La disidencia de la guerrilla colombiana penetra el Amazonas venezolano

De baja estatura, piel mestiza y ojos rasgados característicos de los indígenas descendientes de los gorrones que habitaron El Dovio, un municipio de Colombia situado al sur- oeste de ese país, Julián inició su trayectoria guerrillera en el Frente 40 Jacobo Arenas y luego en el Acacio Medina, donde figuró apenas en el 2012 en los organigramas como cuarto “reemplazante”, sin volver a cambiar de posición. A pesar de haber tenido un mando medio en la guerrilla su nombre resonó cuando el Estado Mayor Central de las FARC, lo expulsó de la organización junto a cuatro comandantes que lideraban las disidencias “por entrar en contradicción con la línea política” del ahora partido.

Géner García Molina, alias “John 40”, el máximo comandante del Frente Acacio Medina; Miguel Santanilla Botache, alias “Gentil Duarte”; Ernesto Orjuela Tovar, alias “Giovanni Chuspas”, jefe del Frente 16; y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, comandante del Frente Primero, son los cuatro renegados que junto a Julián Chollo dieron la espalda al proceso de paz en Colombia y encabezan el reacomodo criminal de la disidencia guerrillera. Estos cinco hombres con recorridos que superan los 20 años y un amplio conocimiento militar, tienen algo en común, todos lideraron frentes integrantes del Bloque Oriental, la estructura financiera de las FARC vinculada a la producción de coca y eje sobre el que se movió esta guerrilla entre 1993 y 2002, cuando alcanzó su mejor momento.

“Al principio ellos entraron a territorio venezolano en busca de refugio (…) Desde la desembocadura del rio Meta, hasta el Cerro el Cocuy en frontera con Brasil, había presencia de guerrilla, especialmente de la FARC”, cuenta el indígena Baniva Liborio Guarulla Garrido, gobernador durante 17 años -hasta octubre de 2017- del estado Amazonas. “Era tan evidente que a uno que le tocaba atender comunidades indígenas de lado y lado, a veces teníamos que ver sus banderas, sus efectivos y pues no hubo problema, hasta que llego Uribe”.

Álvaro Uribe Vélez ganó la presidencia de Colombia gracias a la promesa de “devolver la tranquilidad a los colombianos” con un programa de gobierno denominado política de “seguridad democrática”, centrado en recuperar el control del territorio y atacar las retaguardias de la guerrilla. Corría el año 2002 cuando la nueva política de seguridad, que contó con el apoyo financiero de Estados Unidos a través del “Plan Colombia”, garantizó el despliegue de una ofensiva militar que intensificó los ataques sobre las posiciones insurgentes y proporcionó al Estado colombiano una victoria táctica sobre los principales focos guerrilleros, hasta conseguir su repliegue.

Esto obligó a los insurgentes a diversificar su portafolio de economías criminales que, para su suerte, coincidió con el aumento de los precios internacionales del oro y las materias primas, convirtiendo a la minería ilegal en una importante fuente de financiación. Sólo entre 2007 y 2012 la minería ilegal de oro había crecido en Colombia inversamente a las hectáreas cultivadas de hoja de coca, que, según Naciones Unidas, habían descendido de casi 99.000 en 2007 a alrededor de 47.000 en 2012. El oro desplazó al narcotráfico como el negocio más rentable para la guerrilla y el crimen organizado.

Fue entonces, entre 2011 y 2012, cuando se vio un gran campamento de la FARC en las riberas del rio San Miguel del municipio Maroa, que según Guarulla luego trasladaron a la carretera Yavita Maroa, donde establecieron un aeropuerto más grande que el del propio poblado, “tenía hasta iluminación para la noche”, recuerda.

Registros de inteligencia en Colombia recogidos por la Fundación Ideas para la paz (FIP), una ONG colombiana que estudia la trayectoria de las disidencias desde la firma del acuerdo de paz, coinciden con la versión de Guarulla. El 10 de junio de 2011 en la vereda del Danubio, municipio Puerto Rico, departamento de Caquetá, se realizó una reunión en la que participaron los comandantes Mauricio Jaramillo “El Médico”, miembro del secretariado de las FARC, quien asumió la jefatura del Bloque Oriental tras la muerte del “Mono Jojoy”, y los ahora disidentes Gentil Duarte y Jhon 40. En el encuentro se acordó la creación del Frente Acacio Medina con el objetivo de oxigenar al debilitado Frente 16 que había pasado de contar con 360 combatientes en 2002 a apenas 76 en 2011. La conformación del Acacio Medina se oficializó en 2012 a las orillas del Rio San Miguel del municipio Maroa, territorio venezolano, con Jhon 40 de cabecilla.

