Presos en el limbo 59 colombianos por un capricho presidencial

El presidente Nicolás Maduro anunció el 1° de septiembre de 2016 la desarticulación de una conspiración contra su gobierno supuestamente fraguada por decenas de “paramilitares” colombianos. De aquella furibunda declaración hoy no quedan pruebas vinculantes, solo una especie de barrio improvisado en una comisaría en La Yaguara, donde entre sábanas y colchonetas transcurre las vidas rotas de 58 hombres y una mujer de nacionalidad colombiana, los supuestos “mercenarios” que además de no haber sido acusados formalmente de algún delito cuentan con una orden de liberarlos emitida en noviembre del año pasado. De nada ha servido que Colombia pida por ellos, la “revolución” no está dispuesta a reconocer que se equivocó.
Fotografías
por: FABIOLA FERRERO
Hace
días que Marlon Fuentes, un colombiano detenido en Caracas en 2016, siente
curiosidad por ojear la novela El Proceso, el clásico de Franz
Kafka. Le han dicho que su historia y la de los 57 hombres y una mujer que le
acompañan son parecidas a la de Josef K, el personaje principal. Encerrados en
la comisaría de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicada en La Yaguara, en
la capital venezolana, no saben de qué se le acusa y a pesar de tener una orden
de liberación –emitida en noviembre de 2017– siguen arrestados.
Todos
son colombianos indocumentados en Venezuela y fueron detenidos después de que el
presidente Nicolás Maduro anunciara la captura de un grupo de paramilitares que
habrían acampado a 500 metros del Palacio de Miraflores para atentar contra el
Gobierno de Venezuela. Fue en vísperas de la movilización opositora bautizada
como La Toma de Caracas, el 1 de septiembre de 2016, cuando el mandatario
anunció la proeza.
“Están
los vídeos. Le he dicho al ministro (para la Comunicación e Información) Luis
José Marcano, que preparemos una recopilación de lo que dijeron y de lo
hicieron, para que ustedes vean que amenazaron que iba asaltar Caracas, que iban
por mí a Miraflores y que el 1° de septiembre se acababa todo, pero no, no se ha
acabado nada, ha empezado algo nuevo, la contraofensiva popular revolucionaria
de calle”, aseguró el mandatario venezolano.
Pero
no hubo nombres ni testimonios, mucho menos confesiones. Ni entonces, ni nunca.
Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mostró un
fúsil con mira telescópica y otras armas de fuego, mapas con rutas imaginarias y
fotos de dos campamentos vacíos, desmantelados. En uno de estos, localizado en
la zona caraqueña de Manicomio, supuestamente fueron atrapados los 92
“mercenarios” que atentarían contra el Gobierno. Tampoco hubo alguna imagen de
aquella captura colectiva, el fin de aquella “conspiración” solo contó con el
megáfono presidencial.
Los
testimonios de estos colombianos aclaran que fueron arrestados entre finales de
agosto e inicios de septiembre de 2016, no en un solo operativo cerca del
palacio de gobierno -como dijo la versión oficial- sino en unas redadas
dispersas en varios puntos de Caracas en las que se les retuvo por no contar con
los papeles de migración en regla.
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Primero
fueron recluidos en la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la PNB
(Caracas), luego trasladados a la sede del mismo cuerpo policial en el estado de
Táchira (en los Andes venezolanos), desde donde serían deportados a Colombia por
indocumentados, pero los regresaron sin mayor explicación a la antigua
Escuela Vial de la Policía Nacional en La Yaguara, en Caracas. O mejor dicho, el
limbo. Poco a poco se fueron enterando que su encierro era por formar parte de
una conspiración contra el gobierno.
Hasta
estas detenciones, Maduro había denunciado 21 planes de derrocamiento desde que
asumió la Presidencia en 2013. Al momento en que el mandatario
anunció la frustración del supuesto plan, Fuentes –nacido en 1982, en
Barranquilla– llevaba siete años en Caracas trabajando como zapatero en su casa.
El día de su arresto, el 2 de septiembre, fue bajado de un autobús por oficiales
de la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la PNB en el barrio de
Petare. Fue detenido por no contar con una cédula de identidad certificada en
Venezuela.
