Bonnie, Clyde y el ‘doctorcito’ de las importaciones agrícolas

Entre 2017 y lo que va de 2018, la estatal Agropatria -fruto de la expropiación de Agroisleña- ha importado productos químicos de una empresa panameña cuyos dueños, un matrimonio venezolano, fueron demandados civilmente e investigados penalmente en los Estados Unidos, por estar involucrados en ‘negocios de transmisión de dinero sin licencia’. Luego de esto, concentraron su actividad empresarial en Panamá, donde el bufete Mossack Fonseca les ayudó a crear algunas empresas, apenas una fracción de una maraña de casi 70 compañías en la que les acompaña un joven médico venezolano.
A
las 8:50 AM del 3 de julio de 2017 atracó en Puerto Cabello el buque San
Alessio, con la penúltima importación del año de Agropatria: unas 1.400
toneladas de herbicidas, fungicidas e insecticidas. Venían de una empresa
panameña relativamente nueva y poco conocida en el sector: Techno Farm
Corp.
Aunque
era la primera vez que enviaba sus productos al país, los venezolanos detrás de
la empresa no eran ni novatos en este tipo de operaciones ni desconocidos para
los funcionarios de Agropatria, la empresa resultante tras la nacionalización en
2010 de la tradicional proveedora de insumos para el campo, Agroisleña. En abril
de ese mismo año, el nombre de uno de ellos, Adolfo Navas, figuraba en una
importación de 12 toneladas de pesticidas de la empresa china Limin Chemical
Co., que tenían como consignatario a la empresa estatal venezolana. Junto a su
nombre, según el registro que tiene la compañía global de datos comerciales
Panjiva sobre esta carga, figuraba el de César Omaña.
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Un
año antes, sin embargo, terminaba un caso en el Tribunal del Distrito Sur de
Florida, Estados Unidos, con el que no solamente el Gobierno de este país quiso
confiscar un inmueble que reclamó Omaña, por la vinculación del apartamento con
“negocios de transmisión de dinero sin licencia”, según se lee en la demanda;
sino que, además, reveló que Navas estaba siendo investigado penalmente junto a
su mujer, la también directora de Techno Farm Corp, Mariela Pereira, por
“infracciones federales y penales” relacionadas con la demanda al inmueble y por
otras transacciones.

Los venezolanos Adolfo Navas y Mariela Pereira, directores de la empresa panameña Techno Farm Corp, fueron investigados penalmente por el gobierno de los Estados Unidos. Fuente: Investigative Dashboard
Entre
los alegatos del gobierno estadounidense destaca que, en febrero de 2013, una de
las empresas del entramado que dirigía la pareja en la Florida recibió casi
800.000 dólares de la sucursal en Curazao del Banco Industrial de Venezuela
(BIV) -estatal, hoy desaparecido-, de parte de Agropatria; y que, antes de eso,
en diciembre de 2012, recibió casi un millón de dólares desde el Banco Central
de Venezuela (BCV), ordenados por la Empresa Comercializadora de Insumos y
Servicios Agrícolas S.A., adscrita a la Corporación Venezolana Agraria. Las
sumas son tan solo una parte de los casi once millones de dólares que, entre
2012 y 2013, pasaron por la cuenta en el Wells Fargo Bank de la ahora inactiva
Techno Bio Corp.
Y
hay más. Solo en abril de 2013, la cuenta de otra de las compañías del
entramado, Holland Daily LLC, recibió casi tres millones de dólares “de lo que
parecen ser cuentas del Gobierno de Venezuela”, según se lee en la demanda. El
pago, hecho en tres transferencias, representa más de la mitad de los casi seis
millones que pasaron por la cuenta en el SunTrust Bank de esta compañía, entre
los años 2011 y 2013.
Según
revela la demanda, una fracción de todos esos fondos se utilizó para pagar, en
2014, un apartamento valorado en unos 545.000 dólares, ubicado en la tercera
calle de Miami, cuyo proceso de confiscación inició el gobierno de los Estados
Unidos ese mismo año.
Lo
demás, y lo que provenía de las otras múltiples transferencias que recibían
desde Venezuela y otras partes del mundo las muchas compañías de Navas, Pereira
y Omaña, era transferido a su vez a personas y empresas en la Florida y también
fuera de los Estados Unidos, a países como Brasil, China, Panamá, México, Puerto
Rico, Colombia y Curazao, para el pago de productos y servicios tan variados
como fertilizantes, semillas, camiones, flores, cerámica, equipos de energía,
electrónicos, químicos, ropa, celulares, partes de carros, servicios de seguro,
viajes, una compañía de turismo, e incluso tierras y casas. El dinero también se
movía a las cuentas personales de Navas y su esposa.
