los promotores de los negocios poco transparentes entre Argentina y Venezuela.
El largo enroque argentino-venezolano
La
empresa cordobesa Electroingeniería se anotó en las grandes junto a los
Kirchner. En 2004 fue su gran salto a la fama y uno de sus socios se transformó
en el operador principal del “club de la obra pública”. En pocos años,
diversificaron sus operaciones y se dedicaron a todo tipo de contratos de
ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de grandes infraestructuras
y servicios electromecánicos, civiles, de arquitectura, viales, de saneamiento y
otras especialidades. Además, compraron medios de comunicación, construyeron un
aeropuerto en su natal Córdoba e ingresaron al negocio de la industria nuclear.
Con
las mieles del éxito por los negocios kirchneristas, la empresa de Gerardo
Ferreyra y Osvaldo Acosta movieron sus piezas hacia Venezuela. Junto a sus
asociadas Inelectra S.A. y Sener Argentina S.A. se adjudicaron, en 2009, la
construcción de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado Termozulia III, a
unos 20 kilómetros de Maracaibo y cuyo presupuesto inicial fue de 760 millones
de dólares. Además, los acuerdos de cooperación entre ambas naciones
contemplaron un programa de trabajo entre la recién creada Corporación Eléctrica
Nacional (Corpoelec) y el Grupo de Empresas Argentina conformado por
Electroingeniería e IECSA, fechado en 2010.
Desde
la vicepresidente de Electroingeniería, Ferreyra consiguió el apadrinazgo de su
antiguo compañero de celda, Carlos Zannini, amigo, ideólogo del kirchnerismo y
ex secretario legal y técnico de la presidencia entre 2003 y 2015, muy cercano a
De Vido. Para el 2009, crea el Grupo Eling y el holding sumaba 5 participaciones
societarias, al menos 18 empresas y presencia en 8 países. En Caracas la
representaba la compañía Eisa Venezuela S.A.
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En
un tris se cubrió de gloria al obtener licitaciones de importantes obras,
desplazando a grandes de la construcción. Pero estas no quedaron desamparadas y
con movimientos certeros en el tablero de ajedrez entraron en los negocios del
“club de la obra pública”.
Esta
dinámica de asignación de contratos es descrito en la resolución
de la causa N° 9.608/2018 por los “cuadernos de las coimas” que lleva el Juzgado
Criminal y Correccional Federal N° 11, con fecha de 17 de septiembre de 2018, y
que aún permanece abierta. Se lee:
“Las
personas que estaban a cargo de las firmas (…) “José Cartellone Construcciones
Civiles S.A.”, “Vialco S.A.” y
“Grupo Eling S.A.” -Jorge Guillermo Neira, Gerardo Luís Ferreyra y Osvaldo
Antenor Acosta-, entre otras, participaron, entre otros empresarios y empresas,
en las maniobras mediante las cuales estas fueron beneficiadas de modo espurio
con contratos para realizar obra pública básicamente ligada a la energía,
aproximadamente entre los años 2003 y 2015.
Los
responsables de dichas empresas acordaban a cuál le correspondía cada obra y
debían entregar aproximadamente entre el 10 y el 20 por ciento del valor de la
contratación a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal de la
Nación, entre los que se encontraban Ernesto CLARENS, como intermediario, Nelson
LAZARTE, Roberto BARATTA y a José LÓPEZ, quienes luego se lo daban a Julio
Miguel DE VIDO, Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet
FERNÁNDEZ.-”
El
acercamiento de las empresas de Ferreyra al presidente argentino fomentó el
crecimiento de la operación. Tenía la capacidad de mover los peones y dejar
libre otras jugadas para sus competidores, los cuales debían sumarse si querían
seguir negociando contrataciones de alto valor en el sector energético.
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Industrias
Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), dedicada al área
de ingeniería y construcción, licitó en varios proyectos locales de envergadura
sin ningún éxito. De acuerdo a las declaraciones de uno de sus ex directivos,
Francisco Valenti, “de
todos estos proyectos hidroeléctricos no ganamos ninguno, siendo que somos la
única empresa que tenemos la expertis hidroeléctrica. Durante el gobierno de los
Kirchner sólo obtuvimos dos contratos”.
IMPSA
había ganado la primera licitación de las represas del sur de Argentina, en 2008
y revalidada meses después ese mismo año. La haría en asociación con Odebrecht
bajo la figura de Unión Transitoria de Empresas (UTE). Fue cancelada en febrero
de 2009 por el gobierno y, en 2010, se hizo otro llamado a competir donde
resultaron nuevamente seleccionados. Con contrato firmado, les fue revocado en
2012 y adjudicado a Electroingeniería junto a una aliada china. Por esta obra,
la empresa de Acosta y Ferreyra es mencionada en una nueva causa judicial (CAUSA
01/08/18 O 08/2013).
