Jesús Villanueva: el auditor de Pdvsa que quería esconder su riqueza

Hasta 2010 fue el auditor general de Pdvsa. Un año antes de jubilar se quiso obtener un poder para manejar una empresa inscrita en Panamá, a través de una operación que involucró a Suiza y Luxemburgo, todo bajo un entramado diseñado por Mossack Fonseca, firma panameña especializada en crear estructuras internacionales para tapar la riqueza de quienes pueden pagar sus servicios
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Casi
hasta el cansancio sugirieron no tomarlo como cliente. “¿Leyeron bien los links
de abajo? Está en la junta directiva de Pedevesa (Pdvsa) junto al hermano del
presidente Hugo Chávez, Asdrúbal (…) La posibilidad de un escándalo es demasiado
alta (…) Además, no concuerdo en nada con lo que están haciendo con esta empresa
del pueblo venezolano”, decía, en mayo de 2009, un alarmado Ramón Fonseca, socio
fundador de la firma Mossack Fonseca, compañía creada en Panamá en 1975, para
asesorar a inversionistas en la formación de entramados de empresas
internacionales con las cuales evadir impuestos en sus países de origen o
legitimar capitales.
En
realidad, Asdrúbal Chávez es primo del fallecido gobernante venezolano, pero ese
un detalle al margen. Lo importante es que año y dos meses después, en julio de
2010, Jesús Manuel Villanueva Rojas, entonces auditor general de Petróleos de
Venezuela (Pdvsa), cumpliría su objetivo de obtener el poder para el manejo de
una firma panameña que sería utilizada en la movilización de fondos depositados
en una cuenta de un banco suizo. Esa meta la logró gracias a un
testaferro.
En
julio de 2010, tras revocarle el poder que le habían otorgado para el manejo de
una empresa llamada Blue Sea Enterprises, Villanueva Rojas, miembro de la
gestión de Rafael Ramírez en la estatal petrolera venezolana, no desistió, sino
que, a través de su asesor en Luxemburgo, logró que su hija, Anny Josefina
Villanueva Silva, fuese autorizada para manejar la firma de
ultramar.
Esta
historia se desprende de una serie de correos internos de la firma internacional
conocidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ,
por sus siglas en inglés). El resto del relato que aquí se presenta ha sido
elaborado a partir del análisis de estos escritos y de entrevistas a testigos
que corroboraron las informaciones
encontradas.
La comida podrida
En
julio de 2010, al mismo tiempo que se aprobaba que la hija actuara como
testaferro, en Pdvsa se preparaba la jubilación de Villanueva Rojas, quien se
distinguía del resto de sus compañeros por su buen vestir y su trato cordial,
sobre todo con las compañeras de trabajo. A este hombre que ingresó a la
industria petrolera en 1982, lo señalaron de filtrar un informe de auditoría
interna entregado el 7 de abril de 2009 al presidente de la estatal petrolera,
Rafael Ramírez, que demostraba las irregularidades cometidas en la compra de
alimentos para el programa social del presidente Hugo Chávez, denominado Pdval,
de acuerdo con lo que escribió la periodista Mery Mogollón en agosto de 2010 en
la revista Contexto. “Ese informe era una carta que tenía bajo el brazo para
presionar a quienes creyó le habían dado la espalda al desplazarlo en la
directiva de la industria”, comenta una excompañera de trabajo de Villanueva.
Otra exempleada de la industria recuerda que antes de su jubilación se le señaló
por dudosos manejos en pagos de facturas a proveedores y en la administración de
los fondos de fideicomisos de Pdvsa.

Villanueva fue señalado de filtrar un informe de auditoría interna que demostraba las irregularidades cometidas en la compra de alimentos para el programa social del presidente Hugo Chávez.
Sin
embargo, sería el informe del caso Pdval su punto final. Según ese documento
hasta mediados del año 2008, Pdvsa utilizó un poco más de 2 mil millones de
dólares para comprar un millón de toneladas de alimentos. El informe elaborado
por el equipo de Villanueva Rojas reveló que solo 25% de lo adquirido llegó al
país, y de ese total solo 15% fue repartido. Además, reportó al menos 180
millones de dólares en sobreprecios por no considerar las mejores ofertas,
adquirir productos dañados y sobreprecio en algunos casos de casi 100%. Por otra
parte, de las 10 empresas proveedoras contratadas, seis eran intermediarias.
Todo esto ocurrió en el marco de una emergencia por desabastecimiento de
alimentos.
La
revelación de ese documento redactado en 2009 por el equipo de Villanueva, quien
no dudaba en presentarse como el ejecutivo que tenía bajo su dominio todas las
cuentas de haberes y deberes de Pdvsa, se conoció a mediados de 2010, cuando el
hallazgo de cerca de 100 mil toneladas de alimentos descompuestos que había
comprado la petrolera estatal a empresas de China, EEUU, Brasil y Argentina, era
un escándalo que llevó a la detención de tres funcionarios de la empresa
encargados del comercio de esos bienes.
Modus operandi
Al
revisar los correos de Mossack Fonseca sobre el ex auditor de Pdvsa, se
evidencian los esfuerzos de la firma para facilitar las operaciones con los
testaferros de las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Con esas maniobras,
que rozan la ilegalidad, se violan los controles internacionales contra el
blanqueo de dinero proveniente de actividades como el narcotráfico y la
corrupción.
El
primer paso en esta historia ocurre en Luxemburgo, el gran ducado rodeado de
Bélgica, Alemania y Francia. El 20 de marzo de 2009, un representante de Mossack
Fonseca solicita incorporar en el registro de Panamá una lista de 15 empresas.
Incluso advierte que, si alguna no está disponible, es decir, si ya el nombre
está en uso por otra firma, “basta con agregar una palabra adicional” para crear
una nueva denominación.
Entre
las 15 empresas se encuentra Blue Sea Enterprises, que queda inscrita en Panamá
el 23 de marzo, con un capital de 10 mil dólares. Sus directivos serían entonces
empleados de Mossack Fonseca, quienes prestan su nombre para el trámite ante el
registro mercantil.
Pero
dicha compañía de papel, sin sede física propia, ni empleados y con ninguna
mercancía en producción o exhibición, es vendida casi a los dos meses, el 5 de
mayo del mismo año. Aunque los documentos filtrados no indican quién es el
comprador y con qué propósito la adquiere, ese mismo día se informa a los
directivos de Mossack Fonseca de las gestiones de due dilligence efectuadas para
determinar si Jesús Manuel Villanueva Rojas era una persona políticamente
expuesta.

