La tala de los bosques también encontró una guarida offshore

En la isla de Padang, en el corazón de la región de la industria maderera indonesia, un grupo de jóvenes señala lo que queda de los árboles de palma sagú. Estos son los restos de los incendios que, durante dos décadas, han venido calcinado los frondosos bosques de esta nación-archipiélago.

“Sentimos indignación” dijo Alvin, de 15 años, quien se crió en el pueblo de Bagan Melibur. “Los efectos de las quemas forestales son inmensos para los humanos y los animales”, añadió.

En esta cadena de islas los incendios del 2015 fueron tan intensos que gran parte de Indonesia ha quedó envuelta en una calima feroz. Tanto así que llegó a extenderse hasta Tailandia. Se paralizaron los vuelos aéreos, los niños tuvieron que usar máscaras protectoras para ir a la escuela. Varios estudios han conectado los niveles de niebla tóxica (smog) con por lo menos 19 muertes y tantos como medio millón de habitantes con problemas respiratorios. La agencia meteorológica indonesia llamó esta neblina y tiniebla “un crímen de lesa humanidad”.

Los incendios que ocasionaron la densa neblina fueron producto de una temporada de sequía prolongada y de la tala y quema empleadas para despejar los bosques frondosos de las turberas (pantanos), que han abierto el paso a las plantaciones de aceite de palma y de madera de pulpa. Como consecuencia de estos estragos, grupos de protección ambiental desataron su protesta contra las empresas industriales que se ocupan en despejar los bosques de Indonesia. Entre ellos figura Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. (APRIL), una de las mayores pulperas y productoras de papel en el mundo.

Una fuga de documentos de una empresa offshore ha revelado que APRIL es una de las empresas de recursos naturales de la región que han logrado mayor prosperidad, mediante el talado de enormes extensiones de zonas forestales indonesias y el apoyo de una red global de banqueros, abogados y contadores de élite que le han ayudado a navegar entre las corrientes corporativas y tributarias.

Los documentos vienen de la firma offshore Appleby y del proveedor de servicios corporativos Estera, dos negocios que operaron juntos bajo el nombre de Appleby hasta que Estera se independizó en 2016. Los mismos muestran que la firma de abogados Appleby, basada en Bermuda, además de bancos de renombre como Credit Suisse y el banco holandés ABN Amro continuaron asistiendo a APRIL con la estructuración de sus operaciones a pesar de un ya cuestionable récord ambiental de la empresa pulpera y maderera.

Los documentos internos de Appleby arrojan nueva luz a las preocupaciones de académicos, grupos de voceros y funcionarios de gobierno. Sus reservas se basan en que el sistema financiero offshore coadyuva al financiamiento y crecimiento de empresas involucradas en el derribe de bosques y en el uso de otras prácticas que agudizan el cambio climático global. El problema es aún más serio si se tiene en cuenta que Indonesia abriga la tercera extensión más grande de bosques tropicales con la tasa más elevada de deforestación en el mundo.

El periódico alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo los documentos fugados, los cuales se compartieron con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y otros medios asociados.

En su análisis de los documentos, ICIJ halló que APRIL es una entre una docena de compañías de productos forestales con sede en Asia que han utilizado de los servicios de Appleby. Esta compañía, que se autodenomina “uno de los mayores proveedores de servicios jurídicos offshore”, ha movido miles de millones de dólares mediante una red de empresas offshore que abarca desde las Islas Cook en el Pacífico Sur hasta las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe, según la revisión de ICIJ.

Un representante de la empresa escribió por mail: “APRIL no comenta públicamente los detalles de sus arreglos financieros”.

APRIL es miembro del Royal Golden Group, uno de los conglomerados de recursos más grandes de Asia. Con sede en Singapur, RGE emplea más de 60,000 persona en la producción de papel, aceite de palma y otros productos en el mundo. El conglomerado está bajo el control de pocos accionistas, a la vez que su información financiera es muy escasa.

