Un pozo séptico gigante se traga a Maracay y Valencia

En la región centro-norte de Venezuela se encuentra el segundo lago más importante del país, el de Valencia (conocido también como Lago Los Tacariguas), que comparte sus 3.140 km2 con los estados Aragua y Carabobo. En el primer caso, la ciudad de Maracay (capital del estado Aragua) es la más cercana al cuerpo lacustre. Toda la zona residencial ubicada al sur de la ciudad se ha acostumbrado a ver esa imagen repetida y desoladora. Los postes de luz hundidos recuerdan cuánto ha avanzado el Lago de Valencia.

Así pasa en Brisas del Lago: de 15 calles que tenía la urbanización solo quedan dos, anegadas en las esquinas y reducidas a 10 viviendas aún ocupadas por sus propietarios. Pasa en Aguacatal 2: la calle Paraíso es la última del sector desde el año 2012 porque hasta entonces aún había vestigios de tres barrios más que los alejaban del lago. Se repite en Paraparal, donde fue construido un muro de asfalto para separar a la comunidad del hoy matorral inundado y donde hace más de 10 años existía el barrio La Vaquera (420 viviendas), también desaparecido bajo las aguas. Y también en Las Vegas 1, un lugar casi desierto donde 18 familias desalojadas por el avance de las aguas viven en la escuela Olinto Mora Márquez, un “refugio temporal” en el que están desde hace 7 años, y a donde el agua ha llegado ya a medio metro de altura en uno de los salones que hasta julio servía de habitación.

En Mata Redonda y La Punta no hay alumbrado público sumergido que recuerde el aumento del nivel del lago sino un terraplén de 1,2 kilómetros de largo ubicado a 4,40 metros por encima de sus casas, como para que no se les olvide que allí arriba está ese gran reservorio de agua sin salida al mar. El Lago de Valencia es una cuenca cerrada (endorreica), que recibe cada año 360 millones de metros cúbicos de aguas residuales, es decir, aguas servidas o de cloacas procedentes de zonas residenciales e industriales de las ciudades de Maracay, Valencia y localidades como Mariara, San Joaquín, Los Guayos y Güigüe; más el caudal de 22 ríos que desembocan en él, más el agua de lluvia que en cada temporada se disponga a caer.

Mientras el régimen de Nicolás Maduro ofrecía ayuda a las islas y ciudades arrasadas en el Caribe y Estados Unidos por los huracanes Harvey e Irma, los venezolanos recordaron la vieja tragedia de estos sectores vecinos al maloliente cuerpo lacustre. Que lo diga Fernando Klein, que, bajo el quicio de la entrada principal de su casa, ubicada en la calle A, manzana 3, a seis metros debajo del nivel del lago, luce como el último de los mohicanos de La Punta. La de él es una de las doce viviendas que todavía quedan en pie. Su casa, de 273 m2, fue construida en la cota 408 metros sobre el nivel del mar y actualmente el lago está a 414,10 metros sobre el nivel del mar. Allí sigue, junto a su esposa y su hija, esperando la indemnización del Estado, a la cual tienen derecho por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La pregunta es: si el máximo tribunal jamás ha fallado contra el gobierno, si es un aliado de postín en el diseño de un modelo que le garantiza al chavismo un gobierno perpetuo, por qué el régimen no ha cumplido con la decisión.

El recorrido en tribunales de este caso comenzó en noviembre de 1999, a los pocos meses de la llegada del comandante presidente Hugo Chávez al poder. La demanda del grupo de propietarios de ambas urbanizaciones reclamaba la omisión del Ministerio del Ambiente en su deber de ejecutar las obras de saneamiento del Lago de Valencia. El fallo favorable podía ser visto también como una forma de vengarse de la vituperada clase dirigente que entre 1958 y 1998 antecedió al chavismo. Ya en ese momento la expansión del lago los estaba afectando. Klein recuerda que cuando compraron esa vivienda en 1979, el lago estaba a unos 10 kilómetros de distancia. En 20 años tocó sus puertas y en 2005 ya se había ubicado a 2 metros por encima de La Punta y al mismo nivel que Mata Redonda.

