Venezuela dejó que Daniel Ortega la embaucara y no le gustó
Es bien sabido que el régimen de Nicaragua desvió los fondos recibidos desde 2007 de la cooperación internacional venezolana, unos 3.600 millones de dólares, para favorecer los negocios privados de la nomenklatura sandinista y del entorno personal del presidente. Ahora nueva documentación demuestra que Caracas tuvo conocimiento del timo, al que no dio consentimiento. Al menos desde 2012 las autoridades venezolanas se quejaron en comunicaciones internas de garantías poco adecuadas, pago en especies de cuotas que debían hacerse en efectivo, y triangulaciones no autorizadas con terceros países, por parte de su aliado en Managua
Desde
que el chavismo llegó al poder en Venezuela, hace 17 años, puso en práctica su
llamada diplomacia petrolera. Convencido de la naturaleza regional de su
proyecto, más ideológico que comercial, el régimen de Caracas asignó con
largueza a gobiernos de la llamada Alianza Bolivariana de los Pueblos (Alba) y a
aliados del Caribe insular recursos energéticos y financieros procedentes de las
exportaciones petroleras, que no siempre buscaba recuperar. No, al menos, en
dinero contante y sonante, aunque sí, con frecuencia, en réditos
políticos.
Pero
hasta esa dadivosidad interesada tiene límites. Según se comprueba en una docena
de documentos oficiales de la empresa petrolera estatal, Pdvsa, a los que se
tuvo acceso para este trabajo, la cooperación internacional venezolana encontró
su no-más-allá en Nicaragua. Tomó nota de una situación que ya el periodismo
independiente denunciaba desde 2007: que los fondos inyectados a través de la
petrolera para incentivar pequeñas y medianas empresas o que formaban parte del
convenio de financiamiento a largo plazo de la factura petrolera del país
centroamericano estaban siendo privatizados en los hechos para costear la
construcción de un emporio empresarial para la familia del presidente Daniel
Ortega y su entorno, que hoy incluye medios de comunicación, hoteles, empresas
eléctricas y distribuidoras de combustible.
Los
documentos revelan que al menos desde 2012 altos funcionarios de la
administración de Hugo Chávez –quien moriría en marzo de 2013– cuestionaron el
desvío de la cooperación estatal venezolana a través de la cooperativa privada
nicaragüense Caruna, la Caja Rural Nacional, advirtiendo el riesgo de no poder
recuperar los préstamos derivados de una transferencia que a finales de 2015
superaba los US$3.600 millones. Los ejecutivos de Pdvsa y el Alto Gobierno
venezolano estaban plenamente informados de las violaciones de Managua al
acuerdo petrolero suscrito entre las dos naciones.
En
uno de los documentos, elaborado en 2013, Patricia de Oliveira, consultora
jurídica de PDV Caribe, S.A., reporta a Bernardo Álvarez, actual Embajador de
Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y entonces presidente
de esa filial petrolera, que el análisis legal sobre la administración de los
fondos provenientes de la porción de largo plazo de la factura petrolera, indica
que esos recursos “están siendo administrados fuera del marco legal de dicho
acuerdo”. También expresa serios cuestionamientos sobre la idoneidad de Caruna
para manejarlos. El análisis de los expertos jurídicos de Pdvsa determinaba que
“Caruna no posee cualidad para administrar los fondos en cuestión”, y que “más
allá de lo financiero y de los informes que pudieran obtenerse, nos interesa
garantizar el retorno de estos recursos”.
Sede de Caruna, en Managua // Fotografía: Carlos Herrera - Confidencial.com.ni
Para
lograrlo, sugieren “que el Estado nicaragüense avale las obligaciones de
conformidad con los acuerdos”, y que a partir de ese momento “Pdvsa reciba
pagarés de Albanisa” para cubrir el tramo de 25% de los fondos que le eran
entregados en administración, y que Nicaragua como país, entregara pagarés para
cubrir el otro 25%. Pvdsa por su parte, se limitaría a “conocer en qué se van a
administrar esos fondos”.
Las
indagaciones de los funcionarios venezolanos refuerzan la principal preocupación
que aún predomina en Nicaragua, a pesar de que la administración Ortega ha
tratado de tranquilizar a la opinión pública diciendo una y otra vez que “se
trata de una deuda privada”. La opinión del acreedor parece tajante en los
documentos: se trata de una deuda del Estado nicaragüense, que representaría 80%
del PIB del país, aún si se Ademó para incrementar los negocios del clan
Ortega.
