La disidencia de la guerrilla colombiana penetra el Amazonas venezolano
Ex combatientes de la que fuera la mayor guerrilla de América Latina y que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 se encuentran en un proceso de transición y reacomodo de estructuras criminales, donde el tráfico de drogas ilícitas y la minería ilegal continúan siendo sus principales ejes articuladores, ahora en territorio venezolano. En Amazonas se han reunido con pueblos y comunidades indígenas para formalizar su presencia en el territorio, afirmando que cuentan con el apoyo del Gobierno venezolano, pero también se desplazan hacia terrenos del Arco Minero del Orinoco, donde incluso controlan minas de coltán.
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Su
verdadero nombre es Miguel Díaz Sanmartin, pero en realidad todos lo conocen
como “Julián Chollo”, el alias que le dieron cuando ingresó en 1996 a las filas
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con apenas 20 años de
edad. De no ser por su marcado acento y el uniforme verde oliva sin insignias
que viste aún después de haberse desmarcado del acuerdo de paz, firmado por el
grupo guerrillero en noviembre del 2016 con el Gobierno de Juan Manuel Santos,
pasaría por un indígena más del Amazonas venezolano, uno de los estados
fronterizos con Colombia donde Julián controla todo lo que entra, se produce y
sale de las minas ilegales de oro que devoran el corazón del Parque Nacional
Yapacana.
Aun
cuando cuenta con un anillo de seguridad que lo sigue a todos lados Julián es
percibido como un “lobo solitario”, lo que sumado a su carrera de ex guerrillero
ayudó a tejer a su alrededor temor y respeto entre quienes lo conocen o solo han
escuchado hablar de él.
De
baja estatura, piel mestiza y ojos rasgados característicos de los indígenas
descendientes de los gorrones que habitaron El Dovio, un municipio de Colombia
situado al sur- oeste de ese país, Julián inició su trayectoria guerrillera en
el Frente 40 Jacobo Arenas y luego en el Acacio Medina, donde figuró apenas en
el 2012 en los organigramas como cuarto “reemplazante”, sin volver a cambiar de
posición. A pesar de haber tenido un mando medio en la guerrilla su nombre
resonó cuando el Estado Mayor Central de las FARC, lo expulsó de la organización
junto a cuatro comandantes que lideraban las disidencias “por entrar en
contradicción con la línea política” del ahora partido.
Géner
García Molina, alias “John 40”, el máximo comandante del Frente Acacio Medina;
Miguel Santanilla Botache, alias “Gentil Duarte”; Ernesto Orjuela Tovar, alias
“Giovanni Chuspas”, jefe del Frente 16; y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias
“Iván Mordisco”, comandante del Frente Primero, son los cuatro renegados que
junto a Julián Chollo dieron la espalda al proceso de paz en Colombia y
encabezan el reacomodo criminal de la disidencia guerrillera. Estos cinco
hombres con recorridos que superan los 20 años y un amplio conocimiento militar,
tienen algo en común, todos lideraron frentes integrantes del Bloque Oriental,
la estructura financiera de las FARC vinculada a la producción de coca y eje
sobre el que se movió esta guerrilla entre 1993 y 2002, cuando alcanzó su mejor
momento.
La herencia
“Al
principio ellos entraron a territorio venezolano en busca de refugio (…) Desde
la desembocadura del rio Meta, hasta el Cerro el Cocuy en frontera con Brasil,
había presencia de guerrilla, especialmente de la FARC”, cuenta el indígena
Baniva Liborio Guarulla Garrido, gobernador durante 17 años -hasta octubre de
2017- del estado Amazonas. “Era tan evidente que a uno que le tocaba atender
comunidades indígenas de lado y lado, a veces teníamos que ver sus banderas, sus
efectivos y pues no hubo problema, hasta que llego Uribe”.
Álvaro
Uribe Vélez ganó la presidencia de Colombia gracias a la promesa de “devolver la
tranquilidad a los colombianos” con un programa de gobierno denominado política
de “seguridad democrática”, centrado en recuperar el control del territorio y
atacar las retaguardias de la guerrilla. Corría el año 2002 cuando la nueva
política de seguridad, que contó con el apoyo financiero de Estados Unidos a
través del “Plan Colombia”, garantizó el despliegue de una ofensiva militar que
intensificó los ataques sobre las posiciones insurgentes y proporcionó al Estado
colombiano una victoria táctica sobre los principales focos guerrilleros, hasta
conseguir su repliegue.

Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia entre 2002 y 2010.
Esto
obligó a los insurgentes a diversificar su portafolio de economías criminales
que, para su suerte, coincidió con el aumento de los precios internacionales del
oro y las materias primas, convirtiendo a la minería ilegal en una importante
fuente de financiación. Sólo entre 2007 y 2012 la minería ilegal de oro había
crecido en Colombia inversamente a las hectáreas cultivadas de hoja de coca,
que, según Naciones Unidas, habían descendido de casi 99.000 en 2007 a alrededor
de 47.000 en 2012. El oro desplazó al narcotráfico como el negocio más rentable
para la guerrilla y el crimen organizado.
Fue
entonces, entre 2011 y 2012, cuando se vio un gran campamento de la FARC en las
riberas del rio San Miguel del municipio Maroa, que según Guarulla luego
trasladaron a la carretera Yavita Maroa, donde establecieron un aeropuerto más
grande que el del propio poblado, “tenía hasta iluminación para la noche”,
recuerda.

Baniva Liborio Guarulla Garrido, gobernador durante 17 años del estado Amazonas.
Registros
de inteligencia en Colombia recogidos por la Fundación Ideas para la paz (FIP),
una ONG colombiana que estudia la trayectoria de las disidencias desde la firma
del acuerdo de paz, coinciden con la versión de Guarulla. El 10 de junio de
2011 en la vereda del Danubio, municipio Puerto Rico, departamento de Caquetá,
se realizó una reunión en la que participaron los comandantes Mauricio Jaramillo
“El Médico”, miembro del secretariado de las FARC, quien asumió la jefatura del
Bloque Oriental tras la muerte del “Mono Jojoy”, y los ahora disidentes Gentil
Duarte y Jhon 40. En el encuentro se acordó la creación del Frente Acacio Medina
con el objetivo de oxigenar al debilitado Frente 16 que había pasado de contar
con 360 combatientes en 2002 a apenas 76 en 2011. La conformación del Acacio
Medina se oficializó en 2012 a las orillas del Rio San Miguel del municipio
Maroa, territorio venezolano, con Jhon 40 de
cabecilla.

Mapa de la región del Amazonas entre Colombia y Venezuela desde los poblados de Inírida y San Fernando de Atabapo - Fuente: Google Maps
La
exploración del Acacio Medina en Venezuela conectó seguidamente con el rio
Casiquiare, un cuerpo de agua de 326 kilómetros que es afluente del Orinoco. En
su avance, el Acacio Medina penetró el río Atabapo y tomó el control de los
yacimientos auríferos que reposaban en los suelos del parque nacional
Yapacana.
Los
objetivos del Frente Acacio Medina eran financieros y ya entonces había
incursionado en minas de oro y coltán en el vecino municipio de Guainía de
Colombia, donde la actividad minera se remonta a media década. A mediados de
2015 y según un informe de la policía colombiana elaborado luego de ejecutar la
“operación Arpón” el frente contaba entonces con unos 150 efectivos, medio
centenar en Colombia y el resto, en
Venezuela.
Eduardo
Álvarez Venegas, director del área de dinámicas de conflicto y negociación de
paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explica que la creación del Frente
Acacio Medina formó parte de toda una estrategia de finanzas y de políticas de
frontera que nació en la octava conferencia celebrada en abril de 1993 en el
Guaviare, en el que las FARC diseñó un plan de economía de guerra de las FARC
para diversificar sus finanzas y un posible repliegue estratégico a otros
países.
Aunque
se aplicó mucho después, el investigador señala que las FARC encontraron en
Venezuela a un gobierno favorable para ese repliegue. “La FARC se dijo: ‘puede
que podamos explotar nuevas economías criminales, tenemos un gobierno que nos
brinda resguardo y refugio’. A raíz de allí se empieza a dar una especie de
adaptación a la estrategia militar del Estado colombiano, que claramente logra
derrotar estratégicamente a la guerrilla de la FARC más no tácticamente. Eso fue
parte de la aceptación que permitió que se sentaran a conversar en La Habana,
pero parte de estar a flote tácticamente fue poder crear estructuras como el
Acacio Medina, para asegurar otros espacios aún muy alejados de cualquier tipo
de intervención estatal y militar en términos de control territorial”,
señala.
