Invasores acaban con última reserva boscosa del occidente venezolano
Ni siquiera una orden de desalojo presidencial ha podido acabar con la invasión a la Reserva Forestal Caparo, en Barinas, donde al menos 300 personas entraron a comienzos de este año y han arrasado con el bosque y los animales de la zona. Científicos advierten que los ocupantes podrían dañar irreversiblemente el área en unos cuatro años mientras los campesinos de pueblos cercanos aseguran que grupos irregulares y la alcaldesa del municipio Zamora se cuentan entre los beneficiados de esa explotación
El
nombre no pasa desapercibido: “Embajadores
Cristo 777” (EC777) y sus integrantes tampoco. Se trata de decenas de invasores
de tierras que llegaron en enero de este año bajo el estruendo de unas 300
motocicletas al último relicto de bosque que existe en la Reserva Forestal
Caparo (RFC), ubicada entre el Municipio Zamora y Andrés Eloy Blanco, muy cerca
de la frontera con Colombia.
Llegaron
acompañados de tres camiones tritones, con insumos y comida. Una logística que
dejó temor e incertidumbre, polvareda y ruido en lo que para ellos es un bosque,
pero en realidad es una zona de preservación de las especies de flora y fauna
que allí habitan entregada en comodato a la Universidad de Los Andes (ULA) desde
1982 para la investigación y la docencia.
Pero
los “embajadores” ni escuchaban ni daban explicaciones. Apenas decían que
necesitan tierras para producir y al establecerse se hacen llamar Asentamiento
Campesino.
Las
invasiones no son ninguna novedad en la zona. Comenzaron cuando fue creada la
RFC el 2 de febrero de 1961 cuando se contabilizaban algunas ocupaciones
en estos terrenos baldíos. Sin embargo, en el año 1990 el censo de la RFC
registró la existencia de 499 fundos ocupando una superficie de aproximadamente
85.000 hectáreas. Para el año 2000, se calculó que unas 1.350 familias ocupaban
una superficie mayor a 95 mil hectáreas, según un ingeniero forestal de la
Dirección Estadal de Ambiente con injerencia en los municipios Barinas y Zamora.

Imagen satelital de la Reserva Forestal Caparo, de 174.000 hectáreas. La zona terracota a la izquierda corresponde a la Estación Experimental Caparo, de 7.000 hectáreas, cedida en comodato a la ULA.
En
total la RFC tiene una superficie de 180 mil hectáreas y actualmente un 98% de
ese terreno está ilegalmente ocupado, destacó el ingeniero que prefiere
resguardar su identidad.
Allí
se han desarrollado proyectos de investigación, con pasantes de pre grado y de
postgrado. Se han constituido plantaciones forestales y cuenta con un área
conformada por un bosque natural experimental con especies como saqui-saqui,
pardillo negro, caoba, guayabón, peruetamo, marroño, drago, jobo, apamate, una
paleta enorme de especies de importancia ecológica.
Durante
2004 fueron invadidas aproximadamente 900 hectáreas de las 7.000 que forman el
“comodato ULA” o la Estación Experimental Caparo (EEC), un préstamo finito en el
tiempo (15 años, renovables) para la investigación de la universidad que desde
enero, según denuncia el profesor de Ecología y Evaluación de Impacto Ambiental,
José Rafael Lozada, de la Facultad de Ciencias Forestales de la ULA se encuentra
totalmente tomado. El comodato actual dura hasta el año
2022.

Imagen correspondiente a la Estación Experimental Caparo. La zona en amarillo corresponde a la invasión de Palma Pintada ocurrida en 2004.
Los
invasores viven en campamentos improvisados en los sectores Pica 8, Área 3, Área
4 y Caño Anarú. Tomaron inicialmente cuatro puntos alrededor del bosque de
Caparo que corresponde a 7.000 hectáreas y ahora alcanza sectores de Guasdualito
(en el estado Apure), Santa Bárbara, El Cantón (en el estado Barinas) y
comunidades cercanas.
En
Venezuela existen varios relictos boscosos en la zona de Guayana, pero en
el occidente del país sólo existe el de Caparo y el de Caimital, en el municipio
Obispos, también en Barinas.
Justicia de papel
Las
invasiones a esta zona se han denunciado y los tribunales han respondido, pero
de nada han valido sus decisiones. Un trabajo publicado por la bióloga e
investigadora de la ULA, Diana Liz Duque señala que el Tribunal Penal de Primera
Instancia de Barinas ordenó el desalojo del asentamiento EC 777 por petición del
fiscal César Mendoza Bencomo y que la Resolución de la Oficina Regional de
Instituto Nacional de Tierras, con fecha 29 de enero de este año, niega la
concesión del permiso a los invasores. Estas decisiones declaran “inadmisible”
la petición de EC 777 porque el bosque Caparo es un Área Bajo Régimen de
Administración Especial” (ABRAE) desde 1961.
