Con tortura y aislamiento castigan a presos relacionados con Oscar Pérez

Ocho funcionarios militares asistieron a la audiencia de presentación del 19 de enero de este año con heridas en rostro, abdomen, muñecas y piernas. Los dos civiles que los acompañaban llevaban una raja en la planta de los pies hecha con una navaja. Era tan evidente el maltrato que, antes de privarlos de libertad, el tribunal hizo un pronunciamiento especial para dejar constancia de su estado tras siete días de arresto por haber sostenido una videollamada con el piloto abatido junto a su grupo en El Junquito.
Un
“Gloria al bravo pueblo” se oculta bajo la ropa del primer teniente retirado
Gustavo Sandoval. Las primeras palabras del himno nacional de Venezuela están
tatuadas en la parte alta de su espalda, entre los hombros, que cambiaron el
peso de su hija por el de la tortura. Es 19 de enero de 2018 y su piel muestra
las huellas en las muñecas, en los tobillos y, sobre todo, en el abdomen. Muchas
de ellas quizás lleguen a ser indelebles, como su tatuaje.
Su
nombre es el quinto que mencionan en la audiencia de presentación que arrancó
casi al mediodía, en el Tribunal Militar Segundo de Control, con sede en
Caracas. “Primer teniente Gustavo Sandoval”, el de Propatria, el hijo de Zoreli
y Gustavo. Antes que él, ya habían mencionado al primer teniente Simón Torres
Varela. Atrás quedó la alegría que sintieron el 26 de junio de 2014 al ver sus
nombres en la resolución 005207 que les ratificaba sus ascensos. Ahora, sus
nombres quedarán estampados, junto con los de otros seis militares y dos
civiles, en un mismo expediente y en una lista de detenidos que no para de
crecer. Lo harán junto a otro nombre: Óscar
Pérez.
La
Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvo a la mayoría de
estos militares el 11 de enero, en distintas latitudes y casi al unísono. Los
dos civiles –que no estarían relacionados entre sí ni con los militares– fueron
aprehendidos tres días después. Así lo han denunciado los siete defensores
privados que llevan sus casos y la comisión especial de la Asamblea Nacional que
investiga la denominada “masacre de El Junquito”.
Pero
según las actas policiales fueron aprehendidos cinco días después, el 16 de
enero, un día después de los hechos de El Junquito y 48 horas antes de la
presentación, una alteración ad hoc de los hechos para hacerlos calzar en los
lapsos establecidos en la ley.
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Ese mediodía, en el Tribunal Militar Segundo de Control los cuerpos de los diez hombres también reflejaban más de dos días de torturas. Las heridas más visibles estaban en la nariz del primer teniente Eduardo José Amaya y en las muñecas de la mayoría, pero debajo de la ropa y los zapatos se ocultaban las peores. “Es evidente que aquí hay personas con la nariz golpeada, tobillos inflamados, la planta de los pies fueron rajadas con navajas, entre otros tratos crueles”, dijo la defensa durante la audiencia de presentación.
La
novedosa herida con navaja en los pies la llevaban los civiles únicamente: el
taxista Juan Carlos Urdaneta y el mecánico Joaldy Deyon, ambos de 45 años de
edad, supuestos encargados de “logística” del grupo del exinspector del Cuerpo
de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar
Pérez.
La
única buena noticia que recibieron ese día los diez imputados, sus familiares y
sus abogados fue que el tribunal exhortó al Ministerio Público a que quedara
constancia del estado de tortura de todos. Inmediatamente después, y poco antes
de que el reloj marcara la 1:00 de la tarde, decretaron con lugar la solicitud
de privación preventiva de libertad hecha por el mayor Luis Marval Flores,
fiscal militar noveno de competencia nacional, en contra de los ocho militares y
dos civiles, acusados por traición a la patria, rebelión militar y sustracción
de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en
grado de complicidad. Desde
ese día sus familiares ni sus abogados los han vuelto a
ver.

Skype y el sapo
La
versión de los hechos fue expuesta por el mayor Marval durante la audiencia: los
militares habrían mantenido "comunicación y trato directo" con Óscar Pérez, con
la intención de "reclutar personal activo dentro de las FANB" para el movimiento
Equilibrio Nacional por Venezuela. Los vinculan, además, con el asalto del 18 de
diciembre de 2017 al comando de la Guardia Nacional (GN) en Laguneta de la
Montaña, estado Miranda, pero sus abogados aseguran que al exponer el caso el
fiscal no mostró pruebas concretas sobre esos contactos.