RGE dice que provee “asesoramiento estratégico y toda una gama de procesos de negocios para la subcontratación externalizada” a APRIL y a otras compañías en el grupo y que cada empresa se gerencia independientemente, cuenta con sus propios bienes y maneja sus finanzas de manera autónoma”.

Nadie duda quién tiene el control de todo esto: se trata del billonario Sukanto Tanoto, quien de modestas circunstancias ha llegado a ser una de las figuras más poderosas y mejor conectadas del país y tal vez transnacionalmente.

Según la página web de la empresa, en 1967 Tanoto asumió el negocio familiar, que consistía en el suministro de repuestos para las industrias del petróleo y la construcción. Al poco tiempo comenzó a ganar contratos de una compañía de hidrocarburos (petróleo y gas) bajo control estatal. En 1973 Tanoto fundó RGE y de allí pasó a la industria forestal como fabricante de madera aglomerada.

El fallecido presidente indonesio Suharto, dictador que tomó el poder en 1967, dio rienda suelta al desarrollismo estimulando la explotación masiva de los recursos naturales del país. Suharto declaró que las zonas forestales –a groso modo tres cuartas partes del territorio indonesio–, eran de propiedad estatal, haciendo así caso omiso a los reclamos de las comunidades indígenas. Acto seguido, las concesiones de los bosques se repartieron entre miembros de la familia, socios de negocios y partidarios del régimen. Para fines de la era de Suharto –que duró hasta entrada la década de 1990–, debido a la tala indiscriminada se arrasaron aproximadamente 100 millones de acres de bosques tropicales en Indonesia –equivalentes a los territorios de Alemania y Holanda, conjuntamente.

Cuando Tanoto abrió su primera planta pulpera y maderera, Suharto y su gabinete asistieron a la ceremonia de apertura. Según la Comisión de Erradicación de Corrupción Indonesia y los investigadores forestales, las empresas del magnate han gozado de subsidios generosos durante años, incluyendo las regalías al gobierno que se han mantenido artificialmente bajas para el sector forestal desde los años noventa.

Mientras el país se encontraba en la plenitud del auge económico, a mediados de la década de 1990, y se convertía en uno de los “Tigres del Asia”, Tanoto se movilizaba hacia las áreas de aceite de palma, energía y fibras para la producción de rayón y celofán

Según los documentos revisados por ICIJ, por esa misma época RGE comenzaba a trasladar sus gestiones financieras a paraísos tributarios, establecía entidades corporativas en jurisdicciones de cero o bajos impuestos y hacía traslados de capital a jurisdicciones offshore.

En septiembre de 1994, con la formación de dos compañías en Bermuda –puerto de avanzada del sistema financiero offshore– comenzaron a aparecer las primeras piezas de lo que vendría a conocerse como APRIL. Estas entidades contrataron los servicios administrativos y legales de Appleby.

En menos de un año, una de las entidades de Bermuda, también conocida como APRIL, fue registrada en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). De acuerdo con documentos secretos usados en la investigación de 2013 de ICIJ “Offshore Leaks”, un proveedor de servicios offshore con sede en Singapur, Portcullis TrustNet, ayudó a RGE a establecer una compañía en las Islas Vírgenes Británicas y dos firmas en las Islas Cook. Una de las compañías de las Islas Cook fue PEC-Tech Ltd., una firma de ingeniería que llegó a desempeñar un papel activo en las operaciones de pulpa y papel de Tanoto.

Para algunas de las corporaciones creadas por intermedio de Portcullis, Tanoto firmó contratos autorizando a compañías terciarias a realizar transacciones en representación suya. Tanoto, de ascendencia china, es ciudadano indonesio. Las autorizaciones fueron firmadas con su nombre chino, Tan Kang Hoo.