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Los
hermanos Ever y Deivis Julio –procedentes de Sincelejo– recuerdan que salían de
una venta de plátanos en Petare cuando fueron detenidos por la PNB. “Les
entregamos documentos colombianos y pasaportes fronterizos, pero nos llevaron a
la comisaría y dijeron que sería un chequeo de rutina. Después nos comunicaron
que seríamos deportados y finalmente nos mantienen arrestados sin haber cometido
algún crimen”, relata Ever.
Para
amasar una cantidad notable de “paramilitares” las autoridades venezolanas
reclutaron colombianos de cualquier rincón posible. José Moreno e Israel
Cáceres, de 60 y 45 años de edad, respectivamente, estaban a punto de ser
liberados de las cárceles donde cumplían condenas por otros delitos cuando
fueron llevados al SAIME (Servicio Administrativo de Identificación Migración y
Extranjería) para efectuar trámites legales antes de salir a la calle. Pero en
vez de ser liberados fueron trasladados junto al resto de sus conciudadanos para
ser señalados de conspiradores. “Yo había entrado a la cárcel de Sabaneta
en Maracaibo (estado Zulia) por homicidio en 2009 y luego fui trasladado a
Barquisimeto (estado Lara). El 5 de septiembre sería puesto en libertad, pero
volví a caer en otra celda y con otra acusación”, dice
Moreno.
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Cáceres,
nacido en Santander, había llegado a Guarenas, en el estado Miranda, hace 22
años para dedicarse a la agricultura. Fue arrestado por deforestación ambiental.
Por el delito había pasado una década en cinco cárceles de Venezuela: Rodeo I,
Rodeo II, Yare II, Uribana y El Dorado. El 5 de septiembre de 2016 iba a ser
trasladado por la policía para su país, pero su rumbo cambió y fue acusado de
conspirador.
Las
historias se repiten hasta completar los 92 colombianos que de un día para otro
pasaron de ser indocumentados a ser los “desestabilizadores” de turno de la
“revolución bolivariana”.
En
el sinsentido de su prisión muchos se han quedado solos. La mayoría de sus
familias regresaron a Colombia empujadas por la crisis económica de Venezuela y
los parientes que todavía siguen en el país dicen estar preocupados por las
condiciones de vida de sus familiares presos. Luis Alberto, padre de tres hijos,
no ha podido cumplir su tratamiento médico en la cárcel. “Mi casa quedó
abandonada. Toda mi familia se fue a Colombia. Yo estoy padeciendo con mi
enfermedad. No hay nadie que nos defienda. Somos personas de a pie. Me
capturaron haciendo mi trabajo de mecánico”, recuerda.
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En
el reclusorio todos refieren la historia de José de los Santos Belmonte, uno de
los colombianos encarcelados que, según versiones de sus compañeros, murió en la
cárcel de Táchira producto de que un insecto entró en su oído. Ninguno ha sido
exonerado fácilmente de la pena, pese a que tienen orden de liberación. Los que
han salido del cautiverio es por fuga, en su mayoría, quedando los 59 que hoy
siguen tras las rejas.
Por
su liberación ha pedido el gobierno de Juan Manuel Santos, con más fuerza en los
úiltimos meses. El 11 de febrero de este año la Cancillería colombiana informó
en un comunicado que en 24 reuniones bilaterales conversó sobre el asunto con
las autoridades venezolanas, además de enviar 40 notas oficiales para exigir la
libertad del grupo. Este mensaje ocurre después de que José Miguel
Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), criticara al
Gobierno de Colombia por no haber actuado enérgicamente desde septiembre de 2016
para exigir la repatriación de estas personas. “Lamentamos profundamente que, a
pesar de la gravedad de la situación, no parece haber priorizado adoptar medidas
para lograr la liberación de sus connacionales”, reza una carta del organismo
internacional.
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Muchos
de los prisioneros indican que el verdadero motivo de su cautiverio es no dejar
en evidencia que Maduro cometió un error al detenerlos, que lo suyo fue “un
falso positivo” y que, más allá de la decisión de los tribunales, dependen de
una orden presidencial para volver a ser libres. “El oficial (Alfredo Pérez)
Ampueda (jefe de la PNB) no ha podido soltarnos porque no se ha autorizado desde
Miraflores”, asevera uno de los
reclusos.

Aislados y sin trabajo asignado, el ocio es lo que manda. Los colombianos pasan las horas viendo televisión, uno de los pasatiempos permitidos en el galpón donde se hallan desde 2016.