La obra maestra de la corrupción de Odebrecht fue digna de una galería de arte

Más allá de la salida humorística, Freites reconoce las transferencias. Pero asegura que se trataba de la forma de pago que empleó uno de sus clientes: el abogado venezolano Héctor Dáger, el mismo comisionista que primero fue señalado en Brasil como un intermediario del gobierno venezolano y del que ahora se sabe que llegó a compartir cuentas bancarias con el director superintendente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, quien en diciembre de 2016 lo delató en las interpelaciones del caso Lava Jato.

En total, Dáger aparece vinculado al flujo de 235 millones de dólares que la Fiscalía suiza atribuye a la trama de Odebrecht en Venezuela. Las alarmas se encendieron cuando le encontraron en cuentas bancarias de ese país unos 49 millones que había recibido de Innovation Research Engineering and Development y algunas otras de las fachadas ya conocidas del gigante de la construcción brasileña para hacer circular sus pagos irregulares.

Pero, luego de ese hallazgo inicial, las autoridades suizas repararon en un caudal aún más grueso, que había desembocado en las cuentas del mismo Dáger desde el Consorcio OIV, una trinidad de empresas que, junto a Odebrecht la italiana Impregilo y la venezolana Vinccler, se constituyó en junio de 2005 para levantar en el estado de Bolívar, en la Guayana venezolana, la tantas veces prometida y todavía inconclusa represa hidroeléctrica de Tocoma.

“Además de los ingresos directa o indirectamente del grupo Odebrecht en cuentas atribuibles a Dáger, constan otros ingresos que podrían ser de interés”, advirtió la fiscal Dounia Rizzonico en un documento con fecha del 10 de noviembre de 2017, que envió desde Suiza a la Fiscalía General de la República de Venezuela con el código SV.17.0220-REZ. “Se registraron cerca de 180 millones USD entre 2010 y 2015, provenientes de una cuenta del Consorcio OIV-Tocoma en el banco Banesco, Panamá, con la referencia de ‘purchase material’ [materiales de compra]”.

La Fiscalía suiza alcanzó a congelar casi 90 millones de dólares represados en cuatro de las trece cuentas bancarias a nombre de empresas controladas por Dáger: BMS Investment, Kenvest Corp, Ocean Business Ltd y Alquimia Holdings. Pero el resto del dinero siguió de largo. Verbigracia, 1,3 millones que terminaron en la sociedad M&L Art Corporation, cuyo receptor es el venezolano Alejandro Freites, dueño de la Galería Freites. Interpelado al respecto, el marchante asegura que la transacción no esconde mayor misterio que la venta a Dáger de unas obras de arte cuyos detalles prefiere reservarse. Además, se muestra sorprendido: nunca imaginó que en Suiza terminaran por relacionarlo con uno de los mayores casos de corrupción que se han visto en toda América latina.  

Pero tampoco sospechó, dice, de otro millón de dólares que recibió ya no directamente de Dáger, uno de los clientes de su galería, sino de la ya mencionada empresa-fachada de Odebrecht, Innovation Research Engineering and Development, que entre 2012 y 2014 había remitido 14 millones a Dáger desde el Meinl Bank de Antigua, el banco que compró e hizo Odebrecht a su medida en la isla caribeña de Antigua.

Fueron dos transacciones que abonaron a Freites en una empresa offshore, que compartía con su esposa e hija en las Islas Vírgenes Británicas con el nombre de Maambe Corporation, y desde la que sólo asegura haber vendido varias obras de arte que envió a Miami Beach, Florida. No más que eso; en la entrevista prefiere guardar los detalles por respeto a sus clientes.

La Fiscalía General de Venezuela no se ha referido ni a este aspecto particular ni, en general, al entramado de aportes y pagos irregulares construido por Odebrecht y otras empresas brasileñas de ingeniería civil en Venezuela.  Ahora que de a cuentagotas empiezan a aparecer varias piezas del rompecabezas de Odebrecht en Venezuela, en el despacho del fiscal oficialista, Tarek William Saab, ignoran el caso mientras su archirrival, la fiscal rebelde, Luisa Ortega Díaz, conseguía esta semana del llamado Tribunal Supremo en el exilio una condena de 18 años de prisión contra el primer mandatario, Nicolás Maduro.

Saab descartó hace un año abrir una investigación contra Maduro. "No vamos a trabajar en función de especulaciones", resolvió en agosto de 2017 recién llegado a la Fiscalía. Ahora ni siquiera menciona al caso. En su despacho quedaron en dar una respuesta cuando esta semana se les formalizó una solicitud de información sobre el caso de Odebrecht, respuesta que nunca llegó.

Dáger, por su parte, en ese tinglado de transferencias, recibió abonos del ex presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción entre 2002 y 2004, Juan Francisco Clérico, quien ha sido la cabeza de la empresa Venezolana de Inversiones y Construcciones Clérico, C.A, la tradicional empresa familiar Vinccler, una de las más importantes en Venezuela en proyectos de infraestructura. Vinccler acompañó a Odebrecht en la inconclusa hidroeléctrica de Tocoma y participó también en proyectos de construcción de líneas del metro, suscritos por el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política), el general Gustavo González López, cuando era presidente del Metro de Caracas y de Los Teques.

Destacan de igual forma 2,2 millones de dólares que Odebrecht depositó en el Credit Suisse a la empresa Rote Energie de Joan Manuel Fereira Rosillo, un contratista en el estado de Zulia (extremo noroccidental de Venezuela), que ha trabajado para la petrolera estatal Pdvsa y las alcaldías de Maracaibo y San Francisco. Fereira, en cualquier caso, es mucho más recordado por haber sido parte de la estafa millonaria que entre, 2003 y 2005, fue conocida en la región como La Vuelta, por la que fue procesado.

Aunque se buscó la versión de todos los involucrados, prefirieron optar por el bajo perfil y declinar la oportunidad de publicar sus declaraciones. Varios, sin embargo, reconocieron las transferencias desde las firmas vinculadas a la caja dos de Odebrecht, pero al mismo tiempo insistieron en que tenían contratos, facturas y todo en regla para justificar los pagos detectados en Suiza.