Un pozo séptico gigante se traga a Maracay y Valencia

Con la cantidad invertida en 13 años en el Lago de Valencia, en el centro norte de Venezuela, el régimen chavista pudo haber construido 18 hospitales nuevos como el Cardiológico Infantil Latinoamericano de Caracas, o una vía de navegación como el canal de Panamá. Pero a contracorriente de los 385 millones de dólares echados al agua, la cuenca se ha convertido en el pozo séptico más grande de América Latina. Se trata de uno de los problemas ambientales más graves de la región, no solo por la contaminación sino por el costo social de 8.000 familias que están en riesgo de perder su casa y hasta de morir ahogados en aguas negras. Antes que atender esta situación, el régimen de Nicolás Maduro prefiere auxiliar a los damnificados de los huracanes Harvey e Irma, y dejar abandonados a los vecinos a la eterna improvisación venezolana.
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Las
líneas iniciales del poema de Guillermo Saavedra son el leit
motiv de esta historia: “Quieta es el agua de la desgracia”. Quieta
lucía el agua estancada del Lago de Valencia y la desgracia se ha abatido con
una certeza definitiva sobre las familias que en mala hora decidieron comprar
viviendas en las vecindades de sus cuencas. Lo saben en La Punta y Mata Redonda,
sectores que en la década de 1980 presumían de ser urbanizaciones de clase media
y hoy son dos grandes cloacas a cielo abierto. Quintas espaciosas rodeadas de
agua estancada, unas abandonadas y otras invadidas. En La Punta, la zona más
cercana al lago, solo quedan 12 viviendas de las 500 que eran. Las demás fueron
indemnizadas y demolidas.
Antes de
llegar ahí hay que estar atento a los detalles que anuncian que, en unos años,
La Punta y Mata Redonda y otras diez urbanizaciones y barrios, serán la versión
venezolana de La Atlántida, el continente sumergido. Una hilera de postes se
pierde en la distancia. Disminuyen de tamaño, se hunden mientras se alejan.
Miden 10 metros de alto, pero, sumergidos en el agua, parecen mucho más
pequeños. No hay calle inclinada ni llanura amplia que explique aquello. El Lago
de Valencia, además de avenidas, hectáreas de fincas y comunidades enteras,
también se ha tragado el alumbrado.
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En la
región centro-norte de Venezuela se encuentra el segundo lago más importante del
país, el de Valencia (conocido también como Lago Los Tacariguas), que comparte
sus 3.140 km2 con los estados Aragua y Carabobo. En el primer caso, la ciudad de
Maracay (capital del estado Aragua) es la más cercana al cuerpo lacustre. Toda
la zona residencial ubicada al sur de la ciudad se ha acostumbrado a ver esa
imagen repetida y desoladora. Los postes de luz hundidos recuerdan cuánto ha
avanzado el Lago de Valencia.
Así pasa
en Brisas del Lago: de 15 calles que tenía la urbanización solo quedan dos,
anegadas en las esquinas y reducidas a 10 viviendas aún ocupadas por sus
propietarios. Pasa en Aguacatal 2: la calle Paraíso es la última del sector
desde el año 2012 porque hasta entonces aún había vestigios de tres barrios más
que los alejaban del lago. Se repite en Paraparal, donde fue construido un muro
de asfalto para separar a la comunidad del hoy matorral inundado y donde hace
más de 10 años existía el barrio La Vaquera (420 viviendas), también
desaparecido bajo las aguas. Y también en Las Vegas 1, un lugar casi desierto
donde 18 familias desalojadas por el avance de las aguas viven en la escuela
Olinto Mora Márquez, un “refugio temporal” en el que están desde hace 7 años, y
a donde el agua ha llegado ya a medio metro de altura en uno de los salones que
hasta julio servía de habitación.
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En Mata
Redonda y La Punta no hay alumbrado público sumergido que recuerde el aumento
del nivel del lago sino un terraplén de 1,2 kilómetros de largo ubicado a 4,40
metros por encima de sus casas, como para que no se les olvide que allí arriba
está ese gran reservorio de agua sin salida al mar. El Lago de Valencia es una
cuenca cerrada (endorreica), que recibe cada año 360 millones de metros cúbicos
de aguas residuales, es decir, aguas servidas o de cloacas procedentes de zonas
residenciales e industriales de las ciudades de Maracay, Valencia y localidades
como Mariara, San Joaquín, Los Guayos y Güigüe; más el caudal de 22 ríos que
desembocan en él, más el agua de lluvia que en cada temporada se disponga a
caer.