La exploración del Acacio Medina en Venezuela conectó seguidamente con el rio Casiquiare, un cuerpo de agua de 326 kilómetros que es afluente del Orinoco. En su avance, el Acacio Medina penetró el río Atabapo y tomó el control de los yacimientos auríferos que reposaban en los suelos del parque nacional Yapacana.

Los objetivos del Frente Acacio Medina eran financieros y ya entonces había incursionado en minas de oro y coltán en el vecino municipio de Guainía de Colombia, donde la actividad minera se remonta a media década. A mediados de 2015 y según un informe de la policía colombiana elaborado luego de ejecutar la “operación Arpón” el frente contaba entonces con unos 150 efectivos, medio centenar en Colombia y el resto, en Venezuela.

El Parque Nacional Cerro Yapacana se localiza en el sector suroeste del escudo guayanés, en la región centro occidental del estado Amazonas. En la reserva natural de 230 mil hectáreas, que cuenta con una categoría de área protegida desde 1978, por su gran valor paisajístico y científico, habitan más de 8 mil venezolanos, colombianos, brasileros y ecuatorianos, que explotan día y noche siete yacimientos de oro bautizados con los nombres de Cacique, La 40, La 44, La 50, Fibral, Jerusalén y Moyo. Esta última, la más antigua y de mayor tamaño.

Así lo reveló una actuación levantada en 2017 por la Defensoría del Pueblo de Inírida en Colombia, tras un desplazamiento de mineros que produjo la activación de una alerta naranja en ese municipio, situado apenas a 40 minutos de San Fernando de Atabapo. Al menos 600 personas atravesaron la selva caminando para ponerse a salvo en Inírida. Unos papeles lanzados desde un avión militar que los instaba a tomar medidas terminaron siendo interpretados como un futuro bombardeo a las minas, lo que impulsó a miles de personas a caminar durante días y noches enteras por trochas improvisadas para evitar las requisas y extorsión en los puntos de control militar venezolano dispuestos en las vías fluviales.

Pero no deja pasar la oportunidad para lanzar una queja unánime que resuena constante y silente como el murmullo del viento en la selva amazónica, entre todos los habitantes de ambos lados de la frontera, el evidente maridaje entre los grupos irregulares y las autoridades venezolanas.

-    ¿Quién media entre las autoridades venezolanas y los mineros?

-    Ellos nos cuentan que las guerrillas supuestamente son quienes los protegen de la guardia, que son ellos quienes negocian directamente”.

-    ¿La guerrilla tiene el control de las minas?

-    Tienen el control de las minas.

-    ¿Cuál guerrilla?

-    Las FARC.

-    ¿Disidentes?

-    Si, los disidentes, porque ya se acabó la FARC. Aunque bueno, eso es muy sencillo se cambiaron el brazalete y ahora se pueden llamar ELN -hace una pausa antes de terminar y agregar- yo te voy a decir algo, el ejército aquí va a acabar con las disidencias, pero si están en Venezuela imposible.

En Atabapo el 90% de la población es indígena y vive en situación de pobreza, una vulnerabilidad que les ha ido integrando a la economía alrededor de la mina, con su carga de impacto ambiental y ruptura de las actividades cotidianas.

Camilo Silva, es educador jubilado y capitán de la comunidad piaroa San Juan de Puruname, tiene 61 años y hace frente a la situación intentando convencer a los jóvenes de no abandonar sus prácticas económicas como el conuco y la pesca, instando a que se dispongan a participar en la economía de la mina con la venta de sus productos. Junto a uno de sus hijos, creó una cooperativa turística que promueve la pesca deportiva en el río Atabapo, pero durante todo el año 2017 el campamento apenas recibió a dos grupos de turistas, todos nacionales, “los turistas extranjeros dejaron de visitar el estado por la inseguridad”.

Esta inseguridad es generada por la certeza de que el territorio está tomado por ex guerrilleros colombianos con amplia trayectoria en secuestros y crímenes contra la población civil. Pero a lo interno de la mina la guerrilla es fuente de temor porque representa el orden y la ley. “Son guerrilleros de las FARC quienes tienen el control de la mina, pero ahí no se te pierde ni una aguja”, cuenta Junior, un joven colombiano de 19 años que trabajó en la mina atendiendo un puesto de expendio de víveres.