Para
Venezuela, el problema es que el Contrato de Administración de Fondos suscrito
en mayo de 2007 por Asdrúbal Chávez –entonces vicepresidente de Pdvsa y
presidente de Albanisa, el holding binacional creado en el marco del pacto
petrolero– en nombre y representación de Pdvsa Petróleo, S.A. por un lado, y
Petronic –la petrolera oficial nicaragüense– por el otro, estaba lejos de
garantizar la protección de esos recursos, en parte, por la “falta de precisión
en cuanto a la administración e inversión, uso y destino” de los montos
transferidos.
En
los documentos también se cuestiona “la falta de definición del fondo
transferido”; el hecho que “no existe ninguna mención a inversiones seguras”, o
bien, que en los contratos no se especifica que el rendimiento que generen esas
inversiones le corresponde (pertenece) a Pdvsa.
En
otras palabras: la parte venezolana cree más probable que se pierdan esos
fondos, antes de que se conviertan en un compromiso atado al cuello de las
finanzas nicaragüenses.
Más
puntos débiles encontrados por los expertos venezolanos en los contratos: no se
define el monto a pagar en concepto de administración del fondo, y no autorizan
a Pdvsa a realizar auditorías legales y financieras sobre Caruna cuando los
venezolanos lo consideraran procedente.
Tampoco
se determinaba el plazo de vigencia del contrato, así como que la facultad de
terminarlo fuera de Caruna. No había una sede arbitral predeterminada; y hasta
se señala que “la redacción en general es muy pobre y por lo tanto,
confusa”.
Puntos oscuros
Del
análisis de esos documentos se deriva una serie de “hallazgos legales”, en los
que se pone en duda la idoneidad de Caruna para administrar los recursos, y el
hecho que las garantías que se otorgan no son las apropiadas para asegurar que
Venezuela podrá recuperar el dinero que estaba entregando a sus camaradas
nicaragüenses.
La
consultora de Pdvsa detalla que el tramo de 25% de los fondos que según los
acuerdos deberían ser asumidos por la República de Nicaragua “está siendo
utilizado para actividades financieras del sector agrícola y de microempresas
nicaragüenses a través de Caruna, y no a través del Estado en
sí”.
Eso,
en los hechos. Pero como agravante, el estudio jurídico menciona que las leyes
nicaragüenses no facultan a Caruna para “asumir la administración de los
recursos en los términos en que está previsto en los contratos suscritos al
efecto con Pdvsa. En consecuencia, la operación se ejecuta en violación al
Tratado Energético del Alba y a la Ley de Nicaragua,
respectivamente”.
“Vale
decir que la ausencia de facultad de Caruna no puede ser en modo alguno
subsanable o susceptible de ser suplida por la sola autorización o designación
que Pdvsa haya hecho a Caruna para que reciba los fondos”,
añade.
El
segundo hallazgo legal del estudio jurídico de Pdvsa, el de la naturaleza de las
garantías, se fundamenta en que según el Tratado Energético del Alba se requiere
una garantía soberana, recordando que la aplicación del Acuerdo debía ejecutarse
“de forma exclusiva” por “entes públicos avalados por la República Bolivariana
de Venezuela y la República de Nicaragua”.
“Al
ver la instrumentación que se hizo del acuerdo bilateral Alba, se expresa como
garantía la figura de una cesión de los créditos a favor de Pdvsa, una garantía
como un derecho de crédito contra terceros de Caruna que ni siquiera es un ente
público, es un ente privado: una cooperativa que ni siquiera goza de prestigio”,
indica el documento de Pdvsa.
El
estudio confirma con estupor que ni la Ley 499, Ley General de Cooperativas con
su Reglamento, ni el Estatuto de Caruna y su Reglamento, evidencian que Caruna
esté “sometida a la regulación de los organismos competentes para la prevención
de legitimación de capitales”.
“Lo
que se esperaba era una garantía soberana, sin embargo, se reciben unos pagarés
emitidos por Caruna con legislación y jurisdicción de ‘domicilio especial y
excluyente’ a la ciudad de Caracas”, detalla el texto.
El
gobierno de Nicaragua nunca ha brindado alguna explicación sobre estas anomalías
y los reclamos de Venezuela en relación al manejo privado de la cooperación y la
deuda por parte de Caruna. Pero en febrero de este año, un informe del Fondo
Monetario Internacional (FMI) reveló que había “cambios en la administración del
régimen de colaboración de petróleo”. Según el FMI, Nicaragua informó al
multilateral que “a petición del gobierno de Venezuela, todos los activos y
pasivos relacionados con el esquema de cooperación petrolera están en proceso de
ser transferidos de Caruna a Albanisa”.