Pero
esta no es la única causa en la que se nombra a Electroingeniería. También en la causa 18579-0 del
17/10/10, por el caso de Skanska S.A. y las facturas falsas para el cobro de
comisiones en el gasoducto del sur. Fue una de las cuatro empresas adjudicadas,
junto a Odebrecht y Technit. Aunque esta investigación judicial fue paralizada
por años, de nuevo salió a la luz con la imputación a De Vido por los delitos de
administración fraudulenta y cobro de sobornos.
Cuando
a los miembros del club se les agotaba el fuelle en Argentina, terminaban en
Venezuela. Asfixiados por las maniobras gubernamentales de De Vido y sus aliados
pero contando con el lobby que les proveía la cercanía con los Kirchner, la
“revolución bolivariana” abrió sus puertas a empresas argentinas. En 2006, IMPSA
firmó contrato con Electricidad del Caroní (EDELCA) para rehabilitar y
repotenciar la central hidroeléctrica Macagua, por unos 150 millones de dólares
y para la construcción del laboratorio hidráulico por 50 millones de dólares, de
acuerdo a uno de sus directivos. Tres años después, la obra había consumido 353
millones de dólares.
Paralelamente,
participaron y le ganaron a importantes empresas trasnacionales la licitación
para fabricar y montar las turbinas del complejo hidroeléctrico Manuel Piar en
la represa de Tocoma, al sur de Venezuela, cuya construcción llevaba la
brasilera Odebrecht, con quien se reencuentra luego del revés con la
contratación de las represas de Argentina. Tocoma, no solo tuvo un sobreprecio
de 3.000 mil millones de dólares sino que IMPSA entregó solo una de las 10
turbinas que prometía.
A
pesar de haber logrado contrataciones en Venezuela, el ex directivo de IMPSA,
Francisco Valentin, aseguró durante
sus declaraciones al juez Claudio Bonadio por la causa judicial de los cuadernos
de las coimas, que nunca pudo librarse de la influencia de De Vido y sus
secuaces. Aseguró que debía hacer aportes para “regularizar” los pagos del
gobierno de Venezuela, en 2007.
“Interfirieron
en los pagos, nos demostraron su poder, los retrasaron en algunos casos entre
120 y 300 días. Esa interferencia se materializaba exponiendo la estrecha
relación que tenía Cristina FERNANDEZ con Hugo CHAVEZ. Luego también nos
amenazaron con que iban a interferir en la firma del acuerdo de TOCOMA, y que
efectivamente pasó, porque estuvo en el limbo durante todo el año 2007 hasta que
finalmente se firmó en 2008. Ese stress financiero llevó a la compañía a ceder a
las exigencias indebidas. Literalmente una extorsión”, afirmó.
De
Vido no solo se llevó el cobro de sobornos –que está siendo investigado en
distintos procesos judiciales– sino se apropió de un terreno fértil para los
negocios.
“Venezuela
es de De Vido… y de Néstor”,
es una poderosa frase con que el periodista argentino Luis Majul, en su libro El
Dueño, relata el episodio de la “embajada paralela” existente en Caracas y los
acuerdos bilaterales manejados por Claudio Uberti, cuando aún investía como
funcionario del organismo vial sureño y era conocido como “el señor de los
peajes”, en el 2003. Las palabras provenían de la boca del canciller argentino
Rafael Bielsa quien se desentendía de las negociaciones políticas y en ese
entonces aclaraba: “Venezuela no es mi
responsabilidad ni mi problema”.
Entre Macagua y Tocoma corrió mucha agua
Tocoma
quedó en el olvido
de la justicia venezolana con un presupuesto inicial que se ubicaba en 3.000
millones de dólares en 2007 y seis años después ascendió a 7.000 mil millones.
Tras erogaciones de más de 10.000 millones de dólares nunca se concluyó,
convirtiéndose en uno de los “elefantes blancos” más vergonzosos de la
administración revolucionaria. Odebrecht e IMPSA se responsabilizaron mutuamente
por el fracaso.
En
2012, Enrique Pescarmona, dueño de IMPSA, agradecía a Hugo Chávez la posibilidad
de trabajar en el país y junto a Julio De Vido acompañaban al presidente
venezolano en un sobrevuelo sobre el Caroní donde se proyectó la represa. No
asomó los problemas que han venido detallando con el pasar de los años y ahora,
cuando se encuentra en jaque por la justicia argentina, Pescarmona admite que
pagó sobornos por casi 3 millones de dólares para que fluyeran los negocios con
Venezuela y hasta lloró por “vergüenza”. Lo cierto es que ha perdido el control
del 65% de su empresa.
Como
arrepentido en la causa de los “cuadernos de las coimas” advirtió los
movimientos en el tablero a cargo de De Vido. No solo se trataba de pagos,
aseguró Pescarmona, sino también la exigencia de traspaso de acciones de IMPSA.