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Lo
curioso, según destaca el gobierno de Estados Unidos, es que estos pagos se
hacían en montos redondos y que los estados de cuenta no revelaban gastos
normales de una empresa, como nómina, utilidades o renta.
El
expediente de la demanda, que finalmente fue desechada tras un acuerdo que
incluía una indemnización al gobierno estadounidense, contiene parte de los
intríngulis de una historia con tres protagonistas y muchas empresas, entre
ellas Techno Farm Corp -con la que Agropatria estrenó las importaciones de
2018-, y que se desarrolla principalmente en tres países: Estados Unidos, Panamá
y Venezuela.
En la lista negra
Según
la información disponible en su website, Techno Farm Corp es una empresa que
distribuye y comercializa productos e insumos del sector agropecuario
–agroquímicos, fertilizantes y semillas– para “satisfacer competitivamente” las
necesidades y expectativas de sus clientes, mediante “procesos ágiles y
eficientes”, en supuesto cumplimiento de estándares internacionales de calidad.
Fue registrada el 29 de enero de 2014 en Panamá, donde consta que, entre sus
directores, además de Navas y Pereira, está Jesús Adolfo Navas
Lanz.
Antes,
en diciembre de 2010, se había registrado una empresa con el mismo nombre en el
estado de Florida, en los Estados Unidos. Adolfo Navas era el presidente,
vicepresidente, secretario y tesorero. Sin embargo, quien conformó la ahora
inactiva corporación, con 1.000 acciones de un dólar cada una, fue César Omaña,
un médico cirujano, oriundo del estado de Cojedes -llanos centroccidentales de
Venezuela-, cuyo nombre no es ajeno a las importaciones de insumos
agrícolas.
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En
2013 la Oficina de Regulación Financiera de Florida, encargada de emitir las
licencias para realizar negocios en ese estado, advirtió que 18 personas y
entidades no las tenían, entre ellas Techno Farm Corp, las acaudaladas Holland
Dairy, LLC y Techno Bio Corp, y por
supuesto Navas y Pereira. Las otras 14 de la lista también estaban relacionadas
directa o indirectamente con ellos, o con Omaña.
La
certificación de la Oficina de Regulación Financiera, firmada por el oficial
Brian Hermeling, fue anexada posteriormente a la demanda de los Estados Unidos
contra el inmueble en la tercera calle de Miami, que pertenecía a otra de las
empresas de la lista negra: Mint 312 LLC.
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Mint
312 Llc, ahora inactiva, había sido registrada en Florida en enero de 2013. Su
dirección principal fue una de Pereira, en la ciudad de Pompano Beach. De hecho,
en los documentos de constitución de la compañía figura ella como único miembro.
En el reporte anual de 2014, sin embargo, cambiaron la dirección de la empresa
al apartamento en disputa de la tercera calle de Miami.
El
gobierno de Estados Unidos detectó varias irregularidades en la adquisición de
este último inmueble, por parte de Pereira, en abril de 2013, y las plasmó en la
demanda del 19 de marzo de 2014.
Omaña
fue quien dio la cara al reclamar el apartamento, a pesar de que su nombre no
aparece en ninguna parte del documento. En su defensa, negó que Navas o Pereira,
o las propiedades mencionadas en la demanda, estuvieran realizando negocios de
transmisión de dinero que requiriesen registrarse en la Red de Control de
Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés).
En
cuanto al origen de los fondos de las compañías del entramado, entre ellos los
provenientes de Agropatria, así como sobre los otros movimientos de dinero del
entramado, dijo no tener “la información suficiente para admitir o negar las
alegaciones”, según se lee en el documento de la defensa. Eso fue el 9 de mayo
de 2014. Diez días después, se suspendió el caso civil para llevar a la
investigación criminal.
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Antes
de que finalizara ese año, según se evidencia en los correos de llamados Panama
Papers -la filtración dada a conocer en 2016, recibida originalmente por el
diario Süddeutsche Zeitung de Múnich, y coordinada como proyecto periodístico
por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) en
Washington DC-, Navas y Omaña recurrieron al bufete panameño Mossack Fonseca
para una importante gestión: constituir sendos fideicomisos en las Islas
Vírgenes Británicas. Lo hicieron a través de Olga Santini quien, pese a ser
considerada parte del personal de MF, aseguró en una entrevista vía electrónica
al diario The Miami Herald que era una “proveedora independiente de servicios”
para la firma.
Santini
no solo gestionó los fideicomisos de ambos, sino que, además, contribuyó en la
creación de al menos una sociedad de Navas en Panamá, Heflin Group Corp; y de un jugoso “combo”, de algo así como
tres por uno, en Holanda, con un nombre que no es desconocido en Venezuela:
Conagra.