Una
información no menor registrada por los investigadores de la FIP dentro de las
distribuciones de funciones del año de creación del Acacio Medina sobre Julián
Chollo, el mandamás en las minas del Yapacana, es el control que tenía sobre una
mina en Guainía de tungsteno, un material potencial para la fabricación de
máquinas y dispositivos de energía.
Un matrimonio perfecto
El
Parque Nacional Cerro Yapacana se localiza en el sector suroeste del escudo
guayanés, en la región centro occidental del estado Amazonas. En la reserva
natural de 230 mil hectáreas, que cuenta con una categoría de área protegida
desde 1978, por su gran valor paisajístico y científico, habitan más de 8 mil
venezolanos, colombianos, brasileros y ecuatorianos, que explotan día y noche
siete yacimientos de oro bautizados con los nombres de Cacique, La 40, La 44, La
50, Fibral, Jerusalén y Moyo. Esta última, la más antigua y de mayor
tamaño.

Parque Nacional Cerro Yapacana
Así
lo reveló una actuación levantada en 2017 por la Defensoría del Pueblo de
Inírida en Colombia, tras un desplazamiento de mineros que produjo la activación
de una alerta naranja en ese municipio, situado apenas a 40 minutos de San
Fernando de Atabapo. Al menos 600 personas atravesaron la selva caminando para
ponerse a salvo en Inírida. Unos papeles lanzados desde un avión militar que los
instaba a tomar medidas terminaron siendo interpretados como un futuro bombardeo
a las minas, lo que impulsó a miles de personas a caminar durante días y noches
enteras por trochas improvisadas para evitar las requisas y extorsión en los
puntos de control militar venezolano dispuestos en las vías
fluviales.
Muchas
versiones surgieron como razones del desalojo de la mina, pero dos
acontecimientos previos registrados en el estado cedieron a la idea sobre la
fuerte presión que desde el gobierno central venezolano, se estaba imprimiendo a
lo interno de las fuerzas de seguridad: la desaparición por más de cuatro meses
de un helicóptero tipo MI17V5 con 13 personas a bordo, entre ellos cinco civiles
y un niño de 4 años y el asalto a un puesto militar en el sector “El Suspiro”
del Orinoco, por hombres identificados como miembros de las FARC, quienes
cargaron con armas y celulares en presunta venganza por un decomiso realizado
por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.
La
explotación de oro venezolano da empleo a miles de colombianos desde hace varios
lustros. Julián Mancera, responsable de la oficina de Migración Colombia en
Puerto Inírida así lo explica. “Las minas son un modo de sustento económico para
las familias, aquí no hay oportunidades más que trabajar para el Estado, y los
que tienen dinero de pronto montan un negocio o algo por el estilo, pero
generación de empleo no hay, entonces la mina se convierte en el único modo de
subsistencia”.
Sentado
en su escritorio de caoba oscura y dando la espalda al logo de la Alcaldía de
Inírida que viene acompañado con la frase volvamos a creer, Camilo Andrés
Puentes Garzón el intendente más joven que ha tenido en la historia ese
municipio colombiano, extiende una sonrisa y dice sin rodeos. “La verdad es que
los ciudadanos colombianos viven, trabajan y explotan una mina que queda en
Venezuela. Nosotros tenemos conocimiento y ellos mismos nos comentan que hacen
acuerdos de pago o como llamamos nosotros aquí dan vacunas, para poder trabajar
y pasar elementos y poder extraer oro de
allá”.

Camilo Andrés Puentes Garzón, intendente de la Alcaldía de Inírida, municipio colombiano fronterizo con el estado Amazonas.
Pero
no deja pasar la oportunidad para lanzar una queja unánime que resuena constante
y silente como el murmullo del viento en la selva amazónica, entre todos los
habitantes de ambos lados de la frontera, el evidente maridaje entre los grupos
irregulares y las autoridades venezolanas.
- ¿Quién media entre las
autoridades venezolanas y los mineros?
