El ajedrez de los contratos entre Kirchner y Chávez

La empresa cordobesa Electroingeniería se anotó en las grandes junto a los Kirchner. En 2004 fue su gran salto a la fama y uno de sus socios se transformó en el operador principal del “club de la obra pública”. En pocos años, diversificaron sus operaciones y se dedicaron a todo tipo de contratos de ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de grandes infraestructuras y servicios electromecánicos, civiles, de arquitectura, viales, de saneamiento y otras especialidades. Además, compraron medios de comunicación, construyeron un aeropuerto en su natal Córdoba e ingresaron al negocio de la industria nuclear.

Con las mieles del éxito por los negocios kirchneristas, la empresa de Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta movieron sus piezas hacia Venezuela. Junto a sus asociadas Inelectra S.A. y Sener Argentina S.A. se adjudicaron, en 2009, la construcción de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado Termozulia III, a unos 20 kilómetros de Maracaibo y cuyo presupuesto inicial fue de 760 millones de dólares. Además, los acuerdos de cooperación entre ambas naciones contemplaron un programa de trabajo entre la recién creada Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y el Grupo de Empresas Argentina conformado por Electroingeniería e IECSA, fechado en 2010.

Desde la vicepresidente de Electroingeniería, Ferreyra consiguió el apadrinazgo de su antiguo compañero de celda, Carlos Zannini, amigo, ideólogo del kirchnerismo y ex secretario legal y técnico de la presidencia entre 2003 y 2015, muy cercano a De Vido. Para el 2009, crea el Grupo Eling y el holding sumaba 5 participaciones societarias, al menos 18 empresas y presencia en 8 países. En Caracas la representaba la compañía Eisa Venezuela S.A.

En un tris se cubrió de gloria al obtener licitaciones de importantes obras, desplazando a grandes de la construcción. Pero estas no quedaron desamparadas y con movimientos certeros en el tablero de ajedrez entraron en los negocios del “club de la obra pública”.

Esta dinámica de asignación de contratos es descrito en la resolución de la causa N° 9.608/2018 por los “cuadernos de las coimas” que lleva el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, con fecha de 17 de septiembre de 2018, y que aún permanece abierta. Se lee:

“Las personas que estaban a cargo de las firmas (…) “José Cartellone Construcciones Civiles S.A.”,  “Vialco S.A.” y “Grupo Eling S.A.” -Jorge Guillermo Neira, Gerardo Luís Ferreyra y Osvaldo Antenor Acosta-, entre otras, participaron, entre otros empresarios y empresas, en las maniobras mediante las cuales estas fueron beneficiadas de modo espurio con contratos para realizar obra pública básicamente ligada a la energía, aproximadamente entre los años 2003 y 2015.

Los responsables de dichas empresas acordaban a cuál le correspondía cada obra y debían entregar aproximadamente entre el 10 y el 20 por ciento del valor de la contratación a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, entre los que se encontraban Ernesto CLARENS, como intermediario, Nelson LAZARTE, Roberto BARATTA y a José LÓPEZ, quienes luego se lo daban a Julio Miguel DE VIDO, Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ.-”

El acercamiento de las empresas de Ferreyra al presidente argentino fomentó el crecimiento de la operación. Tenía la capacidad de mover los peones y dejar libre otras jugadas para sus competidores, los cuales debían sumarse si querían seguir negociando contrataciones de alto valor en el sector energético.

Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), dedicada al área de ingeniería y construcción, licitó en varios proyectos locales de envergadura sin ningún éxito. De acuerdo a las declaraciones de uno de sus ex directivos, Francisco Valenti, “de todos estos proyectos hidroeléctricos no ganamos ninguno, siendo que somos la única empresa que tenemos la expertis hidroeléctrica. Durante el gobierno de los Kirchner sólo obtuvimos dos contratos”.

IMPSA había ganado la primera licitación de las represas del sur de Argentina, en 2008 y revalidada meses después ese mismo año. La haría en asociación con Odebrecht bajo la figura de Unión Transitoria de Empresas (UTE). Fue cancelada en febrero de 2009 por el gobierno y, en 2010, se hizo otro llamado a competir donde resultaron nuevamente seleccionados. Con contrato firmado, les fue revocado en 2012 y adjudicado a Electroingeniería junto a una aliada china. Por esta obra, la empresa de Acosta y Ferreyra es mencionada en una nueva causa judicial (CAUSA 01/08/18 O 08/2013).