La solución del Gobierno a esa situación de emergencia, plasmada en decretos y en declaratorias de “zonas de alto riesgo potencial”, fue, sin embargo, construir un terraplén de 1.200 metros, de los cuales apenas un tramo de 4 metros de ancho es de concreto (en la parte baja su extensión es de 21,5 metros), erigido para proteger una planta de bombeo que lanza un grueso caudal de aguas sucias al lago. Se levantó como una especie de dique para detener el avance de las aguas, con una altura de 412 metros sobre el nivel del mar. Era una solución diseñada para durar tres años. En octubre cumplirá doce.

Ese muro de concreto es el que sirve de referencia a las 8 mil familias de al menos siete sectores del sur de Maracay que están en riesgo de quedar bajo las aguas, pues la cota del lago ya está por encima de sus casas. En 2012 elevaron el muro 2,40 metros más, quedando en la cota 414,40 metros sobre el nivel del mar. En agosto de este 2017 comenzaron a levantarle 1 metro más ante la crecida evidente. Si no puede pasar por arriba con el oleaje, lo va haciendo progresivamente por debajo, entre la tierra, o entre las tuberías y drenajes de las cloacas.

Las 512 familias propietarias que quedan entre La Punta y Mata Redonda no han sido desalojadas a pesar del riesgo decretado sobre ellos. Desde 2006, cuando el TSJ finalmente emitió la decisión de la demanda introducida en 1999, dictando un amparo constitucional que protegía a los propietarios de La Punta y Mata Redonda, han debido ser indemnizados. Así lo establece la sentencia 1632, ratificada en 2007 con la sentencia 1752, pero no todos lo han logrado. De 1043 propietarios quedan esos 512.

Klein y Marianelly Nieves, propietaria de una casa en Mata Redonda, recuerdan que muchos salieron por indemnización, pero otros decidieron apelar a un acto conciliatorio. Cada cual aceptaba los términos acordados con el Estado, distintos a lo establecido en la sentencia (avalúo y pago de la vivienda), y que incluían desde casas en el mercado secundario hasta apartamentos del programa gubernamental Gran Misión Vivienda. Otros tantos, como ellos, se quedaron rezagados y sin respuesta. Ha sido así desde 2010.

En 2015 el TSJ emitió una tercera sentencia judicial donde se acuerda, de nuevo, la ejecución de los fallos de 2006 y 2007, y ordenó concretar los pagos pendientes que hubieran quedado del acto conciliatorio de 2011. La decisión está en manos de un tribunal ejecutor en Maracay, pero aún los propietarios siguen sin ser indemnizados. “Ya agotamos todo lo jurídico, todo lo que dice el librito. Lo que está ocurriendo es una omisión inhumana, un drama humano que rebasa lo jurídico, porque además hay zonas que hoy están peores que como estaban La Punta y Mata Redonda en 1999, cuando se introdujo la demanda”, dice el abogado José Vicente Haro, defensor de 65 familias de La Punta y Mata Redonda.

Quienes quedan en estas comunidades tienen la certeza de que se cometieron hechos de corrupción en la resolución de cientos de casos. La mayoría sabe quiénes terminaron pagando dinero extra a peritos, a funcionarios públicos, o a intermediarios para que los indemnizaran, agilizaran la emisión del cheque, o abultaran el monto del avalúo.

Fernando Klein hizo las gestiones para su indemnización en 2008. Se negó a pagarle a la persona encargada de su caso y cuando recibió el cheque tan esperado, tenía un error en el nombre del destinatario. No hubo manera de arreglarlo. Ya habían visto una casa en otra zona lejana, que podrían comprar con esa indemnización más un crédito, pero por ese error todo se derrumbó.

También resulta un contrasentido que los habitantes del sur de Maracay vivan con sus viviendas, calles y avenidas anegadas con aguas servidas que se ven, se huelen y se sienten, y que al mismo tiempo vivan un racionamiento de agua que solo les deja recoger algunos litros a la semana, por una especie de “racionamiento” para tratar de no incidir en los niveles del lago, que igual siguen en aumento.