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En
febrero de 2016, el caso en Estados Unidos se resolvió con un acuerdo entre las
partes que contemplaba que Omaña y Mint 312 (incluyendo presidente, miembros,
agentes, abogados, herederos, entre otros) liberaran, eximieran de
responsabilidad e indemnizaran al gobierno de los Estados Unidos y sus
oficiales, y al Departamento del Tesoro; sin que esto, sin embargo, representara
una admisión de responsabilidad penal o civil.
En
el ínterin, específicamente el 18 de diciembre de 2015, Omaña se había
convertido en presidente y secretario de la cuestionada compañía, según revela
el expediente de la empresa en la División de Corporaciones del estado de la
Florida. El mismo abogado que los representaba en el caso, y que además defendía
personalmente a Navas y a Pereira, de la firma Díaz, Reus & Targ, llevó a
cabo esta gestión.
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Una puerta se cierra, otra se abre
Las
cuestionadas empresas mayameras de Navas, Pereira y Omaña fueron inscritas en la
División de Corporaciones del Departamento de Florida entre mayo de 2010 y marzo
de 2013. De antes, Pereira tenía cuatro empresas en esta jurisdicción, inscritas
entre 2006 y 2008, y Omaña ocho, inscritas en 2009. Ahora están todas
inactivas.
Tras
la demanda y durante investigación en los Estados Unidos, comenzó la acción en
Panamá, donde este trío ya tenía unas once empresas registradas antes de 2014.
Ahora, Navas y Pereira –a veces juntos, a veces separados– figuran en el
registro público panameño como miembros de al menos 24 empresas registradas
entre el 29 de enero de 2014 y este 30 de julio. Todas las compañías del par en
esta jurisdicción –las antiguas y las nuevas– están activas. Actualmente, Omaña solo es director de
una empresa en esta jurisdicción, Global Export Service of
América.
Aunque
la actividad empresarial de este grupo cesó por unos años en los Estados Unidos,
este 2018 Navas y Omaña registraron sendas empresas: My Tartine y una sucursal
de Creatives Only Films. Con ellas, ascendió a casi 70 el número de empresas que
este grupo de venezolanos ha acumulado entre Miami y Panamá, en los últimos 15
años de revolución bolivariana.
Los
nombres de estas empresas revelan cuestiones tan disímiles como la agricultura,
los bienes raíces, las inversiones, el comercio, la construcción, los alimentos,
el petróleo, la tecnología y hasta una cantera.
En
Venezuela también han tenido lo suyo: Conagra II, Conagra Group, Cooperativa El Resplandor Bolivariano
32165 y Asociación Cooperativa Agro Transporte Gran Amor. De todas, Conagra II
es la única que está habilitada para contratar con el Estado venezolano, de
acuerdo con información del Registro Nacional de Contratistas. Entre sus
clientes hay distribuidoras agrícolas, de alimentos y de granos. Navas es su
presidente.
En
Conagra Group, Navas comparte la dirección con Omaña. Lo que también sucedió en
la Asociación Cooperativa Agro Transporte Gran Amor, de la que Navas fue
presidente hasta 2014 y Omaña tesorero.
Hasta
2007, Navas tuvo, además, 20% de las acciones de la Cooperativa El Resplandor
Bolivariano 32165, R.L., que entre sus clientes ostenta a Mercado de Alimentos
C.A. (Mercal).
De
acuerdo con la información de su antiguo currículo, enviado como documentación
para los trámites de Mossack Fonseca, Navas, próximo a cumplir los 53 años de
edad, es oriundo de Puerto la Cruz, en el oriental estado de Anzoátegui, y
estudió Administración y Mercadeo en el Jones College de Jacksonville, Florida,
en la década de los ochenta.
Pereira,
su mujer, es una abogada de 49 años, con posgrado en Derecho Tributario. Junto a
la hija de ambos es beneficiaria del fideicomiso de Navas en las Islas Vírgenes
Británicas, cuyos bienes, para el año de la constitución -2014- estaban
conformados por siete cuentas bancarias y 19 empresas, cinco de las cuales eran
cuestionadas en los Estados Unidos. Desde entonces, la cantidad de empresas se
ha duplicado.
De
acuerdo con la información de sus currículos, en Venezuela, los Navas-Pereira y
Omaña eran vecinos en la prestigiosa urbanización de La Lagunita, al sureste de
Caracas.
En
2007, tras haberse graduado de médico en la Universidad Nacional Experimental
Rómulo Gallegos (Unerg), en San Juan de los Morros, capital del estado de
Guárico, Omaña se dedicó a vivir “la buena vida”, o al menos eso decían sus
amigos de Facebook cuando publicaba las fotos de sus aventuras en Miami, Nueva
York y Las Vegas, en los Estados Unidos.
Un
año más tarde, las Páginas Blancas de los Estados Unidos registraban la primera
de siete direcciones en Miami del “doctorcito”. Actualmente tiene tres
propiedades, según este portal.