Los cómplices en los sobornos al presidente peruano Toledo dejaron rastros en Venezuela

Pero no era ese el único vínculo con Venezuela del grupo que en Perú fue cómplice, como intermediario, de los pagos que hoy mantienen al expresidente Toledo como prófugo de la justicia.

Ya tenían negocios en el país caribeño, que compartían con los ejecutivos de una de las más importantes operadoras de TV por cable y telefonía, Intercable (hoy bajo la marca Inter).

Esos negocios no habían dejado una estela visible en ninguna parte excepto, por ironía, en la hermética discreción del bufete panameño Mossack Fonseca.

El 10 de febrero de 2017, según ahora se sabe por la filtración de los llamados Panama Papers –recibida originalmente por el diario Süddeutsche Zeitung de Múnich y coordinada como proyecto periodístico por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) de Washington DC-, un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés), destinado para las autoridades contra legitimación de capitales de Islas Vírgenes Británicas,  circuló por el correo interno de Mossack Fonseca y encendió, tardíamente sin duda, las alarmas dentro de la sucursal del bufete en Tortola, la capital del archipiélago y de uno de los paraísos fiscales más impenetrables del mundo.

La circular alertaba sobre las actividades de un grupo de firmas offshore: Vision Investments Equities INC., Caribbean Pressing LTD., Latin American Group Investments INC., New Age Communications INC. y CIT Management Corp. También mencionaba a los accionistas y beneficiary owners de las compañías: Alberto Imar y Eduardo Stigol, ambos ciudadanos argentinos, exdirector y presidente de Inter Venezuela, respectivamente; Leo Malamud, María Luisa Watson y, cómo no, los ya mencionados cómplices del presidente Toledo, Yosef Maiman y Sabih Saylan.

Sobre todos ellos, aseguraba el informe, recaía la sospecha de estar incursos en lavado de dinero.

“Supuestamente están involucrados con el coloso brasilero de la construcción, Odebrecht S.A., y su filial petroquímica, Braskem S.A.”, advertía el documento, que fue enviado a la dirección de la Agencia de Investigación Financiera en las Islas Vírgenes Británicas.

No era la primera vez que los oficiales de cumplimiento del bufete reparaban en este grupo de inversionistas. Durante el primer trimestre de 2016 habían conocido de primera mano en un intercambio de correos con uno de los protagonistas, el argentino Alberto Imar, la “pesadilla” que estaban viviendo a raíz de las investigaciones por lavado de activos que se hacían sobre el multimillonario Maiman, la cabeza del grupo, y sobre Saylan, en el marco del llamado Caso Ecoteva, el proceso penal en el que estaban involucrados junto a su amigo, el expresidente Toledo, y la familia de este.

¿Qué podía haber cambiado desde la fecha de esa confidencia, recibida por los ejecutivos de Mossack Fonseca con comprensión, hasta inicios de 2017, cuando el bufete decide denunciar a los atribulados empresarios?

Simple: Braskem, el brazo petroquímico de Odebrecht y la mayor empresa del sector en América Latina, se acababa de declarar culpable en una Corte Federal de Distrito en Brooklyn, uno de los cinco condados de la ciudad de Nueva York, de conspirar para violar una ley de soborno en el extranjero. El 21 de diciembre de 2016 Odebrecht acordó con agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos el pago de una multa de 3.500 millones de dólares, la mayor jamás requerida por un caso de sobornos en el extranjero, para resolver los cargos internacionales que incluían pagos a la compañía petrolera estatal de Brasil y a políticos, entre ellos el expresidente Toledo.

Mossack Fonseca temía verse arrastrado en esos litigios en Estados Unidos.

“Notamos que Mossack Fonseca proveyó servicios de representación a muchas –si no la mayoría– de las compañías. Además notamos que fueron otorgados poderes generales. Pese a que la mayoría ha sido eliminada, ¿puede confirmar la renuncia de nuestros directores, cuando aplique, y la revocación de los poderes legales? Adicionalmente, ¿puede decir desde hace cuánto sabemos que el cliente y sus compañías estaban siendo investigadas como parte del escándalo de Odebrecht?”, cuestionó, el 14 de febrero de 2017, la directora general de MF en las Islas Vírgenes Británicas, Daphne Durand, ansiosa por desembarazarse de esos clientes tóxicos.