La crisis financiera de Asia en 1997, puso en picada a la economía de Indonesia y sacó a Suharto del poder. El choque económico ocasionó que en el año 2001 APRIL, que arrojaba pérdidas por casi 1,300 millones de dólares, fuera sacada del registro del NYSE.El gobierno del presidente Megawati Sukarnoputri intervino para rescatar la industria de recursos naturales del país. La Agencia para la Restructuración Bancaria Indonesia y acreedores nacionales e internacionales de APRIL reestructuraron las deudas de esta empresa y las de sus competidores.

Según informes de los expertos forestales, APRIL acordó ampliar sus operaciones de pulpa en Sumatra, la principal isla de Indonesia, a cambio de la reestructuración.

De acuerdo con su propia página Web, APRIL se extendió también a China, Brasil y otros países. Los documentos de Appleby revelan que APRIL tiene o ha tenido subsidiarias en Dubai, las islas Seychelles y otros paraísos fiscales. Estas compañías no figuran en la página de internet pública de la empresa.

Entretanto, RGE trasladó la casa matriz a Singapur. Aún permanece en este estado-ciudad que además de ser un paraíso tributario es centro financiero.

La creciente complejidad del conglomerado trajo consigo repercusiones adversas en 2007, cuando las autoridades fiscales comenzaron a investigar Asian Agri, la gigantesca afiliada de RGE en materia de aceite de palma. El gobierno presentó cargos alegando que entre los años 2002 y 2005 los gerentes de Asian Agri diseñaron una argucia sofisticada de evasión de impuestos que involucraba a 14 subsidiarias.

Las autoridades acusaron a Asian Agri de utilizar empresas de fachada en las Islas Vírgenes Británicas, Macao y Hong Kong con el fin de manipular el precio de los bienes transferidos y de esa manera reducir las ganancias de las empresas indonesias, a la vez aumentan en las subsidiarias offshore. En 2012, la Corte Suprema de Indonesia sentenció al gerente de Asian Agri a dos años de prisión y ordenó a la compañía de aceite de palma a pagar más de 440 millones de dólares en impuestos y penalidades.

Mientras la unidad de aceite de palma de RGE enfrentaba problemas tributarios, el conglomerado de productos forestales, APRIL, estaba enredado en controversias alrededor de sus expansiones.

De acuerdo con varios reportes de noticias, un año antes de que una subsidiaria de APRIL ganara la licencia para operar en la isla de Padang en 2009, el regente de una provincia de Sumatra central fue encontrado culpable y sentenciado a 11 años de prisión por haber recibido 100,000 dólares en sobornos a cambio de emitir licencias de plantación forestal a compañías que ilegalmente estaban talando en bosques protegidos. Siete de las empresas eran suministradores de madera de APRIL.

La coalición ambiental Eyes on the Forest, reclamó que APRIL era responsable de la destrucción de cerca de 350,000 acres de terreno forestal en Sumatra y que la compañía, “a sabiendas, extraía pulpa de madera natural forestal de concesionarios cuyas licencias habían sido emitidas a través de prácticas corruptas”.

APRIL rechaza las alegaciones: “Nosotros tomamos la conversión de tierras de manera responsable”, escribió APRIL como respuesta al reporte de Eyes on the Forest. “Las acusaciones de que APRIL o aquellos de quienes la compañía surte de fibra de madera estén operando ilegalmente o que las concesiones otorgadas hayan estado sujetas a prácticas corruptas no son ciertas”.

En 2016, la Corte Suprema de Indonesia multó a los surtidores de APRIL en un monto de 1,200 millones de dólares tras haber hallado que el suministrador había incurrido en una tala ilegal que destruyó más de 18,000 acres de bosques.

