El Ministerio de Alimentación es un cuartel de amigos

Las manos de 36 oficiales del Ejército pusieron el rancho morado en el despacho encargado de importar, producir y distribuir los alimentos que se volvieron escasos en Venezuela. Por esas manos pasaron cerca de cien mil millones de dólares durante los tres años del Gobierno de Nicolás Maduro. Sus cargos se asignaron como parte de un continuo enroque entre tres promociones castrenses.
De
tenientes coroneles a mayores generales. En el Gobierno de Nicolás Maduro no ha
habido distinciones con respecto a las jerarquías militares y los nombramientos
en posiciones clave dentro del Ministerio de Alimentación. Un grupo de al menos
36 oficiales superiores del Ejército se convirtió en una élite que concentró en
los últimos tres años designaciones, no solo para los cargos de ministro y
viceministros, sino para otros como los de directores principales y suplentes de
juntas directivas de nueve empresas públicas, que durante el período manejaron
un poco más de 500 millardos de bolívares para una actividad principal: la
importación, producción y distribución de alimentos en
Venezuela.
Una
investigación realizada a partir de la revisión
de más de 1.250 documentos públicos –entre
ellos Gacetas Oficiales y Memorias y Cuentas del Ministerio de Alimentación
difundidas entre enero de 2013 y mayo de 2016 y las listas de graduados de la
Academia Militar de Venezuela–, permitió identificar los nombramientos de los
integrantes de ese grupo selecto que además de tener responsabilidades en las
compras y ventas tuvo otras misiones como las de diseñar y evaluar las políticas
públicas en materia alimentaria. El cruce de información reveló que 12 de los 36
militares fueron designados por compañeros de promoción que ostentaban, en su
condición de ministros, la titularidad del órgano ejecutivo. Algunos de los
oficiales llegaron a tener hasta cuatro cargos directivos al mismo tiempo y
otros han circulado por al menos nueve posiciones en los tres años que acumula
Maduro en el poder.
Las
importaciones públicas de alimentos se transformaron en la última década en una
parte esencial de la estrategia gubernamental para atender las necesidades de la
población. Lo que comenzó con la presidencia del fallecido Hugo Chávez –durante
la cual se quintuplicaron a partir de 2010 con respecto a 2005– continuó con la
gestión de su discípulo político. Solo en 2015 las compras más allá de la
frontera sobrepasaron los 5 millones de toneladas, según datos oficiales: este
número representa la cifra más alta de los últimos doce años. La dependencia de
productos extranjeros ha sido criticada no solo por detractores del gobierno,
sino también por expertos y por industriales nacionales que se han quejado de
que no han dispuesto de divisas para cancelar deudas con proveedores
internacionales lo que, según han afirmado, les ha impedido producir dentro del
país al ritmo que necesitan.
Hoy,
con el descenso de los precios petroleros, la compra de alimentos por parte de
los venezolanos se ha transformado en un calvario. Los saqueos se han convertido
en un fenómeno común y cientos de miles de ciudadanos moran en larguísimas filas
con la esperanza de conseguir algo para servir en la mesa, no comen para dejar a
sus hijos o esperan por una bolsa de comida con cuatro o cinco productos
subsidiados: “La poca disponibilidad se debe a los controles de precio, a las
expropiaciones de las unidades agrícolas que ahora están en manos del Estado con
nada o muy poco que producir; al control del tipo de cambio y a las dificultades
para la importación de materia primas impuestas al sector privado”, dice
Alejandro Gutiérrez, economista y fundador del Centro de Investigaciones
Agroalimentarias, quien en el corto plazo solo avizora como única solución
nuevas y masivas importaciones para apañar lo que muchos califican de crisis
humanitaria. Si ocurre como pronostica, el Ministerio de Alimentación y sus
funcionarios estarán en el centro del
asunto.