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Una noticia que resurge
Mientras
el régimen de Nicolás Maduro ofrecía ayuda a las islas y ciudades arrasadas en
el Caribe y Estados Unidos por los huracanes Harvey e Irma, los venezolanos
recordaron la vieja tragedia de estos sectores vecinos al maloliente cuerpo
lacustre. Que lo diga Fernando Klein, que, bajo el quicio de la entrada
principal de su casa, ubicada en la calle A, manzana 3, a seis metros debajo del
nivel del lago, luce como el último de los mohicanos de La Punta. La de él es
una de las doce viviendas que todavía quedan en pie. Su casa, de 273 m2, fue
construida en la cota 408 metros sobre el nivel del mar y actualmente el lago
está a 414,10 metros sobre el nivel del mar. Allí sigue, junto a su esposa y su
hija, esperando la indemnización del Estado, a la cual tienen derecho por
sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La pregunta es: si el máximo
tribunal jamás ha fallado contra el gobierno, si es un aliado de postín en el
diseño de un modelo que le garantiza al chavismo un gobierno perpetuo, por qué
el régimen no ha cumplido con la decisión.
El
recorrido en tribunales de este caso comenzó en noviembre de 1999, a los pocos
meses de la llegada del comandante presidente Hugo Chávez al
poder. La demanda del grupo de propietarios de ambas urbanizaciones reclamaba la
omisión del Ministerio del Ambiente en su deber de ejecutar las obras de
saneamiento del Lago de Valencia. El fallo favorable podía ser visto también
como una forma de vengarse de la vituperada clase dirigente que entre 1958 y
1998 antecedió al chavismo. Ya en ese momento la expansión del lago los estaba
afectando. Klein recuerda que cuando compraron esa vivienda en 1979, el lago
estaba a unos 10 kilómetros de distancia. En 20 años tocó sus puertas y en 2005
ya se había ubicado a 2 metros por encima de La Punta y al mismo nivel que Mata
Redonda.
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La
solución del Gobierno a esa situación de emergencia, plasmada en decretos y en
declaratorias de “zonas de alto riesgo potencial”, fue, sin embargo, construir
un terraplén de 1.200 metros, de los cuales apenas un tramo de 4 metros de ancho
es de concreto (en la parte baja su extensión es de 21,5 metros), erigido para
proteger una planta de bombeo que lanza un grueso caudal de aguas sucias al
lago. Se levantó como una especie de dique para detener el avance de las aguas,
con una altura de 412 metros sobre el nivel del mar. Era una solución diseñada
para durar tres años. En octubre cumplirá doce.
Ese muro
de concreto es el que sirve de referencia a las 8 mil familias de al menos siete
sectores del sur de Maracay que están en riesgo de quedar bajo las aguas, pues
la cota del lago ya está por encima de sus casas. En 2012 elevaron el muro 2,40
metros más, quedando en la cota 414,40 metros sobre el nivel del mar. En agosto
de este 2017 comenzaron a levantarle 1 metro más ante la crecida evidente. Si no
puede pasar por arriba con el oleaje, lo va haciendo progresivamente por debajo,
entre la tierra, o entre las tuberías y drenajes de las
cloacas.
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Indemnización pendiente
Las 512
familias propietarias que quedan entre La Punta y Mata Redonda no han sido
desalojadas a pesar del riesgo decretado sobre ellos. Desde 2006, cuando el TSJ
finalmente emitió la decisión de la demanda introducida en 1999, dictando un
amparo constitucional que protegía a los propietarios de La Punta y Mata
Redonda, han debido ser indemnizados. Así lo establece la sentencia 1632,
ratificada en 2007 con la sentencia 1752, pero no todos lo han logrado. De 1043
propietarios quedan esos 512.
