LVA sobre Ciudad Lebrún: “Mi actuación oportuna evitó un daño a la nación”

La historia de la Ciudad Judicial Lebrún comenzó con la idea de crear una ciudad judicial en Caracas, proyecto promovido por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), a cargo de Luis Velázquez Alvaray.
El
18 de julio de 2005 se recibe un primer avalúo, elaborado por el ingeniero Guido
Díaz Fajardo, del inmueble elegido para tal fin: el Centro Profesional D´Lorenz
ubicado en la urbanización industrial Lebrún, calle Los Nardos (Petare),
Municipio Sucre, estado Miranda, costaría 14.743 millones de bolívares (seis
millones 857.000 dólares).
Luego,
el 11 de agosto de 2005, la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia aprueba
la “adquisición y adecuación del Edificio en el Sector Lebrún para la sede del
Módulo Civil 1 por un monto de cincuenta millardos ciento cincuenta y ocho
millones novecientos sesenta y cinco mil ochocientos veintiún bolívares con
noventa y siete céntimos
(Bs.50.158.065.821,97)”.
El
proceso continúa el 16 de agosto de 2005 con la firma de la primera compra-venta
entre la DEM y la empresa Inversiones AZ 2000, C.A. del terreno de 4.314 metros
cuadrados y la edificación de cuatro pisos, correspondiente al Complejo
Profesional D´Lorenz. A los tres días pierde validez cuando se firma una nueva
compra-venta entre ambos de los mismos bienes con un ligero ajuste: se incorporó
la modalidad “llave en mano”, por lo que quedarían las remodelaciones a cargo de
Inversiones AZ 2000, C.A. En esta
segunda ocasión la compra-venta se dividió de la siguiente manera: 14.200
millones de bolívares (seis millones 604.000 dólares) por el terreno y la
edificación pagados a Inversiones AZ 2000, C.A. ese día y 31.268 millones
675.000 bolívares, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que los recibiría la
empresa a través de entregas parciales, finalizando los pagos cuando se hubiese
producido la dotación global del inmueble, teniendo como fecha programada el 31
de diciembre de 2005. Ambos acuerdos
fueron firmados por Antonio Chambra Brouri, vicepresidente de Inversiones AZ
2000, C.A. y Luis Velázquez Alvaray como director de la DEM.
La
lista de contratos firmados no concluyó ahí.
El 15 de septiembre de ese mismo año, Velázquez Alvaray recibe una
comunicación de la empresa Cesca Construcciones, Estudios y Suelos 3624, C.A.
que le recomienda la paralización del Centro Profesional D´Lorenz –según los
documentos presentados en la publicación elaborada por el exmagistrado “Luis
Velázquez Alvaray le responde a Venezuela”-.
Al
poco tiempo, un mes antes de la fecha estipulada para culminar con la
transformación de la edificación, se vuelve a modificar el documento. José
Iglesias Lorenzo, presidente de Inversiones AZ 2000, C.A., y Velázquez Alvaray,
firman el 28 de noviembre de 2005 la eliminación de la ejecución de las obras
bajo la modalidad “llave en mano”, quedando únicamente efectiva la compra del
terreno y del inmueble.
Según
el documento, de los 31,2 millardos de bolívares inicialmente acordados para la
remodelación, el Estado, a través de la DEM, debía pagarle a la empresa por la
“única valuación de obra ejecutada” un monto de dos millardos de bolívares más
IVA, al momento de la protocolización del documento.
Inadmisible
Al
menos tres modificaciones de la compra-venta entre Inversiones AZ 2000, C.A. y
la DEM, la inexistencia de un proceso de licitación y la presencia de la
modalidad “llave en mano” reflejan los documentos que recogen la historia de la
ciudad judicial. El amparo –la defensa- de Velázquez Alvaray ante la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para revertir la decisión del
Consejo Moral Republicano fue declarado inadmisible el 5 de junio de
2006.
Sin
embargo, para Velázquez Alvaray “fue una negociación transparente que yo
ejecuto, pero repito, quien tomó la decisión fue la Sala Plena con 28 votos a
favor de 32 magistrados. Seríamos bastantes los equivocados, pero nada de eso es
cierto”.
En
su defensa refiere que la exclusión del proceso de licitación está basada en
seis normas de carácter legal y siete declaratorias de emergencia por parte de
las máximas autoridades del Poder Judicial en sus respectivos momentos. Pero el Tribunal Supremo de Justicia
consideró este argumento no válido, alegando que “en el caso de las Actas de la
Sala Plena del año 2005, en ninguno de los casos existe una referencia a
declaratoria alguna de emergencia y tampoco existe en el acervo probatorio
aportado en el presente procedimiento, acto motivado que así lo exprese o
justifique”.
Los
registros de Inversiones AZ 2000, C.A. muestran también el perfil de una
compañía que no cumplía con las condiciones ideales para firmar una compra-venta
“llave en mano” de la magnitud del proyecto de la Ciudad Judicial.
Tela que cortar
Los
documentos que narran la historia de Inversiones AZ 2000, C.A. reposan, bajo el
número 50.328, en el Registro Mercantil IV.
La empresa nace el 3 de septiembre de 1999 cuando el panameño Edgar Azrak
y la venezolana Maritza Charr Arslanian la constituyen con el objeto de “compra,
venta, importación, exportación, distribución, almacenaje, representación y
manufactura de artículos de vestir, vestido, calzado y sombrerías y telas y
productos textiles en general, artículos de cuero…”. Es decir, entrarían en el
mercado de las ropas, las telas y los zapatos.