- Ellos nos cuentan que las
guerrillas supuestamente son quienes los protegen de la guardia, que son ellos
quienes negocian directamente”.
- ¿La guerrilla tiene el
control de las minas?
- Tienen el control de las
minas.
- ¿Cuál
guerrilla?
- Las
FARC.
-
¿Disidentes?
- Si, los disidentes, porque
ya se acabó la FARC. Aunque bueno, eso es muy sencillo se cambiaron el brazalete
y ahora se pueden llamar ELN -hace una pausa antes de terminar y agregar- yo te
voy a decir algo, el ejército aquí va a acabar con las disidencias, pero si
están en Venezuela imposible.
Reclutando entre trochas
En
Atabapo el 90% de la población es indígena y vive en situación de pobreza, una
vulnerabilidad que les ha ido integrando a la economía alrededor de la mina, con
su carga de impacto ambiental y ruptura de las actividades
cotidianas.
Camilo
Silva, es educador jubilado y capitán de la comunidad piaroa San Juan de
Puruname, tiene 61 años y hace frente a la situación intentando convencer a los
jóvenes de no abandonar sus prácticas económicas como el conuco y la pesca,
instando a que se dispongan a participar en la economía de la mina con la venta
de sus productos. Junto a uno de sus hijos, creó una cooperativa turística que
promueve la pesca deportiva en el río Atabapo, pero durante todo el año 2017 el
campamento apenas recibió a dos grupos de turistas, todos nacionales, “los
turistas extranjeros dejaron de visitar el estado por la
inseguridad”.
Esta
inseguridad es generada por la certeza de que el territorio está tomado por ex
guerrilleros colombianos con amplia trayectoria en secuestros y crímenes contra
la población civil. Pero a lo interno de la mina la guerrilla es fuente de temor
porque representa el orden y la ley. “Son guerrilleros de las FARC quienes
tienen el control de la mina, pero ahí no se te pierde ni una aguja”, cuenta
Junior, un joven colombiano de 19 años que trabajó en la mina atendiendo un
puesto de expendio de víveres.

El gran temor de los amazonenses es que la guerrilla logre reclutar a los niños ofreciéndoles dádivas para mitigar la pobreza.
Una
actividad asociada al desarrollo de la minería ilegal por parte de grupos
criminales, que preocupa especialmente a la organización de mujeres de Amazonas
Wannaleru, es el establecimiento de alianzas con otras actividades criminales,
como la explotación sexual, y el reclutamiento y utilización de menores en
estructuras improvisadas, llamadas “currutelas” donde traen a pequeñas para el
entretenimiento sexual.
Mientras
Wannaleru denuncia la posible existencia de redes de trata, para la Organización
Indígena Piaroa Huottuja del Sipapo (OIPUS), del municipio Autana, la principal
angustia es el reclutamiento de jóvenes indígenas. Carlos Morales Peña,
sub-coordinador de OIPUS y poblador de la comunidad Caño Uña, afirma que los
jóvenes indígenas se están yendo a trabajar con los guerrilleros atraídos por el
dinero. “En estos días en mi comunidad ofrecieron balones de futbol, mallas de
voleibol y también combustible de gasoil para la planta eléctrica. Les
ofrecieron cosas que necesitan y los muchachos los recibieron, así captan a los
jóvenes”.
Fue
a través de un indígena reclutado por la guerrilla que OIPUS recibió la primera
comunicación oficial de las FARC en la que le invitaban a discutir sobre su
presencia en territorio Piaroa. La misiva confirmó los rumores de esa
penetración guerrillera cuando empezaron a notar un inusual tráfico fluvial en
la madrugada, huellas de botas y desmonte de espacios que parecían campamentos
itinerantes, por caminos y ríos donde se asientan. La comunicación recibida por
Otilio Santos, coordinador general de OIPUS, fechada el 14 de mayo de 2013 no
dejo espacio para la suposición: las FARC invitaban a las comunidades de los
afluentes del rio Sipapo a una reunión para tratar como primer punto su
presencia en Autana.
Esa
fue la primera de tres reuniones a las que fueron convocados los pueblos y
comunidades indígenas del municipio, con hombres y mujeres uniformados y de
acento colombiano que se identificaron como miembros de la FARC y luego del ELN.