Albanisa
es una empresa mixta, en la que el 51% de las acciones pertenecen a PDVSA de
Venezuela y el 49% a Petronic de Nicaragua. Y para cerrar el círculo, el Banco
Central de Venezuela (BCV) compró la deuda de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa)
con Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), con lo que ahora, el acreedor de la
empresa mixta ya no es su socia venezolana, sino el propio Banco Central de ese
país.
“Las
cuentas por cobrar no corrientes se disminuyeron en US$5.620 millones (67%), en
comparación con el año 2014, alcanzando un total US$2.788 millones al 31 de
diciembre de 2015, originado principalmente por la venta al Banco Central de
Venezuela (BCV), de pagarés por Convenios de Cooperación Energética”, según se
refleja en un documento de la Asamblea Nacional
venezolana.
Ninguna
autoridad gubernamental, en Venezuela o en Nicaragua, ha brindado una
explicación sobre las implicaciones de esta operación, y si esto significa, como
interpretan algunos economistas, que al pasar al BCV la deuda nicaragüense se
convierte en una “deuda soberana”, y por lo tanto Nicaragua enfrentaría a un
acreedor mucho menos flexible que Pdvsa.
La triangulatura de la arepa
Las
contrariedades de Venezuela con su pícaro aliado nicaragüense no terminaron con
lo que detectó en los contratos de la cooperación petrolera. Las autoridades de
Caracas cuestionaron los mecanismos de “triangulación” de exportaciones
utilizados por Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), para pagarle a Venezuela la
factura petrolera.
El
reclamo surgió desde 2012 pero subió de tono en los niveles burocráticos de
Pdvsa cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia en abril de 2013.
Sede de Albanisa, en Managua // Fotografía: Carlos Herrera - Confidencial.com.ni
Los
venezolanos estaban molestos no solo porque Nicaragua le estaba enviando comida
para pagar el 50% de la factura que debía ser cancelado en el corto plazo
(cuando los acuerdos especificaban que esos abonos debían aplicarse a la factura
de largo plazo), sino también al confirmar que Alba Alimentos de Nicaragua S.A.
(Albalinisa), estaba comprando alimentos en Centro y Suramérica, para
revendérselos a ellos.
En
el “punto de cuenta” denominado “Modelo para homologar la compensación de la
factura petrolera con productos de Nicaragua”, presentado por el Presidente de
PDV Caribe, Bernardo Álvarez, al Ministro del Poder Popular de Petróleo y
Minería, Rafael Ramírez C –actual Embajador de Venezuela ante Naciones Unidas en
Nueva York–, en noviembre de 2013, se presentan algunos ejemplos de embarques de
productos enviados por Nicaragua, que no habían sido producidos por
manufactureros locales.
“En
la compensación con Nicaragua se han recibido productos provenientes de otros
países (triangulación): de El Salvador (café); de Argentina (caraotas negras);
de Honduras (aceite de palma); de Guatemala (novillos), y de Brasil (azúcar
refino)”, detalla el informe interno de la administración
venezolana.
“Esta
triangulación vulnera los principios de Petrocaribe de promover la producción
nacional en los países beneficiarios y eliminar la intermediación. La
Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), ha manifestado la necesidad que los
productos a compensar por los países sean originarios de los mismos”, le
recuerdan a Ramírez.
Por
ello, le piden “establecer que todas las compensaciones se realicen sin permitir
triangulaciones, para el caso de Nicaragua, y extensivo a los demás países que
utilicen el mencionado mecanismo de pago”, a menos que fuera la misma Venezuela
la que aprobara de previo alguna excepción a ese
requisito.
Para
probar la triangulación, adjuntan copia de un documento de abril de 2013, en el
que Carlos Osorio, presidente de la Corporación de Abastecimiento y Servicios
Agrícolas (La Casa), le informa a Víctor Aular Blanco, director de Pdvsa, haber
recibido de parte de Albalinisa, 2.984,4 toneladas métricas de aceite crudo de
palma, por un valor de 3,95 millones de dólares, “provenientes de la República
de Honduras”.
Otro
documento de septiembre 2012, refleja la recepción de un embarque de 20.764
toneladas métricas de azúcar cruda, valorado en US$15,8 millones, provenientes
de Guatemala; o las 3.281 toneladas métricas de frijoles negros, de julio de
2013, valoradas en US$4,2 millones, “provenientes de la República de
Argentina”.