Una actividad asociada al desarrollo de la minería ilegal por parte de grupos criminales, que preocupa especialmente a la organización de mujeres de Amazonas Wannaleru, es el establecimiento de alianzas con otras actividades criminales, como la explotación sexual, y el reclutamiento y utilización de menores en estructuras improvisadas, llamadas “currutelas” donde traen a pequeñas para el entretenimiento sexual. 

Mientras Wannaleru denuncia la posible existencia de redes de trata, para la Organización Indígena Piaroa Huottuja del Sipapo (OIPUS), del municipio Autana, la principal angustia es el reclutamiento de jóvenes indígenas. Carlos Morales Peña, sub-coordinador de OIPUS y poblador de la comunidad Caño Uña, afirma que los jóvenes indígenas se están yendo a trabajar con los guerrilleros atraídos por el dinero. “En estos días en mi comunidad ofrecieron balones de futbol, mallas de voleibol y también combustible de gasoil para la planta eléctrica. Les ofrecieron cosas que necesitan y los muchachos los recibieron, así captan a los jóvenes”.

Lissa Pérez presidenta de la organización de mujeres indígenas Cherejume del municipio Manapiare se encontró cara a cara con un grupo comando que rodeó su bongo, cuando navegaba las aguas del rio Ventuari rumbo a Valle Guanay. Después de un breve careo, Lissa encendió de nuevo los motores de su bongo y siguió su camino, pero lo que nunca se esperó fue encontrarlos de nuevo en el puesto militar de la Guardia Nacional en el muelle de San Juan de Manapiare, donde también la retuvieron para revisar su bote, “llegaron saludando muy tranquilos a los militares, hasta se dieron la mano” detalla.

Los guerrilleros también se desplazan hacia el Arco Minero del Orinoco (AMO) -un mega proyecto impulsado por el estado venezolano en un intento por aumentar el ingreso de divisas a la nación en medio de la caída de los precios del barril de petróleo-, que abarca una extensión de 111 mil 843 kilómetros cuadrados y cuenta con 7 mil toneladas se reservas de oro, cobre, diamante coltán, hierro, bauxita y otros minerales. Su objetivo es dinamizar las economías criminales para su continuidad o establecer nuevas alianzas que los mantengan a flote.

Camuflados en la selva, llegaron por una trocha que conecta el municipio Manapiare del estado Amazonas con el estado Bolívar, pasando por Los Pijiguaos, el Alto Parguaza y finalmente a la “Y”, una intersección entre Puerto Nuevo y la carretera Caicara, donde se encuentra un yacimiento ilegal de coltán a cielo abierto controlada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Allí ocupa el terreno del Area 1 del AMO, un bloque de 24.717 kilómetros cuadrados donde operan las dos primeras empresas mixtas para la explotación de coltán, identificadas como Oro Azul y Parguaza, constituidas entre el estado venezolano y las corporaciones Faoz y Supraca.

La presidenta de la organización de mujeres indígenas Cherejume, vio los campamentos guerrilleros en el municipio Cedeño cuando viajó a Sabana Cardoza, un poblado indígena ubicado en linderos del arco minero en el estado Bolívar. Junto a su familia caminó durante una semana por la misma trocha utilizada por los irregulares. “El trayecto caminando fue abierto y adaptado para que transiten vehículos doble tracción”, asegura. Le tomó una semana llegar al poblado donde la esperaba un familiar y los vio por primera vez al otro lado del río.

“Vi sus campamentos, sus carros, sus motos, había un montón de tambores de gasolina.  Cerca de las seis de la tarde llegó la gente, parecían militares. Todos mis parientes decían esa era la guerrilla. Todos decían, esa gente trae medicina, comida, todo, no hace falta ni gasolina ni gasoil”. Hace una pausa para agregar “ahí todos están trabajando con esa gente”.

Lo que aún se está por conocer es la relación entre los “farianos” y sus primos “elenos”, quienes mandan en los suelos repletos de coltán.

Puerto Ayacucho es la capital del estado Amazonas y sede de los poderes públicos del estado, los comercios cierran entre 12 y 3 de la tarde y durante ese tiempo el bullicio del mercado se apaga y la ciudad queda desierta y sumergida en una ola de calor acompasado y polvoriento, que contraviene con la imagen de un lugar que ostenta la cifra de 214 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

Tanta violencia junta en un apacible pueblo a orillas del río Orinoco apenas fundado en 1924, atornilló el pánico entre sus habitantes que aún no pierden su capacidad de asombro al conocer que cada fin de semana la cifra superaba al anterior. En una oportunidad se hallaron los cadáveres de seis personas en el sector Los Caobos juntos en un mismo lugar, después un grupo de siete en el sector la campiña de San José en Cataniapo y en otra oportunidad otros dos con signos de tortura en el sector Payaraima.