Sin
embargo, los ocupantes siguen allí, aunque el tribunal “aprobó la solicitud de
medidas cautelares (…) donde se solicita se implementen dispositivos de
seguridad y prevención a los fines de atender cualquier situación en el área
anteriormente señalada y ese Tribunal en función de sus Competencias ordena al
Comandante de Zona de Orden Interno de la GNB, al Jefe de la Coordinación de
Guardería Ambiental de la GN, al Director Regional del MinEA, así como a los
jefes del área administrativa y operativa de la Reserva Forestal Caparo y al
Rector de la ULA ejercer las acciones pertinentes a los fines de cumplir con las
medidas de seguridad y preventivas acordadas por ese
Tribunal”.
A
su vez, el profesor Lozada refiere que en la plenaria realizada la segunda
semana de septiembre en el Consejo Legislativo Regional de Barinas se iba a
dar reconocimiento como Patrimonio Ecológico de la región a la Reserva
Forestal de Caparo.
Pero aún
están esperando por la firma del documento y que aparezca en la Gaceta de
Barinas.
Al
día siguiente se realizó una reunión en la Gobernación del Estado con altos
funcionarios de los cuerpos de seguridad de la región, el Ministerio Público,
legisladores y representantes de varias instituciones además del decano de la
ULA.
Allí
se habló de ordenar el retiro de los invasores, pero sin fecha
precisa.
La
Dirección Estadal de Ambiente de Barinas junto con el Ministerio Publico han
levantado los respectivos expedientes tanto administrativo como penales pero las
órdenes judiciales quedan sin ejecutarse. La Alcaldía del Municipio Zamora nunca
se ha pronunciado ni a favor ni en contra de las invasiones en la Estación
Experimental Caparo. Valga acotar además que oficialmente no existe ningún
programa habitacional dentro del perímetro de la RFC y por Ley y por decreto no
está permitido realizar ningún tipo de actividad agrícola o pecuaria.
Cualquier actividad que se ejecute allí, como tala de árboles o afectación de la
vegetación mediana o baja se constituye en un delito penal.
También
existe un punto de cuenta firmado por el Presidente Maduro, desde el mes de
abril, donde se ordena con el cual se da la orden de desalojo, aunque los
organismos encargados no han actuado.
Cuatro años para desaparecer
“De
continuar el ritmo actual de destrucción, en tres o cuatro años, no tendremos
reserva de biosfera en la zona” afirma el profesor Lozada. Los científicos de la
ULA han
realizado
investigaciones desde hace muchos años en los Llanos Occidentales, Ticoporo,
Caparo y San Camilo y el patrón de ocupación es el mismo.
Los
campesinos o invasores establecen parcelas para la conformación de conucos con
algunos cultivos elementales como yuca, maíz, plátano, o frutales que les
provean algunos medios de subsistencia. De tres a cuatro años les toma explotar
toda la parcela, en la que usan fuego para preparar la tierra por lo que toda la
biomasa se transforma en ceniza que luego la lluvia arrastra y el terreno pierde
fertilidad.
Llegado
ese momento el conuco deja de ser productivo y
los ocupantes pasan
de conuqueros, agricultores artesanales, a ganaderos. Esta actividad requiere de
una gran inversión: grapas, alambres de púa, estantillo, reses, vitaminas para
el ganado, pero como sólo han implementado una agricultura de
subsistencia la mayoría no cuenta con capital para la
ganadería y
terminan vendiendo las tierras.
Los
pocos que logran establecerse se transforman en pequeños
ganaderos con tecnologías de muy poco avance y una productividad extremadamente
baja. Según los estudios realizados
obtienen escasamente un litro de leche por hectárea por día, cuando los
medianamente eficientes alcanzan hasta cuatro litros por hectárea, por día.
Esos
cálculos permiten concluir que, de mantenerse este patrón, los nuevos invasores
dejarán destruido este bosque destruido en tres o cuatro años. En el presente,
en la zona es posible determinar en las imágenes satelitales que sólo hay una
gran cantidad de pastizales.

así quedan los terrenos después del arrase
Para
su alimentación, los invasores también están arrasando con los animales de
cacería. “Ellos
nos han dicho que ellos son personas de bajos recursos y que se metieron allí
porque no tienen trabajo ni tienen como producir comida”, explica el profesor
Lozada, quien se pregunta qué han comido los invasores durante todo este tiempo
pues en la zona tampoco se avistan siembras de yuca, maíz, plátanos o
frutas.
