CAMC también tiene un culebrón en Venezuela

Una anónima empresa china de ingeniería civil salió a relucir en las noticias internacionales de febrero pasado. Se trataba de Camc, beneficiada con importantes contratos del Gobierno boliviano mientras la exnovia del presidente Evo Morales actuó como su gerente local. Pero ya para entonces tenía tiempo operando en Venezuela. Desde 2003 ha obtenido del régimen chavista proyectos por más de 3.000 millones de dólares. A pesar de un desempeño plagado de irregularidades técnicas y administrativas, acaba de recibir un jugoso trofeo: la certificación de yacimientos en el Arco Minero del Orinoco.
Un
escándalo sacudió a Bolivia y salpicó a su presidente a inicios de febrero.
Pocos días después, en Caracas, Nicolás Maduro, anunció ante empresas
extranjeras la gran apuesta de Venezuela para su desarrollo inmediato: el Arco
Minero del Orinoco, como su Gobierno llama al rosario de yacimientos minerales
en Guayana que ahora ha puesto en subasta para la gran industria
extractiva.
Ambas
historias, separadas por miles de kilómetros, tienen un protagonista común: la
empresa China Camc Engineering Co Ltd.
“Por la
empresa China Camc Engineering Co Ltd, el señor Peng Wei de la República Popular
China; por Venezuela, Eulogio Del Pino, ministro de Petróleo y Minería y
presidente de Pdvsa”, leyó el presentador en el acto que presidió Maduro el 24
de febrero en el Banco Central de Venezuela. Ambas partes firmaban un “memorando
de entendimiento” para la “certificación de los recursos del Arco Minero del
Orinoco”.
Camc se
aseguraba así trabajar en varios “bloques” de la zona para comprobar y
cuantificar la existencia de minerales como el coltán, diamantes y oro, detalló
el moderador entre los aplausos de las autoridades venezolanas y los
empresarios.
Los
chinos cerraban en Caracas un nuevo negocio mientras que en Bolivia aún trataban
de minimizar los daños causados por el
escándalo.

Eulogio del Pino - Ministro de Petróleo y Mineria y Presidente de PDVSA // Fotografía: FLICKR Agencia de Noticias Andes
El
3 de febrero un periodista boliviano denunció que Gabriela Zapata Montaño, novia
del presidente Evo Morales en 2007, se benefició de esa relación y el
consiguiente acceso al poder político cuando posteriormente ocupó el cargo de
gerente comercial en la sucursal boliviana de Camc, que firmó siete contratos
por casi 600 millones de dólares entre 2009 y 2015 con el Gobierno
boliviano.
Pero
en Venezuela el auge de la contratista china ya había comenzado desde mucho
antes de que en Bolivia las sospechas de tráfico de influencias recayeran sobre
ella.
De
hecho, la Venezuela de Hugo Chávez no solo se convirtió en un cliente destacado
del portafolio de Camc. También sirvió de cabeza de playa para conquistar desde
allí nuevos mercados en países del llamado eje bolivariano, como la propia
Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba.
Fundada
en 2001 como subsidiaria de la China National Machinery Industry Corporation
(Sinomach), obtuvo su primer contrato en suelo venezolano en 2003. Se trató de
la construcción de un acueducto en el estado de Falcón (noroeste del país) por
100 millones de dólares. Comenzaba una relación que se ha conservado con la
actual administración del sucesor de Chávez en la presidencia, Nicolás
Maduro.
El
Registro Nacional de Contratistas (RNC) revela que China Camc Engineering Co Ltd
apenas cuenta con 20 trabajadores y que entre 2011 y 2012 vendió equipos y
maquinaria a las estatales Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca),
Logística Casa (Logicasa) y Bolivariana de Puertos (Bolipuertos). Se trata
apenas de una porción del negocio porque desde 2003 ha logrado una veintena de
contratos para proyectos agrícolas, eléctricos e industriales, entre otros,
adjudicados bajo el paraguas de la alianza entre China y Venezuela, y los
créditos que la potencia asiática concede a Caracas con la condición de que se
hagan las compras a empresas de esa nación.