Klein y
Marianelly Nieves, propietaria de una casa en Mata Redonda, recuerdan que muchos
salieron por indemnización, pero otros decidieron apelar a un acto
conciliatorio. Cada cual aceptaba los términos acordados con el Estado,
distintos a lo establecido en la sentencia (avalúo y pago de la vivienda), y que
incluían desde casas en el mercado secundario hasta apartamentos del programa
gubernamental Gran Misión Vivienda. Otros tantos, como ellos, se quedaron
rezagados y sin respuesta. Ha sido así desde 2010.
En 2015
el TSJ emitió una tercera sentencia judicial donde se acuerda, de nuevo, la
ejecución de los fallos de 2006 y 2007, y ordenó concretar los pagos pendientes
que hubieran quedado del acto conciliatorio de 2011. La decisión está en manos
de un tribunal ejecutor en Maracay, pero aún los propietarios siguen sin ser
indemnizados. “Ya agotamos todo lo jurídico, todo lo que dice el librito. Lo que
está ocurriendo es una omisión inhumana, un drama humano que rebasa lo jurídico,
porque además hay zonas que hoy están peores que como estaban La Punta y Mata
Redonda en 1999, cuando se introdujo la demanda”, dice el abogado José Vicente
Haro, defensor de 65 familias de La Punta y Mata
Redonda.
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Quienes
quedan en estas comunidades tienen la certeza de que se cometieron hechos de
corrupción en la resolución de cientos de casos. La mayoría sabe quiénes
terminaron pagando dinero extra a peritos, a funcionarios públicos, o a
intermediarios para que los indemnizaran, agilizaran la emisión del cheque, o
abultaran el monto del avalúo.
Fernando
Klein hizo las gestiones para su indemnización en 2008. Se negó a pagarle a la
persona encargada de su caso y cuando recibió el cheque tan esperado, tenía un
error en el nombre del destinatario. No hubo manera de arreglarlo. Ya habían
visto una casa en otra zona lejana, que podrían comprar con esa indemnización
más un crédito, pero por ese error todo se
derrumbó.
“Si
ese lago no lo hubieran llenado viviéramos felices aquí. Esta iba a ser mi casa
para toda la vida y ahora tenemos cuatro metros de agua por encima. Nosotros
fuimos estafados y el Estado no ha hecho nada, ellos están esperando que la
naturaleza les haga el trabajo sucio y nos han pateado como les ha dado la
gana”, comenta Marianelly Nieves. Lo dice porque desde hace dos años el agua
potable llega dos veces a la semana, no tienen alumbrado público, ni recolección
de basura, patrullaje, dragado del río Madre Vieja, ni mantenimiento. Es como si
ya no viviera nadie y dieran por hecho que no hay servicios públicos que
prestar. Es como si jugaran al cansancio y buscaran que los propietarios tomaran
la decisión de irse sin ser indemnizados, para salvar sus vidas ante el riesgo
de morir ahogados.
“Ellos
saben que cualquier dinero invertido aquí se perdería, porque estamos en zonas
inundables. Por eso abandonaron Mata Redonda, La Punta y todas las comunidades
que están en alto riesgo por el lago”, señala Mildred Rojas, habitante de La
Esmeralda, otra zona inundada de aguas negras. Para ella, el problema del Lago
de Valencia se ha convertido en la caja chica de todos los gobernantes: locales,
y regionales; una partida presupuestaria para un saneamiento donde varios cobran
y nada se limpia.
Mientras
en La Punta y Mata Redonda detuvieron las indemnizaciones, en Aguacatal,
Paraparal y Brisas del Lago la gobernación de Aragua decidió declarar a esas
zonas, desde 2012, como “refugios a cielo abierto”. Una paradoja. Sus casas
anegadas con aguas de cloacas son el lugar seguro donde el Estado les exige
permanecer. “Dicen que no hay refugios, ni viviendas, ni dinero, ni nada”,
repiten los vecinos de Paraparal; allí, a finales de agosto, acudieron
funcionarios de Protección Civil a darles un curso de supervivencia, de cómo
evacuar la zona y qué hacer en caso de inundaciones. Lo mismo en Aguacatal 2,
allí los médicos no han entrado a recorrer la zona por el miedo de adquirir una
infección de las aguas servidas.
