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Los 45 del patíbulo

En Venezuela no llegan a medio centenar los oficiales militares que tienen a su cargo la misión de impartir justicia entre sus pares castrenses. Pero a medida que el Gobierno de Nicolás Maduro remite a más disidentes políticos y civiles insumisos para ser juzgados en esa jurisdicción, se empiezan a ver los flancos más débiles de una logia de jueces designados a dedo por el ministerio de Defensa, con méritos poco claros y una disposición marcada a seguir órdenes.

“Suéltenlo”, “Déjenlo quieto”, gritaban los protestantes a los agentes de Policía Nacional Bolivariana (PNB) que se llevaban detenido a Sergio Contreras, dirigente del partido Voluntad Popular (VP) y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Ese miércoles 10 de mayo de 2017 Contreras portaba un megáfono para perifonear consignas en una marcha opositora en la avenida Vollmer de San Bernardino, parroquia La Candelaria, en el centro-norte de Caracas. En ese momento intentaba mediar entre los marchantes y un piquete policial que impedía el paso a la multitud, según relatan testigos del hecho y la abogada de Contreras, Lilia Camejo. Las fotos de la policía llevándoselo a la fuerza en una motocicleta circularon profusamente por las redes sociales.

Luego de estar en la sede de la Policía Nacional fue trasladado ese mismo día al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política) y, ya en horas de la madrugada de la jornada siguiente, llegó a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en el noreste de Caracas.

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