Apenas una semana antes había recibido de Wendy Agard, del Departamento de Cumplimiento de la oficina panameña, un correo con el enlace de una de las reseñas que, en Perú, se hicieron de la investigación del diario digital Ojo Público, en la que se revelaba que empresarios cercanos a Toledo, que estaban siendo investigados por la justicia de ese país, habían utilizado sociedades creadas por ellos mismos para hacer depósitos y transacciones que podían estar vinculadas con pagos de sobornos.

Dos días más tarde, desde Panamá, Yakeline Pérez le enviaría a Durand un cuadro con la información actualizada de 15 empresas registradas, entre 1997 y 2015.

De todas, los medios peruanos hacían especial énfasis en una de las compañías: Vision Investments Equities. Decían, con base en la primera filtración de los Panama Papers, que era “quizás la offshore más importante” vinculada a los operadores de Toledo, Maiman y Saylan; y que, en el año 2000, había manejado casi 68 millones de dólares por el superávit de sus activos, algo que los argentinos Stigol e Imar, en entrevistas para este reportaje,  niegan.

Según documentos que se desprenden de las comunicaciones que el grupo tenía con el bufete panameño que representó a sus empresas, la también “sospechosa” –según el Reporte de Actividad Sospechosa o SAR– CIT Management Corp. era la dueña de poco más de la mitad de las acciones de Vision Investments Equities, cuyos otros accionistas, en orden de importancia, eran Maiman, el jefe de operaciones del Grupo Merhav, el también peruano israelí Leo Malamud, y Saylan.

Según el SAR, Vision Investments Equities, una inversora en compañías de telecomunicaciones, nacida en Panamá en 1997, pero domiciliada desde diciembre de 2015 en las IVB, era la única de las cinco empresas “sospechosas” para febrero de 2017, que tenía actividades en Venezuela.

Vision fue incorporada en simultáneo con otra empresa panameña, Digital Investments Associates, a petición de un bufete de Caracas, Bentata, que según Imar estaba cumpliendo órdenes del otrora conocido como Hicks Muse, luego HM Capital Partners, una firma de capital privado en los Estados Unidos que se especializaba en adquisiciones apalancadas, de crear varias sociedades para Inter: para agrupar a los socios, a los managers, para darles acciones a los altos managers.

Una de ellas era Vision Investments Equities y en las instrucciones giradas desde Caracas por el abogado José Javier Briz Kaltenborn para crearla, se exigía que Mossack Fonseca no pusiera los directores de las empresas, y que se emitieran poderes para el señor Saylan a nombre de Digital Investments Associates; y otro a favor de los señores Malamud, Imar y Stigol, e Isaac y Gustavo Zviklich, en el caso de Vision Investments Equities.

MF hizo los poderes amplios y generales, que les permitían administrar las sociedades “sin limitación alguna”, “en cualquier parte del mundo”. A partir del año 98, por solicitud de Bentata, el bufete panameño comenzó a enviar sus facturas por el mantenimiento de ambas sociedades directamente a una oficina en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), en Caracas, dirigidas a Saylan, entonces vicepresidente de Merhav, la compañía de Maiman.

La compañía venezolana de telecomunicaciones Intercable, ahora conocida como Inter, nació en 1996 en la ciudad de Barquisimeto, en el centro occidente de Venezuela. Dos años antes, Alberto Imar habría tenido el primer contacto con el grupo de Maiman, según asegura por entrevista vía correo electrónico: “Me pidieron una opinión profesional sobre el proyecto que tenían, junto a otros socios, para lanzar una empresa de TV por suscripción en Venezuela”. Como a él, convocaron a otros ejecutivos con experiencia en el rubro. 

Siempre según ese relato, Imar arrastró a Eduardo Stigol. Juntos hicieron los estudios de mercado, el business plan y se ofrecieron como un management independiente para llevar adelante ese proyecto. Se conocían de la Argentina y ambos tenían experiencia con la televisión por suscripción, a diferencia de Maiman quien, según Stigol, se incorporó a Inter como un accionista “que no entendía de este negocio” y puso “algo de capital” al comienzo.  Ese “algo” podría haber rondado los tres millones de dólares, según recuerda, una cifra que considera “muy chica” para un empresario “del porte que él (Maiman) tenía en ese momento”.

