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Trinidad: La emboscada contra el ‘spanish’

Sin oficiales de derechos humanos en los puertos de entrada ni sistema jurídico que ampare el refugio, los venezolanos que migran a la isla caribeña encuentran alivio al hambre y la escasez. A cambio, se exponen a la explotación laboral y la constante persecución de autoridades corruptas. No en pocas ocasiones terminan en centros de detención con condiciones infrahumanas, de las que solo se salvan quienes pagan gruesas sumas de dinero en multas. La petición de asilo es un débil escudo que apenas ayuda en caso de arresto. Todavía así, crece el número de quienes se juegan su suerte para ganar unos cuantos dólares.

Trinidad: La emboscada contra el ‘spanish’

Sin oficiales de derechos humanos en los puertos de entrada ni sistema jurídico que ampare el refugio, los venezolanos que migran a la isla caribeña encuentran alivio al hambre y la escasez. A cambio, se exponen a la explotación laboral y la constante persecución de autoridades corruptas. No en pocas ocasiones terminan en centros de detención con condiciones infrahumanas, de las que solo se salvan quienes pagan gruesas sumas de dinero en multas. La petición de asilo es un débil escudo que apenas ayuda en caso de arresto. Todavía así, crece el número de quienes se juegan su suerte para ganar unos cuantos dólares.

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Andrea cuenta los días para volver; ya falta poco. En Tucupita, la capital del estado venezolano de Delta Amacuro, la esperan sus dos hijos y ella llegará, o así lo espera, con 700 dólares americanos que ahorró trabajando dos meses y medio en Cedros, un pueblo costero sobre el extremo suroeste de la isla de Trinidad.

Ayudó en una empresa de encomiendas y limpió casas. Atrás dejó la escuela donde daba clases en Venezuela y desplegaba sus conocimientos como licenciada en Educación y master en Psicopedagogía. Pero es que ya el sueldo no le alcanzaba. Al volver a tierra firme espera vivir de lo que compre con la venta de los dólares, poco a poco, por lo menos durante seis meses, para regresar a Trinidad y repetir la operación. Sobre esa arquitectura de viajes por temporadas espera sostener a su familia en la Venezuela hiperinflacionaria.

A primera vista Cedros, en la costa trinitaria, es como cualquier playa venezolana: Higuerote, Cuyagua o Punta Arenas. Solo que sin reguetón de fondo, sin empanadas. La arena es fina y morena, el agua es cálida.

La mayoría llega a Trinidad con un objetivo único: trabajar y ganar en dólares para ayudar a quienes se quedan en casa.

Sobre un largo espigón de concreto que sirve de muelle se forma la fila de quienes tienen sus papeles para entrar legalmente. Alrededor de cuatro barcos llegan cada jueves, cada uno con al menos 20 venezolanos buscando escapar del hambre y la escasez que es la patria en estos días. Bajo una mata los esperan familiares o amigos para acreditar, de ser necesario, que son invitados de alguien.

Sí, el paisaje recuerda a Venezuela pero todo cambia de pronto: un funcionario trinitario grita los nombres de los recién llegados con un fuerte acento inglés; si al llamado no responde nadie que diga esperarlos, los venezolanos son devueltos.

Una vez puestos los pies en Trinidad, comienza la verdadera odisea. Los venezolanos que llegan suelen tomar una de estas dos decisiones: la que tomó Andrea, entrar legalmente, quedarse un tiempo y volver; o quedarse indefinidamente solicitando protección internacional como refugiado.

Quienes no tienen pasaporte desembarcan en las playas de Icacos -aún más al oeste que Cedros- o Erin -más al sur-, donde no hay puestos oficiales de entrada y la bienvenida la ofrecen la playa mansa, la noche y el silencio. Los pescadores de la zona reconocen que entran muchos venezolanos “pero cada vez menos por aquí”, según Selwyn Joseph, que vive en Icacos, “últimamente hay más patrullas de vigilancia”. Sin importar la estrategia, la mayoría llega a Trinidad con un objetivo único: trabajar y ganar en dólares para ayudar a quienes se quedan en casa.