A través de sus organizaciones los indígenas de Autana se opusieron a la
presencia de estos invasores en sus territorios. El sub coordinador de OIPUS
contó que en una de las reuniones “ellos llegaron diciendo: nosotros no venimos
a invadir, no venimos a hacer daño, no venimos a reclutar niños y niñas,
nosotros vinimos a protegerlos. Entonces les respondimos: ustedes llegaron sin
consulta previa, eso ya es una violación a nuestros derechos humanos y
consuetudinarios, ustedes ya cometieron un delito”.
Pero
no hubo caso y hoy en Autana los irregulares se exhiben públicamente. Las
comunidades los ven pasar en sus lanchas y luciendo sus armas. “Antes no se
dejaban ver, se movían de noche (…) pero después que los descubrieron no les
importa nada, los ves a cualquier hora en los puertos, armados, trasladando
mercancía, visitando comunidades para comprar comida”.
Lo
que el coordinador de OIPUS denuncia también ocurre en los municipios Atabapo y
Manapiare, donde líderes y autoridades indígenas aseguran que en casi todas las
vías fluviales hombres y mujeres vestidos de uniforme militar, patrullan a
orillas del río con fusiles terciados a la espalda. Los pobladores los
identifican como miembros de las guerrilleras de la FARC, y a pesar del proceso
de paz, para ellos siguen siendo la FARC y los disidentes que penetraron el
estado Amazonas siguen enarbolando la marca del grupo
armado.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
Lissa
Pérez presidenta de la organización de mujeres indígenas Cherejume del municipio
Manapiare se encontró cara a cara con un grupo comando que rodeó su bongo,
cuando navegaba las aguas del rio Ventuari rumbo a Valle Guanay. Después de un
breve careo, Lissa encendió de nuevo los motores de su bongo y siguió su camino,
pero lo que nunca se esperó fue encontrarlos de nuevo en el puesto militar de la
Guardia Nacional en el muelle de San Juan de Manapiare, donde también la
retuvieron para revisar su bote, “llegaron saludando muy tranquilos a los
militares, hasta se dieron la mano” detalla.
Nuevo objetivo, el arco minero
Los
guerrilleros también se desplazan hacia el Arco Minero del Orinoco (AMO) -un
mega proyecto impulsado por el estado venezolano en un intento por aumentar el
ingreso de divisas a la nación en medio de la caída de los precios del barril de
petróleo-, que abarca una extensión de 111 mil 843 kilómetros cuadrados y cuenta
con 7 mil toneladas se reservas de oro, cobre, diamante coltán, hierro, bauxita
y otros minerales. Su objetivo es dinamizar las economías criminales para su
continuidad o establecer nuevas alianzas que los mantengan a flote.
Camuflados
en la selva, llegaron por una trocha que conecta el municipio Manapiare del
estado Amazonas con el estado Bolívar, pasando por Los Pijiguaos, el Alto
Parguaza y finalmente a la “Y”, una intersección entre Puerto Nuevo y la
carretera Caicara, donde se encuentra un yacimiento ilegal de coltán a cielo
abierto controlada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Allí ocupa el
terreno del Area 1 del AMO, un bloque de 24.717 kilómetros cuadrados donde
operan las dos primeras empresas mixtas para la explotación de coltán,
identificadas como Oro Azul y Parguaza, constituidas entre el estado venezolano
y las corporaciones Faoz y Supraca.

Mapa del Arco Minero del Orinoco
La
presidenta de la organización de mujeres indígenas Cherejume, vio los
campamentos guerrilleros en el municipio Cedeño cuando viajó a Sabana Cardoza,
un poblado indígena ubicado en linderos del arco minero en el estado Bolívar.
Junto a su familia caminó durante una semana por la misma trocha utilizada por
los irregulares. “El trayecto caminando fue abierto y adaptado para que
transiten vehículos doble tracción”, asegura. Le tomó una semana llegar al
poblado donde la esperaba un familiar y los vio por primera vez al otro lado del
río.
“Vi
sus campamentos, sus carros, sus motos, había un montón de tambores de
gasolina. Cerca de las seis de la
tarde llegó la gente, parecían militares. Todos mis parientes decían esa era la
guerrilla. Todos decían, esa gente trae medicina, comida, todo, no hace falta ni
gasolina ni gasoil”. Hace una pausa para agregar “ahí todos están trabajando con
esa gente”.
