Cualquier Jhon Quiroz es bueno para cerrar el caso del Concesionario La Venezolana

Se le ha visto de copas brindando con una mujer morena, según algunas gráficas. Cual galán con guayabera y lentes de sol dorados, apretadito sonriendo junto a ella frente a la cámara. También ha publicado fotos donde aparece vestido de estricto blanco para una faena de santería. Por el contrario, del otro no hay más que la película de su audiencia de presentación en Panamá frente a unos jueces, que resolvieron extraditarlo a solicitud del Estado venezolano.

Resignado y con la barbilla sobre las dos manos esposadas, el Jhon Quiroz que nada tenía que ver con una de las más grandes estafas de la Venezuela de estos tiempos, se sometió a un proceso de “extradición simplificada”, que el 24 de marzo del año pasado lo hizo aterrizar en Venezuela rumbo al banquillo de los acusados.

“Yo quiero ir a ver qué es lo que me tienen allá porque yo no sabía nada de eso”, dijo ante el juez panameño. “Quiero ir porque yo soy inocente”. De eso quedó constancia en un video inédito que se obtuvo en exclusiva para esta investigación y que comprueba que las autoridades venezolanas metieron preso a otro Jhon Quiroz muy diferente al moreno y calvo, que el 20 de mayo de 2014 se presentó en rueda de prensa para negar las acusaciones en su contra. “Yo quisiera saber, que me indiquen, dónde está la estafa”, preguntó antes de abandonar intempestivamente la sala. Esa fue la última vez que se le vio en Caracas.

Algo ya sonaba mal cuando un par de periódicos publicaron la noticia de la extradición con la foto de un Jhon Quiroz con menos kilos. Tenía tapados los ojos y parte del rostro, pero no faltaron comentarios en Twitter y redes sociales poniendo en duda la identidad del presidente del concesionario que durante meses tapizó periódicos con ofertas de vehículos de marcas chinas a precios únicos, justo en el momento en que las automotrices tradicionales empezaron a naufragar por falta de divisas.

El video de su audiencia de presentación en Panamá no deja dudas de que las autoridades venezolanas, cuando menos, cayeron por inocentes: solicitaron a otro con el mismo nombre, a pesar de que el propio Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) se hizo eco en 2014 de una investigación periodística, que demostraba que Jhon Quiroz tenía dos identidades.

Registrado con la cédula de identidad 10.185.898, la foto de Jhon Alexander Quiroz Suescún –el verdadero– coincide en el registro civil con el portador de la cédula 21.320.874 del mismo Jhon Wilmer Quiroz Fonnegro que el Estado venezolano mandó a buscar en Panamá.

Se sabe que llegó a Caracas luego de tres meses de detención en Ciudad de Panamá, pero ninguna autoridad ha reconocido que metieron preso al que no era. “Jhon Quiroz fue imputado por dichos delitos, usurpación de nacionalidad y uso de documento falso”, resumió el último informe anual que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó ante la Asamblea Nacional. Oficialmente no hay nada más aunque, puertas adentro, en los tribunales se ríen imaginando el momento en que los fiscales del caso tuvieron que despachar al otro Jhon Quiroz con un perdón y chao.

El desliz quedó asentado en el expediente judicial del caso que lleva el Tribunal 51 de primera instancia en funciones de control del Área Metropolitana. Al Jhon Quiroz venido de Panamá lo entrevistaron el 27 de mayo en el Ministerio Público y se terminó comprobando lo que se hacía evidente con la simple apariencia: ninguna cirugía plástica podía haber surtido un cambio así. “En el transcurso de la investigación se determinó que la identificación antes señalada es usurpada, al corresponder a ciudadano colombiano, que resultó presentado ante ese Juzgador de Control, lográndose verificar que la verdadera identidad de quien intervino en las empresas, es realmente la del ciudadano Jhon Alexander Quiroz Suescún, titular de la cédula de identidad V.10.185.898, quien además presenta antecedentes penales, toda vez que en el año 2010 fue condenado a cumplir la pena de dos años y ocho meses de prisión”.

