La discriminación por VIH gana la batalla en los cuarteles
En el orden cerrado de la Fuerza Armada Nacional venezolana, la misma que se denomina humanista, revolucionaria y socialista, no hay espacio amplio ni estrecho para los uniformados que portan el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Las sanciones son precisas y su aplicación está plagada de prejuicios, marcadas por la homofobia y la desinformación. A pesar de los avances jurídicos en varios países de América Latina, el manejo del virus sigue siendo un reto después de 37 años y al menos 1200 uniformados venezolanos afectados prefieren el secreto antes que poner en riesgo su profesión
En el mundo castrense
hay dos respuestas ineludibles en un orden inquebrantable: la primera es
“ordene”, la siguiente es “entendido”. Luis lo sabía como estudiante del
Instituto Universitario de Tecnología “Coronel Leonardo Infante”, ubicado en
Punta de Mata, estado Monagas, al oriente de Venezuela. Allí había ingresado
para formarse académicamente como Guardia Nacional, algo que quería hacer “desde
que tengo uso de razón” y donde llegó sorteando las carencias económicas
familiares. Para ingresar a la
academia debía hacerse un examen de sangre para descartar enfermedades y
afecciones, era obligatorio, pero como no tenía dinero para costearlos decidió
donar sangre para obtener gratis ese informe serológico que descarta, entre
otras cosas, la presencia de hepatitis B y C, sífilis, Mal de Chagas, el virus
Htlv I y II y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en el organismo.
Logrado el requisito, no hubo impedimento físico ni de salud que frenara su
entrada a la escuela castrense. Una de esas ocasiones
en las que Luis cumplió con el respectivo “ordene”, ocurrió días antes de la
graduación del curso que había tomado para abrirse un camino como guardia
nacional. “Preséntese vestido de gala en la oficina del general”, le dijeron. Y
él, como siempre, asintió con un “entendido”. Lo que ocurrió en esa oficina lo
marcó.
Le informaron que no
podía graduarse porque no tenía notas ni registro académico por inasistencias.
La sorpresa fue mayúscula, Luis había cumplido con todas sus clases e incluso
había presentado la tesis para graduarse y ascender a sargento segundo de la
Guardia Nacional. Era evidente que aquello no era cierto. Era evidente que no lo
querían allí, algo estaba pasando. Tres meses antes Luis
fue invitado a donar plasma junto con otros estudiantes del instituto. Algo de
rutina para servir a la población. A las pocas semanas lo llamaron para que
acudiera al hospital de Punta de Mata a hacerse un chequeo médico. “Entendido”,
dijo. Semanas más tarde le pidieron lo mismo pero, esa vez, con la indicación
hacia el hospital Manuel Núñez Tovar en Maturín, en la capital del estado. Y un
tercer requerimiento llegó, de nuevo, semanas después: “debes irte de comisión a
Caracas, al hospital militar Carlos
Arvelo”.
Es allí, en el
servicio de infectología, donde Luis se entera de que sus exámenes de VIH dieron
positivos. Había ocurrido tres meses antes, al momento de descartar el virus en
la donación de plasma, pero nadie le informó. Tampoco se lo dijeron en los
hospitales de Monagas. “¿Sabes por qué estás aquí, nuevo?”, fueron las palabras
de la doctora segundos antes de decirle el diagnóstico. A Luis no lo dejaron
graduarse ni continuar su carrera militar por ser seropositivo.
Expulsión sin medias tintas
Tener un diagnóstico
de VIH dentro de la Fuerza Armada Nacional venezolana es una batalla perdida
desde dos flancos: los superiores que no acepten a un seropositivo en sus filas
y la humillación y discriminación que se evita a toda costa. Esta reacción a la
enfermedad empuja a pedir la baja antes de tiempo y en ocasiones se expulsa al
soldado sin mayor explicación, como le pasó a Luis, nombre ficticio del joven de
30 años que lo vivió y que pide mantenerse en el anonimato para no perder su
trabajo actual, en un organismo gubernamental, donde no saben su condición.
Pocos
se atreven a denunciar y pelear por su causa aún cuando los médicos indiquen que
el uniformado puede continuar en sus labores por estar asintomático o con la
carga viral indetectable en su sangre, lo que se traduce en cero riesgo de
infectar a otros. La discriminación
se vive en silencio, desde el orgullo de no permitir ningún cuestionamiento, o
desde la vergüenza. “No es fácil decirle a otro lo que uno tiene”, dice Luis.