De
varias fuentes que piden mantener su nombre en reserva se pudo conocer que
algunos de los militares sostuvieron una conversación vía Skype con Pérez
mientras este estaba en la clandestinidad, y que luego corrieron la voz entre
los otros ahora imputados. El contacto virtual se habría hecho para concretar
una reunión presencial que, según sus defensores, jamás ocurrió. Un teniente de
apellido Ruiz los habría delatado. No se sabe si fue copartícipe o si se trata
de un funcionario “debidamente autorizado”, pero la defensa asegura que no
figura en las actas del expediente de los hechos del 18 de
diciembre.
Aunque
sus edades oscilan entre los 27 y los 37 años, siete de los ocho militares se
conocían antes de encontrarse frente al tribunal, incluso se seguían en
Facebook. Sandoval, Torres, Amaya, los también primeros tenientes Jhonander
Ceiba, Alberto Maita y Anderson Pérez; así como el teniente Carlos Arias
Pantoja, hicieron cursos de las fuerzas especiales del Ejército juntos o
trabajaron en dichas fuerzas. El único que no coincidió con ellos fue el primer
teniente Robert Escalona, el más antiguo del grupo de detenidos y quien estaba
próximo a ser ascendido a capitán.
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Escalona,
sin embargo, llegó a cruzarse en la Academia Militar del Ejército con Arias
Pantoja, en 2009, cuando este apenas comenzaba a cursar sus estudios en Ciencias
y Artes Militares. Escalona, en cambio, ya llevaba sobre los hombros de su
uniforme cuatro rayas doradas, y en el pecho varias insignias. Lo que no se
imaginaron nunca es que volverían a coincidir en el Centro Nacional de
Procesados Militares de Ramo Verde, esta vez no como estudiantes sino como
reclusos.
Carnadas y allegados
Entre
el 8 y el 10 de enero de 2018, otros dos militares fueron detenidos por el mismo
motivo que Escalona, Arias Pantoja y compañía. Se trata de los también primer
tenientes Vladimir Ilich Aguilera y Kilver Alexander Quiñones. Sin embargo, no
fueron presentados junto a los demás el 19 de enero y, en la madrugada de este
martes 6 de febrero, fueron liberados. Es poco lo que se sabe de ellos pero
quienes manejan el caso presumen que fueron la “carnada” para atrapar a los
demás.
También
por su supuesta vinculación con el robo de las armas en el destacamento 441 de
la Guardia Nacional, cuya responsabilidad asumió el grupo de Pérez, está
detenida la diseñadora gráfica Carola Hernández. Su aprehensión se produjo el 24
de enero. Quienes manejan el caso creen que otros civiles podrían engrosar el
expediente de los militares, pese a no estar vinculados con
ellos.
Hasta
el jueves 8 de febrero, la comisión especial de la Asamblea Nacional que
investiga la “masacre de El Junquito” contabilizaba 33 detenidos y un
desaparecido. El más reciente habría sido un hombre que hizo una colecta para
ayudar a pagar el colegio de uno de los hijos de los abatidos el 15 de enero.
También se sumó a la lista el rescatista Everth Celis, quien estaba desaparecido
desde el 2 de febrero. Fue presentado ante tribunales militares, privado de
libertad e imputado por los mismos delitos que los ocho militares y dos civiles
torturados.
La mayoría de los detenidos son civiles. Además de los ocho militares presentados el 19 de enero, hay tres funcionarios del Dgcim, que estarían detenidos por publicar, comentar o interactuar con los vídeos que publicó Pérez a través de las redes sociales, durante el operativo que las fuerzas de seguridad bautizaron como "operación Gedeón". A estos últimos los detuvieron el 16 de enero, un día después de los hechos de El Junquito.
También
fue aprehendido un ex policía del estado Aragua. Se trata de Víctor Hugo
Escalona, quien se desempeñaba como jefe de seguridad en la urbanización Villa
Aragua, donde vive la familia del general Raúl Isaías Baduel. Escalona, antes de
ese empleo era hombre de confianza -chofer, mensajero, ayudante- de la familia
del ex ministro caído en desgracia y quien permanece aislado en la sede del
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Plaza
Venezuela.
Aunque
aún se desconocen los motivos de su detención, Escalona cae preso el 2 de enero,
antes de que circulara un audio en el que Abraham Agostini, del grupo de Pérez y
uno de los abatidos, decía a su madre que estaban "alineados con la línea de
Baduel". Ese audio no ha sido desmentido.
Esta
supuesta afirmación de Agostini no le trajo consecuencias directas al general en
sus ya deplorables condiciones de reclusión -aislamiento en "La Tumba"-, pero a
su hijo, el también preso político Raúl Emilio Baduel, lo separaron después de
cuatro años de su amigo Alexander Tirado el pasado 25 de
enero.