Lo
que aún se está por conocer es la relación entre los “farianos” y sus primos
“elenos”, quienes mandan en los suelos repletos de
coltán.
Los “pata e’goma”
Puerto
Ayacucho es la capital del estado Amazonas y sede de los poderes públicos del
estado, los comercios cierran entre 12 y 3 de la tarde y durante ese tiempo el
bullicio del mercado se apaga y la ciudad queda desierta y sumergida en una ola
de calor acompasado y polvoriento, que contraviene con la imagen de un lugar que
ostenta la cifra de 214 muertes violentas por cada 100 mil
habitantes.
Tanta
violencia junta en un apacible pueblo a orillas del río Orinoco apenas fundado
en 1924, atornilló el pánico entre sus habitantes que aún no pierden su
capacidad de asombro al conocer que cada fin de semana la cifra superaba al
anterior. En una oportunidad se hallaron los cadáveres de seis personas en el
sector Los Caobos juntos en un mismo lugar, después un grupo de siete en el
sector la campiña de San José en Cataniapo y en otra oportunidad otros dos con
signos de tortura en el sector Payaraima.
Ante
el silencio de las autoridades policiales, Rowinson León, quien ocupó el cargo
de Secretario de Política y Asuntos Fronterizos en la Gobernación de Amazonas
durante tres años, se dispuso a llevar un registro de muertes violentas. El
trabajo reflejó que en tres años la cifra de asesinatos fue siempre en ascenso,
pasó de 38 muertes violentas en 2014, a 214 en apenas dos años sólo en el
Municipio Atures.
La
iglesia, autoridades locales, la oficina de derechos humanos, los trabajadores
de la radio comunitaria Raudal Estéreo, el taxista y hasta el vendedor de
chucherías en la Plaza Bolívar, coinciden en señalar que las muertes que
convirtieron a ese apacible pueblo de 100 mil habitantes en la tercera ciudad
más violenta del país -según el Observatorio Venezolano de Violencia- están
asociadas a la presencia de la guerrilla en el lugar.
Los
identifican como “los pata e´goma”, un seudónimo acuñado por el uso de botas de
hule incorporadas a la indumentaria militar. Se trata de miembros del Ejército
de Liberación Nacional (ELN) la última guerrilla activa de Colombia y con la que
el gobierno de Juan Manuel Santos acaba de neutralizar un diálogo de
paz.
El
ex gobernador de Amazonas, testigo durante 17 años de la llegada y
establecimiento de guerrilleros colombianos en esa parte del país, asegura que
la presencia del ELN se evidenció cuando el gobierno venezolano decretó en mayo
del 2016 un estado de excepción que se mantiene en vigencia. Esta figura
permitió reemplazar a la autoridad civil por el estamento militar, “es en ese
momento que toman el control de todos los puertos del municipio, controlando el
negocio del contrabando de la droga, de la gasolina, pero además el tema la
seguridad”.

Emblema del Ejército de Liberación Nacional (ELN)
El
ELN logró en Puerto Ayacucho cimentar lo que llaman “poder criminal”, una acción
que no se limita a la esfera económica, sino que también incluye lo social y
político, ejerciendo funciones similares y paralelas a las del Estado pero bajo
sus propias reglas de juego.
Todas
las denuncias apuntan a que son los “elenos” los responsables de los múltiples
asesinatos en la ciudad. Jhonny Eduardo Reyes Sequera, Obispo titular del
Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho, asegura que estos grupos ejercen un papel
de limpieza delincuencial. “Por testimonios en los barrios se conoce que fue la
guerrilla, pero lo más llamativo es que todos te dicen que los muchachos eran
considerados azotes de barrio a quienes ya le habían avisado una y dos veces y
que sabían que el tercer llamado significaba que iban a ser
eliminados”.
Noraima
Ángel, coordinadora general de la Oficina de Derechos Humanos de Puerto
Ayacucho, una ONG que realiza trabajo en campo con las comunidades indígenas
ubicadas al norte del municipio Atures revela que los guerrilleros también han
llegado a las comunidades indígenas ofreciendo ayuda en la organización comunal,
“encargándose de poner al día a los muchachos que tengan mal comportamiento,
problemas de conducta, que estén consumiendo algún tipo de droga o roben en la
comunidad”, afirma.