Una empresa, dos caras
La de
China Camc Engineering no es la única figura jurídica que esta corporación ha
empleado para operar en el país. El 6 de septiembre de 2007 formalizó ante el
Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital y el estado Miranda una sociedad
con el nombre de Camce Sudamérica C.A, que parece pensada como portaviones para
entrar a otras naciones de la región. “El domicilio principal de la compañía es
la ciudad de Caracas, Distrito Capital, pero podrá establecer sucursales,
agencias u oficinas de representaciones en cualquier otra ciudad del territorio
nacional o del extranjero, cuando así lo decida la asamblea general de
accionistas”, dice el acta constitutiva. En Bolivia la compañía china no tiene
ninguna sede, de acuerdo a su página web. Tampoco en
Nicaragua.
El
capital inicial de Camce Sudamérica fue de 20 millones de bolívares, dividido en
4.000 acciones de 5.000 bolívares cada una. La propietaria de 3.960 acciones es
la casa matriz, China Camc Engineering, cuya presidenta es Chen Yufang, mientras
que Shen Wei funge como vicepresidente y propietario de las 40 acciones
restantes. “La compañía tendrá como objeto principal servicios de contratación
de obras y servicio de consultoría en general, importación y exportación de
equipos y materiales para la construcción, comercialización y representación de
todo tipo de mercancías y productos foráneos; y en general podrá realizar
cualquier actividad de lícito comercio vinculada con el objeto principal, ya que
las actividades anteriormente citadas son de carácter enunciativo; y no de
carácter limitativo o restrictivo, pudiendo dedicarse a las actividades según lo
decida la asamblea general de accionistas”, establece la cláusula tercera del
acta constitutiva.
Hoy Camce
Sudamérica aparece como “inhabilitada” para realizar contrataciones con el
Estado venezolano en los archivos en línea del Registro Nacional de Contratistas
(RNC).
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China
Camc Engineering y Camce Sudámerica ocupan los pisos 11 y 12 de la torre E del
Centro Comercial Lido, en la urbanización El Rosal de Caracas, al borde de lo
que, antes de la revolución bolivariana, se consideraba el distrito financiero
de la capital venezolana. En el directorio del complejo de oficinas no aparece
ninguno de los nombres. Las puertas de vidrio de ambas oficinas están
recubiertas de un papel ahumado que impide ver hacia adentro. Al entrar, un
amplio hall recibe a los visitantes. Banderas de China y otros detalles alusivos
al gigante asiático adornan la antesala desde la que también se ve una gran
escalera que conecta los dos pisos y confirman el ascenso de Camc en estas
tierras.
En el
Centro Comercial Ciudad Tamanaco (C.C.C.T), al suroeste de Caracas, hay otras
dos oficinas de la compañía china. Fueron las primeras que tuvo en la capital
venezolana y tampoco aparecen listadas en el directorio. “Aquí somos nada más
ingenieros, entonces no te podemos contestar”, responde un hombre con marcado
acento asiático a través del intercomunicador de Camce Sudamérica C.A, ubicada
en el piso 7. “No exactamente”, suelta ante la pregunta de si China Camc
Engineering y Camce Sudamérica C.A son lo mismo.
Ningún
directivo de la empresa estuvo disponible para contestar y tampoco respondió la
solicitud realizada por escrito.
Inicio con mal pie en Falcón
Desde
que en junio de 2003 China Camce Engineering obtuvo su primer contrato con el
Gobierno venezolano, han transcurrido trece años en los que la adjudicación de
obras no ha cesado hasta el punto de amasar al menos 3.000 millones de dólares
en asignaciones.
Ni
siquiera las advertencias que realizó la Contraloría General de la República
(CGR) con ese primer contrato frenaron la actividad de Camc. En su informe de
gestión de 2007 la CGR analizó la obra Acueducto Bolivariano del estado Falcón,
acordada entre el entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
(MARN) y la compañía china. El análisis del órgano contralor reveló diversas
irregularidades, incumplimientos de contrato y sobrecostos en lo que para
entonces era “uno de los proyectos hidráulicos de mayor importancia que
actualmente se desarrolla en Venezuela”.
