Los hermanos Castillo Bozo: la reconversión caribeña del Grupo Banvalor

Luego de hacer migas con políticos chavistas y de oposición, los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo fueron imputados en 2009 por la Fiscalía venezolana por el delito de usurpación de identidad para comprar bonos de la deuda pública. Los Panama Papers revelaron que para el momento, los dueños del Grupo Banvalor mantenían tres empresas en las Islas Vírgenes, a las que se sumaron 22 sociedades más distribuidas en Estados Unidos, Aruba, República Dominicana y Panamá. Nunca una huida había estado tan bien asegurada.
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Un
escueto comunicado fue enviado a los clientes del BBA Bank N.V. de Aruba, el
pasado 4 de marzo. Los dueños informaban que habían tomado la decisión de
liquidar la entidad para el próximo 15 de julio. “El banco se encontró con
varios retos en el ambiente de la comunidad financiera internacional que
bloquearon su crecimiento. Otros asuntos personales también jugaron un papel en
la decisión voluntaria para suspender las operaciones del banco”. Prometieron
devolver a los clientes, en su mayoría venezolanos, los dineros depositados
antes del cierre.
El
hecho conmovió a la isla porque, además, a uno de los dueños del banco el
gobierno de Estados Unidos le negó una visa por supuestas actividades
relacionadas con el terrorismo, según publicó el periodista venezolano radicado
en Miami, Casto Ocando.
Por
segunda vez, en menos de cinco años, los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo
Bozo, se enfrentaban a la clausura forzosa de un emprendimiento
financiero.
Aruba
fue el puerto de desembarco de los dueños del Grupo Banvalor –formado por la
Corporación Castillo Beltrán C.A., Seguros Banvalor C.A., Banvalor Banco
Comercial C.A, y Banvalor Casa de Bolsa C.A.- justo un mes después de haber de
sido citados por el Ministerio Público venezolano, en febrero de 2009, para
imputarles los delitos de simulación de operaciones bursátiles, obtención
fraudulenta de divisas y agavillamiento.
El
hecho ocurrió cuando, a raíz de la venta de bonos en dólares de Pdvsa y la
República, los Castillo diseñaron entre 2006 y 2007 un esquema para obtener
mayor cantidad de adjudicaciones de dólares: realizaron las solicitudes de
compra a nombre de 1.000 empleados, sin que éstos supuestamente lo supiesen.
Tras la denuncia de los afectados, las autoridades descubrieron irregularidades
operativas tanto en el banco como en la aseguradora. Una de ellas: iliquidez
inusual, inexplicable para un grupo que manejaba contratos de seguros tan
codiciados y millonarios como los del Ministerio de Educación y varias
gobernaciones.
La
apertura del BBA Bank de Aruba fue publicitada como el estreno de las
operaciones internacionales del grupo, y a la cual acudió el ex Primer Ministro
de Aruba, Nelson Oduber, y el entonces diputado del partido Podemos, Juan José
Molina. Sin embargo, los Panama Papers revelan que los hermanos
Castillo Bozo, ya tenían una estructura empresarial secreta en las Islas
Vírgenes, conformada por tres compañías. Y lo que se pensó que era el primer
paso de una expansión hacia mercados del Caribe, no era sino la continuación de
un emprendimiento offshore realizado en el pasado.
De
ninguna de las empresas radicadas en las Islas Vírgenes se conoce actividad
comercial ni administrativa alguna. Fueron registradas entre 2003 y 2005, hace
ya más de 10 años, justo en la época en que los empresarios navegaban con
destreza en las nuevas aguas de la política venezolana, de la mano de Alfredo
Peña, Juan Barreto, Eduardo Manuitt y Aristóbulo Istúriz.

