La Guajira bajo fuego

Si bien no es de las más altas en el país, en la región zuliana la tasa de mortalidad infantil supera el promedio nacional de 17,2 con un registro de 20,6 muertes por mil nacidos vivos. Un estudio desarrollado por la Universidad del Zulia, donde participaron 100 niños de seis a nueve años de ambos sexos, determinó que 32% de los escolares de la etnia wayuu pobladores de la laguna Las Peonias, presentó malnutrición. La evaluación socioeconómica demostró que 82% de las familias se encontraban en situación de pobreza, 56% en pobreza relativa y 26% en pobreza crítica.

A las precarias condiciones de vida también se suma el hecho de que el territorio donde habitan es una de las rutas principales de contrabando de gasolina y alimentos que ha florecido entre Venezuela y Colombia por la abismal diferencia entre el bolívar y el peso. En los últimos cinco años el Estado venezolano, en su política de guerra contra el contrabando, incrementó el número de efectivos militares en sus territorios. A pesar de que tanto los operativos como las modificaciones legales son justificadas “por la necesidad de proteger a la población”, en especial a la indígena, las evaluaciones son negativas. A la fecha han asesinado a 20 indígenas, han herido a 40, hay 19 denuncias de tortura, un desaparecido, más de 500 detenciones arbitrarias y un centenar de allanamientos ilegales.

Todo comenzó el 28 de diciembre de 2010. Caía la noche y con ella se disipaba el calor en Maracay, la capital del estado Aragua. Era el acto de salutación a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El entonces presidente Hugo Chávez, ataviado con uniforme de campaña y su característica boina roja, anunciaba orgulloso, frente a una audiencia vestida de verde oliva “una visión integral desde la Guajira hasta Paria”. Se trataba de la creación de un conjunto de nuevas “unidades de combate para librar con éxito una guerra popular prolongada”.

El anunció entró en vigor unas cuantas horas después a través del decreto 7.938 publicado en Gaceta Oficial N°39.583. En la Guajira, la más septentrional de las penínsulas suramericanas, se instaló el Distrito Militar N° 1, con mando central en la localidad de Paraguaipoa, el último poblado sobre la Troncal del Caribe.

Lo que en el discurso el presidente Chávez calificó como una medida para enfrentar una “guerra popular prolongada” adquirió nombre propio apenas dos días después. El 30 de diciembre de 2010 el jefe del Estado firmó la Ley sobre el delito de contrabando, fundamentada en la seguridad alimentaria, defensa y protección de la soberanía económica, con penas de castigo de hasta diez años de prisión para los infractores.

Veintiuna alcabalas se diseminaron desde el puente sobre el río Limón hasta Castillete, tomando los territorios ancestralmente ocupados por los Wayuu, el pueblo indígena más importante de Venezuela. No hubo consulta previa, al menos no formalmente. Los pobladores solo recuerdan una reunión celebrada en instalaciones militares con cerca de 60 consejos comunales. Allí se les anunció que los militares atenderían a los afectados por las inundaciones de noviembre de aquel año y traerían programas sociales a la región.

Lo primero que los wayuu experimentaron con la militarización de sus territorios fue la restricción al libre tránsito. La tensión en la relación no tardó en florecer. A la dificultad de adquirir los productos básicos de alimentación e higiene personal, que comenzaba a asomar en el país como el preludio de una recia crisis de escasez, que alcanzó sus niveles más altos con el derrumbe de los precios del petróleo, se sumó la restricción no formal establecida por los militares de transportar alimentos en cantidades no precisas.

Las acusaciones y señalamientos de “bachaqueros” y “contrabandistas” son el principal argumento que esgrimen los wayuu para ejemplificar el trato racista y de discriminación al que son sometidos diariamente en sus propias tierras, donde progresivamente han visto perder su autonomía, ocasionando una progresiva ruptura en el funcionamiento de su estructura social.

Una comunicación enviada por el Comité de Derechos Humanos de la Guajira al Mayor General Celso Canelones Guevara, Jefe del Comando Estratégico Operacional Occidente, en octubre del 2012, sentó el primer precedente del sentimiento que entonces recorría la Guajira: “Cuando el Presidente de la República anunció la creación del Distrito Militar, creímos que eso significaría bienestar, desarrollo y progreso para nuestro pueblo, pero los hechos han demostrado todo lo contrario (…) consideramos que no habrá solución a corto plazo y seguiremos en un círculo vicioso mientras el control de la Guajira esté bajo el poder militar, porque ese sector no conoce nuestras costumbres”.