Además
de la triangulación, el problema de fondo residía en otra astucia de Managua: si
bien los acuerdos binacionales firmados en 2007 detallan que Nicaragua pagaría
en 90 días el 50% del costo del petróleo recibido, y que dispondría de 25 años
(entre ellos, dos años de gracia) para pagar el 50% restante, a esas
condiciones, blandas por sí mismas, se añadía la posibilidad de cancelar el
financiamiento de largo plazo con alimentos, a través de un “mecanismo de
compensación comercial”, en el que Venezuela debería indicar cuántos alimentos
recibiría en las ocasiones escogidas. Pero los nicaragüenses estaban cargando el
pago por especias, como un hecho consumado, a la deuda de corto plazo, que debía
cancelar en efectivo.
Es
por eso que Álvarez presenta el punto de cuenta a Ramírez, tratando de encontrar
una solución al desaguisado. En el documento Álvarez admite que el Acuerdo
Energético del ALBA “no especifica la porción de la deuda a la cual se va a
aplicar la compensación”, aunque recordaba a continuación que, en cambio, “el
Acuerdo Energético Petrocaribe sí establece expresamente que la compensación
debe hacerse con la porción de largo plazo”, detalle que fue ratificado en
diciembre de 2011, durante el octavo Consejo Ministerial de
Petrocaribe.
A
pesar de lo que dicen los acuerdos, los asesores jurídicos de Pdvsa hacen ver a
sus superiores que entre 2008 y junio de 2013, el país sudamericano recibió
1.764,5 millones de dólares en alimentos, montos que “Nicaragua cuenta con que
sean compensados de la factura a corto plazo (por lo que no ha pagado dicha
porción). Sin embargo, Finanzas Corporativas de Pdvsa no tiene ningún documento
que la autorice a compensar del corto plazo”.
Dada
la situación planteada, los asesores jurídicos solicitan al ministro Ramírez que
decida “de forma excepcional y concesional, aprobar todas las compensaciones
recibidas de Nicaragua hasta la fecha, con la porción a corto
plazo”.
En
la práctica, la propuesta implica beneficiar a Nicaragua con un “borrón y cuenta
nueva”, aceptando que los 1.764,5 millones de dólares que ya habían sido
enviados en alimentos, se aplicaran a la deuda de corto plazo (90 días), y no a
la de largo plazo (25 años), que es lo que en realidad establecen los
acuerdos.
Deuda en manos del BCV
Para
regularizar la situación de cara al futuro, se proponía un abanico de opciones
que iban desde exigir que a partir del 1 de enero de 2014, el 100% del costo de
los futuros embarques se debitaran de la cuenta de largo plazo, o bien, que se
implementara un cronograma progresivo de cuatro etapas (que podían ser
trimestrales, semestrales o anuales), en la primera de las cuales el 25% del
costo de los envíos se aplicaba a la deuda de largo plazo, mientras el 75%
restante se usaba para abonar a la deuda de corto plazo.
En
una segunda etapa, los envíos se usaban para abonar 50% - 50% a la deuda,
pasando en la etapa tres a una proporción de 75% - 25%, para quedar a partir de
la cuarta etapa, aplicando el 100% del costo de los envíos a la deuda de largo
plazo.
Aunque
la documentación consultada para este trabajo no permite saber cuál fue la
decisión del ministro Ramírez, sí es sabido que desde mediados de 2014, y con
más fuerza a partir de 2015, Alba Alimentos de Nicaragua (Albalinisa), fue
disminuyendo el monto de sus envíos de animales y productos a Venezuela, por
causa de una realidad que nadie supo prever: el descenso del precio
internacional del petróleo. Las exportaciones nicas a Venezuela se han reducido
a menos de la mitad de lo que eran.
Al
bajar el precio de los hidrocarburos, disminuyó por partida doble la cantidad de
dinero que quedaba en Nicaragua: por un lado, porque al estar el petróleo más
barato, Nicaragua tenía que dedicar menos recursos para pagar esa factura; y,
por el otro, porque los acuerdos especifican que si el precio del petróleo
superaba los 100 dólares, Nicaragua se quedaría con el 50% del costo de la
factura, pero si descendía a 80 dólares, el país solo podría retener el 40%. Con
el barril de petróleo a 60 dólares, solo el 30%, de la factura se quedaba en
Nicaragua.
Sin
embargo, el auge del esquema de intercambio y todo lo que el Gobierno de Daniel
Ortega estiró sus términos le ayudó a fortalecer las exportaciones de la
agroindustria y, en especial –algo único en un régimen en que se tilda de
revolucionario–, a forjar una alianza política con el sector empresarial, y todo
sin necesidad de desembolsar ni un céntimo de las arcas públicas nicaragüenses.
Una jugada maestra.
(*)
La presente es una versión editada de una serie de reportajes producida por
Confidencial.com.ni, cuyos derechos de publicación fueron cedidos a
Armando.info