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También
resulta un contrasentido que los habitantes del sur de Maracay vivan con sus
viviendas, calles y avenidas anegadas con aguas servidas que se ven, se huelen y
se sienten, y que al mismo tiempo vivan un racionamiento de agua que solo les
deja recoger algunos litros a la semana, por una especie de “racionamiento” para
tratar de no incidir en los niveles del lago, que igual siguen en
aumento.
Hasta el
parador turístico de Yuma, en el estado Carabobo, donde Hugo Chávez realizó uno
de sus programas dominicales en abril de 2005, y prometió sanear el Lago de
Valencia en cinco años, hoy está bajo las
aguas.
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Un problema viejo
“Esto
no es nuevo, esto tiene más de 30 años”, apunta el ingeniero Jesús Castillo,
director de la organización Agua Sin Fronteras, al momento de explicar lo que
ocurre con este cuerpo de agua, que desde 1999 tiene en emergencia a sus vecinos
de Maracay y Valencia.
“Lo
que pasa es que siempre hemos actuado a espadas del lago, porque en lugar de ser
visto como una gran oportunidad económica, agrícola y turística para la región,
lo tenemos como una gran poceta que recibe todas las aguas residuales de las
ciudades e industrias”, remata, disculpándose por la
comparación.
La
cuenca del Lago de Valencia dio un viraje a partir de la década de los 80,
cuando se estimuló la expansión urbana e industrial. Buena parte de sus tierras
de vocación agrícola se urbanizaron con permisos del Estado. La región creció,
se convirtió en uno de los polos de desarrollo económico e industrial y atrajo a
miles de venezolanos que decidieron hacer su vida en estas ciudades centrales,
ubicadas a solo 2 horas de Caracas. Llegaron a concentrar a 13% de los
habitantes de Venezuela, recuerda Castillo.
Pero
como todo proceso de desarrollo, requería de trabajos paralelos para mitigar su
impacto en la cuenca. He allí la deuda. El lago pasó a convertirse en un
problema ambiental, sanitario, económico y social, que suma al menos 12 zonas
residenciales ahogadas en sus aguas, siete comunidades de Maracay (unas 8 mil
familias) en alto riesgo, dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia
desacatadas, seis decretos de emergencia ignorados, 8.000 hectáreas productivas
bajo el agua y 14 obras de saneamiento planificadas y financiadas, pero no
ejecutadas. Quienes residen en los alrededores de la cuenca del lago
protagonizan una lucha desproporcionada: son ellos solos contra la naturaleza y
contra la indiferencia del Estado.
Único en Latinoamérica
A
finales de la década de los 70, el lago de Valencia o Los Tacariguas tenía una
cota (altura) de 401 metros sobre el nivel del mar. Bajo esta referencia, el
Estado venezolano comenzó a otorgar permisos para construir viviendas en
terrenos de la cuenca, al sur de Maracay, mientras el Ministerio del Ambiente
fijaba, en 1978, la cota máxima de seguridad, o de estabilización del lago en
408 metros sobre el nivel del mar, recuerda Germán Benedetti, ingeniero mecánico
y exlegislador del estado Carabobo. Ya en ese momento se sabía que las aguas del
cuerpo lacustre podían llegar hasta ese nivel.
Los
desarrollos habitacionales planificados por el Estado comenzaron a ejecutarse en
terrenos localizados sobre la cota 408, como es el caso de la urbanización La
Punta -ubicada en esa altura- y de Mata Redonda, construida sobre los 410 metros
sobre el nivel del mar. Pero también hubo otras construcciones que irrespetaron
esa cota y levantaron viviendas en terrenos más
bajos.
Para
atender a la población que comenzaba a crecer junto con el desarrollo urbano e
industrial de la cuenca del lago, entre 1975 y 1978 comenzó a construirse el
Sistema Regional del Centro I y II, un acueducto necesario para dotar de agua
potable a la región central de Venezuela y que, como todos, también implica la
generación de aguas residuales. Es así como todas esas cloacas comenzaron a ser
drenadas hacia el lago.