Tan difícil es que 10 años después de aquella noticia en el hospital militar de
Caracas, su familia no sabe su condición. Para ellos Luis no pudo graduarse en
la escuela de guardias por sus reiteradas inasistencias; mejor eso que hablar del VIH.
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En los cuarteles
venezolanos las reglas internas tampoco dan tregua a los seropositivos. Los
alumnos de las instituciones, escuelas y academias de formación de oficiales,
suboficiales, tropa profesional, profesionales de carrera y de cualquier nivel
de formación que dependan del Ministerio de la Defensa, que resulten positivos a
la prueba de VIH, son sometidos a una junta médico-militar para determinar su
invalidez para continuar en la carrera militar o no, y de aprobarse tal
condición, el joven es excluido inmediatamente “para preservar su salud”.
Si el resultado de
“presunto positivo” lo recibe un alistado (aquellos que aún no han sido
juramentados para prestar servicio militar), es “diferido temporalmente” hasta
realizarse los exámenes confirmatorios; y si se confirma son expulsados. No
continúan en la fuerza.
Si es un soldado, lo
que corresponde es un reposo domiciliario, y en caso de que el diagnóstico de
VIH lo reciba un militar profesional, a partir de ese momento sólo podrá
desempeñar funciones administrativas “en tiempos de paz”, mientras que “en
tiempo de guerra deberá permanecer de reposo domiciliario”. Todo esto según las
Normas para la prevención, manejo y
control de la Infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), en el personal militar y
civil de la Fuerza Armada Nacional, vigente en Venezuela desde 2007.
Para ingresar a
cualquiera de los componentes de la Fuerza Armada Nacional se exige la prueba
del VIH dentro de la lista de exámenes hematológicos. De resultar seropositivo
se niega el ingreso, mientras que una vez adentro, anualmente y antes de cada
ascenso, es repetida. Son filtros que cortan en seco cualquier aspiración
militar, y que contrastan con los avances que se han logrado en otros ámbitos
laborales, tanto en el país como en el mundo, desde que el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) debutó internacionalmente en el año 1981, y en
Venezuela en 1983.
“Nosotros hacemos el
diagnóstico y hacemos un informe donde reportamos que el joven puede regresar a
su unidad, pero eso no es lo que finalmente pasa”, relata un médico del servicio
de infectología del Hospital Militar de Caracas, antigua Unidad de
Inmunosuprimidos de Sanidad Militar, donde centralizan los diagnósticos. “Que
los reciban de nuevo no depende de nosotros sino del comandante o general de la
unidad”. La última palabra no suele ajustarse a las normativas ni al criterio
científico.
Normas para el manejo del (V.I.H.) en la FANB by ArmandoInfo on Scribd
“A veces los jefes
les dan reposo porque no quieren tener a un VIH en sus filas. También ocurre que
las comandancias hacen sus juntas médicas y deciden darle de baja al soldado o
al sargento, contrariando lo que dice el informe que emitimos como Hospital
Militar de referencia; en estos casos nosotros no podemos hacer nada. Y hay
ocasiones en las que el reposo o la baja se dan de mutuo acuerdo. Pero si yo
digo que el paciente está perfecto y llega el comandante del batallón y le da
reposo, ¿cómo hacemos?”, agrega el doctor.
Eso fue lo que le
ocurrió a Luis. Tras recibir la confirmación del virus entendió por qué sus
superiores no le permitieron graduarse. Pero no se conformó con aquello. Se leyó
la norma del Ministerio de Defensa sobre el manejo del virus en el personal
militar y aplicó lo indicado en los numerales 5 y 6 sobre la situación laboral
del personal militar diagnosticado. Solicitó ser escrutado por una junta
médico-militar, pidió una evaluación psicológica y llevó su caso a la Fiscalía Militar.
En el primer filtro
los médicos confirmaron su buen estado con precisión: “el mencionado aspirante,
en vista de estar clínicamente e inmunológicamente estable (…) no hay
contraindicación para continuar con sus actividades académicas y laborales desde
el punto de vista psicológico y físico”. Los psicólogos lo hallaron apto
también: “para el momento de la entrevista no existen contraindicaciones para su
desempeño laboral y académico”. Pero ninguno de estos informes, ni el reporte
del jefe del Comando de las Escuelas de la Guardia Nacional, ni el de la
Fiscalía Militar valieron para que Luis continuara.
