Sarah Moya, la ejecutiva de Pdvsa que se mueve en territorios de ultramar

El nombre de la ex jefa de la petrolera venezolana en Colombia aparece en los papeles de Mossack Fonseca con 100% de las acciones de una compañía creada en junio de 2011 y de la que solicitó la disolución seis meses después. Ahora está desempleada desde agosto de 2015, cuando fue sustituida por la ex cuñada del presidente Nicolás Maduro
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En
abril de 2011, la para entonces gerente de Pdvsa Gas Colombia, Sarah Moya,
recibió un poder para manejar una empresa registrada en Islas Vírgenes
Británicas por Mossack Fonseca. Los documentos revelados no indican el uso que
se le dio a esa firma pero según el diario español ABC, Moya está involucrada en
una investigación de las autoridades de Andorra por lavado de dinero proveniente
de contratos de la petrolera venezolana y tendría como punto de lanzamiento el
mismo paraíso fiscal caribeño donde se inscribió la firma.
Seis
meses después de la inscripción de la empresa Helmont Finance Corporation, el 16
de diciembre de 2011 los empleados del bufete panameño recibieron dos emails en
los cuales se solicitaba la disolución de la compañía, uno de ellos desde la
cuenta de la representante de la petrolera estatal. Moya ratificó la solicitud
para disolver la empresa con una carta fechada el 10 de enero de 2012. “Les pido
que por favor procesen esta instrucción lo antes posible y que confirmen su
ejecución vía email a Pablo Escudero apenas sea procesada”, se lee antes de ver
la firma de la ex máxima representante de Pdvsa Gas Colombia.
Helmont
Finance Corporation se constituyó en Islas Vírgenes Británicas el 23 de junio de
2011. Desde el inicio del procedimiento Moya fue representada por una abogada de
origen colombiano llamada Natalia Mulford, quien entonces trabajaba en Panamá
para la firma Family Council Wealth Consulting Planning (FCWCP), fundada en
Bogotá por el experto en asesoría de empresas en temas sucesorales, Raúl
Serebrenik.
Las gestiones panameñas
“Tengo
las instrucciones de mi cliente para incorporar una sociedad en Islas Vírgenes
Británicas. Tengo el formato para las nuevas estructuras listo, pero antes de
enviárselo quería confirmar que no tengo que enviar más documentos… Mi socio,
Raúl Serebrenik, a través de FCWPC Colombia está inscrito como referenciador
ante ustedes. Es necesario que yo complete nuevamente los documentos o con lo
que él completó es suficiente? (sic)… Quedo pendiente de sus amables
comentarios”, escribió la abogada.

Correo de la abogada de Moya dirigido a Mossack Fonseca
Mulford
solicitó entonces la incorporación de una empresa con nombre Helmont Finance
Corporation en las Islas Vírgenes Británicas. Cincos días después, el 22 de
junio, contestaron desde el bufete panameño que ya se habían cumplido todos los
trámites. Al día siguiente ya la firma estaba constituida.
Para
ello usaron a una panameña que prestó su nombre, Connie Hidalgo, y que fungió
como directora, a diferencia de otros casos, donde los testaferros eran
trabajadores de Mossack Fonseca. La abogada Mulford dio al bufete el pasaporte y
otros datos de la directora para facilitar el trámite.
Hidalgo
traspasó las 50 mil acciones de la sociedad, de acuerdo con el registro
efectuado, a manos de Sarah Moya, momento en que recibe la titularidad de esta
empresa offshore. Además, “los documentos originales de la sociedad
se mantendrán”, aclaró entonces Mulford, en una dirección en Caracas que esta
investigación periodística luego identificó como el apartamento de un familiar
muy cercano a la ex gerente de Pdvsa en Colombia.
Para
el momento del registro de la empresa por parte de Mossack Fonseca, Moya se
encontraba en Bogotá. Como en los casos del exauditor de Pdvsa, Jesús
Villanueva; y el exvicepresidente de Finanzas, Eudomario Carruyo, el
departamento de Compliance de Mossack Fonseca chequeó a Moya y encendió una
alerta temprana porque era una Persona Políticamente Expuesta: en 2005 había
ocupado la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y
Petróleo, cuando Rafael Ramírez ya estaba en el cargo. Curiosamente la
investigación del bufete no reveló que para ese instante ella llevaba la
dirección de Pdvsa Gas Colombia. Por eso entre junio y diciembre de 2011, manejó
la empresa de papel sin ningún conveniente.
Esa
normalidad se mantuvo hasta el 16 de diciembre de ese año. Ese día los empleados
de Mossack Fonseca leyeron primero el mensaje enviado por un hombre llamado
Pablo Escudero, quien escribió desde el correo de la firma financiera EFG
Capital, con sede en el Brickell, Miami. Pocas horas después, Moya ratificaría
la petición desde la plataforma de correo electrónico wanadoo.fr, identificada
por esta investigación como de propiedad de la ex gerente: “Buenas tardes,
confirmo la solicitud de disolución lo antes posible”. Era la dirección de Sarah
Moya. Al día siguiente el bufete panameño se comunicó con Mulford por ser la
representante reconocida por ellos, y se comprometió a tramitar todo lo
necesario para cumplir el pedido de la
accionista.