La iniciativa formó parte de algunas manifestaciones desencadenas tras un acontecimiento que elevó la crispación en la convivencia cívico militar. El 21 de septiembre del 2012 el ejército venezolano asesinó al primer indígena. Eran las 7:30 de la mañana de un martes. José Efraín González fue alcanzado por una bala cuando oficiales dispararon contra un grupo de estudiantes de la Escuela Bolivariana Los Hermanitos que viajaban en la plataforma de un camión 350 rumbo al recinto educativo. La refriega dejó con heridas de fusil a cuatro adolescentes y cinco adultos.

El episodio abrió una secuencia de atropellos que llevó a los pobladores a calificar a 2013 y 2014 como los años más difíciles. El 29 de enero de 2013 es un hito para ellos. En la tarde de ese día al menos 24 uniformados con las caras cubiertas con pasamontañas bajaron de cuatro vehículos del Ejército venezolano y rompieron el portón de una vivienda sin número del sector Los Aceitunitos. Con armas largas amedrentaron a los ocho adultos que se encontraban dentro junto a cuatro niños menores de dos años. Desconcertados corrieron todos al patio, menos Menandro Pirela González, alcanzado por un disparo en la espalda cuando intentó advertir a su hermana Laudi que se encontraba en uno de los cuartos.

Esa noche, mientras los familiares ofrecían declaraciones y esperaban el cadáver frente a la sede de la Policía Científica, un grupo de militares abrió fuego contra las oficinas del cuerpo técnico. Según cuentan pretendían llevarse el cadáver. La imagen de los desprevenidos transeúntes, que alarmados gritaban y corrían buscando reguardo, quedó grabada en un video con 28 mil vistas público en la red social Youtube.

Hagan lo que hagan siempre parecen sospechosos. Elvis Alfonso Escandón fue baleado en su camión por miembros del 131 batallón de infantería “G/J Manuel Piar”. Cuando transitaba por la vía Guana junto a su familia en horas de mediodía, su esposa Olga Flores quedó herida. Algo muy parecido le ocurrió a Zóe del Carmen López, cuando militares del 102 Grupo de Caballería Motorizada “G/D Francisco Esteban Gómez”, dispararon contra la unidad donde viajaba por la localidad de Sichipes junto a sus hermanas y un importante número de niños. Zóe murió tras agonizar diez días en el Hospital Universitario de Maracaibo, dejando huérfanos a dos niños de uno y dos años.

Apenas nueve días después a Wilmer Wuilson Fernández Farías de 23 años lo mató un disparo hecho presuntamente por el teniente coronel Orlando Romero Bolívar. Kelvis Rafael Barroso de 18 años, el adolescente Alexander Segundo Paz Mejías de 14 y la embarazada Yuskelys González López de 18, murieron después de ser arrollados por una camioneta también del ejército del 131 Batallón de Infantería cuando se desplazaban en una motocicleta por la vía Caño Cabezón. Wilfredo Antonio Cambar González, fue asesinado en el sector El Brillante, en el mismo hecho en el que a Mario Enrique Fernández le destrozaron la mandíbula. Al policía Nelson Enrique González le descerrajaron la cabeza de un disparo de AK-103 cuando conducía su carro por el sector Laguna del Pájaro.

Y cuando creían que las cosas no podían pintar peor, el 7 de septiembre de 2015 el presidente Nicolás Maduro extendió al Zulia, a los municipios Indígena Bolivariano Guajira, Almirante Padilla y Mara, la declaración de estado de excepción que había comenzado el 24 de agosto en seis municipios del estado Táchira como parte de su estrategia de “guerra económica” contra el contrabando de extracción.

De los 23 municipios fronterizos bajo esta medida solo en La Guajira se registraron civiles muertos bajo prácticas militares. Los primeros fueron Francisco Hebert Ramírez Ramírez y Henry Ipuana González, asesinados en la localidad de Neima. Más tarde, el 12 de diciembre Dixon José González de 27 años murió, mientras Richard Paz y Daniel Enrique Cambar de 34 años resultaron heridos, cuando una comisión de la 13 Brigada de Infantería disparó contra un grupo de personas que se encontraba en el sector los Filuos, una populoso y concurrida zona comercial.

