Invasores acaban con última reserva boscosa del occidente venezolano

En total la RFC tiene una superficie de 180 mil hectáreas y actualmente un 98% de ese terreno está ilegalmente ocupado, destacó el ingeniero que prefiere resguardar su identidad. Allí se han desarrollado proyectos de investigación, con pasantes de pre grado y de postgrado. Se han constituido plantaciones forestales y cuenta con un área conformada por un bosque natural experimental con especies como saqui-saqui, pardillo negro, caoba, guayabón, peruetamo, marroño, drago, jobo, apamate, una paleta enorme de  especies de importancia ecológica.

Durante 2004 fueron invadidas aproximadamente 900 hectáreas de las 7.000 que forman el “comodato ULA” o la Estación Experimental Caparo (EEC), un préstamo finito en el tiempo (15 años, renovables) para la investigación de la universidad que desde enero, según denuncia el profesor de Ecología y Evaluación de Impacto Ambiental, José Rafael Lozada, de la Facultad de Ciencias Forestales de la ULA se encuentra totalmente tomado. El comodato actual dura hasta el año 2022.

Los invasores viven en campamentos improvisados en los sectores Pica 8, Área 3, Área 4 y Caño Anarú. Tomaron inicialmente cuatro puntos alrededor del bosque de Caparo que corresponde a 7.000 hectáreas y ahora alcanza sectores de Guasdualito (en el estado Apure), Santa Bárbara, El Cantón (en el estado Barinas) y comunidades cercanas.

En Venezuela existen varios relictos boscosos en la zona de Guayana,  pero en el occidente del país sólo existe el de Caparo y el de Caimital, en el municipio Obispos, también en Barinas.

Las invasiones a esta zona se han denunciado y los tribunales han respondido, pero de nada han valido sus decisiones. Un trabajo publicado por la bióloga e investigadora de la ULA, Diana Liz Duque señala que el Tribunal Penal de Primera Instancia de Barinas ordenó el desalojo del asentamiento EC 777 por petición del fiscal César Mendoza Bencomo y que la Resolución de la Oficina Regional de Instituto Nacional de Tierras, con fecha 29 de enero de este año, niega la concesión del permiso a los invasores. Estas decisiones declaran “inadmisible” la petición de EC 777 porque el bosque Caparo es un Área Bajo Régimen de Administración Especial” (ABRAE) desde 1961.

Sin embargo, los ocupantes siguen allí, aunque el tribunal “aprobó la solicitud de medidas cautelares (…) donde se solicita se implementen dispositivos de seguridad y prevención a los fines de atender cualquier situación en el área anteriormente señalada y ese Tribunal en función de sus Competencias ordena al Comandante de Zona de Orden Interno de la GNB, al Jefe de la Coordinación de Guardería Ambiental de la GN, al Director Regional del MinEA, así como a los jefes del área administrativa y operativa de la Reserva Forestal Caparo y al Rector de la ULA ejercer las acciones pertinentes a los fines de cumplir con las medidas de seguridad y preventivas acordadas por ese Tribunal”.

A su vez, el profesor Lozada refiere que en la plenaria realizada la segunda semana de septiembre en el Consejo Legislativo Regional de Barinas se iba a dar reconocimiento como Patrimonio Ecológico de la región a la Reserva Forestal de Caparo. Pero aún están esperando por la firma del documento y que aparezca en la Gaceta de Barinas.

Al día siguiente se realizó una reunión en la Gobernación del Estado con altos funcionarios de los cuerpos de seguridad de la región, el Ministerio Público, legisladores y representantes de varias instituciones además del decano de la ULA. Allí se habló de ordenar el retiro de los invasores, pero sin fecha precisa.