Para
la creación del tinglado offshore (fuera de la jurisdicción
venezolana), los Castillo utilizaron los servicios del bufete de abogados
Mossack Fonseca, radicados en Panamá. Con ese apalancamiento y experticia,
Solitaire Group Limited, Flamingo Group Holdings Corp., y Sandbox Invest se
constituyeron en una base mercantil que los hermanos mantuvieron activa hasta al
menos 2012, según los documentos del despacho. Siempre con la misma sede, en la
calle Francis Drake de Road Town, la capital de Tortola, una de las Islas
Vírgenes. Las dos últimas compañías tienen “espejos” (empresas de similar nombre
y vinculadas) en Miami (Estados Unidos), con una misma sede y sin actividad
comercial conocida hasta los momentos.
Haber
armado un espacio afuera, posiblemente les permitió huir rápidamente del país y
establecerse en el extranjero, cuando la Fiscalía venezolana tocó sus
puertas.
Cayendo y corriendo
El
parteaguas para los Castillo Bozo, comenzó en julio de 2007, cuando el
Ministerio de Educación les retiró una de las pólizas más abultadas y codiciadas
por los aseguradores venezolanos.
El
ministerio se había convertido en la piedra angular del grupo financiero. “Tener
ese seguro es uno de los más jugosos de América Latina, porque se reciben
depósitos oficiales a tasa pasiva que los aseguradores colocan luego en plaza
pública a tasa activa. El negocio es descomunal”, indicó el economista Francisco
Faraco. Especialistas indican que el monto de la póliza rondaba los 100 millones
de dólares. Los Castillo Bozo también sumaron las de la gobernación de Monagas,
Miranda y Carabobo. En el mejor momento, Seguros Banvalor y el Banco Banvalor
sumaron 4 millones de clientes.
Luego
de ese masivo retiro, Seguros Banvalor no se recuperó. Vino la demanda de los
empleados de la entidad contra su directiva, la misma del banco subsidiario,
Banvalor. Poco después, en 2009 explotó la minicrisis financiera. “Esos bancos
formaban con el Grupo Banvalor, el tinglado operativo de Alejadro Andrade,
Tesorero de la Nación, en la compra de bonos de Pdvsa que luego se transaban en
el mercado de divisas negro, dejando ganancias extremadamente altas”, agregó
Faraco. El ex tesorero, hoy radicado en Estados Unidos, habría favorecido al
grupo con adjudicaciones directas de bonos y notas
estructuradas.

Mapa de las empresas de los hermanos Castillo registrados en paraísos fiscales
El
retiro de la póliza del Ministerio de Educación y las posteriores denuncias por
usurpación de identidad de los empleados parecieran haber sido el combustible
necesario para que el grupo se mudara, rápidamente, del país. Una parte del
nuevo emprendimiento se hizo con sigilo, otra con publicidad. Según el Registro
de Público de Panamá, entre 2007 y 2010, fecha de intervención de Seguros
Banvalor, los Castillo Bozo abrieron 13 empresas, de las cuales no se conoce
actividad comercial alguna. Una de ellas tiene un nombre similar a otra en
Delaware (Estados Unidos), un estado que percibe cuantiosos ingresos mediante el
registro de empresas con facilidades impositivas, y reconocido mundialmente como
un paraíso fiscal. Otras dos operaciones recibieron cuantiosa publicidad: la
apertura de Seguros BBA Corp. en Panamá (2008) y la del BBA Bank de Aruba,
inscrito en el Banco Central de la isla como offshore y
dirigido exclusivamente a captar dólares de clientes venezolanos
(2009).
Las
13 empresas son Joycespace, Maida Enterprises, Beauty Corporation Inc., Kairos
Asesores de Inversiones, Daltrey Properties Inc., Bowman Investment S.A., KYC
Ltd S.A., MBH Ltd S.A., Hiven Consultants Inc., Twin Shine Corp, Dream Rock
Corp, Teller Enterprises y Mercury Star.
Cuando
Seguros Banvalor fue intervenido por el gobierno venezolano en enero de 2010, ni
Leopoldo ni Gabriel, los principales directivos, se encontraban en el país. Aún
con una alerta de Interpol sobre sus espaldas, la red construida desde 2003 con
la ayuda del bufete Mossack Fonseca les dio la seguridad necesaria para cerrar
la página con el país y continuar con la faceta abierta de la expansión
caribeña. Desde enero de 2010 hasta octubre de 2013, Leopoldo y Gabriel Castillo
Bozo abrieron 6 empresas relacionadas con el sector de seguros, banca y finanzas
en Panamá (Seguros BBA Corp. y Financiadora Inversolution), República Dominicana
(Banco Atlántico y Atlántico CCA Valores) e incluso Estados Unidos (BBA Capital
NYC).
Recién
salido del país, Leopoldo Castillo defendió su trayectoria en una entrevista al
diario El Mundo Economía y Negocios. “Lo primero que quiero aclarar
es que la compañía de seguros de Panamá no tiene nada que ver con la compañía de
seguros de Venezuela, y que el banco de Aruba, tampoco tiene que ver con el de
Venezuela”, afirmó. Argumentó que era una retaliación política la intervención
de sus entidades, insinuando que se debía a que proporcionaba el seguro
colectivo a gobernaciones de la oposición, entonces Miranda y
Carabobo.
Ante
las críticas de asegurados que reclamaban más de un año por atraso de
reembolsos, dijo: “Yo manejo un millón y medio de clientes, que cinco o diez se
quejen para mí no es significativo. Deben ser casos específicos en los que
faltan algunos documentos… Yo no soy el niño Jesús, ni pretendo serlo. Pero soy
una persona correcta, no le robo nada a nadie”. Una solicitud de entrevista
hecha vía correo electrónico a Leopoldo Castillo fue aceptada por un asistente
en República Dominicana, pero no pudo ser realizada para el momento de la
publicación. Queda abierta la posibilidad para sus
declaraciones.