DESTACADA2
Tras
evaluar las actividades realizadas entre 2002 y el primer semestre de 2006, la
institución concluyó que “se observaron deficiencias en la planificación y en
sus procesos administrativos que redundaron en la disminución del alcance de la
obra y costos adicionales al proyecto. Tal situación se vio reflejada en el
retraso de 352 días en su culminación, gastos cuya descripción no se relacionan
directamente con el proyecto, ni con el objeto de la contratación; pagos
superiores a las establecidos contractualmente; omisiones de aspectos relevantes
en las cláusulas contractuales (lapsos de garantías de las obras);
incorporaciones de cláusulas contractuales confusas; entre
otros”.
Una
de las recomendaciones de la CGR fue la de “instar a la empresa China Camc a
proceder con la sustitución de los 335 metros de tubería enterrada de diámetro
1.420 mm por otra de 2.000 mm, ubicada en el corredor de Pdvsa en las
progresivas 64+305 y 64+640, tal como lo indican las especificaciones técnicas
de la aducción para dicho tramo, así como lo acordado en minuta de reunión del
13-09-2004, efectuada entre representantes del MARN y la citada empresa,
asimismo, velar por que los costos de excavación, extracción y transporte, no
sean relacionados a través de valuaciones al Ministerio del Poder Popular para
el Ambiente”. También aconsejó “destinar los aportes recibidos mediante crédito
externo, exclusivamente para el objeto estipulado en los convenios
multilaterales”.
Esas
observaciones se conocieron cuando Camc había pactado los contratos para
completar la fase dos y tres del proyecto del acueducto en Falcón por, al menos,
otros 200 millones de dólares, según detalla la empresa en su website y hasta
350 millones de dólares más, de acuerdo al informe de la CGR. “El proyecto de
transmisión de agua de Camc en Falcón se completó luego de siete años de
construcción”, sostiene la compañía en su portal. En noviembre de 2008, Luo Yan,
presidenta de Camc Engineering, recibió la orden Juan Crisóstomo Falcón en su
primera clase.
Cortocircuitos en la emergencia eléctrica
La
contratista china también aparece en la lista de empresas beneficiadas por el
Gobierno venezolano a raíz de la emergencia eléctrica decretada por Hugo Chávez
entre 2009 y 2010. A Camc le correspondió construir la Planta de Generación
Termoeléctrica El Vigía, en el estado de Mérida (Andes venezolanos). El contrato
se cerró por poco más de mil millones de dólares, pero en la ejecución de la
obra el precio se elevó otros 660 millones de dólares.
Una
presentación de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), fechada en marzo
de 2013, detalla que en el proyecto de Camc se “deben revisar y evaluar los
montos adicionales solicitados para la evacuación de los 170 Megavatios (Mw) de
ciclo combinado e incrementar la capacidad de transmisión hacia el Sur del Lago
ya que se requiere de adecuaciones de las líneas de transmisión, que no estaban
previstas en el contrato comercial ni en el Addendum 2. Se hace necesaria la
firma de un nuevo Addendum (Addendum 3) que tome en cuenta esta necesidad, este
monto que asciende a aprox. MM$ 660 adicionales a los MM$
1.045”.
El
documento detalla que la construcción de la planta se inició en mayo de 2011,
que debía culminar el 30 de marzo de 2014 y generaría 470 Megavatios (Mw). Esa
información contrasta con la descripción que hace Camc en su website
corporativo: “El proyecto abarca la construcción de una planta de energía
eléctrica, de ciclo combinado de turbina a gas, que cuenta con una capacidad de
instalación de 583 Megavatios (Mw). La planta se diseñará de acuerdo al sistema
doble combustión, en etapa previa se utilizará diésel y en la etapa posterior se
utilizará gas natural. Se construirá una nueva subestación de 230 Kilovatios
(Kv), se ampliará una subestación de 230 Kv, y se construirá una nueva línea de
transmisión eléctrica de 230 Kv con una longitud de 56
kilómetros”.
