“Esto huele a dinero de Chávez”: la caída de los negocios offshore de Guarapiche Velásquez

Ahora, un segundo lote de documentos de Mossack Fonseca -cerca de una décima parte de la filtración inicial- acaba de ser liberado. Recibido, como el primer lote, por periodistas del diario Süddeutsche Zeitung de Munich, Alemania, fue procesado y convertido en base de datos por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), con sede en Washington D.C., Estados Unidos, desde donde coordinó a más de 100 medios de todo el globo para dar lugar a la secuela, Panama Papers 2. La mayoría de los archivos incluidos corresponden al periodo entre 2016 y 2018 y permiten conocer las maniobras que desde el interior de la empresa se intentaron para mantenerla en funcionamiento tras la quiebra de su reputación, infructuosas en definitiva: el bufete cerró su cuartel general panameño y sus 40 oficinas internacionales en marzo de 2018, y muchos de sus directivos y representantes enfrentan procesos legales en diversas jurisdicciones.

La nueva filtración evidencia que una de las primeras reacciones de Mossack Fonseca ante la crisis legal y de reputación que enfrentó desde abril de 2016 fue la de deshacerse del lastre, como se haría en una nave que pierde altura. Tras revisar sus archivos, detectó y ordenó renunciar a las cuentas tóxicas de empresas cuyos accionistas visibles o últimos beneficiary owners cabían dentro de la categoría de Personas Políticamente Expuestas o PEP, según sus siglas en inglés.  

La purga drenó del portafolio de Mossack Fonseca a muchos clientes venezolanos. Pero un caso en particular puso a prueba los nervios de la gerencia corporativa.

“Esto de verdad que me parece cada vez más surreal”, escribe exasperada Josette Roquebert, ejecutiva del Departamento de Producción de Compañías de Mossack Fonseca, el 22 de abril de 2016, a su colega Sandra de Cornejo, oficial del Departamento de Cumplimiento. “El tipo tiene cuenta bancaria y si hay dinero ilícito debería ser el banco quien se diera cuenta ¿no? ¡Ponen la carga de la verificación en quien incorpora la sociedad y que nunca tiene nada que ver con las actividades de la sociedad!”.

El “tipo” a quien alude el mensaje es Adrián Guarapiche Velásquez Figueroa, mayor retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y quien entre 2008 y 2012 ha tenido cargos de comando en la Guardia de Honor, el regimiento militar creado por el Libertador Simón Bolívar en 1815 y que por tradición sirve de escolta para el presidente de Venezuela. La cercanía al primer mandatario de la República y líder de la autodenominada Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, que le había concedido su cargo de edecán del presidente, no hizo del mayor Velásquez Figueroa -apodado Guarapiche por el nombre del río que cruza su ciudad natal, Maturín, en el estado de Monagas (oriente de Venezuela)- un hombre conocido. Convenientemente, quizás.

También bajo el amparo de su proximidad al poder y de un relativo anonimato había prosperado la carrera de la mayor de la GNB, Claudia Patricia Díaz Guillén, oriunda del estado de Táchira (Andes del suroccidente venezolano). Enfermera y oficial asimilada a la milicia, tuvo a su cargo hasta 2010 la salud del presidente Chávez. Un año después, en 2011, ya cumplía funciones como Secretaria Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y Tesorera de la Nación.

Díaz y Velásquez dejaron sus carreras de funcionarios públicos y contrajeron matrimonio en 2013. Su parábola conjunta de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas podría haber continuado con un “vivieron felices por siempre”. Pero el 3 de abril de 2016, el primer reportaje de la sección venezolana de los Panama Papers, bajo la firma de los periodistas Tamoa Calzadilla de la cadena de TV Univisión en Miami, Florida, y Alfredo Meza, de Armando.info en Caracas, puso sus nombres en la agenda pública, primero, y finalmente, en los legajos judiciales.