“Tú estás suspendido
por lluvia”, fue lo primero que le dijo el coronel que dirigía la escuela de
guardias de Punta de Mata cuando leyó el informe firmado por sus superiores en
Caracas. “Mientras yo esté aquí tú no te vas a graduar”, remató. Luis lo
recuerda con la lucidez propia de esos episodios que marcan un momento clave en
la vida. Hasta la entrada a la institución le negaron.
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“El que se mete en la
vida militar es porque quiere, es por vocación. Aplicar esto a los muchachos que
están empezando es truncarles la carrera”, explica otro especialista en
infectología que trabajó por más de una década en el hospital Carlos Arvelo.
Para estos soldados, su estancia en el servicio militar implica un medio de
subsistencia, donde tienen comida garantizada, reciben un sueldo y con eso
pueden ayudar a sus familias. Tradicionalmente era así. Ahora, en la Venezuela
de la hiperinflación, esta opción de apoyo familiar desde el servicio militar se
ha desdibujado por completo, aún con los ajustes salariales decretados desde
Miraflores para el personal castrense.
Para recibir los
ascensos, los militares de carrera también deben pasar por el tamiz de unos
exámenes generales (físicos, médicos y psicológicos), donde está incluido el
VIH. La confirmación del virus causante del sida les impide ascender, aunque hay
excepciones, pero en todo caso implica la reasignación hacia un cargo
administrativo. Aunque es un deber
del jefe del servicio de infectología notificarle al jefe del batallón la
confirmación de un caso de VIH en sus filas y manejar los datos del uniformado
con confidencialidad, la información termina por escurrirse y con ella empieza
la discriminación.
Homofobia legal
Luis es uno de los
pocos que se ha atrevido a pelear por su continuidad en la Fuerza Armada
Nacional. “Lo común es que pidan la baja apenas reciben el diagnóstico”, indica
Eduardo Franco, director de la organización Manos Amigas por la Vida (Mavid),
que defiende los derechos de los venezolanos que viven con VIH. “Porque asumir
un cargo administrativo es como un despido indirecto aunque sigas siendo
uniformado”, agrega. Pero hay un factor adicional que incide en este tipo de
decisión. A su oficina, en el
estado Carabobo, han llegado jóvenes que, tras recibir la confirmación, colgaron
su uniforme no por motivos de salud -como enfatiza la normativa del Ministerio
de Defensa- sino por el miedo a ser identificados, señalados y discriminados.
Dentro de la Fuerza Armada Nacional el VIH se sigue viendo como sinónimo de
homosexualidad y esta es claramente penada por la ley castrense venezolana.
El Código Orgánico de
Justicia Militar detalla, en su artículo 565, que “el oficial que cometa actos que lo afrenten
o rebajen su dignidad o que permita tales actos, sin tratar de impedirlo por los
medios autorizados por la ley, será penado con prisión de uno a tres años y
separación de las Fuerzas Armadas. La misma pena se aplicará a todo militar que
cometa actos sexuales contra natura”.

En las fuerzas armadas venezolanas, por cada 10 hombres confirmados con VIH se diagnostica 1 mujer.
Esta norma se ha
mantenido vigente durante más de 20 años en un Gobierno que se autodenomina
revolucionario y progresista. “Somos el único país de América Latina que
penaliza la relación homosexual”, precisa la abogada Tamara Adrián, diputada de
la Asamblea Nacional, referencia en la defensa de los derechos de la población
LGBTI y primera diputada transexual de la región.
Mientras los países
europeos y del continente americano avanzaron hacia la eliminación de estas
penas en sus leyes y códigos, desde que la homosexualidad fue excluida en 1990
de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud,
Venezuela se ha quedado rezagada junto a algunas de Centroamérica y del sur,
como Paraguay. El rezago se manifiesta abiertamente en el sector castrense.