Los favorecidos
Maduro
no solo mantuvo la estrategia de las importaciones sino también la tradición que
inició su padre político de designar militares al frente del Ministerio de
Alimentación. Durante su gestión ha nombrado a cinco oficiales al frente del
despacho: Félix Ramón Osorio Guzmán, Hebert Josué García Plaza, Yván José Bello
Rojas, Carlos Alberto Osorio Zambrano y Rodolfo Clemente Marco Torres. Uno de
ellos está prófugo de la justicia –García Plaza fue acusado por el Ministerio
Público de comprar tres barcos españoles con sobreprecio cuando se desempeñaba
como presidente de la compañía estatal Bolipuertos– y los otros tres están
siendo investigados por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de
mayoría opositora, que los acusa por el desvío de dos millardos de dólares en
compras alimentarias. A Marco Torres, de hecho, le dieron voto de censura por no
comparecer ante la plenaria, pero la decisión fue desconocida por Maduro. El
Presidente le solicitó al Tribunal Supremo de Justicia desestimar el dictamen de
los parlamentarios y el Poder Judicial aceptó.
Cada
uno de ellos incluyó a compañeros de promoción en puestos claves de la nómina
ministerial. Cuando Félix Osorio asumió el poder en 2013 –su segundo mandato
después de haber ocupado la misma posición con Chávez– militarizó la conducción
de la productora y distribuidora de alimentos Pdval y colocó a oficiales como
miembros principales o suplentes de seis de los ocho cargos de la junta
directiva de la compañía. Dos de los seleccionados, Luis Moreno Machado y Luis
Fernández Abreu, habían compartido formación con el entonces coronel como parte
de la promoción “José Trinidad Morán”, egresada de la Academia Militar 23 años
antes.
Osorio
conocía de cerca cómo era el manejo y la operatividad de la compañía. En 2010,
cuando desempeñaba su primer mandato como titular de la cartera alimentaria,
tres gerentes de la empresa fueron aprehendidos por la descomposición de al
menos 130 mil toneladas de alimento. Para la fecha, Pdval estaba adscrita a la
petrolera estatal Pdvsa, a cargo de Rafael Ramírez, y debido a la irregularidad
fue transferida a la Vicepresidencia de la República y luego al Ministerio de
Alimentación. En su momento, el entonces coronel calificó las denuncias de
“manipulación mediática” y afirmó que la cantidad de productos descompuestos no
era “notoria” en comparación con lo comercializado por la compañía. El caso, sin
embargo, fue investigado por el Ministerio Público y tres directivos fueron
acusados de delito de boicot y peculado doloso. La Contraloría General de la
República, por su parte, todavía no ha emitido un acto conclusivo. “Se trata de
una investigación muy engorrosa”, reconoció el contralor Manuel Galindo en abril
de 2016.
Osorio
también incluyó a otro compañero de promoción en otra vacantes del organigrama
ministerial: José Dionisio Moreno Oliva quien -junto con Moreno Machado- fue
designado como parte de la junta directiva de la Corporación de Abastecimiento y
Servicios Agrícolas, La Casa. Entre 2013 y 2014, esa fue la empresa de alimentos
que más recursos públicos recibió al obtener 11 y 12% del presupuesto nacional
aprobado por el parlamento para esos años. El presidente de la compañía también
había sido su compañero de generación de la Academia Militar: Manuel Barroso. No
era un desconocido para la opinión pública: había sido presidente de Cadivi por
seis años –el órgano encargado de la administración de divisas– y Maduro había
decidido apartarlo del cargo en medio de las crecientes denuncias de corrupción
en la asignación de dólares preferenciales para empresas de maletín y el cual ha
sido considerado como uno de los mayores escándalos de irregularidades
administrativas de la historia de la República.
Una
investigación del diario El Nacional de 2014 reveló que Barroso y Osorio –quien
también formaba parte de la directiva de Cadivi– habían aprobado en 2012 más de
17 millones de dólares para la importadora Alimentos Venenceres de año y medio
de existencia que tenía entre sus accionistas a un miembro retirado de la misma
promoción de la dupla, la José Trinidad Morán: Carlos Arias Delgado. En su
momento, sus representantes negaron que la suya fuera una compañía
espejo.

El ex-ministro Félix Osorio // Fotografia VTV
Práctica repetida
Quienes
siguieron a Osorio repitieron la práctica. El mayor general García Plaza incluyó
a dos antiguos condiscípulos en la dirección de evaluación y seguimiento de
políticas públicas del ministerio y en la junta directiva de Mercal, empresa
responsable de la venta de alimentos en mercados abiertos. El coronel Yván José
Bello Rojas designó a otros cuatro en el ministerio y en la presidencia y junta
directiva de la Red de Abastos Bicentenario, empresa pública que según los
balances comerciales mostrados en las memorias y cuentas, ha estado en déficit
durante dos años consecutivos por un monto de 687 millones de bolívares en 2014
y por 3.419 millones en 2015. Este último número supera en más de dos tercios su
capital social.