Contó al juez Bonadio sobre las amenazas que siguieron a la frase “vos necesitas
un socio”.
“Vengo
con un mensaje de la corona, o te asocias o te asocias”, contó
Pescarmona al juez que le dijo De Vido. “Siempre aparecía alguien de ellos pidiendo
el 10 o el 15 por ciento de las obras. Me parecía totalmente increíble que nos
pidieran esas sumas, más cuando el margen de ganancia era del orden del 5 por
ciento”.
Pese
a la expansión de IMPSA a nivel internacional, cuando no cedía a las peticiones
del matrimonio presidencial eran subyugados y los contratos traspasados a otras
empresas como ocurrió en reiteradas oportunidades con Electroingeniería.
Para
conseguir la licitación de Macagua, en 2006, el dueño de IMPSA admitió pagar 200
mil dólares en una transacción viciada. El gran operador, José Ernesto
Rodríguez, fue el gerente de desarrollo de la industria de Pescarmona por 10
años y quien
firmó el contrato en representación de la empresa.
Tuvo un rápido ascenso en Caracas y demostró una trayectoria en los negocios que
decidió poner a prueba alejado de IMPSA.
En
2007 fundó Madero Trading, el mismo año del escándalo de la valija, cuando se
descubrió una maleta con 800 mil dólares en efectivo que viajó desde Caracas a
Buenos Aires, en un vuelo particular de la delegación argentina-venezolana
conformada por Claudio Uberti y otros funcionarios y que fue decomisada,
asomando así los negocios entre ambas naciones. Madero Trading fue señalada por
actuar como intermediaria y cobrar el 3% a las corporaciones argentinas que
aspiraban entrar comercialmente en Venezuela.
Lo
cierto es que Pescarmona tenía sus apuestas muy altas en Venezuela y con Tocoma
no podía darse el lujo de perder.
En
enero de 2012, Chávez finalizaba su alocución con una matemática simple de los
ingresos petroleros:
-
1.189
millones de bolívares para la Central
Manuel Piar. ¿Hay unas deudas contigo Pescarmona? Sí. Bueno, hay unas deudas con
Pescarmona.
-
Y además de eso 145,8 millones de dólares, además de los bolívares. ¡Dios mío! Y
para Termozulia, 215,3 millones de bolívares.
-
Este es mi librito, la platica, la platica. Vamos a ver, vamos a sacar esto por
el Fondo Miranda, los bolívares. Aprobado. ¡Páguenle a Pescarmona! Y con esto
aceleramos más, ¿verdad Pescarmona? Aceleramos más
¿no?
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Durante
el chavismo, IMPSA amplió su participación en distintos convenios: el 23 de
julio de 2004 firmó una declaración conjunta con CVG Edelca; el 28 de julio de
2005 la alianza estratégica fue con Dique y Astilleros Navales de Venezuela
DIANCA; el 2 de noviembre de 2005 se estableció contrato con CVG Edelca; el 11
de agosto de 2009 firmó un Memorándum de Entendimiento con PDVSA Industrial,
S.A. que proponía un proyecto de parques eólicos en Falcón y una fábrica de
autogeneración.
El
20 de abril de 2010 anunció el Programa de trabajo con Corpoelec, para el
desarrollo de un parque de generación eólica en la zona de La Guajira, en el
estado Zulia y firmó una carta de intención para proveer suministros de
servicios, equipos y materiales eléctricos; además, repotenciar las turbinas de
la Central Hidroeléctrica del Guri. Para esa misma fecha, estableció el Convenio
de Asociación fue con PDVSA Industrial, S.A. para la fabricación, ensamblaje y
comercialización de aerogeneradores de alta potencia conexos al sector de
energías renovables.
La maniobra bilateral
Aunque
toda la maquinaria para conseguir contratos parecía una sociedad secreta de De
Vido y otros funcionarios, a medida que empezó a circular el dinero se fueron
incorporando otros actores.
Dentro
del esquema de recolección de sobornos destaca el argentino Claudio Uberti,
también investigado en la causa de los “cuadernos de las coimas”. Fue ex
directivo de la Organización de Control de Concesiones Viales (Occovi) entre
2003-2007 y principal involucrado en el incidente de la valija. Ante el juez
Bonadio confesó recientemente el entramado bilateral de pagos y recolección de
fondos empresariales.
Ya
ha pasado más de una década desde que había sido mencionado por el ex embajador
argentino en Venezuela entre el 2002 y 2005, Eduardo Sadous, de llevar labores
diplomáticas “paralelas” y acordar los encuentros empresariales entre ambas
naciones. Sadous fue sacado y Uberti promovido después del escándalo de los
800.000 dólares, siendo aún más cercano al kirchnerismo y el chavismo.