Sin embargo, no lo consideraba un “inversor chico”. “Era un socio grande que hizo una inversión pequeña en un negocio en Latinoamérica. Iba a esperar resultados con el tiempo, y lamentablemente la condición política de Venezuela no los permitió y no los vio”, acotó por su parte Eduardo Stigol, presidente de Inter.

Cuando nació Intercable, faltaba un año para que los abogados venezolanos de Bentata contactaran a los de MF, pero Stigol asegura que “originalmente eran los mismos socios” de Vision Investments Equities, entre ellos Maiman. Sin embargo, tanto él como Imar insisten en desvincularse y en desvincular a Inter de Maiman, Vision Investments Equities y en general de cualquier otra empresa o negocio relacionado con Maiman. Aseguran que nunca fueron sus empleados ni de ninguna de sus empresas, que se trató desde 1998 de un “accionista minoritario” y que nunca tuvo “nada que ver con la conducción de la compañía”.  

"Yo lo habré visto (a Maiman), en toda mi vida, cinco veces. Él tenía un ejecutivo que era Sabih Saylan que sí visitaba Venezuela frecuentemente al principio, en esos años (finales de los 90), porque tenía otros negocios, y era el que me llamaba y preguntaba cómo iba el negocio. Pero para ellos el nuestro era un negocio donde nunca estuvieron involucrados, y yo desconozco totalmente qué otros negocios tenían ellos", asegura Stigol.

Imar, quien se muestra muy activo en las comunicaciones a nombre del grupo con Mossack Fonseca, secunda a Stigol: “Nosotros éramos totalmente ajenos a los otros negocios del señor Maiman, dentro y fuera de Venezuela. Nuestra única conexión fue Inter, donde él fue socio minoritario. De los problemas que tuvo con la justicia peruana nos enteramos por los medios, igual que todo el mundo”.

La dueña de la marca Inter en Venezuela es la Corporación Telemic C.A. Según información del RNC, para el año 2015, la totalidad de las acciones de la Corporación Telemic C.A. pertenecían a una empresa registrada en Luxemburgo: Venezuela Cable Service Holdings, Ltd. Aunque aparece disuelta desde septiembre de 2015, Imar insiste en que sigue vigente en otra jurisdicción, aunque no especifica cuál, y que sigue siendo la dueña de la Corporación Telemic.

Maiman se habría desvinculado completamente de la compañía, según los empresarios argentinos, que aseguran haber perdido contacto con él. Pero sobre cómo y cuándo se distanció Maiman de la empresa, las versiones de Stigol e Imar conservan muchas imprecisiones.   

En cualquier caso, según revelan documentos del registro de las Islas Vírgenes Británicas, a los que tuvo acceso Armando.Info gracias a la colaboración del Investigative Dashboard, Vision Investments Equities fue liquidada el 12 de junio de 2017, un mes después de que solicitaran su cierre.

“Algunos socios seguirían vinculados al negocio de Inter y otros no. El señor Maiman fue uno de los que decidió desvincularse de este negocio. Así, los socios que decidieron quedarse lo hicieron por fuera de Vision, los otros se desvincularon, y como la única razón de ser de Vision era representarlos a todos juntos en Inter, Vision finalmente se disolvió”, acota Imar, quien asegura que ni Saylan ni Malamud, del grupo de Maiman, son miembros de la Corporación Telemic en estos momentos. También se habría desvinculado él, otros de su grupo del management y algunos de los miembros que estaban relacionados con el grupo de Hicks. Cuando comenzaron a desvincularse del negocio de Inter, la mayoría de las sociedades que se habían creado entre 1997 y 1998 se fueron liquidando.

Según Stigol, la separación de Maiman se habría dado, sin embargo, por problemas de salud de este, no por los escándalos de corrupción que rodeaban al empresario peruano.

En su portal en línea, el Grupo Merhav de Maiman y Saylan sigue refiriéndose a Inter Venezuela como un emprendimiento bajo su “propiedad o administración”. Destaca haber “promovido y desarrollado” en su rol de inversionista “la cableoperadora más grande del país”.