Inversiones
AZ 2000 C.A. comienza con un capital de un millón de bolívares (465 dólares) y
tiene como bienes aportados una Computadora marca JBM Pentium 150, valorada
también por el mismo millón de bolívares. Suman entre los bienes y el capital,
dos millones de bolívares (930 dólares).
Luego la empresa pasaría a manos de quienes firmaron la compra-venta con
la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) en 2005.
Antonio
Chambra, actual dueño de la cadena de tiendas Traki, sustituye en 2002 a Charr
al comprar su 1 por ciento de las acciones. Igual sucede en 2005 –poco antes de
firmar con la DEM- con las acciones de Azrak, cuando José Iglesias Lorenzo,
fundador de otra cadena de descuentos, Pepeganga, adquiere 99% de la compañía y
pasa a ser presidente de la misma.
Entre
1999 y 2005 el capital de la empresa no cambió. Tampoco durante ese período
aparece en sus balances y registro el edificio que llegaría a vender a la
Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Es este el perfil de la empresa que
obtendría una compra-venta y un acuerdo “llave en mano” con la DEM que sumaría
50.158 millones 965.000 bolívares.
De ropa a construcción
El
objeto social de la empresa también cambió un mes y medio antes de firmar el
primer acuerdo con Velázquez Alvaray en representación de la DEM. Fue el
miércoles 28 de junio de 2005, el mismo día que Iglesias Lorenzo adquiere 99% de
las acciones.
Acuerdan
entonces que “la compañía tendrá por objeto todo lo relacionado con inversiones
inmobiliarias, compra, venta, administración, promoción, construcción, refacción
y remodelación de inmuebles e inversión en empresas dedicadas a tal ramo,
celebrar toda clase de contratos y en general podrá realizar cualquier actividad
mercantil lícita que decida la Junta Directiva de la Compañía”.
Es
decir, para la firma de la primera compra-venta entre Chambra como
vicepresidente de Inversiones AZ 2000, C.A. y Luis Velázquez Alvaray, como
Director Ejecutivo de la Magistratura, la empresa solo tenía un mes y medio de
experiencia en el campo inmobiliario y de la construcción. Así mismo, luego de
la firma de la compra-venta con la DEM, la empresa obtiene una fianza por parte
de Proseguros, S.A. (el 4 de octubre de 2005) para la “modalidad llave en mano
(dotación y adecuación del edificio Lebrún Módulo 1)” por Bs. 3.595 millones 896
mil 582, 10% del monto estipulado para la obra: Bs.31.268 millones 665 mil 932
más IVA (15%).
Dos
meses después de haber firmado con la DEM en representación de Inversiones AZ
2000, Antonio Chambra vende su única acción disponible a su hasta entonces
socio, José Iglesias Lorenzo, en una asamblea extraordinaria de accionistas que
tuvo lugar el 14 de octubre de 2005. En el documento que recoge ese acto, se
hace referencia a la transacción de Ciudad Lebrún: “El día de la firma, el señor
Iglesias se vio imposibilitado de asistir, por lo que tuve que otorgar yo el
documento. Fuera de ese acto supletorio, que se limitó a una simple firma de mi
parte, por impedimento del titular, no he realizado ningún otro; y, por tanto,
no he firmado cheque alguno, ni entregado cantidad alguna, ni recibido o
administrado de cualquier otra forma los recursos de la empresa, incluidos los
que esta recibió por la aludida compraventa del inmueble en
Petare”.
Amigos invisibles
Desde
Costa Rica, Luis Velázquez Alvaray afirma que no conoce ni a Chambra ni a
Lorenzo: “No tengo relación con ellos ni conozco a esos señores. No firmé ningún
acuerdo. Apliqué una decisión de Sala Plena aprobada mayoritariamente y te hago
entrega del acta donde se solicita eso. Yo lo que hice fue paralizarlo
inmediatamente, porque se hicieron críticas. Mi actuación oportuna evitó un daño
a la nación”.
La
paralización se realizó un mes antes de la fecha pautada para culminar el
proyecto, tres meses después de la firma de la primera compra-venta. Le
antecedieron dos versiones de contratos, la segunda incluyendo la modalidad
“llave en mano”, por lo que para el momento del punto de freno ya el Estado
había invertido al menos 16.503 millones de bolívares (siete millones y medio de
dólares) en el proyecto de Ciudad Lebrún.
Aunque
Velázquez Alvaray dice no haber “tenido el gusto” de conocer a Chambra e
Iglesias Lorenzo, en los documentos de la compra-venta entre Inversiones AZ
2000, C.A. y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura –papeles que él incluye
en la publicación “Luis Velázquez Alvaray le responde a Venezuela”-, reposan
tanto la firma de Chambra y el exmagistrado como la firma de Velázquez Alvaray e
Iglesias Lorenzo, papeles acompañados por una referencia de notaría en la que se
señala que ambas partes estuvieron presentes al momento de la
firma.
El
caso sigue abierto en Venezuela, mientras que desde Costa Rica el exmagistrado
sostiene que el tiempo le ha dado la razón a las acusaciones que realizó luego
de ser acusado por Jesse Chacón. Señalamientos en cuyo elenco figuraban
autoridades conectadas con el narcotráfico y la extorsión, Arné Chacón como un
banquero que obtuvo depósitos del Estado por sus vínculos con su hermano, así
como la existencia de la “banda de los enanos” dentro del poder judicial, de la
cual el entonces vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, así como
Nicolás Maduro, para ese momento presidente de la Asamblea Nacional, habrían
tenido conocimiento.
Luego
de haber sido declarado improcedente su recurso de amparo, presentado a la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en 2006, Luis Velázquez Alvaray
afirma que “seguramente la justicia llegará” y no piensa hacer nada más por los
momentos.