Hasta el parador turístico de Yuma, en el estado Carabobo, donde Hugo Chávez realizó uno de sus programas dominicales en abril de 2005, y prometió sanear el Lago de Valencia en cinco años, hoy está bajo las aguas.

“Esto no es nuevo, esto tiene más de 30 años”, apunta el ingeniero Jesús Castillo, director de la organización Agua Sin Fronteras, al momento de explicar lo que ocurre con este cuerpo de agua, que desde 1999 tiene en emergencia a sus vecinos de Maracay y Valencia.

“Lo que pasa es que siempre hemos actuado a espadas del lago, porque en lugar de ser visto como una gran oportunidad económica, agrícola y turística para la región, lo tenemos como una gran poceta que recibe todas las aguas residuales de las ciudades e industrias”, remata, disculpándose por la comparación.

La cuenca del Lago de Valencia dio un viraje a partir de la década de los 80, cuando se estimuló la expansión urbana e industrial. Buena parte de sus tierras de vocación agrícola se urbanizaron con permisos del Estado. La región creció, se convirtió en uno de los polos de desarrollo económico e industrial y atrajo a miles de venezolanos que decidieron hacer su vida en estas ciudades centrales, ubicadas a solo 2 horas de Caracas. Llegaron a concentrar a 13% de los habitantes de Venezuela, recuerda Castillo.

Pero como todo proceso de desarrollo, requería de trabajos paralelos para mitigar su impacto en la cuenca. He allí la deuda. El lago pasó a convertirse en un problema ambiental, sanitario, económico y social, que suma al menos 12 zonas residenciales ahogadas en sus aguas, siete comunidades de Maracay (unas 8 mil familias) en alto riesgo, dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia desacatadas, seis decretos de emergencia ignorados, 8.000 hectáreas productivas bajo el agua y 14 obras de saneamiento planificadas y financiadas, pero no ejecutadas. Quienes residen en los alrededores de la cuenca del lago protagonizan una lucha desproporcionada: son ellos solos contra la naturaleza y contra la indiferencia del Estado.

A finales de la década de los 70, el lago de Valencia o Los Tacariguas tenía una cota (altura) de 401 metros sobre el nivel del mar. Bajo esta referencia, el Estado venezolano comenzó a otorgar permisos para construir viviendas en terrenos de la cuenca, al sur de Maracay, mientras el Ministerio del Ambiente fijaba, en 1978, la cota máxima de seguridad, o de estabilización del lago en 408 metros sobre el nivel del mar, recuerda Germán Benedetti, ingeniero mecánico y exlegislador del estado Carabobo. Ya en ese momento se sabía que las aguas del cuerpo lacustre podían llegar hasta ese nivel.

Los desarrollos habitacionales planificados por el Estado comenzaron a ejecutarse en terrenos localizados sobre la cota 408, como es el caso de la urbanización La Punta -ubicada en esa altura- y de Mata Redonda, construida sobre los 410 metros sobre el nivel del mar. Pero también hubo otras construcciones que irrespetaron esa cota y levantaron viviendas en terrenos más bajos.

“Cuando llueve no puedo bajar el agua de la poceta porque se me devuelve”, relata Betty Carrero, quien vive en el sector La Esmeralda. Lo mismo relata Merly García desde Aguacatal 2. “Todo esto es pura agua servida, pura mierda”, precisa Judit Bandes en Paraparal, una de las zonas más afectadas este año por las lluvias, el desborde de las cloacas y aumento del lago.

El sector lleva casi dos meses inundado. El 5 de septiembre falleció un vecino, un joven de 36 años que ayudaba a sacar enseres de una casa, montado en su caballo. El animal pisó un cable con electricidad que estaba bajo el agua y ambos murieron electrocutados. “Esto es agua de cloacas acompañadas con un poquito de agua de laguna”, volvió a explicar la señora Bandes.

Tal ha sido el efecto del lago de Valencia en Paraparal que en 2013 se construyó un muro para evitar que el lago volviera a afectarlos, pues en 2012 vivieron un momento crítico. “Ese año nos dijeron ‘Paraparal sale completo’ porque ya se habían mezclado las aguas servidas con las limpias en las tuberías. Mira donde estamos”, dice Belén Arcano. El muro, construido por la estatal petrolera Pdvsa, no se completó.