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Desamparados

A diferencia de otros países limítrofes con Venezuela, que desde hace meses cuentan con algún aparato legal y logístico para recibir el flujo creciente de quienes escapan de la crisis, Trinidad y Tobago apenas improvisa. Según la Jefa de la Oficina de Inmigración, Charmaine Gandhi-Andrews, en 2015 solo seis venezolanos habían pedido asilo, saltando el número a 2.000 solicitantes en 2017, en su mayoría procesados por la agencia católica de atención al refugiado Living Water Community (LWC), una especie de brazo ejecutor de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur).

Aunque no ofrecen información sobre el número de solicitantes, los voceros de LWC deslizan un cálculo: cada semana reciben entre 150 y 180 venezolanos pidiendo asilo y proyectan que a final de este año al menos 10.100 estarán en la isla pidiendo protección. Según las autoridades trinitarias solo en 2017 ingresaron por los puertos oficiales de entrada 27.000 venezolanos.

Sin embargo, estar en la lista de LWC no representa una solución para los venezolanos que buscan protección y refugio en Trinidad y Tobago. El andamiaje legal del país caribeño para tratar la migración se limita al Acta de Inmigración de 1969 (Immigration Act), enmendada por última vez en 1995 y en donde no hay una sola referencia a la figura del asilo o el refugio. El desfase de esta ley con la actualidad se remonta al uso de un lenguaje arcaico y discriminatorio, como la prohibición expresa de entrar al territorio a “personas que son idiotas, imbéciles, deficientes mentales, que sufran demencia o estén locas, que puedan ser una carga para el Estado” (artículo 8, numeral a), “personas tontas, ciegas, físicamente defectuosas o físicamente impedidas para ganarse el sustento” (numeral c), o “prostitutas, homosexuales o personas que hagan sus ganancias de estas actividades” (numeral e).

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Un flujo fuerte de migrantes cubanos que llegó a Trinidad en 2014 empujó finalmente la creación de una Unidad de Inmigración. En 2016, Acnur abrió una oficina en Puerto España, la capital de esta nación caribeña que comprende dos islas. Pero estas instancias pronto fueron sorprendidas por la llegada de los venezolanos en masa. “Nunca se había visto una migración de venezolanos así”, explica Rochelle Nakhid, directora de LWC. “Cada vez estamos recibiendo más gente sin pasaportes, siempre muestran la cédula de identidad. Algunos llegan por avión, la mayoría de los que entran por mar no tienen documentación y casi todos dicen que vienen buscando una mejor vida, que vienen buscando formas de enviar comida a sus casas o buscando medicinas”.

Sin normativa o ley que respalde la figura del asilo o el refugiado, Trinidad y Tobago no otorga esta condición a nadie, a pesar de ser firmante de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados creada en 1951 por Naciones Unidas. LWC apenas entrega un papel que advierte que el portador es un asylum seeker (buscador de asilo) y la Oficina de Inmigración de Trinidad y Tobago entrega un documento similar, aunque impreso sobre papel amarillo, y con un par de condiciones: los venezolanos deben entregar su pasaporte a la Oficina de Inmigración y presentarse ante esa instancia periódicamente.

Este último documento se llama “orden de supervisión” y suelen entregarlo también a los migrantes que fueron detenidos por haber ingresado al país ilegalmente y no habían pedido asilo. Los detenidos en estas condiciones, que quieran pedir protección una vez detenidos, solo podrán obtener el “papel amarillo” si pagan una multa o cumplen su tiempo en prisión.

En la práctica ninguno de estos papeles equivale a obtener el estatus de refugiado. Tampoco implican una residencia formal y, peor todavía, no significan un permiso para trabajar ni para estudiar, en el caso de los menores de edad. “El papel de LWC o el papel amarillo es, generalmente, una alternativa a ser detenido, les provee protección de ser deportados o detenidos, es el único mecanismo que hay”, puntualiza Nakhid.

