Gobierno y contrabandistas crean un ‘mercado gris’ en Zulia para combatir a los ‘bachaqueros’

Un doble prodigio ocurre en el estado del norte costero venezolano, cuenca petrolera por tradición: el desabastecimiento aprieta poco, por un lado, y por el otro, el Gobernador chavista Arias Cárdenas trabaja de la mano con los contrabandistas, a quienes el cierre de la frontera con Colombia, hace un año, pretendía castigar. Acompañamos a la caravana de vehículos de carga que ahora, con escolta militar y gracias al pragmatismo de la administración local, lleva provisiones desde Paraguachón, en La Guajira, a Maracaibo.
“No
hay límites para comprar”, se lee en un aviso en la puerta del comercio Super
Market en la avenida Las Delicias de Maracaibo. En un país donde el
desabastecimiento se tornó un problema crónico el pequeño cartel es una novedad
y anuncia que en la capital del estado Zulia (noroccidente de Venezuela) algo
está pasando. Al ingresar al local se confirman las sospechas: la harina de
maíz, la pasta, el arroz, el café, el jabón de baño o los detergentes son
productos colombianos. “Esto es Colombia”, bromea una señora que tantea los
empaques para familiarizarse con las marcas que ve en unos anaqueles repletos de
mercancía.
Esa
escena contrasta con la peregrinación de personas que van del estado Bolívar, al
sur del país, a la población brasileña de Pacaraima en busca de productos de la
cesta básica. Ni hablar de la muchedumbre que hace una semana esperaba ansiosa
en San Antonio y Ureña, estado Táchira (frontera suroeste con Colombia), para
cruzar hacia la ciudad de Cúcuta (departamento colombiano de Norte de Santander)
y llenar sus despensas con los alimentos y medicinas que no consiguen del lado
venezolano. Táchira y Zulia comparten una extensa frontera con Colombia que está
cerrada desde hace casi un año por decisión de Nicolás Maduro. Pero el
Gobernador zuliano, Francisco Arias Cárdenas, parece haber obrado el “milagro”
de la multiplicación de los panes y ha logrado surtir el comercio de Maracaibo
con productos colombianos.
El
11 de marzo Arias Cárdenas emitió el decreto 1.035 dirigido a implementar
durante 120 días “medidas para colocar bienes esenciales, servicios,
medicamentos, repuestos, autopartes, productos de limpieza e higiene personal en
el mercado interno del estado Zulia, a fin de garantizar el abastecimiento,
distribución equitativa y justa de alimentos y productos”. El artículo 3 permite
al gobernador “en concordancia con los organismos nacionales y municipales”
tomar “medidas necesarias para agilizar el tránsito de mercancías por el puerto
y aeropuertos del estado Zulia, pudiendo desaplicar temporalmente procesos
regulares que se requieran para hacer posible la agilización, previa
autorización del Ministerio con competencia. Salvo a lo concerniente a seguridad
y defensa de la nación”.
Pero
la mercancía que manosea la señora en el Super Market de Maracaibo no entró por
el puerto, ni por los aeropuertos, sino por tierra pese al cierre de
Paraguachón, el puesto de frontera que Maduro clausuró en septiembre de 2015,
unas semanas después de haber trancado las salidas por San Antonio y Ureña. En
Maracaibo es un secreto a voces que las trochas por las que durante años hubo
extracción de gasolina y de los productos subsidiados en el mercado venezolano,
y que en parte motivaron el bloqueo fronterizo, ahora sirven para un nuevo tipo
de contrabando avalado por la Gobernación del Zulia y las autoridades militares
de la región.
Las
mismas vías en las que hasta meses las autoridades jugaban al gato y al ratón
con los contrabandistas, ahora son un corredor para abastecer de emergencia a
esa entidad con productos de la industria colombiana. Contrabandistas y
autoridades forman hoy un mismo equipo hasta el punto de que cuando las
caravanas de camiones numerados parten de Paraguachón hacia Maracaibo van
escoltadas por la Guardia Nacional para evitar incidentes en la
carretera
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Una frontera que siempre está abierta
El
puesto fronterizo de Paraguachón, en el municipio La Guajira, está cerrado.