La Dirección Estadal de Ambiente de Barinas junto con el Ministerio Publico han levantado los respectivos expedientes tanto administrativo como penales pero las órdenes judiciales quedan sin ejecutarse. La Alcaldía del Municipio Zamora nunca se ha pronunciado ni a favor ni en contra de las invasiones en la Estación Experimental Caparo. Valga acotar además que oficialmente no existe ningún programa habitacional dentro del perímetro de la RFC y por Ley y por decreto no está permitido realizar ningún tipo de actividad agrícola o pecuaria. Cualquier actividad que se ejecute allí, como tala de árboles o afectación de la vegetación mediana o baja se constituye en un delito penal.

También existe un punto de cuenta firmado por el Presidente Maduro, desde el mes de abril, donde se ordena con el cual se da la orden de desalojo, aunque los organismos encargados no han actuado.

“De continuar el ritmo actual de destrucción, en tres o cuatro años, no tendremos reserva de biosfera en la zona” afirma el profesor Lozada. Los científicos de la ULA han realizado investigaciones desde hace muchos años en los Llanos Occidentales, Ticoporo, Caparo y San Camilo y el patrón de ocupación es el mismo.

Los campesinos o invasores establecen parcelas para la conformación de conucos con algunos cultivos elementales como yuca, maíz, plátano, o frutales que les provean algunos medios de subsistencia. De tres a cuatro años les toma explotar toda la parcela, en la que usan fuego para preparar la tierra por lo que toda la biomasa se transforma en ceniza que luego la lluvia arrastra y el terreno pierde fertilidad.

Llegado ese momento el conuco deja de ser productivo y los ocupantes pasan de conuqueros, agricultores artesanales, a ganaderos. Esta actividad requiere de una gran inversión: grapas, alambres de púa, estantillo, reses, vitaminas para el ganado,  pero como sólo han implementado una agricultura de subsistencia la mayoría no cuenta con capital para la ganadería y terminan vendiendo las tierras.

Los pocos que logran establecerse se transforman en pequeños ganaderos con tecnologías de muy poco avance y una productividad extremadamente baja.  Según los estudios realizados obtienen escasamente un litro de leche por hectárea por día, cuando los medianamente eficientes alcanzan hasta cuatro litros por hectárea, por día.

Esos cálculos permiten concluir que, de mantenerse este patrón, los nuevos invasores dejarán destruido este bosque destruido en tres o cuatro años. En el presente, en la zona es posible determinar en las imágenes satelitales que sólo hay una gran cantidad de pastizales.  

Para su alimentación, los invasores también están arrasando con los animales de cacería. “Ellos nos han dicho que ellos son personas de bajos recursos y que se metieron allí porque no tienen trabajo ni tienen como producir comida”, explica el profesor Lozada, quien se pregunta qué han comido los invasores durante todo este tiempo pues en la zona tampoco se avistan siembras de yuca, maíz, plátanos o frutas.

Lo que sí ha visto el equipo de investigadores es que los cochinos de monte, danta, venados, lapas y cachicamos están siendo cazados para comer. Para los baquianos de la zona resulta dantesco observar las tasajeras -rejillas de madera para asolar la carne en el monte- con las especies que son cazadas cada día.

Los miembros de los consejos comunales ubicados en los alrededores han sido víctimas de abigeato con la matanza de becerros y búfalos, lo que aumenta la presión ante un posible conflicto entre comunidades.

El emblemático mono araña, en el puesto 15 de las especies de primates en mayor peligro de extinción en el mundo, se encuentra en Venezuela en las zonas de Perijá, Guatopo y Caparo. Este último de sus hábitats está desapareciendo, pues no vive en los pastizales ganaderos que terminan dejando los invasores.

La investigadora Duque advierte que también están contados los días del jaguar, el puma americano, el zorro y la chenchena (un ave de bosque ribereño) que viven en la zona, que representa el último bosque de los llanos occidentales que queda en pie gracias al comodato que ha mantenido la ULA. Ante la perspectiva de su desaparición total, Duque –líder del grupo especialista en primates de la ULA- hizo un comunicado de alerta y el Comité Mundial de Áreas Protegidas CMAP lo publicó hace unos meses.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica a esta especie de mono araña en la categoría de “peligro crítico” y según el Libro Rojo de la Fauna Venezolana se encuentra “en Peligro”.

