El ‘take over’ militar de Pdvsa ya es un hecho pero no va bien

En los pasillos de Pdvsa y el ministerio se aseguraba que el hombre estaba ya agobiado, consciente de que la compañía -agigantada, endeudada, corrupta y deteriorada-, es ingobernable. “Él mismo dijo que no podía exponerse mucho, ni aparecer públicamente”, dijo una fuente que pidió mantener su nombre a resguardo. Las apuestas sobre su salida a mediano plazo eran altas. “El monstruo se lo está comiendo”, se decía.

Con todo, cuatro meses después de esa airada discusión, Quevedo sigue en el cargo. Y ha sido investido de poderes con los que jamás soñaron sus antecesores, ni siquiera Rafael Ramírez, el gerente consentido del ex mandatario Hugo Chávez, quien controló fondos petroleros secretos y acuñó la popular frase de la “Pdvsa roja, rojita”. Entre sus prerrogativas, el militar, tiene ahora hasta el poder de aniquilar al monstruo.

Un monstruo que, al igual que el país, de por sí ya está muriendo. De inanición, impago y del éxodo de sus profesionales. ¿Quizás para transformarlo en otra entidad? 

El pasado 13 de abril el presidente Nicolás Maduro decretó que Quevedo, como ministro de Petróleo, liderará una “transición” para reestructurar a Pdvsa y todas las empresas petroleras estatales. Tendrá discreción absoluta para contratar -ignorando la ley de licitaciones y otras- todos los servicios e insumos necesarios para impulsar la producción en las áreas operativas. También para “crear, modificar y eliminar” las empresas petroleras. La junta directiva de Pdvsa, hasta entonces última instancia colegiada de poder y de las decisiones clave de la compañía, ha sido relevada de facto de sus funciones.

“Ni Eulogio Del Pino ni Nelson Martínez pudieron cumplir con la meta de levantar la producción. La pregunta que todo el mundo en Pdvsa se hace es: ¿Podrá hacerlo Quevedo, en peores condiciones que antes, con una junta directiva donde nadie es petrolero, todos son gerentes militares, con menos recursos y sanciones?”, indica una fuente de la empresa.

En medio de la duda, los trabajadores del ministerio y compañía coinciden en que “el coco” ya llegó. “Todos piensan que Camimpeg tomó Pdvsa”, dijo un empleado, refiriéndose a la empresa militar de servicios petroleros y mineros creada por el Gobierno en febrero de 2016. “Desde hace dos años funcionarios comentaban que el gobierno designaría militares para dirigir Pdvsa. Y lo comenzamos a ver con la vicealmirante Maribel Parra”, agregó, refiriéndose a la vicepresidenta ejecutiva designada por Maduro en enero de 2017.

La colonización verdeoliva se extendió casi un año después, cuando en diciembre Maduro designó nuevos miembros ante la junta directiva y presidentes de filiales, la mayoría funcionarios bajo supervisión de Quevedo durante su gestión en el ministerio de Vivienda. En ese decreto del 22 de diciembre, se nombraron cuatro generales a la cabeza de empresas (PDVSA Naval y PDVSA Marina, PDVSA Asfalto, Gas Comunal, Operaciones Aéreas): Jesus Landa, Erling Rojas, Aurelio Cabrera y Manuel Mendible.

La tesis de que Camimpeg absorberá parte de las funciones operativas de divisiones de Pdvsa se airea desde su creación. La entidad asumiría los procesos medulares (exploración, producción y refinación). En caso de una “emergencia” -en el contexto del default financiero y demandas contra la empresa- Camimpeg asumiría los yacimientos y las reservas. “Así liberaría a la estatal de sus compromisos internacionales y hasta de problemas sindicales”, dice otro empleado de la estatal. Sería una estructura más ligera, deslastrada de las filiales no petroleras que al interior de la empresa saben que es necesario eliminar.

Muchos trabajadores que no se han unido al éxodo masivo que afecta a la empresa, seguían aferrados a los llamados de la junta directiva de volver a una empresa estatal de “primer mundo”. “Algo que no sea esto, que parece una casa de beneficencia pública, con comedores abarrotados de gente ajena a la empresa y solicitantes de donaciones circulando por los pasillos y las escaleras de los edificios”, indicó un trabajador, refiriéndose a la sede de la corporación en La Campiña, un barrio de clase media en el noreste de Caracas. En las compañías mixtas, el anhelo entre los trabajadores es casi unánime y de signo contrario a la revolución: aspiran a que las transnacionales retomen el control mayoritario para ser mejor pagados y producir más.

Pero todos saben que la aspiración está en franca contradicción con las discusiones internas de convertir a Pdvsa en una “corporación socialista” y, ahora, con el nuevo mando militar.