En
junio de 2015, Carlos Osorio Zambrano nombró a Heber Aguilar Suárez presidente
de la junta interventora de la Corporación Venezolana de Alimentos, Cval,
consorcio agroalimentario intervenido un año antes para la optimización de los
procesos productivos y el abastecimiento oportuno de productos agrícolas para la
población. A principios de 2016, Suárez fue detenido junto a la administradora
de la compañía por legitimación de capitales. Se les acusó del desvío de bienes,
fondos públicos y alimentos del pueblo, hacia redes de comercialización
privada.
La
última designación la hizo el recién ascendido general de división, Marco
Torres, quien el pasado 24 de mayo le otorgó a su compañero de promoción, Luis
Alberto Medina Ramírez, la presidencia de la Corporación Única de Servicios
Productivos y Alimentarios, una súper compañía a la que ahora estarán adscritas
las 15 empresas de alimentos del Estado. En los próximos meses, y así lo ordena
el decreto 2.325 del Ejecutivo, desaparecerán La Casa, Cval y
Corpo-pdmercal.
Rocío
San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano dedicada a la discusión de
seguridad y defensa de la nación, afirma que en la gestión de Maduro se ha
consolidado la militarización de la administración pública: “Los militares
controlan 32% de los ministerios más importantes de Venezuela, por la cuantía de
los montos que manejan y de las dimensiones de las competencias que realizan”.
La abogado lamenta que –como debería suceder en cualquier país con control
democrático, dice– la FAN no reporte y aclare cuántos de sus efectivos están en
comisión de servicio en los despachos
gubernamentales.
Los reciclados
En
el gobierno de Maduro también resaltan los casos de quienes han ostentado más de
un cargo directivo al mismo tiempo en el Ministerio de Alimentación: el mayor
Anderson José Medina Delgado, el teniente coronel Rafael Martín Hidalgo
Belisario, el coronel Luis Rafael Moreno Machado y el general de brigada Valmore
Ascanio Lugo Yépez han ocupado múltiples funciones tanto en el despacho como en
la presidencia y juntas directivas de las empresas
públicas.
Moreno
Machado, de la promoción de Félix Osorio, fue nombrado Superintendente Nacional
de Silos y Depósitos Agrícolas en abril de 2013. Luego, en julio y en menos de
una semana, lo designaron miembro principal del consejo directivo de Fundaproal,
director principal de la junta directiva de La Casa y director principal de la
junta directiva de Pdval. El coronel debía, entonces, disponer de su tiempo
para: inspeccionar, vigilar, fiscalizar y sancionar sobre actividades de
almacenamiento, acondicionamiento y actividades conexas de los depósitos
agrícolas; aprobar y hacer cumplir el presupuesto de ingresos y egresos de la
fundación de programas estratégicos que tiene como objetivo garantizar la
alimentación a poblaciones desfavorecidas; y definir, controlar y supervisar las
estrategias y actuaciones, convenios y contratos de las empresas de
alimentos.
Las
responsabilidades del general Lugo Yépez al frente de la dirección general de
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del ministerio de Alimentación
tuvieron que ser compartidas con las de la Vicepresidencia de La Casa, compañía
que para 2014 estaba presidida por su compañero de grado y ministro Hebert
García Plaza. El teniente coronel Hidalgo Belisario, por su parte, fue designado
Superintendente Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, director
principal de la junta directiva de Pdval, director principal de la junta
directiva de Logicasa y director suplente de la junta directiva de la Red de
Abastos Bicentenario, cargos que se fueron sumando en tan solo tres
meses.
En
septiembre de ese mismo año, Medina Delgado –graduado junto a Bello Rojas en
1993– inició funciones como presidente de la Red de Abastos Bicentenario y en
octubre fue nombrado director principal de la junta directiva de Logicasa. El
mayor no duró más de ocho meses en el cargo y fue sustituido en abril de 2015
por la detención de tres de sus gerentes en la sucursal del estado Anzoátegui,
quienes incurrieron en el desvío de los alimentos distribuidos por la red de
supermercados en esa entidad. El Gobierno informó a principios de 2016 que un
total de 49 empleados de la compañía han sido arrestados por
corrupción.