Uberti
fue descrito
como el “gestor” de los negocios y Rodríguez (de Madero Trading y ex gerente de
IMPSA) como el “recaudador”. Su cercanía a los negocios de Kirchner y Chávez no
sorprende desde hace más de una década.

Testimonio de identidad reservada de caso judicial que llevó el juez Julián Ercolini, publicado en Tribuna de Periodistas.
Los
cuadernos que llevó detalladamente el chofer de Roberto Baratta, mano derecha de
Julio De Vido, describió una operación de sobornos en los gobiernos de los
Kirchner. El primero empezó a escribirse el 23 de marzo 2005 y el último, el 03
de noviembre de 2015. Entre octubre de 2010 y 2013 no hubo anotaciones. El
diario argentino La
Nación
publicó su contenido y la justicia se ha encargado de citar a los
involucrados.
Hasta
la fecha, más de una veintena de altos representantes corporativos argentinos
han desfilado ante el juez Bonadio –quien ha manejado al menos cinco causas en
contra de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner– y el fiscal Carlos
Stornelli. Al menos 52 imputados que, al sentirse expuestos, algunos se han
acogido al beneficio del arrepentimiento legal que le da la opción de reducir la
pena a cambio de cooperar con datos certeros de la operación.
En
la resolución de la causa se lee que casi todos confesaron que conocían la
maniobra del gobierno kirchnerista de entregar grandes sumas de dólares en
efectivo a cambio de privilegios o transacciones preferenciales.

La mano derecha del matrimonio Kirchner fue Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación entre 2003 y 2015.
No
solo ganaron en su país natal sino que sumaron ceros en sus cuentas gracias a
los jugosos contratos con Venezuela. De las mencionadas, las constructoras más
grandes de Argentina tuvieron la puerta abierta en el chavismo: Techint (antiguo
SIDOR), las cordobesas Electroingeniería y Roggio, IECSA que perteneció a un
primo del actual presidente Mauricio Macri, Isolux Corsán, Esuco, la mendocina
IMPSA.
La
caza de Bonadio ha avanzado en el “mate de la coz”. Así como el rey no puede
escapar del ataque de su adversario porque se encuentra rodeado de sus propias
piezas, Cristina Kirchner hoy está acorralada por quienes fueron sus allegados.
La investigación está en proceso, junto a otras que se han retomado como la del
caso de Antonini Wilson (el portador de la famosa maleta de dinero) cuya causa
no ha prescrito aún. Uberti fue llamado a declarar por otro juez en lo penal
económico porque el hecho se vincula “al contrabando y lavado de activos con
sobornos transnacionales”.
El
ex funcionario Roberto Baratta, jefe del chofer que escribió los cuadernos, en
su última declaración criticó con dureza la poca lealtad de los miembros del
club. Él, por su parte, defendió a su jefe, Julio De Vido, y hasta afirmó que
colocaría las manos en el fuego en su defensa. Sin embargo, contra los
arrepentidos de Pescarmona y Valenti (de IMPSA) dijo que eran unos “mentirosos
profesionales”.
En
este juego de poder, las piezas negras y blancas siguen haciéndose jaque sin el
mate definitivo que le permite a la defensa de Cristina de Kirchner una posición
evasiva. “Los arrepentidos se contradicen entre sí, cambian sus versiones, dicen
una cosa en esta causa y lo contrario en otra causa”, señalan sus abogados.

Hugo Chávez y el matrimonio presidencial Kirchner fueron grandes aliados en los negocios, en la época de mayor bonanza venezolana que alivió el despeñadero económico que se asomaba en Argentina.
Con
la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, Argentina cerró el fideicomiso
con Venezuela que suscribieron Néstor Kirchner y Hugo Chávez durante una década.
Era administrado por PDVSA y el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes).
Tenía una cuenta en el banco suizo UBS que fue cerrada ante la poca
transparencia de las operaciones que hubo con dos empresas, entre ellas Madero
del Plata S.A. (ex Madero Trading).
De
ese fideicomiso salió y entró dinero a capricho de los interesados. Poco antes
de que fuera retirado del cargo de embajador en Caracas, Sadous explicó al
canciller argentino la maniobra del manejo de dinero, según relata el periodista
Luis Majul en su libro:
“No
era que habían desaparecido. Lo que hicieron fue tomar los 91.300.000 dólares,
ingresarlos a Venezuela, negociarlos en el mercado paralelo... ¡e hicieron una
diferencia de aproximadamente trece millones de dólares! Una vez que lo
concretaron, devolvieron el dinero a la cuenta de Nueva York, como si no hubiese
pasado nada”.
De
Vido acertó a decir: Es probable que haya
sido un error, producto de nuestra inexperiencia. No te olvides de que es el
primer fideicomiso que hicimos.

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