Vidas suspendidas

Pero a Jean Carlos Anaya, por ejemplo, el papel de LWC no le sirvió de nada. Técnico Superior de Sistemas, natural de Valencia, capital del estado de Carabobo (centro de Venezuela), está preso en el IDC, siglas en inglés del Centro de Detención para Inmigrantes, construido en el año 2009 en Aripo, a casi una hora de Puerto España. Llegó a Erin sin pasaporte cuando todavía se podía pagar en bolívares el viaje en bote desde Tucupita, en noviembre del año pasado. Pronto se estableció en una habitación y comenzó a trabajar en una granja de pollos, luego en una ferretería, en ambos casos como ilegal y percibiendo hasta 1.500 dólares trinitarios a la semana (214 dólares americanos) que distribuía de tal modo que lograba enviar dinero a sus hijos, de catorce y seis años.

“Yo me administraba, la primera semana pagaba la habitación, la segunda y tercera semana compraba comida y lo que ganaba en la cuarta lo mandaba a Venezuela”, dice a través de una llamada telefónica desde el IDC. “Trabajaba de sol a sol, logré establecerme y estaba contento. A los dos meses fui a LWC y saqué mi papel de buscador de asilo, igual que mi hermano, que llegó conmigo y también está preso acá”. Ambos fueron detenidos al salir de una fiesta en la zona costera de Los Iros –“yo no sabía que por ahí había tanta patrulla”, se lamenta-, aunque mostraron sus constancias de solicitantes de asilo. La policía hizo caso omiso. “Nos pidieron 1.000 dólares americanos a cada uno para dejarnos ir, yo solo tenía en el bolsillo 700 dólares titi y nos apresaron”.

Eso ocurrió en junio de 2017. Anaya fue recluido en el IDC antes de que se le presentara en un tribunal. Al comprobar que era un solicitante de asilo inscrito en LWC, el juzgado decidió darle solo una reprimenda verbal y ordenó su liberación “en los próximos días”. Pero el valenciano fue trasladado a la prisión de máxima seguridad (MSP, siglas en inglés para Maximum Security Prison) junto con delincuentes comunes. Allí estuvo siete días sin recibir explicación alguna y luego llevado de vuelta al IDC, donde sigue preso hasta hoy. Su hermano, que entró a Trinidad como él y fue apresado en las mismas circunstancias, ni siquiera ha sido presentado ante algún tribunal. 

ArmandoInfo

Orden de liberación de Jean Carlos

“Yo conozco mis derechos, el tribunal ordenó mi liberación y aquí sigo. Yo pedí protección internacional y tengo un papel que la garantiza. Solo estoy esperando salir de aquí y voy a demandar a Trinidad y Tobago”, asegura Jean Carlo, quien a pesar del encierro no quiere volver a Venezuela. “Con todo el dolor le digo: no puedo volver. Necesito seguir trabajando, ganar dinero y mandarlo a mi casa. Entienda mi desesperación, mis hijos y mi mamá dependen de mí”.

La mayoría de los migrantes detenidos deben pagar una pena de hasta tres años de cárcel o una multa de hasta 2.100 dólares trinitarios (unos 300 dólares americanos), equivalentes a un posible pasaje de regreso a su país de origen. Entre la soledad y la pobreza no todos tienen los amigos o los recursos para cubrir ese gasto. Además, los montos de las multas a veces se establecen discrecionalmente, así como las fianzas.

José Heredia, lleva precisamente seis meses tratando de juntar los 3.000 dólares americanos (21.000 dólares trinitarios o titi) que se requieren para sacar de la cárcel a su amigo Ericson, detenido en diciembre de 2017 y sentenciado en menos de una semana a tres años de prisión, pues entró ilegalmente a Trinidad. “Fue todo muy rápido, sin abogado y sin nada”, asegura Heredia, “si no paga la multa nos dijeron que va a tener que pagar la pena en la cárcel de máxima seguridad, pero el monto es alto y me ha costado reunirlo”.

