Odebrecht funded Diosdado Cabello

Joaquín Leal Jiménez, un veinteañero mexicano graduado en Boston, fue señalado por Washington como cabecilla de una operación que simulaba un intercambio humanitario de petróleo por mercancías para burlar las sanciones comerciales y financieras impuestas al régimen de Nicolás Maduro. Tras ser él mismo sancionado, sale a relucir su vínculo con un joven empresario de Venezuela, vástago de una familia de la alta sociedad caraqueña.

Fue una de las últimas fórmulas que el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, ahora detenido en Cabo Verde, ensayó para burlar las sanciones internacionales contra el régimen chavista. Consistió en escenificar un “intercambio humanitario” de crudo de Pdvsa por camiones cisternas y maíz. Al final, hubo indicios de que la mercancía no llegó completa a Venezuela -aunque el Gobierno lo niega-, mientras los cómplices mexicanos del esquema terminaron en aparente bancarrota, bajo investigación de las autoridades antilavado de dinero de su país y medidas del Departamento del Tesoro estadounidense.

Eduardo Rivas salió de la nada para consagrarse como el zar de la explotación del oro, el último maná que permite obtener divisas para las arcas del Gobierno después del colapso de la industria petrolera. Se expuso a la luz pública por primera vez en 2018, al frente de un complejo de procesamiento del metal precioso, pero desde entonces hace sentir su poder al sur del Orinoco mediante campañas de prensa regional y el amedrentamiento con su guardia pretoriana constituida por agentes de la contrainteligencia militar. Más que por credenciales técnicas o antecedentes -casi nulos- en la actividad minera, debe su figuración a la cercanía que tiene con los Nicolás Maduro, padre e hijo.

Se cumple un año de la creación de la Corporación Socialista de Telecomunicaciones y Servicios Postales, que culminó la paulatina conquista ideológica y comercial del sector en Venezuela por el castrismo, tanto como proveedor tecnológico así como mentor ideológico. Por una parte, empresas estatales cubanas como Albet o Copextel encontraron en la administración pública de Caracas voluminosos ingresos y oportunidades para desarrollar una experticia que, de otra manera, no tendrían; por la otra, el comandante Ramiro Valdés impuso su concepción de la informática y las telecomunicaciones como una herramienta de represión y seguridad interna. Los cubanos llegaron a constituir una empresa privada exclusiva para Venezuela y, a través de una compañía binacional, por fin consiguieron un puesto en el nuevo holding venezolano.

De aquella promesa de gloria, producción y soberanía alimentaria a través de una red de empresas estatales dedicadas al agro hoy quedan, si acaso, los esqueletos que ahora manejan algunos nombres tocados por la gracia del ex comandante del 4F y actual ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, quien las adjudica sin concurso ni explicaciones. A través de “alianzas estratégicas”, una figura apenas mencionada en las leyes y una institución estatal ad hoc bautizada como Delagro, el ministro del campo parte y reparte desde 2016 y sin que nadie sepa qué pasó con la mejor parte.

Un jet ejecutivo venezolano, listado como sospechoso por Estados Unidos, que aterriza en una remota capital africana; un grupo de pasajeros que incluye agentes de operaciones especiales y se aloja en un cuartel militar; un misterioso avión de transporte ruso; un barco anclado en una isla paradisíaca: son los mimbres con los que en días recientes se tejió una trama digna de una serie de espionaje. La misión era tantear un posible rescate del empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro de su cautiverio, en el vecino archipiélago de Cabo Verde, antes de que se le extradite a Estados Unidos. Todo eso, justo cuando se cumple un mes de su detención.