En 2009, un año después del caso de soborno en el centro de Sumatra, una subsidiaria de APRIL obtuvo una licencia para operar en Padang Island, una isla mucho más pequeña, justo al este de Sumatra. Los residentes de Bagan Melibur en la parte sur de la isla de Padang al oriente de Sumatra dicen haberse enterado de las actividades de talado de APRIL cuando los campesinos que vivían en el bosque se dieron cuenta de los equipos pesados en la zona. Los taladores comenzaron a cortar el bosque de tajo y sembrar árboles de acacia para la producción de papel mientras los excavadores abrían canales entre las turberas para transportar los troncos a las madereras y secar el humedal.

Los aldeanos organizaron marchas, huelgas de hambre y otras protestas. Algunos se cosieron los labios para protestar por el apoyo a la compañía de parte del gobierno.

Uno de los manifestantes, Budimaridi (algunos indonesios usan sólo un nombre) dijo que los aldeanos usan el bosque para cultivar árboles de caucho, palmas de aceite y palmas de sagú, utilizadas para producir almidón para diversos panes y galletas.

“Somos una familia, una aldea” y tenemos “un problema” expresó Budimaridi. “Ellos continuaron explotando” el bosque y “nosotros continuamos luchando”.

En 2013 el gobierno central retiró 17,000 acres de tierras de las concesiones de APRIL que los isleños, incluyendo los pobladores de Bagan Melibur, habían reclamado. Sin embargo, de acuerdo a las organizaciones ambientalistas locales, la compañía ha continuado sus operaciones en la zona con la aprobación muda del gobierno. APRIL se negó a comentar estas denuncias.

“A veces nos sentimos como si ya no fuéramos ciudadanos indonesios”, dijo Budimaridi, quien trabaja para una empresa de energía local. “Nuestro gobierno no es lo suficientemente fuerte como para controlar la compañía”.

En medio de quejas en aumento, los préstamos de los grandes bancos seguían fluyendo, a menudo a través de una red de corporaciones, hasta que llegaban a las compañías que operaban en los bosques de Indonesia.

Según un diagrama de flujo hallado en los expedientes internos de Appleby, en diciembre del 2010, mientras usaba a Appleby como su consejero jurídico, un grupo bancario encabezado por Credit Suisse le prestó más de 180 millones de dólares al grupo APRIL. Este dinero estaba destinado a PEC-Tech, la compañía de ingeniería de las Islas Cook. Conforme al diagrama, en vez de ir directamente a su destinario, el prestatario era Gold Crest Capital, una compañía de control de capital que, a su vez, habría de enviar el préstamo a otra compañía de control de capital en Singapur, con ánimo de “actuar como el centro tesorero y financiero del grupo APRIL”, según emails de Appleby.

La compañía controlante de Singapur, Heliosity Consulting, le habría prestado dinero a la unidad indonesia que le suministraba pulpa a APRIL, y de ahí dicha suministradora le pagaría a PEC-Tech por la siguiente línea de producción de pulpa.

Un abogado de las entidades bancarias escribió por email a Appleby que esta figura tipo circuito formaba parte de una estructura con fuerza motriz de carácter tributario, creada para disminuir el recargo general de impuestos.

Appleby no fue la creadora de esta estructura, pero les proveía servicios legales a los bancos involucrados en los préstamos a algunas de las subsidiarias de APRIL.

Se desconocen los efectos tributarios de esta figura. Los documentos analizados demuestran que en 2013 la subsidiaria de APRIL en las IVB había obtenido un préstamo con similares características y que fue descrito como libre de impuestos.

Una portavoz de APRIL dijo que la compañía “cumple todas las obligaciones tributarias en las jurisdicciones donde opera” y que, “se ciñe a todas las leyes y reglamentos nacionales e internacionales pertinentes a sus gestiones financieras como parte de un compromiso general por la buena administración corporativa y prácticas de negocios sostenibles”.

Los expertos que ICIJ entrevistó declararon que una firma puede rebajar el costo de sus préstamos al mover éstos a través de empresas de fachada en las IVB y otros paraísos tributarios hacia centros financieros como Singapur. Dichos movimientos pueden reducir o evitar la retención en la fuente sobre los pagos de intereses a los prestamistas. Los fondos del préstamo pueden ser posteriormente distribuidos a la empresa que opera en el país de impuestos altos, como Indonesia.