Lo
que sí ha visto el equipo de investigadores es que los cochinos de monte, danta,
venados, lapas y cachicamos están siendo cazados para comer. Para los baquianos
de la zona resulta dantesco observar las tasajeras -rejillas de madera para
asolar la carne en el monte- con las especies que son cazadas cada día.
Los
miembros de los consejos comunales ubicados en los alrededores han sido víctimas
de abigeato con la matanza de becerros y búfalos, lo que aumenta la presión ante
un posible conflicto entre comunidades.
El
emblemático mono araña, en el puesto 15 de las especies de primates en mayor
peligro de extinción en el mundo, se encuentra en Venezuela en las zonas de
Perijá, Guatopo y Caparo. Este último de sus hábitats está desapareciendo, pues
no vive en los pastizales ganaderos que terminan dejando los invasores.
La
investigadora Duque advierte que también están contados los días del jaguar, el
puma americano, el zorro y la chenchena (un ave de bosque ribereño) que viven en
la zona, que representa el último bosque de los llanos occidentales que queda en
pie gracias al comodato que ha mantenido la ULA. Ante la perspectiva de su
desaparición total, Duque –líder del grupo especialista en primates de la ULA-
hizo un comunicado de alerta y el Comité Mundial de Áreas Protegidas CMAP lo
publicó hace unos meses.
La
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica a
esta especie de mono araña en la categoría de “peligro crítico” y según el Libro
Rojo de la Fauna Venezolana se encuentra “en Peligro”.
Los
invasores también han tomado las plantaciones forestales donde hay cosechas de
una especie de cacao, producto de investigaciones científicas por parte de la
ULA.
Las
amenazas llegan también al personal que trabaja en el comodato. En
los últimos meses, unos 60 invasores rodearon a una profesora y sus alumnos de
forma agresiva y les dijeron que no podían entrar más al bosque, que la ULA no
era bienvenida en el lugar, según explica el profesor Lozada, quien se queja que
los organismos de seguridad sólo
se hacen presentes cuando se acerca algún representante de los entes oficiales o
un miliar de alto nivel.
Luego
de esa amenaza el equipo de la ULA se reunió con los consejos comunales de la
zona y les manifestaron a los invasores que no les iban a impedir hacer el
trabajo en el bosque. No obstante, existe un temor por parte del personal
obrero, docente y estudiantes y reconocen que hoy las tareas deben hacerse de
forma muy restringida dada la agresividad de los ocupantes.
Otros
dolientes, como Néstor Contreras, activista de la zona y dueño de una unidad de
producción en la zona de reserva también puso la queja recogiendo las firmas de
las tres comunas de la zona y hacerle entrega al Ministerio de
Ecosocialismo y Agua, al Ministerio de las Comunas, a la Fiscalía General de la
República y a Constituyente impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro, aunque
sólo el diputado Braulio Álvarez les ha prestado atención.
“Fui
amenazado de muerte y hubo una llamada donde me advirtieron que había 50 hombres
listos para invadir mi propiedad donde tengo un relicto boscoso que he cuidado
por más de 32 años de más de 100 hectáreas, pero los invasores aluden que son
tierras ociosas”, señala.
Pronto
otras tres fincas de la zona que suman 140 hectáreas fueron invadidas, por lo
que los ingenieros de la zona aunque conocen la situación, sienten temor
de dar la cara al hacer la denuncia y prefieren mantener su nombre en reserva.
Sin embargo, el tema que se comenta en las redes sociales, existiendo incluso en
Facebook una página que comenta la invasión y en la que aparecen fotografías de
quien lidera esta invasión, una señora de nombre Herminia Díaz, quien ordena
deforestar para sembrar.
La invasión como fracaso
En
una reunión convocada en el pasado, donde estuvo presente el fallecido
mandatario Hugo Chávez, estuvieron presentes los consejos comunales, las comunas
(María Concepción Palacios, donde está el comodato de la ULA; la Generalísimo
Francisco de Miranda y la Simón Rodríguez) y los invasores, se levantó un acta
donde rechazaron las invasiones y los acusaron de ser quienes estaban detrás de
las invasiones a las fincas. Luego fueron avanzando campamento por campamento
donde les leyeron la cartilla. Esas fincas fueron desalojadas
finalmente.
Hace
cuatro años ocurrió otra invasión y tanto la ULA como el Ministerio de Ambiente
debieron ceder a la ocupación de 11 familias, de las cuales solo quedan
tres.
Antes
del nuevo cono monetario las parcelas se vendían en 2.000 millones de
bolívares.
Contreras
hace mención a los primeros años de gestión del mandatario Hugo Chávez y el
“Plan vuelta al campo”, cuando se otorgaron tierras, tractores e insumos y la
misión Vuelvan Caras, donde se habrían entregado tierras a los hijos de
campesinos, pero estos llegaron a cultivar apenas un 2% de esos
terrenos.
