Los cómplices en los sobornos al presidente peruano Toledo dejaron rastros en Venezuela
Dos empresarios de Perú, Yosef Maiman y Sabih Saylan, participaron como intermediarios en los pagos irregulares de Odebrecht, a través de estructuras offshore, al expresidente de ese país. Los mismos figuran en una trama de ´shell companies’ construida por Mossack Fonseca para participar como accionistas de la operadora privada de TV por cable y telefonía en Venezuela, Inter, y de la que el propio bufete panameño llegó a sospechar que era usada para lavar dinero. Mientras, otra firma del grupo contrataba obras con el Estado chavista.
Al
final del gobierno de Alejandro Toledo (Julio 2001- Julio 2006) en Perú, su
difícil relación con el entonces mandatario venezolano, Hugo Chávez, llegó al
punto más álgido. En mayo de 2006, Toledo finalmente retiraría a su embajador en
Caracas por la que, aseguró, era una "persistente y flagrante intromisión” de
Chávez en asuntos internos.
A
pesar del hiato diplomático, y sin que quizás ninguno de los presidentes en Lima
y Caracas y ni siquiera los propios hombres de negocios estuvieran conscientes
de ello, un grupo empresarial continuó siendo un canal de interconexión de los
entornos de Toledo y Chávez.
Los
nombres claves del grupo eran los del empresario peruano-israelí, Yosef Maiman,
y su mano derecha y compatriota, Sabih Saylan.
En
junio de 2006 el presidente Alejandro Toledo, según ha establecido a posteriori
la justicia peruana, empezó a recibir pagos millonarios en dólares de la
constructora brasileña Odebrecht a través de las cuentas bancarias de tres
empresas offshore controladas por Yosef Maiman.
Al
mismo tiempo en Venezuela, Sabih Saylan –como Maiman, también investigado e
imputado en Perú por su papel de intermediario en el caso de las coimas de
Odebrecht– figuraba como administrador de la filial del Grupo Merhav, un
conglomerado de empresas especializado en el desarrollo de proyectos de
infraestructura de gran escala, que Maiman fundó en 1975, en Israel, y del que a
sus 72 años es presidente y director. A Merhav le había sido asignada la
ejecución de varios proyectos del Gobierno venezolano.
Pero
no era ese el único vínculo con Venezuela del grupo que en Perú fue cómplice,
como intermediario, de los pagos que hoy mantienen al expresidente Toledo como
prófugo de la justicia.
Ya
tenían negocios en el país caribeño, que compartían con los ejecutivos de una de
las más importantes operadoras de TV por cable y telefonía, Intercable (hoy bajo
la marca Inter).
Esos
negocios no habían dejado una estela visible en ninguna parte excepto, por
ironía, en la hermética discreción del bufete panameño Mossack
Fonseca.
El
10 de febrero de 2017, según ahora se sabe por la filtración de los llamados
Panama Papers –recibida originalmente por el diario Süddeutsche
Zeitung de Múnich y coordinada como proyecto periodístico por el
Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) de Washington DC-,
un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés), destinado
para las autoridades contra legitimación de capitales de Islas Vírgenes
Británicas, circuló por el correo interno de Mossack Fonseca y encendió,
tardíamente sin duda, las alarmas dentro de la sucursal del bufete en Tortola,
la capital del archipiélago y de uno de los paraísos fiscales más impenetrables
del mundo.
La
circular alertaba sobre las actividades de un grupo de firmas offshore: Vision
Investments Equities INC., Caribbean Pressing LTD., Latin American Group
Investments INC., New Age Communications INC. y CIT Management Corp. También
mencionaba a los accionistas y beneficiary owners de las
compañías: Alberto Imar y Eduardo Stigol, ambos ciudadanos
argentinos, exdirector y
presidente de Inter Venezuela, respectivamente; Leo Malamud, María Luisa Watson
y, cómo no, los ya mencionados cómplices del presidente Toledo, Yosef Maiman y
Sabih Saylan.
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Sobre
todos ellos, aseguraba el informe, recaía la sospecha de estar incursos en
lavado de dinero.
