CAMC también tiene un culebrón en Venezuela

El 3 de febrero un periodista boliviano denunció que Gabriela Zapata Montaño, novia del presidente Evo Morales en 2007, se benefició de esa relación y el consiguiente acceso al poder político cuando posteriormente ocupó el cargo de gerente comercial en la sucursal boliviana de Camc, que firmó siete contratos por casi 600 millones de dólares entre 2009 y 2015 con el Gobierno boliviano.

Pero en Venezuela el auge de la contratista china ya había comenzado desde mucho antes de que en Bolivia las sospechas de tráfico de influencias recayeran sobre ella.

De hecho, la Venezuela de Hugo Chávez no solo se convirtió en un cliente destacado del portafolio de Camc. También sirvió de cabeza de playa para conquistar desde allí nuevos mercados en países del llamado eje bolivariano, como la propia Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba.

Fundada en 2001 como subsidiaria de la China National Machinery Industry Corporation (Sinomach), obtuvo su primer contrato en suelo venezolano en 2003. Se trató de la construcción de un acueducto en el estado de Falcón (noroeste del país) por 100 millones de dólares. Comenzaba una relación que se ha conservado con la actual administración del sucesor de Chávez en la presidencia, Nicolás Maduro.

El Registro Nacional de Contratistas (RNC) revela que China Camc Engineering Co Ltd apenas cuenta con 20 trabajadores y que entre 2011 y 2012 vendió equipos y maquinaria a las estatales Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca), Logística Casa (Logicasa) y Bolivariana de Puertos (Bolipuertos). Se trata apenas de una porción del negocio porque desde 2003 ha logrado una veintena de contratos para proyectos agrícolas, eléctricos e industriales, entre otros, adjudicados bajo el paraguas de la alianza entre China y Venezuela, y los créditos que la potencia asiática concede a Caracas con la condición de que se hagan las compras a empresas de esa nación.

La de China Camc Engineering no es la única figura jurídica que esta corporación ha empleado para operar en el país. El 6 de septiembre de 2007 formalizó ante el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital y el estado Miranda una sociedad con el nombre de Camce Sudamérica C.A, que parece pensada como portaviones para entrar a otras naciones de la región. “El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Caracas, Distrito Capital, pero podrá establecer sucursales, agencias u oficinas de representaciones en cualquier otra ciudad del territorio nacional o del extranjero, cuando así lo decida la asamblea general de accionistas”, dice el acta constitutiva. En Bolivia la compañía china no tiene ninguna sede, de acuerdo a su página web. Tampoco en Nicaragua.

El capital inicial de Camce Sudamérica fue de 20 millones de bolívares, dividido en 4.000 acciones de 5.000 bolívares cada una. La propietaria de 3.960 acciones es la casa matriz, China Camc Engineering, cuya presidenta es Chen Yufang, mientras que Shen Wei funge como vicepresidente y propietario de las 40 acciones restantes. “La compañía tendrá como objeto principal servicios de contratación de obras y servicio de consultoría en general, importación y exportación de equipos y materiales para la construcción, comercialización y representación de todo tipo de mercancías y productos foráneos; y en general podrá realizar cualquier actividad de lícito comercio vinculada con el objeto principal, ya que las actividades anteriormente citadas son de carácter enunciativo; y no de carácter limitativo o restrictivo, pudiendo dedicarse a las actividades según lo decida la asamblea general de accionistas”, establece la cláusula tercera del acta constitutiva.

Hoy Camce Sudamérica aparece como “inhabilitada” para realizar contrataciones con el Estado venezolano en los archivos en línea del Registro Nacional de Contratistas (RNC).

China Camc Engineering y Camce Sudámerica ocupan los pisos 11 y 12 de la torre E del Centro Comercial Lido, en la urbanización El Rosal de Caracas, al borde de lo que, antes de la revolución bolivariana, se consideraba el distrito financiero de la capital venezolana. En el directorio del complejo de oficinas no aparece ninguno de los nombres. Las puertas de vidrio de ambas oficinas están recubiertas de un papel ahumado que impide ver hacia adentro. Al entrar, un amplio hall recibe a los visitantes. Banderas de China y otros detalles alusivos al gigante asiático adornan la antesala desde la que también se ve una gran escalera que conecta los dos pisos y confirman el ascenso de Camc en estas tierras.