Si bien persiste
dentro de los cuarteles esa asociación retrógrada, propia de la década de los
80, de que el VIH es un asunto exclusivo de homosexuales, dentro de las Fuerza
Armada Nacional venezolana el mayor porcentaje de infectados no es el de hombres
que tienen sexo con hombres (el grueso de los diagnósticos en Venezuela están
concentrados en este grupo). Por el contrario, la mayoría suelen registrarse en
hombres heterosexuales, aseguran los infectólogos del hospital que aceptaron
hablar para este reportaje, pero además lo confirman investigaciones publicadas
por la Sociedad Venezolana de Infectología.
En el Hospital Carlos
Arvelo la vía de transmisión más común entre los pacientes diagnosticados con el
virus es el contacto sexual entre heterosexuales (45%), seguido por las
relaciones homosexuales (29%) y teniendo como elemento común en ambos las
conductas de riesgo (no usar preservativos, compartir trabajadoras sexuales),
esto según un trabajo académico que determinó el patrón epidemiológico de las
nuevas infecciones en dicho hospital, entre 2010 y 2016.
Pero aún con esta
particularidad, hablar de VIH en cualquier componente militar es un tabú. “Nunca
he entendido cuál es el problema de decirlo si aquí la gente se infecta por la
otra concepción, por aquello de querer ser el machote del grupo que mientras más
mujeres tiene, mejor”, comenta uno de los médicos del servicio. La tendencia
entre los militares venezolanos es que por cada 10 hombres con VIH se
diagnostica a 1 mujer.
La homofobia es la
respuesta a la pregunta. El artículo 565 del Código de Justicia Militar lo
refuerza al criminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo y ciertas
prácticas de rechazo la han alimentado por décadas. Gays y, más recientemente,
lesbianas dentro de las fuerzas armadas se ven obligados a ocultar su
orientación sexual para sobrevivir en sus filas; de lo contrario no solo se
exponen a la expulsión o la cárcel, también a tratos humillantes que solían
practicarse hasta hace una década atrás a los hombres homosexuales que eran
delatados por sus pares. Con los años ha dejado de hacerse, pero el fantasma de
su aplicación mantiene viva la cultura de rechazo y vergüenza.
Lo llamaban “el
castigo rojo” y era una práctica para expulsar a quienes tenían una orientación
que no fuera heterosexual. Sacaban al joven al patio principal de la comandancia
o regimiento, lo obligaban a desvestirse y ponerse un vestido de mujer color
rojo o rosado, y conminaban a sus compañeros a darles la espalda; en casos
extremos les exigían también golpear al joven, y como cierre lo obligaban a huir
por la puerta de atrás, corriendo, saltando muros y rejas. “Esa es la
humillación más grande que yo he visto”, dice Ernesto, militar retirado que
presenció en dos oportunidades este tipo de actos, una vez en Caracas, otra en
Amazonas.
Germán, un militar
retirado, seropositivo, que defiende los derechos de las personas con VIH en el estado Zulia, también lo cuenta. Y
lo vincula al hermetismo que existía y persiste en el cuerpo militar con
respecto al virus y a las relaciones homosexuales que puedan darse en los
destacamentos. “Es una realidad aunque nadie lo habla”.
Él es muestra de
ello. Se infectó estando dentro del Ejército, donde mantuvo relaciones sexuales
con otros compañeros. Previo a su
ingreso solo había tenido relaciones con mujeres y ninguna de ellas es portadora
del virus. Es bisexual. Pidió la baja antes de saber que era seropositivo, luego
de 15 años prestando servicio, y recibió el diagnóstico dos años después de
haberse ido. Hay quienes se las ingenian para evadir las pruebas y procurar su
estancia.

La Guardia Nacional solía ser el componente con más número de uniformados seropositivos
“Recuerdo que había
compañeros que se iban repentinamente y nos decían que habían dado positivo a la
prueba antidrogas, que los habían expulsado por eso; recuerdo a un sargento que
pidió la baja porque tenía neumonía, supuestamente porque fumaba mucho, pero con
el tiempo me lo conseguí en la cola donde retiraba mis antirretrovirales. Ahí
entendí que se había ido por otra causa”, relata Germán.
Luis, en cambio,
forma parte de ese porcentaje de heterosexuales que encabezan la lista de
militares confirmados con el virus,
y que ni siquiera por eso resultan inmunes a la discriminación. Él no
habla de homofobia en su caso particular. “Lo que me demostraron fue que me
tenían miedo. Miedo al virus, ignorancia”, sostiene.