Betania
Topocho es una comunidad piaroa ubicada a 44 km por vía terrestre de Puerto
Ayacucho y políticamente emblemática por fungir como piloto en la implementación
de programas sociales promovidos desde del gobierno nacional. Los pobladores de
esa comunidad han sido beneficiados con una planta procesadora de frutas, una
radio comunitaria, un ambulatorio, una escuela, un estantero del Gas Comunal y
créditos para emprendimientos económicos y sociales. Irónicamente también es una
metáfora de la penetración de los grupos guerrilleros en la organización social
y política de los pueblos y comunidades indígenas de
Amazonas.

Comunidad Betania Topocho en el estado venezolano Amazonas
Allí
han surgidos desacuerdos entre directores de la escuela que condenan a los
líderes comunitarios por endosar aspectos sobre el orden comunal a los grupos
armados. “Un profesor nos contó que un día los ‘pata e´goma’ llegaron a un salón
de clases diciendo ‘a ver quiénes son los que se portan mal’. Esto frente a unos
chamitos de 16 y 17 años, entonces llamaron a un grupito de tres por sus
nombres, sacaron la pistola y dijeron ‘vamos a matarlo, aquí mismo delante de
todo el mundo para que aprenda’. Todos quedaron petrificados, pero lo más
desconcertante es que la gente en la comunidad decía ‘si, si es verdad pa´que
aprendan’” narra Noraima Ángel.
Esa
atmósfera se extiende a todo Puerto Ayacucho. Si bien la población en general
manifiesta que vive con miedo del poderío que ostentan los ilegales, también
justifican que realizan un trabajo de “limpieza
social”.
Rowinson
León detalla que de los 214 asesinatos que ocurrieron en 2016, apenas 10 se
caratularon como robo a víctimas identificadas como trabajadores. Sobre todos
los demás lo único que se pudo identificar fue un grupo etario de víctimas
menores de 30 años, en su mayoría con antecedentes penales, encontrados con
heridas de bala en la cabeza, y la ausencia de deudos dispuestos a
denunciar.
El
ex director de política y frontera de la Gobernación opina que fue la misma
población quien recurrió a estos grupos en busca de ayuda. “Personas que están
cansadas de ser víctimas de robo, de atraco, que se encuentran con un organismo
de seguridad totalmente corrupto, que no ve ningún avance en la denuncia, ni
respeto por su problema, entonces se cansaron, yo no lo justifico, pero si aquí
funcionaran las leyes nada de esto ocurriría”.
Los
“elenos” se han convertido en Puerto Ayacucho en un “para-Estado” instalando una
funcionalidad paralela donde no queda muy claro el nivel de acoplamiento de las
autoridades nacionales. Lo llamativo, como señala la coordinadora general de la
Oficina de Derechos Humanos, es que los guerrilleros que han penetrado las
comunidades aseguran que su papel es de resguardo a la frontera “porque si
llegara a pasar algo, tipo un golpe de estado contra el gobierno actual ellos
van a intervenir, ellos van a defender, ellos están ahí para proteger la
revolución bolivariana, eso es lo que dicen en las
comunidades”.
Revolucionarios y maduristas
A
180 kilómetros de Puerto Ayacucho, en San Fernando, un grupo de habitantes fue
convocado a una reunión en el Fundo de Don Ramón Brisa. Al profesor José Lima,
contralor social ad honorem juramentado por la cámara municipal, dos hombres
vestidos de civil lo fueron a buscar a la puerta de su casa. “No se
identificaron, solo dijeron que había una reunión a la que debía asistir,
pararon una moto taxi y le indicaron a donde debían
llevarme”.
“Cuando
llegué al fundo vi como 15 motos y la presencia de unos concejales, entonces
pensé que debe ser una reunión muy importante que estamos rodeados de puros
guardias, pero no eran guardias, eran ellos, los guerrilleros, con toda su
indumentaria, uniformados, con su brazalete y un número en la espalda de la
camisa. Unos estaban de seguridad, otros se encargaban de repartir refresco y
pancito. En ese momento me dije ‘no, esto no se trata de una reunión con algún
militar de aquí’. Y ya cuando me disponía a entrar me
preguntaron:
-Señor de donde viene
usted.