Pero esta no es la única causa en la que se nombra a Electroingeniería.  También en la causa 18579-0 del 17/10/10, por el caso de Skanska S.A. y las facturas falsas para el cobro de comisiones en el gasoducto del sur. Fue una de las cuatro empresas adjudicadas, junto a Odebrecht y Technit. Aunque esta investigación judicial fue paralizada por años, de nuevo salió a la luz con la imputación a De Vido por los delitos de administración fraudulenta y cobro de sobornos.

Cuando a los miembros del club se les agotaba el fuelle en Argentina, terminaban en Venezuela. Asfixiados por las maniobras gubernamentales de De Vido y sus aliados pero contando con el lobby que les proveía la cercanía con los Kirchner, la “revolución bolivariana” abrió sus puertas a empresas argentinas. En 2006, IMPSA firmó contrato con Electricidad del Caroní (EDELCA) para rehabilitar y repotenciar la central hidroeléctrica Macagua, por unos 150 millones de dólares y para la construcción del laboratorio hidráulico por 50 millones de dólares, de acuerdo a uno de sus directivos. Tres años después, la obra había consumido 353 millones de dólares.

Tocoma quedó en el olvido de la justicia venezolana con un presupuesto inicial que se ubicaba en 3.000 millones de dólares en 2007 y seis años después ascendió a 7.000 mil millones. Tras erogaciones de más de 10.000 millones de dólares nunca se concluyó, convirtiéndose en uno de los “elefantes blancos” más vergonzosos de la administración revolucionaria. Odebrecht e IMPSA se responsabilizaron mutuamente por el fracaso.

En 2012, Enrique Pescarmona, dueño de IMPSA, agradecía a Hugo Chávez la posibilidad de trabajar en el país y junto a Julio De Vido acompañaban al presidente venezolano en un sobrevuelo sobre el Caroní donde se proyectó la represa. No asomó los problemas que han venido detallando con el pasar de los años y ahora, cuando se encuentra en jaque por la justicia argentina, Pescarmona admite que pagó sobornos por casi 3 millones de dólares para que fluyeran los negocios con Venezuela y hasta lloró por “vergüenza”. Lo cierto es que ha perdido el control del 65% de su empresa.

Como arrepentido en la causa de los “cuadernos de las coimas” advirtió los movimientos en el tablero a cargo de De Vido. No solo se trataba de pagos, aseguró Pescarmona, sino también la exigencia de traspaso de acciones de IMPSA. Contó al juez Bonadio sobre las amenazas que siguieron a la frase “vos necesitas un socio”.

“Vengo con un mensaje de la corona, o te asocias o te asocias”, contó Pescarmona al juez que le dijo De Vido. “Siempre aparecía alguien de ellos pidiendo el 10 o el 15 por ciento de las obras. Me parecía totalmente increíble que nos pidieran esas sumas, más cuando el margen de ganancia era del orden del 5 por ciento”.

Durante el chavismo, IMPSA amplió su participación en distintos convenios: el 23 de julio de 2004 firmó una declaración conjunta con CVG Edelca; el 28 de julio de 2005 la alianza estratégica fue con Dique y Astilleros Navales de Venezuela DIANCA; el 2 de noviembre de 2005 se estableció contrato con CVG Edelca; el 11 de agosto de 2009 firmó un Memorándum de Entendimiento con PDVSA Industrial, S.A. que proponía un proyecto de parques eólicos en Falcón y una fábrica de autogeneración.

El 20 de abril de 2010 anunció el Programa de trabajo con Corpoelec, para el desarrollo de un parque de generación eólica en la zona de La Guajira, en el estado Zulia y firmó una carta de intención para proveer suministros de servicios, equipos y materiales eléctricos; además, repotenciar las turbinas de la Central Hidroeléctrica del Guri. Para esa misma fecha, estableció el Convenio de Asociación fue con PDVSA Industrial, S.A. para la fabricación, ensamblaje y comercialización de aerogeneradores de alta potencia conexos al sector de energías renovables.

Aunque toda la maquinaria para conseguir contratos parecía una sociedad secreta de De Vido y otros funcionarios, a medida que empezó a circular el dinero se fueron incorporando otros actores.

Dentro del esquema de recolección de sobornos destaca el argentino Claudio Uberti, también investigado en la causa de los “cuadernos de las coimas”. Fue ex directivo de la Organización de Control de Concesiones Viales (Occovi) entre 2003-2007 y principal involucrado en el incidente de la valija. Ante el juez Bonadio confesó recientemente el entramado bilateral de pagos y recolección de fondos empresariales.