Según
cálculos de Benedetti, unos 8.500 litros por segundo son descargados al lago
desde entonces por este acueducto. En 1978 se condujo el cauce del Río Cabriales
hasta el reservorio y terminó siendo un río de aguas servidas con 1.500 litros
por segundo adicionales. En total, 10.000 litros por segundo llegan al
reservorio de agua y se combinan con el cauce de otros 21 ríos, las descargas de
las lluvias, y otro volumen importante de unos 16 metros cúbicos por segundo que
recibe desde el embalse Pao-Cachinche, ubicado en Cojedes, también en el centro
de Venezuela. Su pureza dejó de ser un atributo y su equilibrio natural, al usar
sus aguas para el riego de las hectáreas agrícolas de la cuenca, comenzó a
alterarse.
“Lo
que está ocurriendo con el Lago de Valencia es uno de los problemas ambientales
más graves de América Latina, no solo por la contaminación de sus aguas sino por
el costo social que ha tenido el aumento de su nivel”, señala el ingeniero
Castillo, de Aguas Sin Fronteras.
En
esas condiciones, de recibir mucho y vaciar nada, o muy poco, la cota del Lago
de Valencia fue aumentando progresivamente. En 1999 alcanzó los 408 metros sobre
el nivel del mar por primera vez desde 1894, indica Benedetti, teniendo como
referencia del libro de Alberto Bockh, El desecamiento del Lago de
Valencia, y comenzaron a registrarse los primeros desplazamientos de
familias afectadas por la crecida del lago, sobre todo en zonas populares y
terrenos invadidos, sin mayor reacción de los gobiernos locales y
regionales.
El
agua del lago comenzó a cubrir calles y avenidas, las cloacas –por momentos- se
devolvían por las cañerías de las viviendas, se filtraban por el piso y brotaban
a través de las alcantarillas. Una rareza que se convirtió en rutina, una rutina
asociada a la época de lluvias (en Venezuela suele ser de mayo a noviembre), y
un escenario recurrente que ha empeorado junto con el incremento de los niveles
del lago en los últimos 18 años.

“Cuando
llueve no puedo bajar el agua de la poceta porque se me devuelve”, relata Betty
Carrero, quien vive en el sector La Esmeralda. Lo mismo relata Merly García
desde Aguacatal 2. “Todo esto es pura agua servida, pura mierda”, precisa Judit
Bandes en Paraparal, una de las zonas más afectadas este año por las lluvias, el
desborde de las cloacas y aumento del lago.
El
sector lleva casi dos meses inundado. El 5 de septiembre falleció un vecino, un
joven de 36 años que ayudaba a sacar enseres de una casa, montado en su caballo.
El animal pisó un cable con electricidad que estaba bajo el agua y ambos
murieron electrocutados. “Esto es agua de cloacas acompañadas con un poquito de
agua de laguna”, volvió a explicar la señora Bandes.
Tal
ha sido el efecto del lago de Valencia en Paraparal que en 2013 se construyó un
muro para evitar que el lago volviera a afectarlos, pues en 2012 vivieron un
momento crítico. “Ese año nos dijeron ‘Paraparal sale completo’ porque ya se
habían mezclado las aguas servidas con las limpias en las tuberías. Mira donde
estamos”, dice Belén Arcano. El muro, construido por la estatal petrolera Pdvsa,
no se completó.
Esta
comunidad está ubicada en la parroquia Monseñor Feliciano, sector que ha perdido
un tercio de su territorio por el avance del lago, incluidas 420 viviendas del
barrio La Vaquera, cinco escuelas y tres centros de salud, indica el ingeniero
Jesús Castillo. Además de La Vaquera, los vecinos de Paraparal han visto cómo
han desaparecido otras comunidades aledañas: Platanal, Las Casitas, Armando
Reverón y cinco manzanas de Paraparal. Fueron desalojados entre 2005 y 2010 y
los terrenos pasaron a ser ocupados por la bora que trae el
lago.
“Yo
tengo 36 años viviendo aquí y me da dolor perder mi identidad porque unos
gobernantes no quieren hacer nada. Porque el asunto no es perder los corotos o
perder la cédula en esta agua, es perder la identidad de vivir aquí”, relata
Bandes, una licenciada en enfermería, con estudios de postgrado, que logró
comprar su casa en los años 80, cuando trabajaba en un ambulatorio. Paraparal
fue planificado por el Instituto Nacional de la Vivienda
(Inavi).