-Soy
el contralor social.
-Ah
si, usted es el señor Lima, pase pase, ¿trajo celular?
-Sí
-Muéstremelo.
Me lo quitaron y depositaron en un
bolso”.
Lima
indica que en el salón cerrado habría cerca de 80 personas entre pobladores y
autoridades municipales. Los asistentes más destacados fueron el presidente de
la Cámara Municipal, José Yavinape; la entonces candidata a la Asamblea Nacional
Constituyente por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Erika Belsbeth Lima;
el presidente de las comunas, Rodolfo Mirabal; ocho representantes de Consejos
Comunales y el responsable de la oficina de la Corporación Venezolana de Guayana
(CVG) en Atabapo.
La
situación solo daba para observar al cabo de un rato un hombre alto, delgado y
vestido de militar que se paró frente a todos y sin mayor protocolo dijo “yo soy
el comandante Jimmy del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, nosotros
venimos a poner orden aquí, nosotros somos revolucionarios, estamos con la
revolución y venimos apoyados por el gobierno de Maduro”.
Durante
el derecho de palabra hubo personas que manifestaron su apoyo, entre ellos el
representante de la CVG y Rodolfo Mirabal, presidente de las comunas. “Luego nos
enteramos que Mirabal fue el responsable de organizar todo. En la reunión se
hablaban de camarada. Hasta que una maestra intervino y dijo que no estaba de
acuerdo que tenían que irse del pueblo porque nosotros teníamos nuestras
autoridades”, contó José Lima.
“Yo
me quise ir y me dijeron que no podía, que tenía que quedarme escuchando las
cosas que se estaban hablando, después querían organizarnos en mesas de trabajo
para discutir los problemas del pueblo. ¿Cómo íbamos a participar en esa locura?
Ellos lo que querían era que los consejos comunales agarraran firmas, redactaran
un documento de reconocimiento de la presencia de esta gente. Ellos lo que andan
buscando acá es como un refugio porque para allá ya no pueden pasar, allá la
Fuerza Armada colombiana los persigue”.
Dos
días antes de la reunión en San Fernando encontraron muerto a dos muchachos en
plena calle. Se trató del único hecho violento que se registró en todo el 2017.
Uno al lado del otro con disparos en la cabeza y en el
rostro.
“Aquí
lanzaron un panfleto subversivo que decía que no querían ver delincuentes, que a
partir de las nueve de la noche no querían ver a personas en la calle y lo
firmaban los del ELN, pero en la reunión negaron la autoría de los
panfletos”.
“Mi
mayor temor es que se vayan a apoderar nuestros hijos de nuestros nietos, ellos
también necesitan reforzar su batallón y ya hay varios muchachos que los han
reclutado. Ellos tienen su campamento grande por la carretera en el sector Cayo Viejita, vía Santa Bárbara del
Orinoco, dentro de una selva, tienen planta eléctrica y ya mandaron a hacer
parrillas para meter ollas grandes, porque son bastante, son más de 100. Tienen
dinero para todo”.
En
San Fernando hay quienes han cedido al ofrecimiento de protección y servicios
que ofrecen los guerrilleros, “ahora aquí te roban algo y la gente dice ‘vamos a
decirle a los pata e´goma’, la gente recurre a ellos más que a los guardias o la
policía. Hace un año y pico que ya se sabe que ellos andan por aquí, ellos al
tiempo se van a radicar aquí como dueños de esto y entonces para vender un
mañoquito tendremos que pagar impuesto, no hay una manera que ellos se vayan de
acá a menos que cambie el gobierno, porque el mismo gobierno los tolera
”.
Mientras
Colombia celebra el fin de una guerra que se prolongó por seis décadas con un
saldo que supera los ocho millones de víctimas y se prepara para una contienda
electoral con Rodrigo Londoño Echeverri, ex número 1 de la más grande guerrilla
de América Latina, como candidato presidencial, Venezuela se enfrenta a las
consecuencias de un conflicto heredado que cuenta con el maridaje de las
autoridades locales y nacionales, que apunta a indicar que la paz no cruzara la
frontera.