Otros
funcionarios, durante la gestión de Maduro, han llegado a pasearse por un
laberinto de hasta nueve cargos públicos en un período de tres años. Es así como
el coronel Johan Alexander Hernández Lárez ha sido Viceministro de Producción
Alimentaria; director y miembro principal de las juntas directivas de Pdval y de
la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas;
integrante de la junta administradora del Complejo García Hermanos S.A,
expropiado en 2010; director principal de la junta directiva de La Casa; y
presidente de la Red de Abastos Bicentenario, Corpo-pdmercal y de la junta
interventora de la Corporación Venezolana de Alimentos, Cval, cargo que
desempeña desde enero de 2016.

Los investigados
La
Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional no solo ha responsabilizado a
Félix Osorio, a Carlos Osorio y a Marco Torres por la crisis alimentaria, sino
también por presuntos actos de corrupción que habrían sido cometidos por ellos
mientras estaban al frente del despacho y de la principal empresa importadora de
alimentos, la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, La Casa. A
Carlos Osorio se le acusa de haber beneficiado a familiares de su esposa con la
compra de alimentos a través de una empresa de maletín y a Marco Torres de
avalar órdenes de compra con sobreprecio, mientras ambos ostentaban la
presidencia del conglomerado.
A
principios de 2016, los militares fueron citados para rendir cuentas ante la
plenaria, pero ninguno asistió. La inasistencia fue amparada luego por el
Tribunal Supremo de Justicia que, días después de que el Parlamento aprobara el
voto de censura contra Marco Torres, inhabilitó a la Asamblea Nacional para
remover a los ministros del Gobierno. El 28 de junio de 2016, la cabeza del
Poder Judicial admitió una demanda de Carlos Osorio y prohibió a los miembros de
la Comisión de Contraloría, diputados Carlos Berrizbeitia e Ismael García,
difundir “contenido vilipendioso” sobre el general. El mismo fallo se aplicó al
portal www.cuentasclarasdigital.com,
responsable de haber publicado los datos de los nombres, montos y empresas
vinculadas al supuesto entramado de corrupción.
El
presidente Nicolás Maduro salió en defensa de Marco Torres y aseveró que la
moción parlamentaria era un ataque contra la Misión Alimentación, los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción, y el heroico esfuerzo por satisfacer las
necesidades de los venezolanos a pesar de la caída en los ingresos petroleros.
“Le digo al señor Ramos Allup que al ministro no lo remueve nadie”, sentenció en
una frase dirigida al presidente del parlamento. Osorio, por su parte, no contó
con el aval público del Jefe de Estado pero aprovechó su cuenta en la red social
Twitter para expresarse frente a lo que calificó como un engaño de la burguesía:
“Con esa misma fortaleza que mi Comandante Chávez nos enseñó a tener, sostendré
mi moral en alto y defenderé la patria y su legado ahora más que ayer (...) mi
demanda contra los ciudadanos Tablante, García y Berrizbeitia obedece a no
seguir permitiendo más injurias a mi reputación y
honor”.
DESTACADA4
El
diputado Berrizbeitia señaló en declaraciones
a Armando.info que las investigaciones parten de las denuncias
introducidas en la anterior Comisión de Contraloría y que no fueron procesadas:
“Son más de 20 los procesos que no se abrieron”, aseguró. Entre 2010 y 2015, la
comisión estuvo presidida por el actual diputado por el partido de gobierno,
Pedro Carreño, quien se graduó con Carlos Osorio en la promoción militar “Lucas
Carvajal” de 1985. “En los últimos 10 años, la compra de alimentos se ha vuelto
un negocio cambiario. Y, tanto en el Gobierno de Chávez como de Maduro, las
compras se han realizado sin ningún tipo de supervisión: no ha habido control
previo ni posterior del gasto; tampoco ha sido una licitación internacional o
consulta de precio. Las compras han sido hechas de forma
discrecional”.
El
parlamentario opositor aseguró, además, que manejan pruebas sobre a qué personas
y empresas y por cuánto dinero benefició el general Marco Torres como presidente
de La Casa, en 2008. El ministro habría firmado órdenes de compra con tarifas
que casi duplicaban los precios internacionales de las toneladas de pollo y
carne, para el momento de la transacción.