Justo antes de “La raya”, el espacio que separa a Venezuela y Colombia, y bajo
un sol que abrasa, permanecen alineados decenas de conductores en sus camiones
cargados con los productos colombianos. Las lonas verdes y naranjas cubren los
vehículos 350 y alguna que otra vieja pick-up. Es el punto en el que las
autoridades de la Gobernación y la Guardia Nacional realizan un primer chequeo a
la mercancía. Provienen de Maicao, el centro comercial de La Guajira colombiana,
y para llegar allí los transportistas entraron por una trocha que altera la
línea recta entre esa ciudad del noreste colombiano y Paraguachón, y que permite
cruzar los escasos metros que separan ambos territorios.
En
ese lugar también se realizan algunos trasbordos de carga a camiones más
grandes. La mercancía viene en vehículos más pequeños porque son los que pueden
pasar por las improvisadas arterias que conectan a las dos naciones. En algunos
casos son los mismos vehículos que hasta hace poco se usaban para contrabandear
gasolina o los propios productos venezolanos con precios regulados. “Si en algún
momento las autoridades podían tener una radiografía de quiénes eran los
contrabandistas es ahora”, advierte irónicamente un empresario, en cuyo comercio
se expenden los productos colombianos desde hace meses.
Las
autoridades no niegan el uso de las trochas. “Nosotros tenemos al menos 900
kilómetros de frontera en Zulia, imagínate todas las entradas que hay hacia
Colombia. Es inviable que nosotros podamos cerrar eso. Tenemos un acceso
informal, llamado trocha, y ese acceso es custodiado militarmente para que no
haya desbarajuste o que nos vayan a asaltar una gandola, porque es alimento para
la gente”, declaró el 27 de junio al diario La Verdad el
secretario de la Gobernación, Giovanny Villalobos.
Al
menos otras dos trochas se están empleando para abastecer la capital zuliana, de
acuerdo al relato de los transportistas y empresarios que conocen el negocio. Se
trata de los puntos de Carretal y Tibú, más hacia el sur de la línea fronteriza
entre Zulia y territorio colombiano.
El
transporte desde Maicao hasta Maracaibo oscila entre 400.000 y 700.000 bolívares
(de 400 a 700 dólares, de acuerdo al cambio imperante en el mercado negro),
dependiendo de la cantidad de mercancía y de los días que deba permanecer el
conductor hasta tener el permiso de las autoridades para entrar a Maracaibo con
esa suerte de contrabando oficial. “Aquí ya me revisaron, ahora me voy para la
Zodi”, explica un conductor en el puesto fronterizo de Paraguachón. Se refiere a
la Zona Operativa de Defensa Integral del Zulia (Zodi), ubicada en la zona norte
de Maracaibo. Ese es el último punto de control y allí finalmente se dará el
visto bueno a la distribución de la mercancía para los comercios de la capital
zuliana. “Es un contrabando, pero legal”, explica un joven transportista que
espera en la instalación militar tras recoger mercancía en
Paraguachón.
El
viaje desde el puesto fronterizo hasta allí cubre cerca de 110 kilómetros. Los
conductores pasan otro punto de control a la altura del río El Limón, entre el
sector La Paila Negra y el peaje de La Guajira. El trayecto permite comprobar
que aún continúa el trasiego de gasolina. Las seis o siete alcabalas de la
Guardia Nacional no impiden el tránsito hasta de motos cargadas con pimpinas de
combustible, ni disuaden a las mujeres y hombres que a orillas de la carretera
ofrecen compra y venta de gasolina, como tampoco impiden que viejos automóviles
reposten en esos puntos tras probablemente haber vendido del lado colombiano 50
o 60 litros del combustible que llevaba en su tanque. Por 12.000 bolívares un
ciudadano común también puede franquear el paso por las trochas en uno de esos
carros hasta Maicao.
A lo “Pancho” Arias…
En
los supermercados no dudan al afirmar que se trata de un contrabando. “¿Cómo
entra el producto? De la misma manera en que salían la gasolina y los productos
venezolanos. Así es que entra la mercancía, la novedad es que el Gobierno se
está haciendo la vista gorda (…) Está pasando a la inversa de lo que fue el
bachaqueo”, reconoce un directivo de una de las principales cadenas de
Maracaibo. Para evitar pisar en ese terreno movedizo del contrabando, la mayoría
de los supermercados se limitan a recibir y pagar en bolívares la mercancía. “El
Gobernador está resolviendo, se la está jugando (…) Es una solución a lo
‘Pancho’ Arias”, agrega a modo de broma el empresario.