“Supuestamente
están involucrados con el coloso brasilero de la construcción, Odebrecht S.A., y
su filial petroquímica, Braskem S.A.”, advertía el documento, que fue enviado a
la dirección de la Agencia de Investigación Financiera en las Islas Vírgenes
Británicas.
Alerta (tardía) de lavado de dinero
No
era la primera vez que los oficiales de cumplimiento del bufete reparaban en
este grupo de inversionistas. Durante el primer trimestre de 2016 habían
conocido de primera mano en un intercambio de correos con uno de los
protagonistas, el argentino Alberto Imar, la “pesadilla” que estaban viviendo a
raíz de las investigaciones por lavado de activos que se hacían sobre el
multimillonario Maiman, la cabeza del grupo, y sobre Saylan, en el marco del
llamado Caso Ecoteva, el proceso penal en el que estaban involucrados junto a su
amigo, el expresidente Toledo, y la familia de
este.

“Somos un grupo empresarial con más de 20 años de trayectoria honesta y nunca imaginamos este dolor de cabeza”, reconoció Imar, quien lideraba las comunicaciones de las empresas de Inter con el bufete, en un correo que envio al Departamento de Cumplimiento de MF el 7 de marzo de 2016
¿Qué
podía haber cambiado desde la fecha de esa confidencia, recibida por los
ejecutivos de Mossack Fonseca con comprensión, hasta inicios de 2017, cuando el
bufete decide denunciar a los atribulados empresarios?
Simple:
Braskem, el brazo petroquímico de Odebrecht y la mayor empresa del sector en
América Latina, se acababa de declarar culpable en una Corte Federal de Distrito
en Brooklyn, uno de los cinco condados de la ciudad de Nueva York, de conspirar
para violar una ley de soborno en el extranjero. El 21 de diciembre de 2016
Odebrecht acordó con agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos el
pago de una multa de 3.500 millones de dólares, la mayor jamás requerida por un
caso de sobornos en el extranjero, para resolver los cargos internacionales que
incluían pagos a la compañía petrolera estatal de Brasil y a políticos, entre
ellos el expresidente Toledo.
Mossack
Fonseca temía verse arrastrado en esos litigios en Estados Unidos.
“Notamos
que Mossack Fonseca proveyó servicios de representación a muchas –si no la
mayoría– de las compañías. Además notamos que fueron otorgados poderes
generales. Pese a que la mayoría ha sido eliminada, ¿puede confirmar la renuncia
de nuestros directores, cuando aplique, y la revocación de los poderes legales?
Adicionalmente, ¿puede decir desde hace cuánto sabemos que el cliente y sus
compañías estaban siendo investigadas como parte del escándalo de Odebrecht?”,
cuestionó, el 14 de febrero de 2017, la directora general de MF en las Islas
Vírgenes Británicas, Daphne Durand, ansiosa por desembarazarse de esos clientes
tóxicos.

Tras conocer los detalles de los sobornos de Odebrecht en Perú, la directora general del bufete Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas, pidió actualizar la situación de las empresas vinculadas que ellos habían ayudado a crear y, con las que en algunos casos, aún estaban relacionados.
Apenas
una semana antes había recibido de Wendy Agard, del Departamento de Cumplimiento
de la oficina panameña, un correo con el enlace de una de las reseñas que, en
Perú, se hicieron de la investigación del diario digital Ojo
Público, en la que se revelaba que empresarios cercanos a Toledo, que
estaban siendo investigados por la justicia de ese país, habían utilizado
sociedades creadas por ellos mismos para hacer depósitos y transacciones que
podían estar vinculadas con pagos de sobornos.
Dos
días más tarde, desde Panamá, Yakeline Pérez le enviaría a Durand un cuadro con
la información actualizada de 15 empresas registradas, entre 1997 y
2015.
De
todas, los medios peruanos hacían especial énfasis en una de las compañías:
Vision Investments Equities. Decían, con base en la primera filtración de los
Panama Papers, que era “quizás la offshore más importante”
vinculada a los operadores de Toledo, Maiman y Saylan; y que, en el año 2000,
había manejado casi 68 millones de dólares por el superávit de sus
activos,
algo que los argentinos Stigol e Imar, en entrevistas para este reportaje,
niegan.