En el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (C.C.C.T), al suroeste de Caracas, hay otras dos oficinas de la compañía china. Fueron las primeras que tuvo en la capital venezolana y tampoco aparecen listadas en el directorio. “Aquí somos nada más ingenieros, entonces no te podemos contestar”, responde un hombre con marcado acento asiático a través del intercomunicador de Camce Sudamérica C.A, ubicada en el piso 7. “No exactamente”, suelta ante la pregunta de si China Camc Engineering y Camce Sudamérica C.A son lo mismo.

Ningún directivo de la empresa estuvo disponible para contestar y tampoco respondió la solicitud realizada por escrito.

Desde que en junio de 2003 China Camce Engineering obtuvo su primer contrato con el Gobierno venezolano, han transcurrido trece años en los que la adjudicación de obras no ha cesado hasta el punto de amasar al menos 3.000 millones de dólares en asignaciones.

Ni siquiera las advertencias que realizó la Contraloría General de la República (CGR) con ese primer contrato frenaron la actividad de Camc. En su informe de gestión de 2007 la CGR analizó la obra Acueducto Bolivariano del estado Falcón, acordada entre el entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN) y la compañía china. El análisis del órgano contralor reveló diversas irregularidades, incumplimientos de contrato y sobrecostos en lo que para entonces era “uno de los proyectos hidráulicos de mayor importancia que actualmente se desarrolla en Venezuela”.

Tras evaluar las actividades realizadas entre 2002 y el primer semestre de 2006, la institución concluyó que “se observaron deficiencias en la planificación y en sus procesos administrativos que redundaron en la disminución del alcance de la obra y costos adicionales al proyecto. Tal situación se vio reflejada en el retraso de 352 días en su culminación, gastos cuya descripción no se relacionan directamente con el proyecto, ni con el objeto de la contratación; pagos superiores a las establecidos contractualmente; omisiones de aspectos relevantes en las cláusulas contractuales (lapsos de garantías de las obras); incorporaciones de cláusulas contractuales confusas; entre otros”.

Una de las recomendaciones de la CGR fue la de “instar a la empresa China Camc a proceder con la sustitución de los 335 metros de tubería enterrada de diámetro 1.420 mm por otra de 2.000 mm, ubicada en el corredor de Pdvsa en las progresivas 64+305 y 64+640, tal como lo indican las especificaciones técnicas de la aducción para dicho tramo, así como lo acordado en minuta de reunión del 13-09-2004, efectuada entre representantes del MARN y la citada empresa, asimismo, velar por que los costos de excavación, extracción y transporte, no sean relacionados a través de valuaciones al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente”. También aconsejó “destinar los aportes recibidos mediante crédito externo, exclusivamente para el objeto estipulado en los convenios multilaterales”.

Esas observaciones se conocieron cuando Camc había pactado los contratos para completar la fase dos y tres del proyecto del acueducto en Falcón por, al menos, otros 200 millones de dólares, según detalla la empresa en su website y hasta 350 millones de dólares más, de acuerdo al informe de la CGR. “El proyecto de transmisión de agua de Camc en Falcón se completó luego de siete años de construcción”, sostiene la compañía en su portal. En noviembre de 2008, Luo Yan, presidenta de Camc Engineering, recibió la orden Juan Crisóstomo Falcón en su primera clase.

La contratista china también aparece en la lista de empresas beneficiadas por el Gobierno venezolano a raíz de la emergencia eléctrica decretada por Hugo Chávez entre 2009 y 2010. A Camc le correspondió construir la Planta de Generación Termoeléctrica El Vigía, en el estado de Mérida (Andes venezolanos). El contrato se cerró por poco más de mil millones de dólares, pero en la ejecución de la obra el precio se elevó otros 660 millones de dólares.

Una presentación de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), fechada en marzo de 2013, detalla que en el proyecto de Camc se “deben revisar y evaluar los montos adicionales solicitados para la evacuación de los 170 Megavatios (Mw) de ciclo combinado e incrementar la capacidad de transmisión hacia el Sur del Lago ya que se requiere de adecuaciones de las líneas de transmisión, que no estaban previstas en el contrato comercial ni en el Addendum 2. Se hace necesaria la firma de un nuevo Addendum (Addendum 3) que tome en cuenta esta necesidad, este monto que asciende a aprox. MM$ 660 adicionales a los MM$ 1.045”.