Los invasores también han tomado las plantaciones forestales donde hay cosechas de una especie de cacao, producto de investigaciones científicas por parte de la ULA.

Las amenazas llegan también al personal que trabaja en el comodato. En los últimos meses, unos 60 invasores rodearon a una profesora y sus alumnos de forma agresiva y les dijeron que no podían entrar más al bosque, que la ULA no era bienvenida en el lugar, según explica el profesor Lozada, quien se queja que los organismos de seguridad sólo se hacen presentes cuando se acerca algún representante de los entes oficiales o un miliar de alto nivel.

Luego de esa amenaza el equipo de la ULA se reunió con los consejos comunales de la zona y les manifestaron a los invasores que no les iban a impedir hacer el trabajo en el bosque. No obstante, existe un temor por parte del personal obrero, docente y estudiantes y reconocen que hoy las tareas deben hacerse de forma muy restringida dada la agresividad de los ocupantes.  

Otros dolientes, como Néstor Contreras, activista de la zona y dueño de una unidad de producción en la zona de reserva también puso la queja recogiendo las firmas de las tres comunas de la zona y hacerle entrega al Ministerio de Ecosocialismo y Agua, al Ministerio de las Comunas, a la Fiscalía General de la República y a Constituyente impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro, aunque sólo el diputado Braulio Álvarez les ha prestado atención.

“Fui amenazado de muerte y hubo una llamada donde me advirtieron que había 50 hombres listos para invadir mi propiedad donde tengo un relicto boscoso que he cuidado por más de 32 años de más de 100 hectáreas, pero los invasores aluden que son tierras ociosas”, señala.

Pronto otras tres fincas de la zona que suman 140 hectáreas fueron invadidas, por lo que los ingenieros de la zona aunque conocen la situación, sienten temor de dar la cara al hacer la denuncia y prefieren mantener su nombre en reserva. Sin embargo, el tema que se comenta en las redes sociales, existiendo incluso en Facebook una página que comenta la invasión y en la que aparecen fotografías de quien lidera esta invasión, una señora de nombre Herminia Díaz, quien ordena deforestar para sembrar.

En una reunión convocada en el pasado, donde estuvo presente el fallecido mandatario Hugo Chávez, estuvieron presentes los consejos comunales, las comunas (María Concepción Palacios, donde está el comodato de la ULA; la Generalísimo Francisco de Miranda y la Simón Rodríguez) y los invasores, se levantó un acta donde rechazaron las invasiones y los acusaron de ser quienes estaban detrás de las invasiones a las fincas. Luego fueron avanzando campamento por campamento donde les leyeron la cartilla. Esas fincas fueron desalojadas finalmente.

Hace cuatro años ocurrió otra invasión y tanto la ULA como el Ministerio de Ambiente debieron ceder a la ocupación de 11 familias, de las cuales solo quedan tres. Antes del nuevo cono monetario las parcelas se vendían en 2.000 millones de bolívares.

Contreras hace mención a los primeros años de gestión del mandatario Hugo Chávez y el “Plan vuelta al campo”, cuando se otorgaron tierras, tractores e insumos y la misión Vuelvan Caras, donde se habrían entregado tierras a los hijos de campesinos, pero estos llegaron a cultivar apenas un 2% de esos terrenos.

En el caso de la reciente invasión a la RC se denuncia que los ocupantes han vendido parte de las tierras como ocurrió en 2004, cuando se perdieron 900 hectáreas en un hecho similar y al poco tiempo no quedaban ocupantes en el lugar.