Según
documentos que se desprenden de las comunicaciones que el grupo tenía con el
bufete panameño que representó a sus empresas, la también “sospechosa” –según el
Reporte de Actividad Sospechosa o SAR– CIT Management Corp. era la dueña de poco
más de la mitad de las acciones de Vision Investments Equities, cuyos otros
accionistas, en orden de importancia, eran Maiman, el jefe de operaciones del
Grupo Merhav, el también peruano israelí Leo Malamud, y
Saylan.
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Según
el SAR, Vision Investments Equities, una inversora en compañías de
telecomunicaciones, nacida en Panamá en 1997, pero domiciliada desde diciembre
de 2015 en las IVB, era la única de las cinco empresas “sospechosas” para
febrero de 2017, que tenía actividades en Venezuela.
Vision
fue incorporada en simultáneo con otra empresa panameña, Digital Investments
Associates, a petición de un bufete de Caracas, Bentata, que según Imar
estaba cumpliendo órdenes del otrora conocido como Hicks Muse, luego HM Capital
Partners, una firma de capital privado en los Estados Unidos que se
especializaba en adquisiciones apalancadas, de crear varias sociedades para
Inter: para agrupar a los socios, a los managers, para darles acciones a los
altos managers.
Una
de ellas era Vision Investments Equities y en las instrucciones giradas desde
Caracas por el abogado José Javier Briz Kaltenborn para crearla,
se exigía que Mossack Fonseca no pusiera los directores de las empresas, y que
se emitieran poderes para el señor Saylan a nombre de Digital Investments
Associates; y otro a favor de los señores Malamud, Imar y Stigol, e Isaac y
Gustavo Zviklich, en el caso de Vision Investments
Equities.
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MF
hizo los poderes amplios y generales, que les permitían administrar las
sociedades “sin limitación alguna”, “en cualquier parte del mundo”. A partir del
año 98, por solicitud de Bentata, el bufete panameño comenzó a enviar sus
facturas por el mantenimiento de ambas sociedades directamente a una oficina en
el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), en Caracas, dirigidas a Saylan,
entonces vicepresidente de Merhav, la compañía de Maiman.
Apenas uno entre “cachi chien”
La
compañía venezolana de telecomunicaciones Intercable, ahora conocida como Inter,
nació en 1996 en la ciudad de Barquisimeto, en el centro occidente de Venezuela.
Dos años antes, Alberto Imar habría tenido el
primer contacto con el grupo de Maiman, según asegura por entrevista vía
correo electrónico: “Me pidieron una opinión profesional sobre el proyecto que
tenían, junto a otros socios, para lanzar una empresa de TV por suscripción en
Venezuela”. Como a él, convocaron a otros ejecutivos con experiencia en el
rubro.
Siempre
según ese relato, Imar arrastró a Eduardo Stigol. Juntos
hicieron los estudios de mercado, el business plan
y se ofrecieron como un management independiente para llevar
adelante ese proyecto. Se conocían de la Argentina y ambos tenían
experiencia con la televisión por suscripción, a diferencia de Maiman quien,
según Stigol, se incorporó a Inter como un accionista “que no entendía de este
negocio” y puso “algo de capital” al comienzo. Ese “algo” podría haber
rondado los tres millones de dólares, según recuerda, una cifra que considera
“muy chica” para un empresario “del porte que él (Maiman) tenía en ese
momento”.
Sin
embargo, no lo consideraba un “inversor chico”. “Era un socio grande que hizo
una inversión pequeña en un negocio en Latinoamérica. Iba a esperar resultados
con el tiempo, y lamentablemente la condición política de Venezuela no los
permitió y no los vio”, acotó por su parte Eduardo Stigol, presidente de
Inter.