El ELN logró en Puerto Ayacucho cimentar lo que llaman “poder criminal”, una acción que no se limita a la esfera económica, sino que también incluye lo social y político, ejerciendo funciones similares y paralelas a las del Estado pero bajo sus propias reglas de juego.

Todas las denuncias apuntan a que son los “elenos” los responsables de los múltiples asesinatos en la ciudad. Jhonny Eduardo Reyes Sequera, Obispo titular del Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho, asegura que estos grupos ejercen un papel de limpieza delincuencial. “Por testimonios en los barrios se conoce que fue la guerrilla, pero lo más llamativo es que todos te dicen que los muchachos eran considerados azotes de barrio a quienes ya le habían avisado una y dos veces y que sabían que el tercer llamado significaba que iban a ser eliminados”.

Noraima Ángel, coordinadora general de la Oficina de Derechos Humanos de Puerto Ayacucho, una ONG que realiza trabajo en campo con las comunidades indígenas ubicadas al norte del municipio Atures revela que los guerrilleros también han llegado a las comunidades indígenas ofreciendo ayuda en la organización comunal, “encargándose de poner al día a los muchachos que tengan mal comportamiento, problemas de conducta, que estén consumiendo algún tipo de droga o roben en la comunidad”, afirma.

Betania Topocho es una comunidad piaroa ubicada a 44 km por vía terrestre de Puerto Ayacucho y políticamente emblemática por fungir como piloto en la implementación de programas sociales promovidos desde del gobierno nacional. Los pobladores de esa comunidad han sido beneficiados con una planta procesadora de frutas, una radio comunitaria, un ambulatorio, una escuela, un estantero del Gas Comunal y créditos para emprendimientos económicos y sociales. Irónicamente también es una metáfora de la penetración de los grupos guerrilleros en la organización social y política de los pueblos y comunidades indígenas de Amazonas.

Allí han surgidos desacuerdos entre directores de la escuela que condenan a los líderes comunitarios por endosar aspectos sobre el orden comunal a los grupos armados. “Un profesor nos contó que un día los ‘pata e´goma’ llegaron a un salón de clases diciendo ‘a ver quiénes son los que se portan mal’. Esto frente a unos chamitos de 16 y 17 años, entonces llamaron a un grupito de tres por sus nombres, sacaron la pistola y dijeron ‘vamos a matarlo, aquí mismo delante de todo el mundo para que aprenda’. Todos quedaron petrificados, pero lo más desconcertante es que la gente en la comunidad decía ‘si, si es verdad pa´que aprendan’” narra Noraima Ángel.

Esa atmósfera se extiende a todo Puerto Ayacucho. Si bien la población en general manifiesta que vive con miedo del poderío que ostentan los ilegales, también justifican que realizan un trabajo de “limpieza social”.

A 180 kilómetros de Puerto Ayacucho, en San Fernando, un grupo de habitantes fue convocado a una reunión en el Fundo de Don Ramón Brisa. Al profesor José Lima, contralor social ad honorem juramentado por la cámara municipal, dos hombres vestidos de civil lo fueron a buscar a la puerta de su casa. “No se identificaron, solo dijeron que había una reunión a la que debía asistir, pararon una moto taxi y le indicaron a donde debían llevarme”.

“Cuando llegué al fundo vi como 15 motos y la presencia de unos concejales, entonces pensé que debe ser una reunión muy importante que estamos rodeados de puros guardias, pero no eran guardias, eran ellos, los guerrilleros, con toda su indumentaria, uniformados, con su brazalete y un número en la espalda de la camisa. Unos estaban de seguridad, otros se encargaban de repartir refresco y pancito. En ese momento me dije ‘no, esto no se trata de una reunión con algún militar de aquí’. Y ya cuando me disponía a entrar me preguntaron:

 -Señor de donde viene usted.

-Soy el contralor social.

-Ah si, usted es el señor Lima, pase pase, ¿trajo celular?

-Sí

 -Muéstremelo.

 Me lo quitaron y depositaron en un bolso”.

Mientras Colombia celebra el fin de una guerra que se prolongó por seis décadas con un saldo que supera los ocho millones de víctimas y se prepara para una contienda electoral con Rodrigo Londoño Echeverri, ex número 1 de la más grande guerrilla de América Latina, como candidato presidencial, Venezuela se enfrenta a las consecuencias de un conflicto heredado que cuenta con el maridaje de las autoridades locales y nacionales, que apunta a indicar que la paz no cruzara la frontera.