Y no es el único proyecto en Venezuela que exhiben con orgullo.

“Conjuntamente con el grupo Halcrow, del Reino Unido, Merhav implementó grandes proyectos de agua y alcantarillado, con una inversión total de 250 millones de dólares”, aseguran en el portal, al referirse a los trabajos que, en Venezuela, desarrolló Merhav para la cartera de Ambiente.

Según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), la empresa en Venezuela del Grupo Merhav ejecutó proyectos para distintos organismos del Estado venezolano, bajo la administración de Saylan y la gerencia general de un individuo llamado Meir Gabay. Aunque ahora está inhabilitada para contratar con el Estado, en 2004 Merhav Venezuela brindó soporte técnico y tecnológico en la inspección y lavado químico de la desalinizadora de la isla principal del archipiélago de Los Roques, un paraíso caribeño a una hora en avión al norte de Caracas.

En agosto de 2006  emprendió otros dos proyectos, igualmente contratados por el Estado. Por una parte, a través de la Fundación Propatria 2000, un organismo adscrito entonces al Ministerio de Infraestructura, ahora al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento a la Gestión de Gobierno, participó en la construcción de la anhelada y polémica autopista Acarigua – Barquisimeto, prometida para la inauguración de la 42ª edición de la Copa América de Fútbol, que tuvo lugar en 2007 en Venezuela.

Sin embargo, para finales de 2007, las obras solo presentaban avances equivalentes a 40% del proyecto, según consta en su planilla del RNC. El mismo porcentaje de avance tuvo un proyecto de saneamiento ambiental que emprendió, simultáneamente, a través de la Gobernación del estado Aragua.

La ejecución de estas obras, sin embargo, se la atribuye otra empresa en su página Web: Mundo Kariña Ambiente C.A. Los de sus socios son, también, nombres que se repiten en esta trama: Gabay y una mujer llamada Esther Pirozzi.

En su portal, Mundo Kariña Ambiente C.A. asegura haber ejecutado al menos cuatro proyectos para el ministerio del Ambiente venezolano, desde 2001, en los estados de Anzoátegui, Carabobo, Monagas y Falcón. Detalla una “amplia experiencia” en el país desde el año 1994, justo cuando el grupo de Maiman contactó a Imar para hablar del proyecto de Inter.

Además de la autopista Acarigua-Barquisimeto, destaca la ampliación de la Intercomunal Barquisimeto-Cabudare y la construcción del puente-canal para el riego de 900 hectáreas de tierra, en su mayoría de caña de azúcar, de los productores del estado de Aragua, en el centro del país.

Estos y otros proyectos se ejecutaban en Venezuela mientras en Perú se gestaba el “pacto criminal” –según lo ha llamado la Fiscalía en Lima- por el que Odebrecht transferiría millones de dólares a las tres cuentas de Maiman, de donde pasaban a Confiado Internacional, y de esta a Ecostate Consulting y a Milan Ecotech Consulting para, finalmente y tras el largo periplo, nutrir las arcas de Ecoteva Consulting Group S.A., desde donde luego se adquirieron bienes inmuebles y se pagaron hipotecas inmobiliarias, para beneficiar, finalmente, al expresidente Toledo.   

Todo esto lo cuenta la fiscalía peruana en el pedido de extradición de Toledo presentado ante el juez Richard Concepción Carhuancho, el 19 de febrero de este año. Entre las pruebas contenidas en ese documento de 54 páginas, figura una empresa venezolana, el Grupo Instrucontrol C.A., cuyos miembros son, también, parte del entramado de Maiman en Venezuela.

Pese a que en el RNC solo figuran como distribuidores de medidores de flujo para el Estado venezolano, esta empresa transfirió 54.000 dólares en relación con  un “Valencia Project” a una de las cuentas de Maiman en las que cayó el dinero de Odebrecht, la de la offshore Trailbridge. Hasta el momento de cierre de este reportaje, se intentó obtener detalles de este proyecto, sin más éxito que la respuesta de que la empresa había cerrado y que sus dueños se habían ido del país.