Cuando
nació Intercable, faltaba un año para que los abogados venezolanos de Bentata
contactaran a los de MF, pero Stigol asegura que “originalmente eran los mismos
socios” de Vision Investments Equities, entre ellos Maiman. Sin embargo, tanto
él como Imar insisten en desvincularse y en desvincular a Inter de Maiman,
Vision Investments Equities y en general de cualquier otra empresa o negocio
relacionado con Maiman. Aseguran que nunca fueron sus empleados ni de ninguna de
sus empresas, que se trató desde 1998 de un “accionista minoritario” y que nunca
tuvo “nada que ver con la conducción de la compañía”.
"Yo
lo habré visto (a Maiman), en toda mi vida, cinco veces. Él tenía un ejecutivo
que era Sabih Saylan que sí visitaba Venezuela frecuentemente al principio, en
esos años (finales de los 90), porque tenía otros negocios, y era el que me
llamaba y preguntaba cómo iba el negocio. Pero para ellos el nuestro era un
negocio donde nunca estuvieron involucrados, y yo desconozco totalmente qué
otros negocios tenían ellos", asegura Stigol.
Imar,
quien se muestra muy activo en las comunicaciones a nombre del grupo con Mossack
Fonseca, secunda a Stigol: “Nosotros éramos totalmente ajenos a los otros
negocios del señor Maiman, dentro y fuera de Venezuela. Nuestra única conexión
fue Inter, donde él fue socio minoritario. De los problemas que tuvo con la
justicia peruana nos enteramos por los medios, igual que todo el
mundo”.
La
dueña de la marca Inter en Venezuela es la Corporación Telemic C.A. Según
información del RNC, para el año 2015, la totalidad de las acciones de la
Corporación Telemic C.A. pertenecían a una empresa registrada en Luxemburgo:
Venezuela Cable Service Holdings, Ltd. Aunque aparece disuelta desde septiembre
de 2015, Imar insiste en
que sigue vigente en otra jurisdicción, aunque no especifica cuál, y que sigue
siendo la dueña de la Corporación Telemic.
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Maiman
se habría desvinculado completamente de la compañía, según los empresarios
argentinos, que aseguran haber perdido contacto con él. Pero sobre cómo y cuándo
se distanció Maiman de la empresa, las versiones de Stigol e Imar conservan
muchas imprecisiones.
En
cualquier caso, según revelan documentos del registro de las Islas Vírgenes
Británicas, a los que tuvo acceso Armando.Info gracias a la
colaboración del Investigative Dashboard, Vision Investments Equities fue
liquidada el 12 de junio de 2017, un mes después de que solicitaran su
cierre.
“Algunos
socios seguirían vinculados al negocio de Inter y otros no. El señor Maiman fue
uno de los que decidió desvincularse de este negocio. Así, los socios que
decidieron quedarse lo hicieron por fuera de Vision, los otros se desvincularon,
y como la única razón de ser de Vision era representarlos a todos juntos en
Inter, Vision finalmente se disolvió”, acota Imar, quien asegura que ni Saylan
ni Malamud, del grupo de Maiman, son miembros de la Corporación Telemic en estos
momentos. También se habría
desvinculado él, otros de su grupo del management y algunos de
los miembros que estaban relacionados con el grupo de Hicks. Cuando comenzaron a
desvincularse del negocio de Inter, la mayoría de las sociedades que se habían
creado entre 1997 y 1998 se fueron liquidando.
Según
Stigol, la separación de Maiman se habría dado, sin embargo, por problemas de
salud de este, no por los escándalos de corrupción que rodeaban al empresario
peruano.
En
su portal en línea, el Grupo Merhav de Maiman y Saylan sigue refiriéndose a
Inter Venezuela como un emprendimiento bajo su “propiedad o administración”.
Destaca haber “promovido y desarrollado” en su rol de inversionista “la
cableoperadora más grande del país”.
Y
no es el único proyecto en Venezuela que exhiben con orgullo.
Obras con el Estado
“Conjuntamente
con el grupo Halcrow, del Reino Unido, Merhav implementó grandes proyectos de
agua y alcantarillado, con una inversión total de 250 millones de dólares”,
aseguran en el portal, al referirse a los trabajos que, en Venezuela, desarrolló
Merhav para la cartera de Ambiente.