La directora de la
ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional,
Rocío San Miguel, asegura que están al tanto de las irregularidades que ocurren
dentro del sector militar relacionados con el diagnóstico del VIH, pero
documentar estas denuncias y llevarlas a feliz término es difícil. Los jóvenes
no denuncian porque se revictimizan, es decir, ya son víctimas por haber sido
expulsados por el diagnóstico, así que no lo plantean formalmente porque hacerlo
implica ser reconocidos por la sociedad como seropositivos y esto, a su vez, los
expone a ser víctimas nuevamente. “Les da miedo que los señalen y discriminen de
nuevo. Lo que hemos visto es que por lo general el eslabón más frágil suele ser
el soldado”.
A discreción
La tendencia en los
países de la región, que llegaron a formar parte del Comité de Prevención y
Control del Sida en las Fuerzas Armadas y Policías de América Latina y el Caribe
(Coprecos LAC), era dar de baja a los soldados que formaban parte del servicio
militar obligatorio si se les confirmaba el virus, entre otras cosas –y en el
caso venezolano- por no pertenecer a la nómina fija de la institución militar.
Solo Brasil los mantenía en sus filas y les garantizaba el tratamiento.
Hoy el comité está
inactivo y Venezuela dejó de participar en sus encuentros a mediados de 2011; la
poca información sobre el VIH en las FANB que podía obtenerse por esta vía se
cerró. Sin embargo, y más allá de Coprecos, varios países latinoamericanos han
cambiado su política, quedando Venezuela muy atrás en esa materia.
En Argentina, por
ejemplo, las modificaciones implementadas a partir de 2011, han permitido que
personas seropositivas ingresen a las fuerzas armadas y los militares de carrera
que eran asignados a tareas pasivas por su diagnóstico retornaron a sus
actividades. Sergio Maulen, director del Programa Nacional de Sida de Argentina,
explica que ahora no hay impedimento para ascender si el uniformado vive con VIH
y pueden seguir haciendo sus actividades propias del componente donde sirven. La
aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010 implicó un reacomodo en
las fuerzas armadas, pues tuvieron que cambiar sus políticas vinculadas a los
derechos humanos y el VIH, y hacia la diversidad sexual, sostiene el
directivo.
En el caso de
Colombia, la Corte Suprema ha dictaminado que “ser portador sano de VIH no es
calificable de enfermedad” y que por ende, la decisión de desvincular a un
alumno de una escuela militar por ser portador asintomático del VIH “obedece a
un prejuicio y no a una decisión fundada en la situación objetiva”.
En Venezuela las
decisiones siguen quedando a discreción. “De ninguna manera se justifica la
salida, en ninguna institución civil o militar, por tener VIH, eso es claramente
discriminatorio. Existe algo llamado ‘reasignaciones razonables’ que se aplican
si hay un riesgo cierto, y en ese caso pudiera ser la no participación en alguna
actividad puntual. Pero esta reasignación no aplica si es infundada”, explica
Feliciano Reyna, director de Acción Solidaria y activista defensor de derechos
humanos.

El riesgo de infección por contacto con heridas sangrantes que puedan darse en enfrentamientos o conflictos bélicos es menor a 1%
Cuando
la carga viral se halla indetectable no hay razón para frenar la participación
del uniformado en sus actividades, sostiene Reyna y
con él coinciden los infectólogos que atienden a los uniformados, quienes
aclaran que solo dan reposo cuando el joven está en etapa sida, de lo contrario
no se justifica. “El
VIH no genera ninguna discapacidad, lo que genera es discriminación a todo
nivel, incluso entre médicos”, sentencia Martín Carballo, jefe del servicio de
Infectología del Hospital Universitario de Caracas. Explica que las personas
bajo tratamiento antirretroviral no transmiten el virus de ningún modo porque
logran mantenerlo indetectable, pero además reitera que tampoco hay posibilidad
de infectarse con el virus por heridas ni en tiempos de guerra “porque esa tasa
de infección es bajísima, 0,03%, más baja que la de hepatitis B y C; la vía más
eficiente y principal son y siguen siendo las relaciones sexuales”, insistió el
especialista.