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La
Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que investiga los contratos e inversiones
surgidas a partir de la emergencia decretada hace seis años citó a la compañía
china por esa obra. El costo de la planta desarrollada por Camc ha llamado la
atención de los parlamentarios. “Ellos han trabajado El Vigía, les preguntamos a
ellos por los costos por megavatio, nos indicaron que había sido una planta en
la que hubo que invertir mucho en movimiento de tierra por el territorio en el
cual se decidió instalar la planta y que eso había incidido en la diferencia de
los costos con los costos promedios (…) Nosotros les hemos pedido que nos
aclaren cuáles son esas particularidades del proyecto donde participó Camc para
que implicara esos costos”, relata el diputado y presidente de la Comisión,
Jorge Millán.
Quienes
escucharon al representante de Camc en el parlamento el 4 de mayo coinciden en
que la exposición fue escueta y en la Comisión aún esperan que la compañía
consigne más información. El ingeniero venezolano José Aguilar también destaca
el elevado costo de la obra en El Vigía. Aunque reconoce que se trató de un
proyecto “inusual” por la zona donde se levantó y todo lo que implicó, cree que
el costo está muy por encima del estándar.
El
experto explica que una media internacional apunta a un precio de mil dólares
por cada Kilovatio (Kv), pero en la planta de El Vigía el precio se dispararía
por encima de 3 mil dólares, de acuerdo a sus estimaciones. “La planta está
funcionando y ha salvado a Los Andes, pero tiene un desempeño sub-estándar y no
llega a los 583 Mw que dice la empresa”, acota a propósito de la actual crisis
eléctrica.
Camc
informó que el generador de “ciclo combinado” logró conexión a la red a las
11:58 de la mañana del 26 de enero de 2015 y también reseñó en su website que el
3 de mayo de este año una delegación de la Embajada de China en Venezuela visitó
la instalación. El embajador, Zhao Bentang, “elogió el nivel y capacidad
constructiva de Camc en la planta generadora integral y de gran magnitud” y que
“merecería más esfuerzo de propaganda”, se lee en el
portal.
La
compañía, en cambio, no refiere que subcontrató a otra empresa china para
desarrollar parte de la obra, tal y como consta en el RNC. China Camce
Engineering subcontrató a China Railway No. 9 Ltd Venezuela para la
“construcción de la planta termoeléctrica El Vigía” entre el 26 de septiembre de
2011 y el 30 de diciembre de ese año.
Camc
logró otros contratos en infraestructura eléctrica. En la presentación de
Corpoelec, fechada en marzo de 2013, se lee que 30 de noviembre de 2012 “se
firmó en el marco de la Comisión Mixta China-Venezuela” un documento de trabajo
entre Corpoelec y “China Camc para el desarrollo de 170 Mw del ciclo combinado
Termozulia II”. Adicionalmente, en 2015 la compañía también fue seleccionada
para la ampliación del sistema en el estado Cojedes en un acuerdo que implicaba
la construcción de siete subestaciones eléctricas por unos 190 millones de
dólares. “Ciudadanos organizados y dirigentes sociales de la región constataron
por medio de varios recorridos de contraloría que las obras no presentan avances
visibles o significativos y el megaproyecto está paralizado”, reseñó en mayo
pasado el portal El Pitazo.
Administradores de obras
El
de la planta El Vigía no es el único caso en el que la empresa china subcontrata
a otras compañías para que ejecuten las obras adjudicadas por el Gobierno
nacional. “El Gobierno prácticamente está contratando a un administrador de
obras”, asegura un constructor venezolano contratado por Camc para realizar
varias obras en Tucupido, estado de Delta Amacuro (extremo oriental de
Venezuela).
En
esa entidad la empresa firmó un contrato para desarrollar el “proyecto integral
de desarrollo agrario Delta Orinoco de Venezuela” que consistiría en la
“construcción de canales de riego y drenaje en una zona de riego de 11 mil
hectáreas; construcción de un complejo para procesamiento de arroz y de su
semilla; la restauración de granjas para 80 mil gallinas ponedoras; construcción
de un laboratorio agropecuario”.
