“Esto huele a dinero de Chávez”: la caída de los negocios offshore de Guarapiche Velásquez

El ex edecán del comandante revolucionario era cliente desde 2013 de Mossack Fonseca, que había registrado en su nombre una empresa en el paraíso fiscal de Seychelles para manejar una cuenta bancaria del militar venezolano en Suiza. Pero en 2016, luego de las revelaciones de Panama Papers, esa relación se volvió indeseable para el bufete, que intentó deslindarse a toda costa de la cuenta. Ahora el mayor retirado y su esposa, ex tesorera de la Nación, esperan en Madrid su posible extradición a Venezuela.
Leer
las comunicaciones internas entre los ejecutivos del bufete panameño Mossack
Fonseca (MF), después de que a comienzos de abril de 2016 estallara en medios de
todo el mundo el escándalo de los llamados Panama Papers, en mucho se asemeja a
oír las voces de los pilotos grabadas en la caja negra de una aeronave
estrellada: se registra la actividad frenética y, por último, la desesperación,
de quienes tratan de esquivar lo inevitable.
Una
filtración masiva de 13 millones de archivos procedente de Mossack Fonseca, uno
de los mayores proveedores de servicios offshore en Panamá y el mundo, dio lugar
ese año al proyecto periodístico de Panama Papers, que terminó sirviendo como
una radiografía de las entrañas de los paraísos fiscales y de los usos que a
esas entidades dan poderosos de todas las nacionalidades, a fin de ocultar sus
bienes o transacciones financieras del escrutinio de las
autoridades.
Ahora,
un segundo lote de documentos de Mossack Fonseca -cerca de una décima parte de
la filtración inicial- acaba de ser liberado. Recibido, como el primer lote, por
periodistas del diario Süddeutsche
Zeitung de Munich, Alemania, fue procesado y convertido en base de datos por
el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas
en inglés), con sede en Washington D.C., Estados Unidos, desde donde coordinó a
más de 100 medios de todo el globo para dar lugar a la secuela, Panama Papers 2.
La mayoría de los archivos incluidos corresponden al periodo entre 2016 y 2018 y
permiten conocer las maniobras que desde el interior de la empresa se intentaron
para mantenerla en funcionamiento tras la quiebra de su reputación, infructuosas
en definitiva: el bufete cerró su cuartel general panameño y sus 40 oficinas
internacionales en marzo de 2018, y muchos de sus directivos y representantes
enfrentan procesos legales en diversas jurisdicciones.
La
nueva filtración evidencia que una de las primeras reacciones de Mossack Fonseca
ante la crisis legal y de reputación que enfrentó desde abril de 2016 fue la de
deshacerse del lastre, como se haría en una nave que pierde altura. Tras revisar
sus archivos, detectó y ordenó renunciar a las cuentas tóxicas de empresas cuyos
accionistas visibles o últimos beneficiary owners cabían dentro de la
categoría de Personas Políticamente Expuestas o PEP, según sus siglas en inglés.
La
purga drenó del portafolio de Mossack Fonseca a muchos clientes venezolanos.
Pero un caso en particular puso a prueba los nervios de la gerencia
corporativa.
Mossack Fonseca suelta el lastre
“Esto
de verdad que me parece cada vez más surreal”, escribe exasperada Josette
Roquebert, ejecutiva del Departamento de Producción de Compañías de Mossack
Fonseca, el 22 de abril de 2016, a su colega Sandra de Cornejo, oficial del
Departamento de Cumplimiento. “El
tipo tiene cuenta bancaria y si hay dinero ilícito debería ser el banco quien se
diera cuenta ¿no? ¡Ponen la carga de la verificación en quien incorpora la
sociedad y que nunca tiene nada que ver con las actividades de la
sociedad!”.
El
“tipo” a quien alude el mensaje es Adrián Guarapiche Velásquez Figueroa, mayor
retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y quien entre 2008 y 2012 ha
tenido cargos de comando en la Guardia de Honor, el regimiento militar creado
por el Libertador Simón Bolívar en 1815 y que por tradición sirve de escolta
para el presidente de Venezuela. La cercanía al primer mandatario de la
República y líder de la autodenominada Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, que
le había concedido su cargo de edecán del presidente, no hizo del mayor
Velásquez Figueroa -apodado Guarapiche por el nombre del río que
cruza su ciudad natal, Maturín, en el estado de Monagas (oriente de Venezuela)-
un hombre conocido. Convenientemente, quizás.
También
bajo el amparo de su proximidad al poder y de un relativo anonimato había
prosperado la carrera de la mayor de la GNB, Claudia Patricia Díaz Guillén,
oriunda del estado de Táchira (Andes del suroccidente venezolano). Enfermera y
oficial asimilada a la milicia, tuvo a su cargo hasta 2010 la salud del
presidente Chávez. Un año después, en 2011, ya cumplía funciones como Secretaria
Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y Tesorera de la
Nación.