Correo de Moya confirmando su solicitud
En
marzo de 2012 finalizó el proceso de liquidación de la empresa Helmont Finance
Corporation, pero Mulford solicitó paralelamente los servicios de Mossack
Fonseca para registrar una firma en dos regiones de EEUU: Florida y Delaware,
que es considerado un paraíso fiscal. Después informó que el cliente, sin
mencionar nombre y apellido, prefería quedarse en Islas Vírgenes
Británicas.
La
información de la transacción y disolución de Helmont Finance se conoce gracias
a una filtración de correos electrónicos y otros archivos de Mossack Fonseca,
una firma fundada en Panamá para la asesoría legal y financiera en paraísos
fiscales, que obtuvo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ, por sus siglas en inglés).
Personal de confianza
Moya
es una internacionalista egresada de la Universidad Central de Venezuela, con
estudios superiores en la Sorbona en París, y experiencia laboral en el país y
el exterior. Su trayectoria profesional la liga a Rafael Ramírez, ex presidente
de Pdvsa, ex ministro de Energía y Petróleo y hoy embajador en la ONU. Las
evidencias biográficas la colocan muy cercana a Diego Salazar, el corredor de
seguro y primo de Ramírez, vinculado con el caso de lavado de dinero en el Banco
Privado de Andorra.
Diego
Salazar Luongo y Quintín Moya, padres del corredor de seguros y la ex gerente de
Pdvsa, respectivamente, participaron en la guerrilla de los 60, e incluso
compartieron celda y escaparon en el cuartel San Carlos, en Caracas, junto a
otros líderes de la izquierda de entonces, como Teodoro
Petkoff.
Incluso,
una de las tías de Moya actualmente está casada con Rafael Salazar, quien fuera
gerente de Recursos Humanos de Pdvsa en la gestión de su primo Rafael Ramírez.
Este Salazar es también primo de Diego.
Al
inicio de la primera década de este siglo Moya conoció en Londres a Bernard
Mommer, entonces asesor de Ramírez y del presidente Hugo Chávez; y además
catedrático de Oxford. El experto petrolero la invitó a seguir sus estudios en
Inglaterra.

La ex gerente de Pdvsa ha sido vinculada al corredor de seguros, Diego Salazar, quien también es primo del ex ministro Rafael Ramírez
En
su hoja de vida dice que entre 2001 y 2002 trabajó como asistente técnica del
viceministro de Hidrocarburos en Venezuela. A partir de enero de 2005, viene a
Caracas junto con Mommer, recién nombrado viceministro de Hidrocarburos, a
asumir la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y
Petróleo, cargo en el que duró menos de 10 meses. De allí fue enviada a Londres
otra vez, a la sede de PDV UK. En Londres duraría solo un año más, porque la
casa matriz cerró la oficina en esa ciudad. Al estar desempleada, se va a
Colombia, donde Pdvsa comenzaba las gestiones para abrir una oficina. Rafael
Ramírez la nombró gerente de Pdvsa Gas Colombia, encargada de la construcción y
administración del gasoducto binacional Antonio
Ricaurte.
La estela de amarguras
Preguntar
por Moya a sus ex compañeros de trabajo es encontrar rastros de amargas
disputas, discusiones, recriminaciones y acusaciones. Le ocurrió en Caracas,
donde tuvo diferencias con empleados de La Campiña; en Londres, lugar desde el
cual una ex colega prefiere no hablar de ella aunque lo poco que dice no es
amable; y en Colombia, país en el que se confrontó no solo con sus supervisados,
sino también con los representantes de las comunidades wayúu por donde pasa el
gasoducto.
La
página web Siente América tiene un expediente de denuncias de extrabajadores de
Pdvsa Gas Colombia y de representantes de los wayúu, que ha publicado en varias
entregas, documentos que fueron facilitados para este
reportaje.
Según
la información proporcionada por el medio digital, el representante de la
veeduría de La Ciénaga, José Morales, sería uno de los que presentó una denuncia
en la Fiscalía de Colombia. Dice en la comunicación sin fecha precisa que “hecho
el seguimiento pertinente por esta veeduría encontramos una multiplicidad de
incoherencias en los gastos de PDVSA en Colombia; e inclusive al parecer los
faltantes que se generan de un lado en el caso de los dineros que no ingresan a
las comunidades WAYUU entran a engrosar el patrimonio económico particular y
privado de la propia gerente MOYA MACHADO”.
En
octubre de 2009, un grupo de indígenas protestó a la funcionaria de la petrolera
venezolana, por el incumplimiento de un acta de compromiso firmada en 2008. “Es
una burla lo que tienen con nosotros los señores de PDVSA y los funcionarios del
Gobierno Nacional se lo permiten”, manifestaron los dirigentes wayúu que tomaron
las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en la Guajira colombiana durante
10 días.
En
el plano laboral una ex empleada llamada Yaneth Anaya Estévez, despedida en 2009
de su trabajo, contó en una carta enviada a autoridades de la industria
petrolera venezolana que la despidieron porque pidió un permiso para realizarse
unos exámenes médicos. En la misiva afirma que Moya los hacía trabajar entre 12
y 14 horas en promedio, los maltrataba verbalmente, carecía de conocimientos
para el puesto que ocupaba y realizaba continuos despidos por capricho. La ex
funcionaria no quiso hablar mucho de su ex jefa: “Sé que esa señora manejaba la
oficina como si fuera su casa y había movimientos irregulares con el dinero”,
comentó Anaya Estévez. Puntualizó, vía correo electrónico, que no recibió
ninguna respuesta de los ejecutivos de la empresa petrolera estatal de
Venezuela.