No es la primera vez que Quiroz se pierde del mapa. El 20 de mayo de 2014 abandonó sorpresivamente el salón principal de The Hotel, en el este de Caracas, tras leer un comunicado en el que negaba las denuncias en su contra. “Estoy aquí de la mejor disposición, dispuesto a resolver lo que haya que resolver y asumir la responsabilidad que ellos consideran debemos asumir”, dijo antes de interrumpir una rueda de prensa que terminó sin preguntas. Camarógrafos, fotógrafos y periodistas vieron como subió una de las motos encendidas de los escoltas que lo esperaban afuera.

Dos semanas después reapareció en el aeropuerto Josefa Camejo de la ciudad de Punto Fijo –en el estado de Falcón, noroeste de Venezuela– a punto de embarcar un avión privado con destino a Panamá. Las autoridades adujeron que los agentes de la policía científica alcanzaron a capturar al piloto, copiloto y dos de sus escoltas, pero, curiosamente, no al hombre chiquito y regordete que buscaban por toda Venezuela.

Huyeron en taxi, según los testigos. “(…) Siendo verificados en el Sistema Integrado de Información Policial por parte del comisario Alberto Rodríguez en su condición de jefe de Interpol Punto Fijo, se pudo constatar que tanto la ciudadana Angelis Gibelis Quiroz como Jhon Alexander Quiroz contaban con solicitudes de captura de fecha 22/5/2014 emanadas del Juzgado Quincuagésimo Primero (51) de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas se encontraban en dicho aeropuerto con el firme interés de continuar evadiéndose de la justicia –lo cual en esa fecha lograron toda vez que las autoridades policiales una vez que procedieron a buscarlos, ya habían huido del lugar–”, se lee en el expediente judicial.

Otra vez Jhon Quiroz había conseguido salirse con la suya. Logró evadir la justicia con su hija y también directiva del concesionario La Venezolana, Angelis Quiroz, quien se presentó de manera voluntaria el 29 de abril de 2015 en la sede del Helicoide -oeste de Caracas- del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Por lo pronto, solo ella enfrenta la justicia. El vicepresidente de la empresa, José Ramón Briceño Hedderich, desapareció desde que comenzó el escándalo y de a cuenta gotas, el ya famoso Jhon Quiroz –el escapista del Concesionario La Venezolana– ha venido dando señales en lo que parece una novela por entregas. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas -CICPC, policía judicial- anunció el 6 de octubre de 2015 que finalmente había dado con él y lo hizo saber –en la cuenta que Interpol Venezuela tiene en Twitter (@interpolcicpc)– apuntando su verdadero nombre en mayúsculas junto a una foto que no dejaba lugar a dudas: “Se capturó a: JHON ALEXANDER QUIROZ SUESCUN, por el delito de: Estafa y Asociación para delinquir entre otros”. Seis meses después, cuando parecía que estaba preso, reapareció desde Colombia ofreciendo acuerdos reparatorios a los estafados y disparando contra la nomenklatura chavista.

“Les doy gracias desde mi sitio de exilio y de antemano les digo que regreso a resolver con la ayuda invaluable del Gobierno Nacional; les pido disculpas por las demoras y por los inconvenientes causados y pienso que ya es momento de darle pronta solución al problema causado hace ya dos años (…) Mi regreso está pautado para el mes de Mayo, cualquier información se dará a través del correo electrónico [email protected]”, tuiteó el 7 de abril de este año desde la cuenta @jhonquiroz18, cuyos mensajes fueron borrados esta semana luego de que se le solicitara una entrevista para este trabajo.

Quiroz ya debía saber en ese momento que sus días estaban contados en Colombia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de ese país había autorizado su extradición el 6 de abril, escasas horas antes de su reaparición en Twitter. En Venezuela, entretanto, esperan que llegue en cuestión de días. Eso asegura la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), que desde mayo de este año asumió la defensa de 1.200 de los 6.906 afectados. “En horas de la mañana de hoy 25 de noviembre, fuentes calificadas en el caso nos han informado que el proceso de extradición del representante legal del Concesionario La Venezolana, C.A., ciudadano Jhon Quiroz, será materializado en los próximos días”, publicaron este viernes en su sitio web.