El documento detalla que la construcción de la planta se inició en mayo de 2011, que debía culminar el 30 de marzo de 2014 y generaría 470 Megavatios (Mw). Esa información contrasta con la descripción que hace Camc en su website corporativo: “El proyecto abarca la construcción de una planta de energía eléctrica, de ciclo combinado de turbina a gas, que cuenta con una capacidad de instalación de 583 Megavatios (Mw). La planta se diseñará de acuerdo al sistema doble combustión, en etapa previa se utilizará diésel y en la etapa posterior se utilizará gas natural. Se construirá una nueva subestación de 230 Kilovatios (Kv), se ampliará una subestación de 230 Kv, y se construirá una nueva línea de transmisión eléctrica de 230 Kv con una longitud de 56 kilómetros”.

La Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que investiga los contratos e inversiones surgidas a partir de la emergencia decretada hace seis años citó a la compañía china por esa obra. El costo de la planta desarrollada por Camc ha llamado la atención de los parlamentarios. “Ellos han trabajado El Vigía, les preguntamos a ellos por los costos por megavatio, nos indicaron que había sido una planta en la que hubo que invertir mucho en movimiento de tierra por el territorio en el cual se decidió instalar la planta y que eso había incidido en la diferencia de los costos con los costos promedios (…) Nosotros les hemos pedido que nos aclaren cuáles son esas particularidades del proyecto donde participó Camc para que implicara esos costos”, relata el diputado y presidente de la Comisión, Jorge Millán.

Quienes escucharon al representante de Camc en el parlamento el 4 de mayo coinciden en que la exposición fue escueta y en la Comisión aún esperan que la compañía consigne más información. El ingeniero venezolano José Aguilar también destaca el elevado costo de la obra en El Vigía. Aunque reconoce que se trató de un proyecto “inusual” por la zona donde se levantó y todo lo que implicó, cree que el costo está muy por encima del estándar.

El experto explica que una media internacional apunta a un precio de mil dólares por cada Kilovatio (Kv), pero en la planta de El Vigía el precio se dispararía por encima de 3 mil dólares, de acuerdo a sus estimaciones. “La planta está funcionando y ha salvado a Los Andes, pero tiene un desempeño sub-estándar y no llega a los 583 Mw que dice la empresa”, acota a propósito de la actual crisis eléctrica.

Camc informó que el generador de “ciclo combinado” logró conexión a la red a las 11:58 de la mañana del 26 de enero de 2015 y también reseñó en su website que el 3 de mayo de este año una delegación de la Embajada de China en Venezuela visitó la instalación. El embajador, Zhao Bentang, “elogió el nivel y capacidad constructiva de Camc en la planta generadora integral y de gran magnitud” y que “merecería más esfuerzo de propaganda”, se lee en el portal.

La compañía, en cambio, no refiere que subcontrató a otra empresa china para desarrollar parte de la obra, tal y como consta en el RNC. China Camce Engineering subcontrató a China Railway No. 9 Ltd Venezuela para la “construcción de la planta termoeléctrica El Vigía” entre el 26 de septiembre de 2011 y el 30 de diciembre de ese año.

Camc logró otros contratos en infraestructura eléctrica. En la presentación de Corpoelec, fechada en marzo de 2013, se lee que 30 de noviembre de 2012 “se firmó en el marco de la Comisión Mixta China-Venezuela” un documento de trabajo entre Corpoelec y “China Camc para el desarrollo de 170 Mw del ciclo combinado Termozulia II”. Adicionalmente, en 2015 la compañía también fue seleccionada para la ampliación del sistema en el estado Cojedes en un acuerdo que implicaba la construcción de siete subestaciones eléctricas por unos 190 millones de dólares. “Ciudadanos organizados y dirigentes sociales de la región constataron por medio de varios recorridos de contraloría que las obras no presentan avances visibles o significativos y el megaproyecto está paralizado”, reseñó en mayo pasado el portal El Pitazo.

El de la planta El Vigía no es el único caso en el que la empresa china subcontrata a otras compañías para que ejecuten las obras adjudicadas por el Gobierno nacional. “El Gobierno prácticamente está contratando a un administrador de obras”, asegura un constructor venezolano contratado por Camc para realizar varias obras en Tucupido, estado de Delta Amacuro (extremo oriental de Venezuela).