Millones que no se ven
La
más aceptada, y que lleva más de 20 años en ejecución, es la “Alternativa
Oeste”, que plantea, como puntos importantes, la construcción de 17 plantas de
tratamiento de aguas residuales en la cuenca del Lago de Valencia. Solo se han
construido tres: Los Guayos, La Mariposa y Taiguayguai, entre 1995 y 1997, las
dos primeras en el estado Carabobo y la última en Aragua.
La
planta Los Guayos dejó de funcionar en 2016 y actualmente no solo está
desmantelada por el robo de sus equipos, sino también inundada por el lago de
Valencia y la bora. La de La Mariposa, encargada de tratar las aguas del lago
para trasvasar 5600 litros por segundo hasta el embalse Pao-Cachinche (uno de
los pocos desahogos del lago), dejó de funcionar en agosto, alertó Marino
Azcárate, presidente del Colegio de Ingenieros del estado Aragua. Y la planta de
Taiguayguay está abandonada. No hay cómo sanear esas
aguas.
Junto a
estas plantas debía construirse una red de colectores de aguas negras en
Maracay, que desviaran las cloacas a estas plantas de tratamiento y las
restantes 14, para que fueran saneadas y, de ser posible, trasvasadas. Tampoco
se ha concluido esta red.
Una
auditoría realizada por la Contraloría del estado Carabobo en el año 2009, sobre
la gestión ambiental de la cuenca del Lago de Valencia, precisa que entre 1999 y
2009 solo se había podido construir 93 kilómetros de colectores marginales, lo
que se traducía en la conexión de apenas 51% de las cloacas hacia las plantas.
En este caso, las obras formaban parte del “Proyecto de Saneamiento y Control
del Nivel del Lago de Valencia”, aprobado en 2005 para ser ejecutado en 4 años;
debía estar listo en 2009. Dichas obras ya habían sido aprobadas en 1999 para
construirse en cinco años. No se ejecutaron y se volvieron a
presupuestar.
Entre
1999 y 2009, el Estado venezolano invirtió Bs 747.766.208,14 en planes,
programas y proyectos dirigidos a solventar el problema ambiental de la cuenca
del Lago de Valencia, detalla el informe de la Contraloría regional. Esa
cantidad equivale a 343.337.829,36 dólares, y si se le suman los montos
aprobados entre 2009 y 2012, la cifra asciende a 385 millones de dólares. Es
decir, con la cantidad invertida en 13 años el chavismo pudo haber construido
una vía de navegación como el canal de Panamá, o 18 hospitales nuevos como el
Cardiológico Infantil Latinoamericano.
Son
millones que no se ven retribuidos en mejoras, pues desde 1999, cuando llegó a
la cota máxima de seguridad (408 msnm), ha seguido aumentando su nivel. En 2005
llegó a 410 msnm y en 2012 a 413,43 msnm, dos años en los que se registraron las
emergencias más importantes por la crecida de sus aguas, y que todos al sur de
Maracay recuerdan. Ahora 2017 pudiera terminar como otro año recordado, por una
nueva emergencia en curso.
Al no
haberse culminado la red de colectores de aguas servidas ni las 14 plantas de
tratamiento de aguas residuales, las cloacas de Maracay no han dejado de drenar
al lago. Al subir el nivel, las tuberías que desembocan en él han quedado por
debajo, ocasionando una descarga sumergida, explica el ingeniero Castillo. Como
la presión del lago es mayor que la que traen las aguas servidas por las
tuberías, impide que se descarguen y lo que hacen es devolverse. Esto lo viven
los habitantes cercanos al lago, pero también los que residen más lejos, que, si
bien no ven las aguas tocando la puerta de sus casas, se afectan igual porque no
les bajan las pocetas y se rebosan los inodoros.
Así se
explican las inundaciones con aguas negras, cubiertas por una alfombra verde de
lemna, de alturas entre 20 y 40 centímetros que desde hace dos meses afectan a
las familias de Paraparal, Aguacatal, Brisas del Lago, Las Vegas y Mata Redonda.
Con las torrenciales lluvias de 2017 se han desbordado los ríos porque, como si
ya no fuese suficiente, sus cauces tampoco pueden llegar al lago para drenar por
lo crecido que está. Esto es lo que ha ocurrido desde julio con el río Madre
Vieja, que pasa cerca de Mata Redonda y La Esmeralda, y con el canal Sudantex
que bordea a Aguacatal. Ambos ríos reciben
cloacas.