“¿Cómo yo puedo ir a defenderme? ¿Bajo qué criterios si en Venezuela no hay seguridad jurídica?”, preguntó en abril vía telefónica en una entrevista para el prime time de la emisora WRadio de Colombia. Lejos de una estafa, Quiroz declaró entonces que el cierre del concesionario fue una maniobra de competencia desleal que atribuye al número dos del chavismo, el hoy diputado Diosdado Cabello, a quien señaló de ser el hombre fuerte detrás del monopolio de los vehículos Chery en suelo venezolano.

Fue, paradójicamente, el primo de Cabello, el general de Brigada Alexis Rodríguez Cabello, quien le abrió las puertas de Fuerte Tiuna –la principal instalación militar del gobierno venezolano– en aquellos días en que se fotografiaba, con guayabera roja y militares mediante, como un emergente empresario del sector automotor. "La presente comunicación tiene por objeto que estudie la posibilidad de apoyarnos con un están (sic) de información y venta de vehículos para el personal militar y civil", apuntó el general en una carta firmada el 21 de febrero de 2014.

Algo debió salir mal en esta historia para que al cabo de tres meses, otro Cabello, el entonces ministro de Industrias y hermano de Diosdado Cabello, José David Cabello, pidiera formalmente y por escrito una investigación ante la Fiscalía General de la República “sobre las notificaciones y denuncias de usuarios de las redes sociales, donde algunos venezolanos mencionan una posible oferta engañosa para la adquisición de vehículos importados de diferentes marcas y que al parecer se vinculan a la empresa Concesionario La Venezolana”.

El destino de Quiroz no es la única pieza suelta en este rompecabezas. En poco más de un año, Concesionario La Venezolana se expandió sin freno. Quiroz quería colocar “bajo el régimen de importación de divisas propias” 90.000 carros por un monto equivalente a 941 millones de dólares, según la solicitud que llegó a presentar al Ministerio de Comercio, pero que nunca le fue aprobada.

En poco tiempo se volvió un gigante. Además de la feria de autos de Fuerte Tiuna, La Venezolana brilló a finales de 2013 en un autoshow celebrado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco de Caracas -un tradicional mall del este de la capital venezolana- y cerró negocios con varias cajas de ahorro de organismos públicos. También destacó como un gran anunciante y fue uno de los patrocinadores oficiales de los Juegos Sudamericanos de Playa Vargas 2014, realizados en mayo de ese año y organizados por la Gobernación de esa entidad y el Ministerio del Deporte.

Los activos de la empresa no dejaron de crecer. La Junta Administradora, a cargo de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), heredó dos locales comerciales en los estados Miranda y Carabobo, al menos 15 vehículos propiedad de la empresa y sus directivos y otros 98 de las marcas chinas que quedaron en la aduana de Puerto Cabello, varias cuentas en bolívares en Venezuela y otra en dólares en un banco de Panamá, así como una serie de empresas relacionadas como el restaurante El Padrazo.

Por Caracas hay incluso carros sin placas pero rotulados con logos de organismos públicos como el Seniat, cuyas marcas -Zotye, Brilliance y Kawei, marcas chinas apenas vistas en el país– corresponden con el lote de los únicos 98 vehículos que alcanzó a importar el concesionario. No en vano, los afectados han venido levantando dudas sobre los activos que quedaban. “Aquí hubo unas juntas administradoras designadas por el Gobierno”, cuestiona Roberto León Parilli, presidente de Anauco, una organización de defensa de los consumidores. “¿Cómo se manejaron esos activos? ¿Qué diligencias se hicieron?”.

El propio Jhon Quiroz, el hombre que dio pie a este fraude, ha prendido las alarmas de lo que queda de la torta. “En ese momento había más de 900 millardos de bolívares que eran 12 millones de dólares”, dijo en la única entrevista que ha dado en lo que describió como un “exilio”. “El dinero se quedó en las cuentas de la empresa, se desapareció”.