La versión oficial en casi todos los casos circula alrededor del enfrentamiento entre autoridades y “bachaqueros contrabandistas”; sin embargo, familiares, testigos y sobrevivientes cuentan historias muy diferentes. Como la del estudiante Yohander José Escasio Palmar, alcanzado en la espalda por una bala de fusil que le salió por el abdomen cuando regresaba del liceo Orángel Abreu Semprún en horas de mediodía. En la acción participaron más de cien efectivos en una operación conjunta entre militares del 131 Batallón de Infantería “General en Jefe Manuel Piar” al mando del coronel José Miguel Rojas García, y el 133 Batallón “Tcnel Remigio Negrón”. Tras la huida de los militares, que no atendieron a los caídos, quedaron repartidos cerca de 500 cartuchos de fusil de asalto ligero. En la misma acción resultaron heridos dos adultos junto a la adolescente Rosalinda Gózales, de 16 años.

“Es prácticamente una guerra, las fuerzas armadas se están comportando como un ejército de ocupación, su acción es represiva y de confrontación, los wayuu están siendo tratados como extranjeros en su propia tierra”, explica el director de la Unidad de Estudio de Cultura Indígena de la Universidad de El Zulia (LUZ), José Quintero Weir, quien ha seguido de cerca los efectos de la militarización de la Guajira.

Según la vocería oficial, los indígenas que trasladan alimentos a través de la Guajira son parte de las causas del desabastecimiento, sin embargo, el también profesor de lingüística explica que el problema central que plantea hoy la Guajira orbita alrededor del modo de vida de la etnia y su forma de entender que esos amplios territorios que comparten Venezuela y Colombia solo tienen límites geográficos para los no nativos. “El traslado de alimento desde Maracaibo hasta el último extremo de la Guajira, en Colombia, forma parte de las prácticas de intercambio y supervivencia de los wayuu en las dos Guajiras”.

Amaranta López, hermana de la fallecida Zóe, dice: “En la Guajira hemos sido respetuosos del reordenamiento territorial que los alíjunas –palabra wayuu con la cual se nombra a todo el que no pertenezca a la etnia–, hicieron desde su control de la República de Venezuela. Nunca fuimos consultados para ello (…) para nosotros no existe la frontera, nuestra tierra malajayasalee es una tierra sin límites, para el pueblo wayuu la binacionalidad es solo una palabra”.

Para Quintero Weir “es indiscutible que para los wayuu la militarización ha devenido en un proceso de deterioro de su cultura, una ruptura de su cotidianidad. Están viviendo la etapa de mayor crisis de su cultura”.

En la Guajira nadie niega que el menudeo en la venta de gasolina representa una alternativa de subsistencia para parte de la población en una región donde el único empleador es la administración local. La exconcejal Ana Estela Nava, del Clan Aapüshana, lo afirma sin reparo: “Es cierto que algunos paisanos le han cooperado al negocio de la venta de gasolina, pero es el hambre, la perra necesidad lo que nos obliga a hacer cosas que no queremos”.

Pero el volumen que se mueve en cada envase de agua mineral de cinco litros es insignificante frente al exorbitante mercado ilegal, que floreció desde que en mayo del 2014 el Gobierno limitara la venta a los vehículos particulares a 42 litros diarios.

José David González lo pone en perspectiva: “ni pimpineros, ni envases escondidos en automóviles pudieran movilizar ese volumen”. González es coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, una iniciativa local con 16 años de trabajo que se ha ocupado de compilar las denuncias en un sin fin de informes presentados tanto a autoridades locales como al entonces vicepresidente de la República, Jorge Arreaza.

José de los Santos Marín regresa a su lugar con mecánico gesto. Un mechón de cabello negro se le desliza por la sien. Fija la mirada y se toma una pausa antes de afirmar que tiene pruebas suficientes para sostener que la impunidad es la única respuesta del Estado para los indígenas de La Guajira.

“De los 30 casos denunciados, sólo uno está parcialmente esclarecido y me refiero a la muerte de Nelson Enrique González, –un policía ajusticiado de un disparo en la cabeza–. Con los demás prevalece el retardo procesal, denegación de justicia e impunidad por parte del Ministerio Público”.