El
proceso ad hoc de “importación” y transporte corresponde a las empresas
autorizadas previamente por la Secretaría de Desarrollo Económico de la
Gobernación. En una oficina, ubicada en la antigua sede del escritorio jurídico
ARD de Maracaibo, las autoridades regionales comprueban unos requisitos
establecidos para filtrar a quienes vayan a participar en el “Plan de
abastecimiento de la Gobernación Bolivariana del estado Zulia”. La copia del
registro de la “empresa o cooperativa”, la copia del Registro de Información
Fiscal (RIF), copia de la cédula de los representantes legales, copia de
facturas de la “empresa o cooperativa”, una carta “dirigida al gobernador donde
manifieste su intención de ser incorporado al plan de abastecimiento” y la “hoja
de vida de la empresa” son los recaudos que deben presentar. La aprobación de la
oficina de gobierno le llega a las empresas en un correo
electrónico.
Muchas
de las empresas que traen los productos desde Maicao son las denominadas
Cooperativas Wayúu. “Los únicos que pueden pasar por allí (las trochas) son los
Wayúu (…) Una cooperativa me llega aquí y me hace la factura, yo les pago en
bolívares por el precio de la mercancía, los Wayúu pagan allá (Maicao)”, relata
otro empresario. En septiembre del año pasado cuando Nicolás Maduro ordenó el
cierre de Paraguachón dijo que “el paso será sólo para los hermanos Wayúu, que
ya están coordinados”.
La
Cooperativa Export Import Wayúu, R.S y Mis Dos Majayuras, C.A son apenas dos de
esas organizaciones que transportan y facturan la mercancía a los supermercados.
La primera de ellas fue objeto en 2012 de una suerte de proceso administrativo
por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian),
por estar relacionada en un posible contrabando de pailas de aluminio desde
Venezuela hacia la zona franca de Barranquilla, en la costa
colombiana.
También
hay empresas importadoras que con el cierre fronterizo sufrieron una contracción
en su actividad y están realizando la travesía hasta Colombia. “Por la trocha no
te va a parar la Guardia Nacional, esa mercancía no la para nadie, te puede
parar la guardia colombiana”, señala un
importador.
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Mercado gris
Los
empresarios consultados aseguran que han trabajado con Arias Cárdenas para
tratar de que los productos terminen en el comercio formal. “Si las calles de
Maicao están llenas de nuestros productos, ¿por qué no llenamos las nuestras de
esos productos colombianos?”, plantea el propietario de un supermercado. Así
resume la lógica detrás del decreto del gobernador, que en principio apuntaba a
realizar las importaciones vía marítima.
“La
idea era entrar por el puerto, pero pagaría impuestos y el problema serían los
permisos sanitarios, los comercios querían hacerlo por los puertos (…) Quizás
podría ser más barato si se toma en cuenta que en las trochas hay pagos de
vacuna a la policía colombiana, la guerrilla, etc”, detalla uno de los
empresarios.
Los
productos que se están comercializando no cuentan con el permiso sanitario y
otras disposiciones establecidas por el Servicio Autónomo Nacional de
Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer). La Cámara
de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol) advirtió que el negocio
surgido a partir del decreto de Arias Cárdenas “vulnera lo previsto en diversas
leyes, tales como la Orgánica de Aduanas, la de Régimen Cambiario y sus
ilícitos, la del Banco Central de Venezuela, la Ley General de Puertos, la Ley
de Aeronáutica Civil y otras disposiciones que regulan esas
materias”.
El
presidente de la junta directiva de esa institución, incluso, denunció esta
semana la discrecionalidad que hay detrás de la medida. “Allí hay una aplicación
absolutamente discrecional, hay un alto riesgo de que el beneficiado por esa
autorización sea el amigo, el compadre, el socio de quien está dando la
autorización porque no hay normas, no se conocen cuáles son los criterios con
los cuales se están dando esas autorizaciones, esa no es la forma como se debe
abrir el comercio”, declaró Gonzalo Capriles a Televen.
Los
comerciantes zulianos, en cambio, insisten en los beneficios que ha traído el
negocio de los productos colombianos. “Si no hubieran puesto esta medida, aquí
no habría nada que comer”, sentencia un empresario del sector de las panaderías.
“La materia prima para llegar a Maracaibo desde el centro del país debía pasar
un calvario”, agrega a propósito de las trabas y limitaciones impuestas por el
Gobierno a través de las “guías de movilización” con las que el Ministerio de
Alimentación dirige el comercio nacional.