Peor que una carga, es un ‘spanish’

No hace mucho el tránsito de venezolanos era un asunto de rutina en Trinidad y Tobago porque se trataba justamente de eso: tránsito. En Cedros e Icacos casi todos recuerdan aquella rutina de llegada de venezolanos los viernes para ir de fiesta o a la playa el fin de semana, comprar alguna cosa y regresar el domingo. Otra de las actividades clásicas de los venezolanos, especialmente de clase media, era ir por unos meses a estudiar inglés. En sentido contrario, muchos trinitarios recuerdan que les gustaba viajar a la Isla de Margarita, a Cumaná y, a los de más recursos, llegar a Puerto La Cruz -todos enclaves turísticos del nororiente venezolano- o hasta Caracas, donde podían disfrutar de ese vértigo de gran ciudad que solía emanar la capital venezolana.

El cambio comenzó en 2015, con el desplome de ambas economías dependientes del petróleo –una caída catastrófica en el caso venezolano- y el creciente número de venezolanos llegando y quedándose en un país cuya población nativa empezaba a transitar la época de las vacas flacas. La sonrisa que se reservaba para el turista trasmutó en recelo ante el inmigrante, un poco más claro de piel que el trinitario, con poco entendimiento del inglés y con definitivamente menos recursos disponibles que el venezolano de antaño. El constante patrullaje de policías en la calle –sobre todo en Puerto España-, el limbo jurídico de su situación y las miradas escrutadoras de los locales mantienen agazapados a los venezolanos en sus casas o trabajos. Un par de saludos en la calle, “hola spanish”, no expresan justamente una bienvenida.

ArmandoInfo

Cedros

Norka Delgado y sus dos hijos no hablan español cuando van al centro de la ciudad, y eso que apenas salen. “Hablamos bajito, no queremos llamar la atención, acá somos spanish, latinos”. La rigidez del estado trinitario hacia los migrantes es tal que aunque un extranjero tenga estatus de residente, sus hijos no son admitidos en el sistema educativo formal hasta que logren tener esa misma condición. Norka, venezolana residente gracias a que su padre es trinitario, administradora de profesión y mesonera por necesidad, tiene más de un año en Puerto España, pero sus hijos de 14 y 16 años no son admitidos en ninguna escuela.

“Ese saludo implica que usted es extranjero, diferente”, explica Arnaldo Gómez, periodista venezolano atrapado en el limbo jurídico de ser solicitante de asilo sin derecho a estudio o trabajo, “es un señalamiento al fenotipo”. Gómez llegó en 2016 y asegura ser uno de los primeros venezolanos en solicitar asilo en Trinidad. Empezó arreglando cajas en una tienda, de la que hoy es una especie de gerente, gracias a la confianza que se ha ganado de los dueños. El tiempo transcurrido le permite afirmar que el trato de los trinitarios se ha ido deteriorando vertiginosamente. En una nota reciente, el diario Newsday de Puerto España se animó a calificar la migración venezolana como una “invasión”.

“Desde el primer momento en que pedí asilo me dijeron que no me podía quedar, pero me ofrecieron enviarme a otro país en un proceso de reasentamiento; escogimos Canadá. Tuve una entrevista en la oficina de migración, muy cordial, me presentaba cada tres meses. Luego en la segunda entrevista me quitaron el pasaporte y me pidieron presentarme cada mes. En julio del año pasado debieron haberme ayudado con el reasentamiento o al menos darnos la residencia o permiso de trabajo, pero nada. Me dijeron que ya no habrá reasentamiento. Es un absurdo legal, empujan a la gente a la ilegalidad y ellos lo saben. En Trinidad no existimos”, explica.

Sobre ese contexto los venezolanos no terminan de adaptarse, se sienten en una eterna transición. La mayoría espera poder ahorrar para irse a otro lado, pero muchos, como Gómez, enfrentan otro problema: el vencimiento de sus pasaportes y la imposibilidad de obtener uno nuevo a través de la página web del Servicio Administrativo de Inmigración y Extranjería de Venezuela (Saime), pues al llenar la planilla electrónica solo existen las categorías de turista y residente, no existe la categoría de refugiado. Los venezolanos migrantes en Trinidad no detentan ninguna de estas condiciones.