La
Comisión solicitará a la Fiscalía General de la República abrir una
investigación contra Carlos Osorio por la sospecha de que, junto a sus cuñados y
otros empresarios, incurrió en los delitos de pago de sobornos y comisiones a
funcionarios, sobrefacturación, tráfico de influencia, compra de comida vencida,
entre otras imputaciones, para la conformación de una red de corrupción que
buscaba enriquecerse con el diferencial cambiario aplicado a las compras de
alimentos.
La
petición incluye que el exministro sea citado a declarar y que mientras duren
las averiguaciones sean confiscados los bienes y congeladas las cuentas
bancarias relacionadas con el caso.
Armando.info intentó
contactar al ministro Rodolfo Marco Torres, al exministro Carlos Osorio y al
diputado Pedro Carreño. De igual forma, se le solicitó al Ministerio del Poder
Popular para la Defensa información sobre los funcionarios militares en comisión
de servicio dentro de la administración pública. Hasta la fecha de publicación
de este reportaje las solicitudes no han sido respondidas.
(*)
Este trabajo forma parte del proyecto de liberación de datos públicos Vendata,
desarrollado por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y Transparencia
Venezuela. Asesor de investigación: David González Reporteros: Oriana Vielma,
Armando Altuve y Katheryn De Abreu.
¿Cómo se hizo?
El
equipo del proyecto de liberación de datos públicos Vendata se propuso colocar
en formatos reutilizables la información contenida en las Gacetas Oficiales, el
boletín del Estado donde se publican a diario los actos normativos –decretos,
resoluciones y providencias– de las instituciones de la administración pública
venezolana. Gracias a un análisis de la estructura de las gacetas –documento en
formato cerrado PDF–, se construyó una aplicación para sistematizar su
contenido. El vaciado de los datos se realizó de forma manual –lectura y
posterior registro en su categoría respectiva–, ya que las herramientas
tecnológicas de Reconocimiento Óptico de Caractéres (OCR) detectaron la
información con errores. La revisión de 1.250 gacetas, publicadas entre enero
2013 y mayo 2016, se concentró en las designaciones de funcionarios con cargos
dentro del Ministerio de Alimentación. Algunos datos fueron desestimados por
inconsistencias de nombre o cédulas con relación al Registro Nacional Electoral
y dificultad del ojo humano para identificar la información.
Una
vez sistematizado el contenido se procedió a realizar una segunda verificación
de los datos y normalizar la información con ayuda de una aplicación de limpieza
de bases de datos, Open Refine. Esta misma herramienta fue utilizada para
estandarizar las listas de graduados de la Academia Militar de Venezuela,
correspondiente al período 1940-2001. La información, también archivada en PDF,
debió ser organizada en una base de datos para su posterior análisis y
comparación. El cruce de las dos bases de datos permitió determinar quiénes eran
funcionarios del Ejército venezolano y a cuál promoción pertenecían. La omisión
del rango militar, en algunas gacetas, obstaculizó la manera de confirmar si la
designación correspondía a un miembro de la Fuerza Armada
Nacional.
El
mismo proceso de sistematización, vaciado y limpieza, fue aplicado a las
Memorias y Cuentas del Ministerio de Alimentación, con la finalidad de conocer
cuántas asignaciones presupuestarias habían recibido los entes y empresas
adscritas al despacho y que estaban dirigidos por los funcionarios militares. La
estructura de estos documentos resulta confusa y parece estar ajustada a la
disposición de cada organismo en presentar tales o cuáles datos; las omisiones
que revela son considerables. El escrito carece de paginación o índice que,
asociado a su extensión –puede superar las 1.000 páginas–, dificulta su lectura
completa. En la introducción, usualmente en alguna parte entre las primeras 100
páginas, se exhiben las tablas que corresponden a las alteraciones que ha
sufrido el presupuesto de cada compañía, comparando el monto original asignado y
su posterior modificación: estas cifras presentan serias contradicciones con las
tablas que desglosan los proyectos realizados por organismo y, aunque se trata
del mismo dato, los números no siempre coinciden.
Acceda
a la base de datos de las Gacetas Oficiales y Memorias y Cuenta del Ministerio
de Alimentación aquí.