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Según
el Registro Nacional de Contratistas (RNC), la empresa en Venezuela del Grupo
Merhav ejecutó proyectos para distintos organismos del Estado venezolano, bajo
la administración de Saylan y la gerencia general de un individuo llamado Meir
Gabay. Aunque ahora está inhabilitada para contratar con el Estado, en 2004
Merhav Venezuela brindó soporte técnico y tecnológico en la inspección y lavado
químico de la desalinizadora de la isla principal del archipiélago de Los
Roques, un paraíso caribeño a una hora en avión al norte de Caracas.
En
agosto de 2006 emprendió otros dos proyectos, igualmente contratados por
el Estado. Por una parte, a través de la Fundación Propatria 2000, un organismo
adscrito entonces al Ministerio de Infraestructura, ahora al Ministerio del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento a la Gestión de Gobierno, participó en
la construcción de la anhelada y polémica autopista Acarigua – Barquisimeto,
prometida para la inauguración de la 42ª edición de la Copa América de Fútbol,
que tuvo lugar en 2007 en Venezuela.
Sin
embargo, para finales de 2007, las obras solo presentaban avances equivalentes a
40% del proyecto, según consta en su planilla del RNC. El mismo porcentaje de
avance tuvo un proyecto de saneamiento ambiental que emprendió, simultáneamente,
a través de la Gobernación del estado Aragua.
La
ejecución de estas obras, sin embargo, se la atribuye otra empresa en su página
Web: Mundo Kariña Ambiente C.A. Los de sus socios son, también, nombres que se
repiten en esta trama: Gabay y una mujer llamada Esther
Pirozzi.
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En
su portal, Mundo Kariña Ambiente C.A. asegura haber ejecutado al menos cuatro
proyectos para el ministerio del Ambiente venezolano, desde 2001, en los estados
de Anzoátegui, Carabobo, Monagas y Falcón. Detalla una “amplia experiencia” en
el país desde el año 1994, justo cuando el grupo de Maiman contactó a Imar para
hablar del proyecto de Inter.
Además
de la autopista Acarigua-Barquisimeto, destaca la ampliación de la Intercomunal
Barquisimeto-Cabudare y la construcción del puente-canal para el riego de 900
hectáreas de tierra, en su mayoría de caña de azúcar, de los productores del
estado de Aragua, en el centro del país.
Estos
y otros proyectos se ejecutaban en Venezuela mientras en Perú se gestaba el
“pacto criminal” –según lo ha llamado la Fiscalía en Lima- por el que Odebrecht
transferiría millones de dólares a las tres cuentas de Maiman, de donde pasaban
a Confiado Internacional, y de esta a Ecostate Consulting y a Milan Ecotech
Consulting para, finalmente y tras el largo periplo, nutrir las arcas de Ecoteva
Consulting Group S.A., desde donde luego se adquirieron bienes inmuebles y se
pagaron hipotecas inmobiliarias, para beneficiar, finalmente, al expresidente
Toledo.
Todo
esto lo cuenta la fiscalía peruana en el pedido de extradición de Toledo
presentado ante el juez Richard Concepción Carhuancho, el 19 de febrero de este
año. Entre las pruebas contenidas en ese documento de 54 páginas, figura una
empresa venezolana, el Grupo Instrucontrol C.A., cuyos miembros son, también,
parte del entramado de Maiman en Venezuela.
Pese
a que en el RNC solo figuran como distribuidores de medidores de flujo para el
Estado venezolano, esta empresa transfirió 54.000 dólares en relación con
un “Valencia Project” a una de las cuentas de Maiman en las que cayó el dinero
de Odebrecht, la de la offshore Trailbridge. Hasta el momento de cierre de este
reportaje, se intentó obtener detalles de este proyecto, sin más éxito que la
respuesta de que la empresa había cerrado y que sus dueños se habían ido del
país.

En una de las pruebas del pedido de extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo presentado ante el juez Richard Concepción Carhuancho, el 19 de febrero de este año, aparece una transferencia por 54.000 dólares hecha por una empresa venezolana a una de las offshore del empresario Yosef Maiman investigadas por los sobornos de Odebrecht.