En
el caso de la reciente invasión a la RC se
denuncia que los ocupantes han vendido parte de las tierras como ocurrió en
2004, cuando se perdieron 900 hectáreas en un hecho similar y al poco tiempo no
quedaban ocupantes en el lugar.
¿Refugio de guerrillas?
Detrás
de esta ola de invasiones, también hay ocupación de grupos irregulares tanto de
Colombia como de Venezuela. Desde el año 2005 se ha incrementado estos grupos
armados y hoy dictan las pautas de comportamiento dentro y fuera de la
reserva.
Aunque
se especula que al lado de la RFC hay una finca propiedad de Diosdado Cabello,
la gente asegura que la zona es controlada por el Frente Bolivariano de
Liberación (FBL) quienes gestionan la venta de madera y de terrenos.
El
temor de hablar es una constante en el municipio del eje andino del estado
Barinas pero todos recuerdan que los invasores llegaron en enero con una
supuesta orden del INTI-Barinas, que construyeron un rancho enorme, que se
repartieron 20 hectáreas para cada uno e iniciaron un proceso de deforestación
en las parcelas.
Árboles
de hasta 20 metros de altura, de caoba, cedro, pardillo, de alimentos como jobo,
chupin, peruetano, de árboles maderables y frutales, fueron
devastados.

Así queda el bosque cuando se convierte en un pastizal para ganado.
¿Por
qué la Guardia Nacional no ejerce la autoridad como corresponde? Que la
ocupación es protagonizada por grupos armados al margen de la ley es la opinión
común entre la gente de los pueblos cercanos –que se niegan a dar su nombre por
razones de seguridad- pues campesinos regulares no cuentan con los recursos para
una invasión tan organizada por tantos meses, creando problemas en las
comunidades y desapareciendo especies sin consecuencia alguna.
Las
ocupantes ilegales dicen no ser irregulares, aunque en la zona siempre han
existido grupos de este tipo sin que nadie haga algo para sacarlos. “En un
principio trabajaron con la comunidad pero que en este momento están torcidos
(…) los invasores se pavonean y no hay acción por parte de estas personas lo que
nos hace pensar en una complicidad”, manifiesta uno de los habitantes con finca
en el lugar sugiriendo vinculaciones entre los ocupantes con personajes del
Gobierno, pues ni siquiera se acata la orden presidencial de desalojo.
Hace
unos meses llegó a la estación Cachicamo de la RFC un convoy de la Guardia
Nacional con 30 policías equipados con cascos antimotines para reunirse con el
equipo de la ULA. Se marcharon sin haber ejecutado el desalojo.
La Reina del Sur
No
se trata de la popular serie colombiana. El capítulo venezolano tiene
protagonistas reales ambientados en la geografía del municipio Zamora y tres
hombres entrevistados para este reportaje ofrecen detalles al respecto, no sin
antes recordar que en la zona quien ejerce el poder es el Frente Bolivariano de
Liberación (FBL).
El
sometimiento de este grupo comienza amparado en las promesas de entrega de
supuestos documentos de propiedad de las zonas invadidas, avaladas en el
Registro Municipal de la zona.
La
mafia de la madera está conectada con organismos policiales.
La
madera es sacada Santa Bárbara, hacia el centro del país o la frontera con
Colombia. El Comandante del FBL controla las cuotas que deben de cobrar
por el saque de madera; los camiones salen de madrugada, lo cual es aprovechado
por la policía para montar cuatro puntos de control y en los que el maderero
debe de pagar para circular. La madera generalmente es sacada en tablones, pues
ya las rolas no se ven, desde el año 2002 cuando los aserraderos fueron
desmantelados por completo y les quitaron la concesión.
Generalmente,
todos estos negocios siempre están vinculados con la “Reina del Sur” o como
llaman a la alcaldesa del municipio Zamora, Maigualida Santana, una mujer de
baja estatura, esposa del ex alcalde de la misma jurisdicción, Emilio Méndez. La
dulzura de su rostro y sus ojos verdes, contrastan con el manejo
impune de negocios a través de la extorsión para el transporte de comida hasta
cemento, según cuentan los baquianos de la zona.
Estos
aseguran que el negocio más lucrativo estaría en la venta de madera de
teca, originaria del sudeste de Asia, de India, de Camboya, de Laos y de
Vietnam y ampliamente demandada en la actualidad. Hoy hay un boom con la madera
que sembró durante la democracia y estaría siendo sacada por Puerto Cabello
gracias a la compra en conjunto de unos empresarios merideños y los
chinos.

Arbol de chupón cortado con motosierra, un equipo que cuesta más de 600 dólares.