La nota evidenciaba que en los archivos de Mossack Fonseca había quedado registrada la incorporación en la República de Seychelles -un archipiélago en el océano Índico, al suroeste de África- de una empresa, Bleckner Associated Limited, con 50.000 dólares de capital y Adrián Velásquez Figueroa, Guarapiche, como beneficiario final. La empresa había sido constituida en 2014 para gestionar una cuenta en el Banco de la Suiza Italiana (BSI, por sus siglas en italiano, luego fusionado con el EFG Bank), un propósito en apariencia inalcanzable para alguien que hasta entonces solo percibía el salario de un funcionario público.

“Yo pienso que debemos salir de él”, opina Sandra de Cornejo, oficial de cumplimiento de Mossack Fonseca, el 14 de abril de 2016, menos de dos semanas después de la publicación. En pleno desarrollo de la crisis de Panama Papers, con frentes que se abren casi todos los días en distintos lugares del orbe, triturando poco a poco la marca corporativa, el correo interno de Mossack Fonseca es un hervidero. Con todo, habrá tiempo de debatir sobre el caso del venezolano. En el intercambio no falta quien sostiene que se trata de una cuenta que pueden mantener. Pero, desde el principio, Cornejo es una de las más firmes partidarias de desprenderse de ese cliente radiactivo. “¿Un capitán retirado del Ejército venezolano con cuenta bancaria en Suiza? Esto huele a dinero de Chávez”, escribe, implacable. Su criterio se impondrá a la larga.

En otras comunicaciones internas, no relacionadas con el caso de Guarapiche, altos ejecutivos de la compañía, incluyendo a uno de sus fundadores, Jürgen Mossack, dejan en claro su escasa disposición a lidiar con dineros chavistas, una postura que tiene que ver más con su opinión política que con precauciones de celo profesional. Entonces, ¿cómo se les ha colado el ex edecán de Chávez? La primera hipótesis apunta a una labor deficiente de due dilligence (debida diligencia). Pero en agosto de 2013, Jesús Hernández, un empleado del Departamento de Cumplimiento, había advertido: “Considero necesario realizarle un caso de enhanced due dilligence (debida diligencia mejorada)”. La observación no fue considerada. Al final, los negocios son negocios.

Para cuando los ejecutivos de Mossack Fonseca deciden rectificar, ya era demasiado tarde. Las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU, por sus siglas en inglés) habían emitido un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) sobre Bleckner Associates Limited, en el marco de una masiva petición de información girada al bufete panameño. El 25 de mayo de 2016, Mossack Fonseca dirige una carta a la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) en Mahe, Seychelles, anunciando su renuncia como agente representante de Bleckner, la empresa de Guarapiche Velásquez.

La pretensión de Mossack Fonseca de separarse por salubridad del emprendimiento del militar venezolano sufrió un ligero traspié el 16 de junio de 2016. Entonces una comunicación de V3 Capital Partners, la empresa de gestión de activos en Ginebra que sirvió de intermediario para ordenar la incorporación de Bleckner, reclama a Mossack Fonseca que esta quiera renunciar a representarla, cuando desde Suiza se le había pedido dos meses antes, en un momento en el que todavía no habían sido publicados los Panama Papers, que procediera a disolver a Bleckner.

La oficina de Mossack Fonseca en Seychelles secundó la solicitud de V3 Capital Partners. Pidió a su comando central en Panamá detener la renuncia a representar a Bleckner para, en cambio, disolver la compañía de Adrián Velásquez Figueroa. Pero los ejecutivos de Panamá insistieron en renunciar. En agosto de 2016, a 90 días de la renuncia de Mossack Fonseca a representarla, Bleckner apareció como “eliminada” (struck off) en un reporte solicitado al registro de Seychelles; no había designado a un nuevo representante durante ese plazo. Para entonces, también V3 Capital Partners había notificado que “el accionista de Bleckner Associates”, es decir, Guarapiche Velásquez Figueroa, “ya no es más nuestro cliente”, debido “al escándalo de Panama Papers y a todo el retraso en tratar con la disolución de la empresa”, como explica Cassio H. Valdujo, especialista en inversión de V3, en otra comunicación desde Ginebra del mismo 16 de junio de 2016.