Si algo dejó claro el método general de Quevedo ante el disenso fue el piquete de la Guardia Nacional que ocupó los pasillos que conectan el ministerio del Petróleo con Pdvsa, en Caracas, luego de una protesta en el comedor -replicando similares manifestaciones en Anzoátegui, en el oriente de Venezuela- el pasado 23 de marzo.

La imposición de una orden -el método militar, pues- también prevaleció en el Centro Refinador Paraguaná, en la costa occidental del país, otrora el más importante del mundo, y ahora semi paralizado por falta de mantenimiento e inversión. Quevedo instruyó para que las plantas paralizadas y en condiciones delicadas reiniciaran labores, según lo denunció Iván Freites, representante del Sindicato de Trabajadores Petroleros del estado de Falcón, sede del complejo.

El clima laboral ya estaba deteriorado con la ofensiva contra la corrupción iniciada en tiempos de su antecesor, Eulogio Del Pino, y que, selectivamente, el fiscal oficialista Tarek William Saab aceleró en septiembre contra “el ramirismo”, o todo aquel relacionado en el pasado con la gestión de Rafael Ramírez. Sin embargo, la presencia de militares a la cabeza de la organización ha empeorado las relaciones internas y originado la estampida de trabajadores.

En Pdvsa, Quevedo designó a oficiales militares en las gerencias de Automatización, de Informática y Telecomunicaciones, y de Recursos Humanos. “Allí hubo renuncias de inmediato, por los maltratos del nuevo gerente”, dijo una fuente. En enero fuentes calculaban que en La Campiña, cuartel general de la industria petrolera venezolana, se sucedían más de 50 renuncias diarias.

Además, pende todavía sobre el tren ejecutivo la revisión anunciada por Quevedo, como parte de la reestructuración, de cien altos cargos. “Están investigando a todas las personas que desempeñaron funciones de directores, gerentes con presupuestos, para ver si hubo malos manejos”, dice una fuente. El efecto es la parálisis de los pocos procesos administrativos que marchan. “Muchas personas, de compras o servicios, no quieren firmar nada, por temor a la auditoría. Se ven en el espejo de Eulogio”. La estampida de ingenieros en áreas medulares ha sido inédita. Freites estima que más de 20 mil personas se han ido de la empresa, muchas sin siquiera renunciar. "Antes de que los investiguen o lleven presos, muchos gerentes piden vacaciones o se van y no regresan", dijo un operador de refinería en Puerto La Cruz.

En la Faja Petrolífera del Orinoco, regida por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), Quevedo también nombró a varios colegas castrenses a cargo de las gerencias de Recursos Humanos, Asuntos Públicos, Planificación y Logística. Las 44 asociaciones estratégicas que hay con socios privados nacionales e internacionales, están siendo revisadas, y el miedo a caer preso por una investigación -que puede obedecer a imperativos políticos más que a la justicia-  se ha traducido en la parálisis de los procesos de procura más sencillos, comentan trabajadores de una de las compañías mixtas. Ya hay más de 60 ejecutivos petroleros de Pdvsa detenidos por investigaciones de corrupción. Los últimos, sin que se conozca la causa, son dos venezolanos empleados de la estadounidense Chevron.

Los métodos aterrorizan. Una empleada cercana de Beatrice Sansó, la esposa de Ramírez, que fue presidenta del Centro La Estancia, el inocuo brazo filantrópico de la industria, fue interrogada por agentes del Sebin, la policía política, antes de despedirla. Y a los gerentes apresados de Citgo -la codiciada filial de Pdvsa en Estados Unidos-, “les tendieron una trampa”, según un empleado. La convocatoria a una reunión fue el anzuelo para reunir a los directores. “Ya congregados, llegó el Sebin, disolvió el encuentro y con fotografías de los investigados en mano, fueron identificando una a una a las personas para detenerlas”.

La estampida por miedo juega a favor de Quevedo y el gobierno, que están conscientes del burocratismo que generó la incorporación compulsiva de empleados en el pasado, y que llevó la nómina de 40.000 a 120.000 trabajadores, sin contar las nóminas paralelas que comentan empleados.

“Es un plan no declarado para fomentar que la gente se vaya, acelerando las jubilaciones, prohibiendo los traslados a otros ministerios o las comisiones de servicio”, indican. En medio de una reducción de 50% en los gastos, y de medidas de austeridad ordenadas en octubre, se planteó cerrar filiales no medulares. Pero la idea se engavetó porque tenía un “alto costo político”.

Si la gente en Pdvsa se preguntaba a principios de año cuál es la verdadera línea de Quevedo, el decreto es un buen indicativo. Una empresa socialista, en manos de una sola cabeza.