El nivel del Lago de Valencia podría disminuir si sus aguas, incluso contaminadas, regaran los cultivos de caña de azúcar. Como debe pasar por un proceso industrial para la producción de azúcar, no hay riesgo de que las aguas servidas afecten el producto final.

“La caña es lo más barato que hay para salvar al lago, es un cultivo estratégico en el control del nivel porque es una planta de alto consumo de agua”, explica Rafael Chirinos, ingeniero agrónomo, exdirectivo de la Sociedad de Cañicultores de Aragua (Socaragua).

Pero desde 2009, con un decreto que prohibió sembrar caña de azúcar en 53.000 hectáreas, ubicadas entre Aragua y Carabobo, la producción en la cuenca del lago disminuyó, aunado a las amenazas de expropiación de fincas que llevaron a varios cañicultores a cambiar de rubro. El decreto pretendía sumar esas tierras a la cosecha de otros alimentos, como tomate, cebolla y pimentón, para sumarlos al plan de Soberanía Alimentaria. Un error grave, aseguran los expertos, porque los productos hortícolas no pueden ser regados con las aguas residuales del Lago de Valencia, pues son alimentos de consumo directo, no pasan por un proceso industrial.

El proyecto no se ejecutó. Tres años después, en 2012, en el decreto 8844 se incluyó un artículo que pedía aumentar las cosechas de alto consumo de agua en la cuenca del Lago de Valencia. Pero no se ha sembrado más caña de azúcar porque no hay recursos para hacerlo.

En el caso de las tierras de Aragua ubicadas en la cuenca, las hectáreas de cosecha disminuyeron de 11.000 a 3.000. A medida que bajó la producción de caña de azúcar, aumentaron los niveles del lago, haciéndose evidente en 2011 y 2012, cuando se presentó otra emergencia.

En 2011, viendo que los niveles del lago se habían elevado 3 metros tras la caída de la producción, Socaragua propuso al Ministerio de Agricultura sembrar 3.100 hectáreas de caña de azúcar en un lapso de tres años. No les respondieron. Por iniciativa propia, explica Chirinos, un grupo de cañicultores decidió ejecutar el plan y han sembrado 1.000 hectáreas nuevas por su cuenta, pero para llegar a las 3.100 necesitan que el Estado les apoye con 5 millones de dólares.

Entre tanto, y de manera progresiva, cientos de hectáreas de caña de azúcar ubicadas en la cuenca del lago que limita con el estado Carabobo se han ido perdiendo por el aumento del nivel de las aguas. La mayor afectación en este estado, a diferencia de Aragua, es justamente en terrenos agrícolas y carreteras.

La Finca Montecristo, en el municipio Los Guayos, es un ejemplo. Pasó de tener 40 hectáreas hace 20 años a solamente dos, porque 38 hectáreas están bajo las aguas del lago. Hace dos décadas sembraban las 40 hectáreas completas de caña de azúcar. Hace 8 años se vieron obligados a cambiar de rubro pues no es rentable cosecharlas en baja cantidad, relató Carlos Delgado, encargado de la finca. Es una tragedia definitiva. Aunque se produzca el milagro de la disminución del nivel del agua ya no será posible sembrarlas.

Cuenta Andrea Wulf en su libro La invención de la naturaleza, que Alexander Von Humboldt desarrolló su idea sobre el cambio climático provocado por el ser humano justamente en el Lago de Valencia, en el año 1800. En ese entonces, cuando se encontró con él en una visita a los valles de Aragua, los lugareños le comentaron que el lago estaba disminuyendo su nivel con cierta rapidez, y que temían que se tratase de un río subterráneo. Tras observar su ecosistema, Humboldt concluyó que la tala de bosques circundantes y el desvío de las aguas que solían alimentar al lago para regar los campos agrícolas, habían hecho descender los niveles. ¿Qué diría Humboldt ahora, si se encontrara con el Lago de Valencia en las actuales condiciones?

Fotos: César David Bracamonte / Patricia Marcano