Fuera del radar

Sin permiso de trabajo, los venezolanos que llegan solo logran reubicarse en el ejercicio de oficios como taxistas, obreros, albañiles, mesoneros, domésticas. El ciudadano trinitario expresa temor de que ese flujo de migrantes cope los puestos de trabajo, por lo que muchos aplauden la política oficial de endurecimiento hacia el migrante expresada por el primer ministro a finales de julio. Sin embargo, no todos entran en pánico. “La gente cree que los venezolanos nos van a quitar los trabajos, se asustan porque la economía está mal”, cuenta en un viaje largo un taxista trinitario de fuerte acento hindú, “pero la verdad es que aquí hay mucho para hacer y no nos viene mal una ayuda”.

La condición de ilegalidad para trabajar –con papel de solicitante de asilo o no- suele hacer que los pagos que perciben los migrantes venezolanos estén muy por debajo del sueldo mínimo. En la costa, donde los oficios más comunes se relacionan con el trabajo del campo, en granjas, en la pesca o en el comercio informal, aún peor. Pero los venezolanos lo aceptan. Cualquier dólar se multiplica exponencialmente al ser enviado a casa. “Los trinitarios trabajan por 350 titi al día (50 dólares americanos), pero a nosotros nos pagan 150, dependiendo del trabajo”, cuenta Magda Estaba, una venezolana de 45 años que vive en Icacos, pero que a la vez se ha convertido en una especie de lazarillo o líder para la comunidad creciente de paisanos recién llegados a la isla.

“Ayudo como puedo, a veces presto plata para que demuestren que pueden estar en la isla y luego me la devuelven, pero lo que más trato es ayudar a buscarles trabajo. Solo en la procesadora de coco de la playa hay cinco venezolanos y a todos ellos yo les conseguí el trabajo”, dice, orgullosa, aunque no busque idealizar esa labor; reconoce que, por ejemplo, las jornadas del trabajo en el campo llegan a ser hasta de doce horas. “Los que quieren quedarse buscan su papel de solicitante de asilo en Puerto España y se quedan en esos oficios, pero muchos, sobre todo los que vienen con familia, terminan devolviéndose porque los niños no pueden estudiar”.

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Arnaldo Gómez, a quien el gobierno de TT le prometió reasentamiento y no cumplió. Trabajando en una tienda

En Puerto España los salarios mejoran un poco. Pero los costos de vivir en la ciudad también son mayores. Se puede conseguir al menos un venezolano sirviendo mesas en casi todos los restaurantes de la capital trinitaria, que por algún prodigio parecen estar exentos de las redadas de la policía. Sin embargo, incluso entre estos privilegiados que gozan de empleo y sueldo regulares, se percibe una gran vulnerabilidad.

Las mujeres se cuidan entre sí con esmero, pues, por su aspecto diferente, son objeto de gran demanda en el negocio de la trata de blancas. Malena Rodríguez es una chica procedente de la isla de Margarita que tiene casi dos años como inmigrante. Entró por la isla de Tobago, más agreste y septentrional que Trinidad, pero hoy vive en la isla mayor. Exhibe las marcas y raspones que le quedaron de lo que relata como un intento de secuestro del que fue víctima en abril de este año, al tomar un taxi de la calle. “Iba de mi casa al trabajo, una ruta que hago todo el tiempo, pero el taxi se desvió y empezó a rodar por una zona desconocida. Le pregunté al taxista a dónde íbamos y no me respondía, la segunda vez aceleró y entonces me lancé del carro aún en marcha. Menos mal me pude parar y salí corriendo, quién sabe que iba a hacer conmigo”, recuerda.

Ahora solo se transporta con un servicio de taxi al estilo de Uber, que es el mismo que usan todas sus compañeras de trabajo, meseras en el bar de la avenida Ariapita de Puerto España. Espera ahorrar lo suficiente para irse pronto de allí. “El trinitario no trata bien al extranjero”, puntualiza. Muy cerca, al menos cinco venezolanas ejercen la prostitución custodiadas por fornidos trinitarios. Se ven muy jóvenes y su acento destaca, como el de dos cubanas. Ninguna quiere contar cómo llegó allí.

*Las identidades de todos los venezolanos citados en este reportaje han sido protegidas para proteger su condición migratoria y trámites ante el gobierno de Trinidad y Tobago.

Lee más sobre lo que viven los venezolanos migrantes, con la versión contada desde Venezuela, en este enlace.