Tratamiento en secreto
Mientras unos
permanecen en el comando tratando de no ser señalados, aquellos que deciden
pedir la baja por la presión y discriminación que viven puertas adentro se
enfrentan en igual o mayor proporción al estigma y prejuicios que se mantienen
en el mundo civil. Es otra historia marcada por el miedo. No retiran sus
medicamentos en la farmacia de antirretrovirales del mismo estado donde cumplían
sus labores castrenses. Si son de Portuguesa se van a Aragua, o si están en
Zulia viajan hasta Lara.
Es común, asegura
Raiza Farnataro, de la fundación Conciencia por la Vida, ubicada en Lara, al
occidente de Venezuela. Allá, por ejemplo, lograron que la Dirección regional de
Sida destinara un día exclusivo para que los funcionarios militares y policiales
se hagan los exámenes de carga viral –cuando hay reactivos- para que no
coincidan con el resto de las personas y procurar la confidencialidad de los que
siguen activos teniendo el diagnóstico.
“Lo llamamos día
administrativo”, aclara Eduardo Franco, de la organización Mavid. “Ese día, en
nuestro caso, retiran antirretrovirales los militares, policías, políticos y
altos funcionarios del Gobierno, para resguardarles su identidad y condición”,
detalla. Son excepciones que pudieran pasar por discriminatorias pero Farnataro
y Franco coinciden en que la intención es garantizar que los uniformados no
dejen de ir a los chequeos ni abandonen el tratamiento que reciben del
Ministrerio de Salud, al igual que todos los venezolanos con
VIH.
De hecho, sin
importar el rango y la condición de activo o retirado, los militares suelen
delegar la búsqueda de antirretrovirales a familiares. “Por lo general retira la
esposa, un hijo, un amigo. Nunca ellos mismos”, reitera Franco.

Hasta 2007, el Ministerio de la Defensa reconocía 570 casos de VIH dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales
Pero además hay
uniformados que no asisten a la prueba confirmatoria en el hospital militar de
su estado, si hay, ni en Caracas. Prefieren ir a una consulta privada y es algo
que pasa, sobre todo, en los altos rangos. Toda una serie de circunstancias que inciden, también, en un subregistro.
Desde que se confirmó
el primer caso de VIH en el sector militar venezolano (1987) hasta 2007, el
Ministerio de Defensa registraba 570 oficiales seropositivos, entre los cuatro
componentes que integran la Fuerza Armada Nacional. De esa cantidad, 60%
pertenecía a la tropa alistada, “quienes por lo general ingresan ya infectados
al servicio militar”, indican los reportes oficiales disponibles. Actualmente la
cifra extraoficial se ubica por encima de los 1.200 casos.
Por tratarse de una
cifra pequeña, a partir de 2006 los militares con VIH pasaron a formar parte del
Programa Nacional de VIH/Sida del Ministerio de Salud, y comenzaron a recibir
los antirretrovirales a través de este despacho, ya no del Ministerio de la
Defensa. Por eso ahora, cuando se registra la mayor escasez de tratamientos
desde 1999 – ese año el Estado venezolano, por mandato de la entonces Corte
Suprema de Justicia, comenzó a otorgar gratuitamente los antirretrovirales- los
militares padecen la ausencia de medicamentos para controlar el VIH, las
infecciones oportunistas y de los reactivos necesarios para conocer el estatus
de la infección (carga viral y linfocitos T CD4).
Luis suma año y medio sin poder hacerse los exámenes de rutina, por lo que no sabe si el virus se multiplicó o permanece indetectable en su sangre. Como él, hay aproximadamente 130 mil venezolanos con VIH en riesgo por la escasez de reactivos, y 69.308 sin acceso a antirretrovirales desde septiembre de 2017, como reconoció el Estado venezolano en junio de 2018, durante la visita de una comisión técnica de la Organización Panamericana de la Salud al país.
Desde que vivió esa expulsión a finales de 2008, y que lo obligó a cambiar sus planes de vida militar por la carrera de Derecho, el miedo a ser señalado de nuevo lo arropa. Para ingresar a su trabajo actual en una institución del Estado, optó por falsificar el resultado de la prueba de VIH que le pidieron entre los requisitos. “No sé cómo reaccionarían al saber que tienen una persona con la condición de VIH en su equipo”. “No quiero que me boten otra vez”.