Marín es miembro del Comité de Derechos Humanos de la Guajira y también abogado de Jeohomar Jasay Paz Paz, un joven campesino que el 20 de junio del 2013 fue detenido y torturado por efectivos militares y confinado en un cuartel en la localidad de El Tigre. Advierte, por eso, sobre la existencia de un centro de detención clandestina y de tortura en el cuartel Yaurepara, bajo la responsabilidad el 131 Batallón de Infantería “General en Jefe Manuel Piar”. “Ya son 19 víctimas plenamente identificadas”, asegura.

Tras su detención, al joven Jeohomar se le acusó por el delito de resistencia a la autoridad y presentado ante un tribunal de control. Cuando llegó aún esposado a la audiencia judicial se encontraban en condiciones tan deplorables que las autoridades militares fueron increpadas a explicar. Dijeron que las lesiones se debían a una caída que sufrió en un intento de huida cuando se le solicitó la documentación respectiva. El Tribunal no quedó muy convenido y aceptó la petición de la defensa de oficiar a la Medicatura Forense a fin de someter al imputado a exámenes forenses.

El comité de DDHH de La Guajira recibió un grupo de denuncias que no habían sido registradas en el arsenal de acciones cometidas por los militares durante la ocupación. Seis detenidos en un procedimiento instrumentado por efectivos del 131 Batallón de Infantería en el interior de una finca del sector El Carretal, denunciaron también haber sido víctimas de tortura en el mismo recinto militar. Los detenidos fueron posteriormente presentados ante tribunales, donde resultaron sobreseídos de los delitos de rebelión militar y ataque al Centinela, todos menos Anuar David López Gómez, quien terminó condenado a quince años de presidio por un Tribunal Militar.

Un año más tarde, la tarde el 1 de julio de 2014 Anuar David desapareció de las instalaciones donde lo mantenían recluido. Lo último que su abogado supo es que lo trasladarían del comando militar al Retén El Marite en la ciudad de Maracaibo. Los responsables de su resguardo alegaron una presunta fuga y libraron orden de aprehensión.

Richard Amaya, Enrique Alexander Urdaneta, Blanca Elsa González, y las adolescentes Maigle Karina Amaya Romero, son otros nombres que figuran en la lista de actos de tortura propinados por el 131 Batallón de Infantería “General en Jefe Manuel Piar” en el cuartel Yaurepara, y que reposan en denuncias hechas ante la Defensoría del Pueblo, delegación Zulia, y la Fiscalía Cuarenta y Cinco (45) del Ministerio Público.

Nefertitis es la hija mayor de Amaranta, tiene 14 años y estudia en la Escuela Básica Fe y Alegría de Paraguaipoa; dice que cuando murió su tía empezó a entender como las tragedias cambian a las familias. “También lo veo aquí en el colegio, donde cada día en mi salón se notan más pupitres vacíos, sobre todo los compañeros que viven en otros pueblos y no pueden llegar, por las colas o por sus padres que como tienen miedo prefieren que se queden en casa ayudando con los quehaceres”.

El pasado 30 de marzo, luego de deambular por oficinas gubernamentales, entre trámites burocráticos y funcionarios ausentes de sus puestos de trabajo, los familiares y las víctimas del Distrito Militar en la Guajira recibieron finalmente una buena noticia. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, había nombrado a Elizabeth Pelay, jefa de la División de Ciencias Forenses de la Unidad Criminalística, como integrante de la comisión responsable de excavar los restos de Efraín González, Willy Enrique Márquez, Wilfredo Cambar, Wilmer José Castillo y Ángel Regino Álvarez, para rastrear lesiones compatibles con golpes o balas que les causaran la muerte. Luego de manejar un total de 24 causas, entrevistas y exámenes de reconocimientos médicos-legales a seis presuntas víctimas, el Ministerio Público resolvió designar una comisión que atenderá las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos y ajusticiamientos presuntamente cometidas por militares.

El pasado 12 de mayo los familiares, una vez más trastocando prácticas ancestrales de su cultura, firmaron la autorización de exhumación de los cuerpos, dando paso al inicio de una nueva etapa de restitución de derechos tras cinco años y cuatro meses de aquella noche donde desde el Cuartel Abelardo Mérida, un Hugo Chávez vestido de verde oliva, cierra su discurso con inequívoca premonición: “La historia reconocerá el papel, el tremendo papel que la Fuerza Armada ha jugado (…) la Patria ha renacido, ha renacido al calor de sus soldados, al calor de su pueblo hecho milicia”.