“Ellos
(Camc) subcontratan empresas para que hagan el movimiento de tierra, la
electricidad, etc”, insiste el empresario consultado. Sobre las obras en Delta
Amacuro asegura que muchas de ellas no están terminadas a más de cinco años de
haberse iniciado. “Tardan demasiado para pagar alegando que no han cambiado los
dólares y los márgenes de ganancia que dan son muy pequeños”, relata el
directivo de la compañía subcontratada por Camc.
Algo
de eso consta en la Memoria y Cuenta de 2012 del Ministerio de Agricultura y
Tierras. “Las obras de infraestructura fueron iniciadas con tres meses de
retardo”, sostiene el documento sobre las actividades de Camc en la región del
Delta del Orinoco.
En
Guárico se repite la historia. Allí la empresa china logró entre 2006 y 2009
contratos para el sistema de riego Río Guárico, así como dos proyectos agrícolas
en las zonas de Calabozo y San Francisco de Tiznados, entre otras obras. En
conjunto se trata de negociaciones que rondan los 700 millones de
dólares.
La
información del RNC permite comprobar que Camc acudió a una decena de empresas
venezolanas para realizar las obras en ese estado, tales como Asociación
Cooperativa El Porvenir 100, Multiservicios La Paz, Cooperativa Servicios e
Inversiones Brauce, Inversiones Mefapi, Constructora Inspectora y Constructora
Agrollanos, entre otras. “Ellos subcontratan todo, aquí han movido mucho
dinero”, relata una fuente cercana a las actividades de Camc en Guárico. Acota
que es difícil comprobar si se ha cumplido con los contratos otorgados por el
Gobierno, ya que han sido proyectos que en el camino han sufrido muchas
modificaciones.
La
compañía también selló contratos para realizar obras similares en el estado
Portuguesa, así como para el desarrollo de un parque industrial en Anaco, estado
Anzóategui.
Negocio maduro
La muerte
de Hugo Chávez no supuso un problema para los intereses de la compañía. En la
administración de Nicolás Maduro la estrecha relación con China se ha mantenido
y también con Camc. En septiembre de 2013, sólo cinco meses después de ganar las
elecciones presidenciales, Maduro encabezó una visita a Beijing en la que
“reafirmó la alianza estratégica” entre las dos naciones y suscribió “actos de
compromiso” y “cartas de intención” que beneficiaban a Camc. Uno de esos
acuerdos, incluso, planteaba la posibilidad de crear la “Empresa Mixta
Socialista Camce Venezuela, S.A”, adscrita al ministerio de Agricultura y
Tierras con el fin de “fomentar, administrar, transformar e industrializar la
producción, almacenamiento, procesamiento, comercialización, distribución y
demás actividades de la cadena de producción del sector agropecuario, incluyendo
la importación y exportación de rubros agrícolas y productos terminados que
permitan satisfacer las necesidades del pueblo, contribuyendo a alcanzar la
seguridad y soberanía alimentaria de la nación”.
En esa
oportunidad también se planteó la idea de firmar un contrato “para la
construcción de cinco complejos agroindustriales azucareros”, así como la mejora
y “optimización” de la producción en cinco de los centrales azucareros
estatales. “Les ofrecieron los centrales para que los administren pero ese
negocio no se cerró”, acota un empresario del sector.
En julio
de 2014 el Gobierno también suscribió un “memorándum de entendimiento” entre la
estatal Industria Venezolana Endógena de Papel (Invepal) y Camc para el
“proyecto de adecuación y reactivación” de la producción en Invepal, pero trabas
en el financiamiento a través del fondo conjunto chino-venezolano han impedido
ejecutarlo ese plan.
El nombre
de China Camc Engineering resonó el pasado 24 de febrero en el Banco Central de
Venezuela con la firma para la participación de la compañía en el “Arco Minero
del Orinoco” en la certificación de los recursos. “Esa compañía no es
certificadora, hay compañías que hacen ese trabajo”, advierte un experto en
minería.