Certificado de la empresa de Sarah Moya, quien fue jefa de la oficina de Pdvsa en Colombia
Lavado en Andorra
Todas
esas denuncias, según el portal digital Siente América, fueron presentadas ante
las autoridades de Venezuela y Colombia. El medio también hace referencia a otro
caso más allá de las fronteras colombo-venezolanas. Se trata del lavado de
dinero proveniente de Pdvsa en el Banco Privado de
Andorra.
La
ex directora de Pdvsa Gas Colombia figura junto a los nombres de otros altos
funcionarios de la estatal petrolera como la única mujer investigada por lavar
dinero en el Banco Privado de Andorra. Allí, de acuerdo con la información
oficial, pasaron más 1.400 millones de euros de depósitos de jerarcas de la
industria.
En
mayo de 2015, de acuerdo con el relato publicado por el
periódico ABC de España, las autoridades judiciales del
Principado de Andorra enviaron dos rogatorias a EEUU y Venezuela para solicitar
información bancaria acerca de altos responsables de
Pdvsa.
El
documento enviado por Andorra y reproducido parcialmente por el diario relata el
origen y la forma cómo los funcionarios pudieron efectuar la operación de
lavado: “desde el año 2006 y hasta finales de 2012 se han detectado operaciones
financieras entre personas físicas y jurídicas que están relacionadas por las
investigaciones. Como denominador común –añade el documento–, las personas
físicas que participan son de nacionalidad venezolana y las sociedades
utilizadas para transferir los fondos desde el extranjero al Principado de
Andorra o viceversa son mayoritariamente de Panamá, Belice o Islas Vírgenes
Británicas… El dinero que circula internacionalmente –precisa la comisión
rogatoria–tendría un origen delictivo de corrupción política y/o de funcionarios
del Estado venezolano», y añade que buena parte de los fondos procederían
también de contratos sobrevalorados en materia de seguros cuyos tenedores serían
empresas públicas venezolanas”.
Sustituida por la ex cuñada
Para
contrastar la información para este reportaje se contactó a la ex directora de
Pdvsa Gas Colombia a través de la dirección de correo electrónico que usó para
solicitar la liquidación de la empresa el 16 de diciembre de 2011. A los dos
días respondió y se acordó una entrevista por Skype. Sin embargo, desautorizó a
usar el contenido de una conversación de una hora y 20 minutos cuando este
reportaje se encontraba en la fase final. Razones de seguridad pudieron más que
su deseo realizar una aclaratoria de lo que denuncia como una campaña de
desprestigio.
De
los otros tres implicados en este caso, solo de uno se obtuvo respuesta.
Serebrenik atendió la solicitud de información a través de un mensaje en la red
social Linkedin: “…desconozco totalmente de lo que me está hablando, le sugiero
dirigirse a la licenciada Natalia Mulford, no conozco a Sara Moya (sic)”, dijo
en 21 palabras. Tras insistir en un nuevo mensaje, el asesor expresó: “Somos una
firma de consultoría de empresas solo familiares y de juntas directivas, nunca
escuché el nombre de Moya”.
Ya
para cuando Serebreik sugirió dirigirse a la “licenciada”, a Mulford se le
habían enviado tres mensajes al correo electrónico de su bufete en Panamá, sin
lograr el objetivo de conocer las razones de su actuación en este caso.
Finalmente, se intentó contactar a Escudero a través de sus ex compañeros en EFG
Capital, sin éxito. Por eso solo se podrán conocer las historias que cuentan los
papeles de Panamá.
Desde
agosto de 2015, Moya está fuera de Pdvsa, tras ser sustituida en la gerencia de
la oficina de Bogotá por Laura Guerra Ángulo, hermana de la ex esposa del
presidente Nicolás Maduro, y tía del único hijo conocido del mandatario
nacional. Hoy se encuentra desempleada y no quiere regresar a
Venezuela.