Ya ha pasado más de una década desde que había sido mencionado por el ex embajador argentino en Venezuela entre el 2002 y 2005, Eduardo Sadous, de llevar labores diplomáticas “paralelas” y acordar los encuentros empresariales entre ambas naciones. Sadous fue sacado y Uberti promovido después del escándalo de los 800.000 dólares, siendo aún más cercano al kirchnerismo y el chavismo.

Uberti fue descrito como el “gestor” de los negocios y Rodríguez (de Madero Trading y ex gerente de IMPSA) como el “recaudador”. Su cercanía a los negocios de Kirchner y Chávez no sorprende desde hace más de una década.

Los cuadernos que llevó detalladamente el chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, describió una operación de sobornos en los gobiernos de los Kirchner. El primero empezó a escribirse el 23 de marzo 2005 y el último, el 03 de noviembre de 2015. Entre octubre de 2010 y 2013 no hubo anotaciones. El diario argentino La Nación publicó su contenido y la justicia se ha encargado de citar a los involucrados.

Hasta la fecha, más de una veintena de altos representantes corporativos argentinos han desfilado ante el juez Bonadio –quien ha manejado al menos cinco causas en contra de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner– y el fiscal Carlos Stornelli. Al menos 52 imputados que, al sentirse expuestos, algunos se han acogido al beneficio del arrepentimiento legal que le da la opción de reducir la pena a cambio de cooperar con datos certeros de la operación.

En la resolución de la causa se lee que casi todos confesaron que conocían la maniobra del gobierno kirchnerista de entregar grandes sumas de dólares en efectivo a cambio de privilegios o transacciones preferenciales.

No solo ganaron en su país natal sino que sumaron ceros en sus cuentas gracias a los jugosos contratos con Venezuela. De las mencionadas, las constructoras más grandes de Argentina tuvieron la puerta abierta en el chavismo: Techint (antiguo SIDOR), las cordobesas Electroingeniería y Roggio, IECSA que perteneció a un primo del actual presidente Mauricio Macri, Isolux Corsán, Esuco, la mendocina IMPSA.

La caza de Bonadio ha avanzado en el “mate de la coz”. Así como el rey no puede escapar del ataque de su adversario porque se encuentra rodeado de sus propias piezas, Cristina Kirchner hoy está acorralada por quienes fueron sus allegados. La investigación está en proceso, junto a otras que se han retomado como la del caso de Antonini Wilson (el portador de la famosa maleta de dinero) cuya causa no ha prescrito aún. Uberti fue llamado a declarar por otro juez en lo penal económico porque el hecho se vincula “al contrabando y lavado de activos con sobornos transnacionales”.

El ex funcionario Roberto Baratta, jefe del chofer que escribió los cuadernos, en su última declaración criticó con dureza la poca lealtad de los miembros del club. Él, por su parte, defendió a su jefe, Julio De Vido, y hasta afirmó que colocaría las manos en el fuego en su defensa. Sin embargo, contra los arrepentidos de Pescarmona y Valenti (de IMPSA) dijo que eran unos “mentirosos profesionales”.

En este juego de poder, las piezas negras y blancas siguen haciéndose jaque sin el mate definitivo que le permite a la defensa de Cristina de Kirchner una posición evasiva. “Los arrepentidos se contradicen entre sí, cambian sus versiones, dicen una cosa en esta causa y lo contrario en otra causa”, señalan sus abogados.

Con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, Argentina cerró el fideicomiso con Venezuela que suscribieron Néstor Kirchner y Hugo Chávez durante una década. Era administrado por PDVSA y el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes). Tenía una cuenta en el banco suizo UBS que fue cerrada ante la poca transparencia de las operaciones que hubo con dos empresas, entre ellas Madero del Plata S.A. (ex Madero Trading).

De ese fideicomiso salió y entró dinero a capricho de los interesados. Poco antes de que fuera retirado del cargo de embajador en Caracas, Sadous explicó al canciller argentino la maniobra del manejo de dinero, según relata el periodista Luis Majul en su libro:

“No era que habían desaparecido. Lo que hicieron fue tomar los 91.300.000 dólares, ingresarlos a Venezuela, negociarlos en el mercado paralelo... ¡e hicieron una diferencia de aproximadamente trece millones de dólares! Una vez que lo concretaron, devolvieron el dinero a la cuenta de Nueva York, como si no hubiese pasado nada”.

De Vido acertó a decir: Es probable que haya sido un error, producto de nuestra inexperiencia. No te olvides de que es el primer fideicomiso que hicimos.