En esa entidad la empresa firmó un contrato para desarrollar el “proyecto integral de desarrollo agrario Delta Orinoco de Venezuela” que consistiría en la “construcción de canales de riego y drenaje en una zona de riego de 11 mil hectáreas; construcción de un complejo para procesamiento de arroz y de su semilla; la restauración de granjas para 80 mil gallinas ponedoras; construcción de un laboratorio agropecuario”.

“Ellos (Camc) subcontratan empresas para que hagan el movimiento de tierra, la electricidad, etc”, insiste el empresario consultado. Sobre las obras en Delta Amacuro asegura que muchas de ellas no están terminadas a más de cinco años de haberse iniciado. “Tardan demasiado para pagar alegando que no han cambiado los dólares y los márgenes de ganancia que dan son muy pequeños”, relata el directivo de la compañía subcontratada por Camc.

Algo de eso consta en la Memoria y Cuenta de 2012 del Ministerio de Agricultura y Tierras. “Las obras de infraestructura fueron iniciadas con tres meses de retardo”, sostiene el documento sobre las actividades de Camc en la región del Delta del Orinoco.

En Guárico se repite la historia. Allí la empresa china logró entre 2006 y 2009 contratos para el sistema de riego Río Guárico, así como dos proyectos agrícolas en las zonas de Calabozo y San Francisco de Tiznados, entre otras obras. En conjunto se trata de negociaciones que rondan los 700 millones de dólares.

La información del RNC permite comprobar que Camc acudió a una decena de empresas venezolanas para realizar las obras en ese estado, tales como Asociación Cooperativa El Porvenir 100, Multiservicios La Paz, Cooperativa Servicios e Inversiones Brauce, Inversiones Mefapi, Constructora Inspectora y Constructora Agrollanos, entre otras. “Ellos subcontratan todo, aquí han movido mucho dinero”, relata una fuente cercana a las actividades de Camc en Guárico. Acota que es difícil comprobar si se ha cumplido con los contratos otorgados por el Gobierno, ya que han sido proyectos que en el camino han sufrido muchas modificaciones.

La compañía también selló contratos para realizar obras similares en el estado Portuguesa, así como para el desarrollo de un parque industrial en Anaco, estado Anzóategui.

La muerte de Hugo Chávez no supuso un problema para los intereses de la compañía. En la administración de Nicolás Maduro la estrecha relación con China se ha mantenido y también con Camc. En septiembre de 2013, sólo cinco meses después de ganar las elecciones presidenciales, Maduro encabezó una visita a Beijing en la que “reafirmó la alianza estratégica” entre las dos naciones y suscribió “actos de compromiso” y “cartas de intención” que beneficiaban a Camc. Uno de esos acuerdos, incluso, planteaba la posibilidad de crear la “Empresa Mixta Socialista Camce Venezuela, S.A”, adscrita al ministerio de Agricultura y Tierras con el fin de “fomentar, administrar, transformar e industrializar la producción, almacenamiento, procesamiento, comercialización, distribución y demás actividades de la cadena de producción del sector agropecuario, incluyendo la importación y exportación de rubros agrícolas y productos terminados que permitan satisfacer las necesidades del pueblo, contribuyendo a alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria de la nación”.

En esa oportunidad también se planteó la idea de firmar un contrato “para la construcción de cinco complejos agroindustriales azucareros”, así como la mejora y “optimización” de la producción en cinco de los centrales azucareros estatales. “Les ofrecieron los centrales para que los administren pero ese negocio no se cerró”, acota un empresario del sector.

En julio de 2014 el Gobierno también suscribió un “memorándum de entendimiento” entre la estatal Industria Venezolana Endógena de Papel (Invepal) y Camc para el “proyecto de adecuación y reactivación” de la producción en Invepal, pero trabas en el financiamiento a través del fondo conjunto chino-venezolano han impedido ejecutarlo ese plan.

El nombre de China Camc Engineering resonó el pasado 24 de febrero en el Banco Central de Venezuela con la firma para la participación de la compañía en el “Arco Minero del Orinoco” en la certificación de los recursos. “Esa compañía no es certificadora, hay compañías que hacen ese trabajo”, advierte un experto en minería.