Los
cálculos de los empresarios apuntan a que entre 10% y 15% del volumen de
mercancía que venden mensualmente corresponde a los productos colombianos y que
diariamente entran por las trochas entre 80 y 100 camiones. Aseguran que el
suministro de productos ha permitido competir y reducir el mercado negro de los
bachaqueros, en un estado que fue el primero en el país que instaló las máquinas
captahuellas para comprar alimentos hace dos años. “Los supermercados estaban
secuestrados por los bachaqueros”, recuerda un gerente de una cadena de
establecimientos comerciales.
“No
es la solución definitiva, pero tiene elementos positivos: bajar la presión,
servirá para que en otras instancias se le pierda el miedo al aumento de
precio”, resalta otro empresario. El acuerdo con la Gobernación es que los
márgenes de ganancia sean lo más bajo posible para vender los productos a
precios inferiores a los del bachaqueo, pero muy superiores a los regulados por
las autoridades en el resto del país, una especie de “mercado
gris”.
“Es
un contrabando que a la larga va a favorecer a nuestra industria porque va a
bajar los precios (…) Esto va a llevar a cambios nacionales, es la prueba de que
se pueden liberar precios, si había un temor esta fue la prueba”, insiste un
propietario de supermercado.
A
diferencia de lo que ocurre en el resto del país, la Superintendencia para la
Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde) permite la venta a precios por
encima de los regulados. “Nadie de la Fuerza Armada ni de ningún organismo nos
molesta”, reconocen en los supermercados.
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Adiós al control de precios
Entre
los consumidores las posiciones están dividas: unos celebran la presencia de
productos en los anaqueles que pueden comprarse sin colas y otros se quejan por
los elevados precios, si se compara con respecto a los regulados. En Cadenas
como De Cándido, Centro 99, Nasa y Mercasa los artículos colombianos conviven
con los nacionales, mientras que en establecimientos como Super Market e
Inveramerica prácticamente se consiguen sólo los productos
importados.
"Qué
chévere encontrar todo aquí, pero a precios por las nubes", se lamenta un joven
al salir del Super Market de la avenida Las Delicias, de Maracaibo. Adentro el
kilo de la harina marca P.A.N fabricada en Colombia, que hasta hace unas semanas
se vendía en 1.390 bolívares por kilo, ya cuesta 1.895 bolívares. “Los precios
han ido subiendo en Colombia, no se sabe si por el transporte”, suelta uno de
los empleados del establecimiento. Un empaque de leche en polvo Colechera de
sólo 380 gramos está marcado en 2.585 bolívares y el kilo de azúcar de la marca
Providencia se expende en 1.760 bolívares.
En
supermercados como el Nasa, al sur de Maracaibo, puede ocurrir que un mismo día
se vendan las dos presentaciones de la harina P.A.N, la venezolana a 190
bolívares por kilo y la colombiana en un precio que ronda los 1.500 bolívares
por kilogramo. Algunas cadenas han acordado destinar parte de los productos
regulados para que sean vendidos en los Comités Locales de Abastecimiento y
Producción (Clap).
"Aquí
ya no llega eso", asegura una empleada de un local De Cándido, ubicado en la
zona de Indio Mara, a propósito de los artículos regulados. En cambio, en ese
establecimiento hay varios productos terminados de industria colombiana:
detergente en polvo de 500 gramos marca Tenax en 890 bolívares, pasta dental
Fortident entre 990 y 1.050 bolívares, salsa tomate marca Bary, que oscila entre
1.050 y 3.790 bolívares dependiendo del tamaño y papel higiénico de seis rollos
marca Elite en 3.090 bolívares.
En
la avenida La Limpia la aglomeración a las afueras de un local Centro 99 muestra
que no toda la población puede comprar los productos colombianos y tiene que
aguardar horas en largas filas bajo el fuerte sol para comprar los productos
subsidiados por el Gobierno nacional, si alcanzan. Sin embargo, el plan de Arias
Cárdenas es continuar trayendo los productos de Colombia, ya que esta semana se
renovó por 120 días más el decreto con el que todo
comenzó.
“Allá
(en Caracas) cierran la frontera pero los problemas del cierre nos los calamos
acá. Obviamente no es la solución al problema, pero al menos hasta que en
Caracas se destranque la rueda”, opina un
empresario.