Detrás de esta ola de invasiones, también hay ocupación de grupos irregulares tanto de Colombia como de Venezuela. Desde el año 2005 se ha incrementado estos grupos armados y hoy dictan las pautas de comportamiento dentro y fuera de la reserva.

Aunque se especula que al lado de la RFC hay una finca propiedad de Diosdado Cabello, la gente asegura que la zona es controlada por el Frente Bolivariano de Liberación (FBL) quienes gestionan la venta de madera y de terrenos. El temor de hablar es una constante en el municipio del eje andino del estado Barinas pero todos recuerdan que los invasores llegaron en enero con una supuesta orden del INTI-Barinas, que construyeron un rancho enorme, que se repartieron 20 hectáreas para cada uno e iniciaron un proceso de deforestación en las parcelas.

Árboles de hasta 20 metros de altura, de caoba, cedro, pardillo, de alimentos como jobo, chupin, peruetano, de árboles maderables y frutales, fueron devastados.

¿Por qué la Guardia Nacional no ejerce la autoridad como corresponde? Que la ocupación es protagonizada por grupos armados al margen de la ley es la opinión común entre la gente de los pueblos cercanos –que se niegan a dar su nombre por razones de seguridad- pues campesinos regulares no cuentan con los recursos para una invasión tan organizada por tantos meses, creando problemas en las comunidades y desapareciendo especies sin consecuencia alguna.

Las ocupantes ilegales dicen no ser irregulares, aunque en la zona siempre han existido grupos de este tipo sin que nadie haga algo para sacarlos. “En un principio trabajaron con la comunidad pero que en este momento están torcidos (…) los invasores se pavonean y no hay acción por parte de estas personas lo que nos hace pensar en una complicidad”, manifiesta uno de los habitantes con finca en el lugar sugiriendo vinculaciones entre los ocupantes con personajes del Gobierno, pues ni siquiera se acata la orden presidencial de desalojo.

Hace unos meses llegó a la estación Cachicamo de la RFC un convoy de la Guardia Nacional con 30 policías equipados con cascos antimotines para reunirse con el equipo de la ULA. Se marcharon sin haber ejecutado el desalojo.

No se trata de la popular serie colombiana. El capítulo venezolano tiene protagonistas reales ambientados en la geografía del municipio Zamora y tres hombres entrevistados para este reportaje ofrecen detalles al respecto, no sin antes recordar que en la zona quien ejerce el poder es el Frente Bolivariano de Liberación (FBL).

El sometimiento de este grupo comienza amparado en las promesas de entrega de supuestos documentos de propiedad de las zonas invadidas, avaladas en el Registro Municipal de la zona. La mafia de la madera está conectada con organismos policiales.

La madera es sacada Santa Bárbara, hacia el centro del país o la frontera con Colombia.  El Comandante del FBL controla las cuotas que deben de cobrar por el saque de madera; los camiones salen de madrugada, lo cual es aprovechado por la policía para montar cuatro puntos de control y en los que el maderero debe de pagar para circular. La madera generalmente es sacada en tablones, pues ya las rolas no se ven, desde el año 2002 cuando los aserraderos fueron desmantelados por completo y les quitaron la concesión.

Generalmente, todos estos negocios siempre están vinculados con la “Reina del Sur” o como llaman a la alcaldesa del municipio Zamora, Maigualida Santana, una mujer de baja estatura, esposa del ex alcalde de la misma jurisdicción, Emilio Méndez. La dulzura de su rostro y sus ojos  verdes, contrastan con el manejo impune de negocios a través de la extorsión para el transporte de comida hasta cemento, según cuentan los baquianos de la zona.

Estos aseguran que el negocio más lucrativo estaría en la venta de madera de teca, originaria del sudeste de Asia, de India, de Camboya, de Laos y de Vietnam y ampliamente demandada en la actualidad. Hoy hay un boom con la madera que sembró durante la democracia y estaría siendo sacada por Puerto Cabello gracias a la compra en conjunto de unos empresarios merideños y los chinos.