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Díaz
y Velásquez dejaron sus carreras de funcionarios públicos y contrajeron
matrimonio en 2013. Su parábola conjunta de oficiales retirados de las Fuerzas
Armadas podría haber continuado con un “vivieron felices por siempre”. Pero el 3
de abril de 2016, el primer reportaje de la sección venezolana de los Panama
Papers, bajo la firma de los periodistas Tamoa Calzadilla de la cadena de TV
Univisión en Miami, Florida, y Alfredo Meza, de Armando.info en Caracas, puso sus
nombres en la agenda pública, primero, y finalmente, en los legajos judiciales.
La
nota evidenciaba que en los archivos de Mossack Fonseca había quedado registrada
la incorporación en la República de Seychelles -un archipiélago en el océano
Índico, al suroeste de África- de una empresa, Bleckner Associated Limited, con
50.000 dólares de capital y Adrián Velásquez Figueroa, Guarapiche, como beneficiario final. La
empresa había sido constituida en 2014 para gestionar una cuenta en el Banco de
la Suiza Italiana (BSI, por sus siglas en italiano, luego fusionado con el EFG
Bank), un propósito en apariencia inalcanzable para alguien que hasta entonces
solo percibía el salario de un funcionario público.
“Yo
pienso que debemos salir de él”, opina Sandra de Cornejo, oficial de
cumplimiento de Mossack Fonseca, el 14 de abril de 2016, menos de dos semanas
después de la publicación. En pleno desarrollo de la crisis de Panama Papers,
con frentes que se abren casi todos los días en distintos lugares del orbe,
triturando poco a poco la marca corporativa, el correo interno de Mossack
Fonseca es un hervidero. Con todo, habrá tiempo de debatir sobre el caso del
venezolano. En el intercambio no falta quien sostiene que se trata de una cuenta
que pueden mantener. Pero, desde el principio, Cornejo es una de las más firmes
partidarias de desprenderse de ese cliente radiactivo. “¿Un capitán retirado del
Ejército venezolano con cuenta bancaria en Suiza? Esto huele a dinero de
Chávez”, escribe, implacable. Su criterio se impondrá a la
larga.
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En
otras comunicaciones internas, no relacionadas con el caso de Guarapiche, altos ejecutivos de la
compañía, incluyendo a uno de sus fundadores, Jürgen Mossack, dejan en claro su
escasa disposición a lidiar con dineros chavistas, una postura que tiene que ver
más con su opinión política que con precauciones de celo profesional. Entonces,
¿cómo se les ha colado el ex edecán de Chávez? La primera hipótesis apunta a una
labor deficiente de due dilligence
(debida diligencia). Pero en agosto de 2013, Jesús Hernández, un empleado del
Departamento de Cumplimiento, había advertido: “Considero necesario realizarle
un caso de enhanced due dilligence
(debida diligencia mejorada)”. La observación no fue considerada. Al final, los
negocios son negocios.
Para
cuando los ejecutivos de Mossack Fonseca deciden rectificar, ya era demasiado
tarde. Las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU, por sus
siglas en inglés) habían emitido un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) sobre
Bleckner Associates Limited, en el marco de una masiva petición de información
girada al bufete panameño. El 25 de mayo de 2016, Mossack Fonseca dirige una
carta a la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) en Mahe, Seychelles,
anunciando su renuncia como agente representante de Bleckner, la empresa de
Guarapiche Velásquez.
La
pretensión de Mossack Fonseca de separarse por salubridad del emprendimiento del
militar venezolano sufrió un ligero traspié el 16 de junio de 2016. Entonces una
comunicación de V3 Capital Partners, la empresa de gestión de activos en Ginebra
que sirvió de intermediario para ordenar la incorporación de Bleckner, reclama a
Mossack Fonseca que esta quiera renunciar a representarla, cuando desde Suiza se
le había pedido dos meses antes, en un momento en el que todavía no habían sido
publicados los Panama Papers, que procediera a disolver a Bleckner.
La
oficina de Mossack Fonseca en Seychelles secundó la solicitud de V3 Capital
Partners. Pidió a su comando central en Panamá detener la renuncia a representar
a Bleckner para, en cambio, disolver la compañía de Adrián Velásquez Figueroa.
Pero los ejecutivos de Panamá insistieron en renunciar. En agosto de 2016, a 90
días de la renuncia de Mossack Fonseca a representarla, Bleckner apareció como
“eliminada” (struck off) en un
reporte solicitado al registro de Seychelles; no había designado a un nuevo
representante durante ese plazo. Para entonces, también V3 Capital Partners
había notificado que “el accionista de Bleckner Associates”, es decir, Guarapiche Velásquez Figueroa, “ya no es
más nuestro cliente”, debido “al escándalo de Panama Papers y a todo el retraso
en tratar con la disolución de la empresa”, como explica Cassio H. Valdujo,
especialista en inversión de V3, en otra comunicación desde Ginebra del mismo 16
de junio de 2016.