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Cultivos que ya no están
El nivel
del Lago de Valencia podría disminuir si sus aguas, incluso contaminadas,
regaran los cultivos de caña de azúcar. Como debe pasar por un proceso
industrial para la producción de azúcar, no hay riesgo de que las aguas servidas
afecten el producto final.
“La caña
es lo más barato que hay para salvar al lago, es un cultivo estratégico en el
control del nivel porque es una planta de alto consumo de agua”, explica Rafael
Chirinos, ingeniero agrónomo, exdirectivo de la Sociedad de Cañicultores de
Aragua (Socaragua).
Pero
desde 2009, con un decreto que prohibió sembrar caña de azúcar en 53.000
hectáreas, ubicadas entre Aragua y Carabobo, la producción en la cuenca del lago
disminuyó, aunado a las amenazas de expropiación de fincas que llevaron a varios
cañicultores a cambiar de rubro. El decreto pretendía sumar esas tierras a la
cosecha de otros alimentos, como tomate, cebolla y pimentón, para sumarlos al
plan de Soberanía Alimentaria. Un error grave, aseguran los expertos, porque los
productos hortícolas no pueden ser regados con las aguas residuales del Lago de
Valencia, pues son alimentos de consumo directo, no pasan por un proceso
industrial.
El
proyecto no se ejecutó. Tres años después, en 2012, en el decreto 8844 se
incluyó un artículo que pedía aumentar las cosechas de alto consumo de agua en
la cuenca del Lago de Valencia. Pero no se ha sembrado más caña de azúcar porque
no hay recursos para hacerlo.
En el
caso de las tierras de Aragua ubicadas en la cuenca, las hectáreas de cosecha
disminuyeron de 11.000 a 3.000. A medida que bajó la producción de caña de
azúcar, aumentaron los niveles del lago, haciéndose evidente en 2011 y 2012,
cuando se presentó otra emergencia.
En 2011,
viendo que los niveles del lago se habían elevado 3 metros tras la caída de la
producción, Socaragua propuso al Ministerio de Agricultura sembrar 3.100
hectáreas de caña de azúcar en un lapso de tres años. No les respondieron. Por
iniciativa propia, explica Chirinos, un grupo de cañicultores decidió ejecutar
el plan y han sembrado 1.000 hectáreas nuevas por su cuenta, pero para llegar a
las 3.100 necesitan que el Estado les apoye con 5 millones de
dólares.
Entre
tanto, y de manera progresiva, cientos de hectáreas de caña de azúcar ubicadas
en la cuenca del lago que limita con el estado Carabobo se han ido perdiendo por
el aumento del nivel de las aguas. La mayor afectación en este estado, a
diferencia de Aragua, es justamente en terrenos agrícolas y
carreteras.
La Finca
Montecristo, en el municipio Los Guayos, es un ejemplo. Pasó de tener 40
hectáreas hace 20 años a solamente dos, porque 38 hectáreas están bajo las aguas
del lago. Hace dos décadas sembraban las 40 hectáreas completas de caña de
azúcar. Hace 8 años se vieron obligados a cambiar de rubro pues no es rentable
cosecharlas en baja cantidad, relató Carlos Delgado, encargado de la finca. Es
una tragedia definitiva. Aunque se produzca el milagro de la disminución del
nivel del agua ya no será posible
sembrarlas.
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Cuenta
Andrea Wulf en su libro La invención de la naturaleza, que
Alexander Von Humboldt desarrolló su idea sobre el cambio climático provocado
por el ser humano justamente en el Lago de Valencia, en el año 1800. En ese
entonces, cuando se encontró con él en una visita a los valles de Aragua, los
lugareños le comentaron que el lago estaba disminuyendo su nivel con cierta
rapidez, y que temían que se tratase de un río subterráneo. Tras observar su
ecosistema, Humboldt concluyó que la tala de bosques circundantes y el desvío de
las aguas que solían alimentar al lago para regar los campos agrícolas, habían
hecho descender los niveles. ¿Qué diría Humboldt ahora, si se encontrara con el
Lago de Valencia en las actuales condiciones?
Fotos:
César David Bracamonte / Patricia Marcano