Este tipo de arreglo es legal y además común. Los archivos de Appleby revelan que entre 2006 y 2013, APRIL por sí sola movió hasta 3,000 millones de dólares a subsidiarias a través de su compañía controlante en las Islas Vírgenes Británicas y otras entidades offshore.

Sin embargo, los expertos dicen que tales arreglos suelen traspasar las ganancias gravables de las jurisdicciones que acarrean los costos sociales de la explotación de los recursos a otras que simplemente cobran menos impuestos.

Múltiples reportes e informes de grupos de derechos humanos y agencias para el desarrollo han venido documentando la manera en que la toma de tierras y el desplazamiento de indígenas son el resultado de las prácticas de negocios de las compañías de extracción de recursos naturales. Esto acarrea el empobrecimiento de dichas comunidades cuyo sustento depende del bosque.

Para proteger los intereses de los países en desarrollo y prevenir el abuso de los tratados tributarios existentes que ayudan a minimizar la carga de impuestos de ciertas compañías, el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) endosaron recientemente una serie de medidas para reformar las normas tributarias internacionales.

Las áreas forestales son de vital importancia no solo para sus habitantes, sino “también para la economía y el futuro del país en general, así como a nivel global, en términos de cambio climático”, expresó Stephanie Fried, directora ejecutiva de la Ulu Foundation, un grupo ambiental con base en Estados Unidos. Cuando las empresas usan el dinero que se han ahorrado al haber evadido impuestos, para invertirlo en deforestación y otras actividades destructivas, “el daño ambiental y la devastación social se extienden mucho más”, dijo Fried, quien también es experta en el sector forestal indonesio.

Los analistas también dijeron al ICIJ que el uso de las compañías de fachada para la realización de préstamos, permite a los bancos reclamar que su involucramiento con las compañías de recursos naturales que se burlan de las leyes ambientales es muy limitado. Cuando los préstamos se otorgan a las subsidiarias offshore, el poder identificar y lograr hacer responsables a las casas matrices que las controlan es mucho más difícil, dicen ellos.

Desde mediados de la década del 2000, los grandes bancos han venido adoptando, de manera voluntaria, aunque presionados por los grupos ambientalistas y el Grupo del Banco Mundial, estándares que permitan valorar los riesgos ambientales asociados con los prestatarios de las empresas de recursos naturales.

Desde cuando se interrumpieron las operaciones en los bosques reclamados por los aldeanos de Began Melibur, la vegetación silvestre sube ahora cinco pies, cubriendo los terrenos donde antes los árboles ‘meranti’ y otras especies ondeaban con su altura. Como símbolo de una batalla continuada, los residentes señalan una torre de control de la compañía, que abandonada ya, queda frente a la choza de un campesino y su siembra de piña.

Un día, a comienzos de 2017, Suhairi, de 31 años, caminaba entre el pantano esponjoso con botas de caucho, por un parche de tierra que él dice una vez fue suyo. Dijo que creció cosechando el fruto de las palmas de aceite hasta que le arrebataron la tierra como parte de la concesión de APRIL. Hay marcas de las excavadoras aún en la turbera. Una pitón flota sobre el agua quieta y fangosa de algún canal cercano.

Suhairi cava un puñado de tierra para mostrar los diminutos fósiles que conforman la turbera. Recuerda cuando cazaba siervos-ratones y las abejas en el bosque en su niñez. Creciendo, recuerda que pensaba seguir trabajando la tierra que había heredado de su padre para pasarla a su hijo de cinco años, algún día. Ahora todo eso está en duda.

“Si tenemos nuestros campos, tenemos esperanza de poder continuar ganando el sustento”, dice. “Si nos quitan nuestras tierras, ¿cómo podremos imaginar un futuro?”