En diversas oportunidades durante el debate interno sobre qué hacer con Guarapiche Velásquez, los ejecutivos de Mossack Fonseca se congratularon al comprobar que, según sus informaciones, ni en Venezuela ni en ninguna otra jurisdicción se había abierto algún procedimiento legal contra el ex escolta de Chávez.

Desde luego, no tenían cómo saber que 6 de abril de 2016, solo tres días después de la fecha de la publicación de la historia de Velásquez y Díaz en Panama Papers, la Dirección contra la Corrupción del Ministerio Público venezolano había recibido una comunicación de la Dirección General de Contrainteligencia Militar -el organismo que el propio Guarapiche había dirigido entre 2005 y 2008-, informando de la apertura de una investigación sobre el caso bajo el identificador DGCIM-DAIPT 098-2016.

Por ello, seguramente, solo pudo ser con sorpresa que el 21 de abril una empleada del Departamento de Cumplimiento de la compañía, Vidalma López, reportaba en un correo electrónico: “Favor tomar nota de la noticia adjunta, acaban de detener al director de la sociedad Josmel Velásquez Figueroa, hermano del BO (Beneficiary Owner). Quedo en espera de sus comentarios para saber qué medidas tomamos con esta sociedad”.

En efecto, Josmel Velásquez Figueroa, hermano y socio de Guarapiche, junto a la madre de ambos, Amelis María Figueroa de Denyr, habían sido detenidos el 15 de abril por las autoridades en el Aeropuerto Caracas de Charallave, estado de Miranda, cuando se disponían a abordar un vuelo hacia la vecina isla de Curazao. Como presuntos implicados en delito de Legitimación de Capitales, Josmel Velásquez Figueroa quedó bajo arresto en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar, mientras que la mujer fue objeto de una medida de presentación ante el tribunal.

Las averiguaciones de la inteligencia militar y la fiscalía determinaron que Adrián Guarapiche Velásquez Figueroa figuraba como directivo en siete empresas panameñas y una en Florida, esta última, homónima de la venezolana MJ Box Tool CA, contratista de la petrolera estatal Pdvsa. También se determinó que, junto a su esposa, Velásquez era propietario de dos posadas turísticas en Galipán, un lugar recreativo preferido por los sectores pudientes de Caracas, y en Los Roques, un destino exclusivo en el Caribe venezolano.

El 26 de abril de 2016 la Fiscalía allanó los tres apartamentos propiedad del matrimonio Velásquez-Díaz en el Conjunto Residencial Oasis de la urbanización San Bernardino, en el centro-norte de la capital venezolana. La pareja había habitado uno de los penthouses. Durante el procedimiento las autoridades confiscaron joyas, mobiliario y vinos de alta gama, según reportaron. Los bienes de los investigados quedaron a disposición de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por voluntad del Tribunal 47 de Control de Caracas. Pero, más importante aún, ese mismo día se expidió orden de aprehensión contra Velásquez y Díaz, replicada por una solicitud internacional diligenciada ante Interpol.

Todas las actuaciones fueron adelantadas por el Ministerio Público bajo la conducción de la entonces Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien se reveló como disidente del chavismo más tarde y se exilió en Colombia, junto a parte de su equipo, desde junio de 2017. Las diligencias parecieron quedar congeladas. Sin embargo, en diciembre de 2017, el nuevo Fiscal General, Tarek William Saab, nombrado irregularmente por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), anunció la reanudación de las investigaciones. En abril de 2018, Saab hizo saber, erróneamente, que Guarapiche Velásquez y Claudia Díaz habían sido detenidos en España.

Lo cierto era que el juez de la Audiencia Nacional española, Fernando Abreu, tenía bajo su consideración conceder la extradición de la pareja a Venezuela. Velásquez y Figueroa, luego de largas temporadas en un lujoso conjunto residencial del oriente de República Dominicana, se establecieron en Madrid, con lo que quedaron a tiro de la justicia española, que les ha prohibido dejar la capital. Allí esperan la decisión del tribunal.