Espera en Madrid
En diversas oportunidades durante el debate interno sobre qué hacer con Guarapiche Velásquez, los ejecutivos de Mossack Fonseca se congratularon al comprobar que, según sus informaciones, ni en Venezuela ni en ninguna otra jurisdicción se había abierto algún procedimiento legal contra el ex escolta de Chávez.
Desde
luego, no tenían cómo saber que 6 de abril de 2016, solo tres días después de la
fecha de la publicación de la historia de Velásquez y Díaz en Panama Papers, la
Dirección contra la Corrupción del Ministerio Público venezolano había recibido
una comunicación de la Dirección General de Contrainteligencia Militar -el
organismo que el propio Guarapiche había dirigido entre 2005 y 2008-, informando
de la apertura de una investigación sobre el caso bajo el identificador
DGCIM-DAIPT 098-2016.
Por
ello, seguramente, solo pudo ser con sorpresa que el 21 de abril una empleada
del Departamento de Cumplimiento de la compañía, Vidalma López, reportaba en un
correo electrónico: “Favor tomar nota de la noticia adjunta, acaban de detener
al director de la sociedad Josmel Velásquez Figueroa, hermano del BO (Beneficiary Owner). Quedo en espera de
sus comentarios para saber qué medidas tomamos con esta
sociedad”.
En
efecto, Josmel Velásquez Figueroa, hermano y socio de Guarapiche, junto a la madre de ambos,
Amelis María Figueroa de Denyr, habían sido detenidos el 15 de abril por las
autoridades en el Aeropuerto Caracas de Charallave, estado de Miranda, cuando se
disponían a abordar un vuelo hacia la vecina isla de Curazao. Como presuntos
implicados en delito de Legitimación de Capitales, Josmel Velásquez Figueroa
quedó bajo arresto en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar,
mientras que la mujer fue objeto de una medida de presentación ante el tribunal.
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Las
averiguaciones de la inteligencia militar y la fiscalía determinaron que Adrián
Guarapiche Velásquez Figueroa figuraba como directivo en siete empresas
panameñas y una en Florida, esta última, homónima de la venezolana MJ Box Tool
CA, contratista de la petrolera estatal Pdvsa. También se determinó que, junto a
su esposa, Velásquez era propietario de dos posadas turísticas en Galipán, un
lugar recreativo preferido por los sectores pudientes de Caracas, y en Los
Roques, un destino exclusivo en el Caribe venezolano.
El
26 de abril de 2016 la Fiscalía allanó los tres apartamentos propiedad del
matrimonio Velásquez-Díaz en el Conjunto Residencial Oasis de la urbanización
San Bernardino, en el centro-norte de la capital venezolana. La pareja había
habitado uno de los penthouses. Durante el procedimiento las autoridades
confiscaron joyas, mobiliario y vinos de alta gama, según reportaron. Los bienes
de los investigados quedaron a disposición de la Oficina
Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por
voluntad del Tribunal 47 de Control de Caracas. Pero, más importante aún, ese
mismo día se expidió orden de aprehensión contra Velásquez y Díaz, replicada por
una solicitud internacional diligenciada ante Interpol.
Todas
las actuaciones fueron adelantadas por el Ministerio Público bajo la conducción
de la entonces Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien se reveló como disidente
del chavismo más tarde y se exilió en Colombia, junto a parte de su equipo,
desde junio de 2017. Las diligencias parecieron quedar congeladas. Sin embargo,
en diciembre de 2017, el nuevo Fiscal General, Tarek William Saab, nombrado
irregularmente por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), anunció
la reanudación de las investigaciones. En abril de 2018, Saab hizo saber,
erróneamente, que Guarapiche
Velásquez y Claudia Díaz habían sido detenidos en
España.
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Lo
cierto era que el juez de la Audiencia Nacional española, Fernando Abreu, tenía
bajo su consideración conceder la extradición de la pareja a Venezuela.
Velásquez y Figueroa, luego de largas temporadas en un lujoso conjunto
residencial del oriente de República Dominicana, se establecieron en Madrid, con
lo que quedaron a tiro de la justicia española, que les ha prohibido dejar la
capital. Allí esperan la decisión del tribunal.
(*) Este reportaje fue elaborado en conjunto por Armando.info, El Confidencial de Madrid y Univisión de Estados Unidos, y forma parte del proyecto Panama Papers 2, a partir de una filtración recibida por el diario Süddeutsche Zeitung de Munich, y coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) de Washington D.C.