La empresa Blue Sea Enterprises fue inscrita en Panamá el 23 de marzo de 2009 con un capital de 10 mil dólares.
Ya
en la sucursal de Mossack Fonseca en Luxemburgo habían emitido un poder para el
manejo de la firma, y esperaban por el resultado de la búsqueda. Es una
formalidad, explica el abogado venezolano Alejandro Rebolledo, con la que
cumplen la banca y las empresas de asesoría financiera para evitar delitos de
legitimación de capitales. El 6 de mayo de 2009, un día después de la venta, una
funcionaria de la firma explica en un correo cómo procederían una vez acordada
la venta de la empresa: “Con el poder emitido por las oficinas de Luxemburgo se
envían las instrucciones para actualizar la hoja de vida de la compañía. Con
esos datos los oficiales investigamos al apoderado y actualizamos el sistema si
a persona no tiene antecedentes que nos perjudiquen”. No en todos los casos
reciben la alerta, pero sí en el de Villanueva
Rojas.
La controversia
Los
correos filtrados demuestran el debate interno que se generó en Mossack Fonseca
debido a la posición de Villanueva Rojas en Pdvsa. Aunque la primera búsqueda
descarta que para mayo de 2009 sea aún directivo de la petrolera, en un análisis
posterior, de julio del mismo año, lo catalogan de directivo y explican que la
empresa Blue Sea Enterprises será usada como un vehículo de inversión. También
detallan, de acuerdo con la información recibida desde Luxemburgo, que el origen
de los fondos del cliente, proviene de otro banco suizo y sería producto del
“ahorro acumulado por el cliente durante su larga actividad
profesional”.
Sin
embargo, una alta ejecutiva de la firma expuso el 10 de julio: “Mi opinión es
que las probabilidades de que en algún momento pueda surgir un escándalo son
altas, más porque se consideran intocables y están haciendo las cosas a su
manera”, afirma, en referencia a la forma cómo se manejaban los funcionarios en
Venezuela.
Entonces
no solo fue Ramón Fonseca, sino también Jurgen Mossack, el otro socio fundador
de la firma, quien en dos correos de una línea cada uno comentó de forma
consecutiva y en apoyo a su socio: “Correcto, no podemos tenerlo como cliente”.
Luego de esto, agrega:“Además de estar ellos y el banco –la entidad financiera
que participaba en la operación nunca es identificada- ayudando a la causa
comunista”.
Luego
de esas últimas palabras la sentencia estaba dictada. El 22 de julio informan
que:“Los socios han decidido no otorgarle el poder dado al señor Villanueva,
dado a que es una persona clave en Pdvsa siendo actualmente el
Director/Contralor/Auditor de dicha entidad (…) Vemos un alto riesgo de hacer
negocios con esta persona, ya que tiene acceso directo al tesoro público y el
origen de sus fondos puede ser cuestionada en un momento dado, por lo que las
probabilidades de un escándalo son más altos. Los socios también han sugerido
ponerse en contacto con el banco (su cliente) directamente y evitar que por esta
situación también sean afectados”.
Desde
Luxemburgo, el asesor de Villanueva desestimó los argumentos enviados por la
oficina. “Mi cliente para esta empresa es un banco en Suiza. Ellos saben del
señor Villanueva y su fondo. Sin embargo, ellos lo aceptaron como cliente, ya
que han utilizado varias fuentes confiables (no sólo World Check) para comprobar
el origen de los fondos depositados en la cuenta bancaria y que son
absolutamente seguro de que el dinero tiene su origen en el negocio
limpio”.
Las
comunicaciones cesaron hasta febrero de 2010. Antes el representante de
Villanueva pidió sin éxito que reconsideraran la decisión. El primer día del
segundo mes del año, el asesor manda desde Luxemburgo un correo a Mossack
Fonseca. Esta vez pide retomar el caso de la empresa Blue Sea Enterprises y
sugiere a la hija de Villanueva, Anny Josefina Villanueva Silva, como la titular
del poder.
En nombre del padre
Anny
Josefina Villanueva Silva, de acuerdo con la base de datos del Seguro Social de
Venezuela, trabajó en Baker Química de Venezuela hasta 2008. Su vida transcurre
entre Cumaná –oriente del país- y Caracas –la capital de Venezuela-. Al ser
contactada vía telefónica para este reportaje, reconoció ser hija del ex
directivo de Pdvsa, pero no quiso informar del paradero de su padre o algún
número telefónico para ubicarlo. “Él no está aquí”, dijo antes de reír y callar
cuando se le preguntó si el ex auditor de Pdvsa está en Houston junto a su
segunda esposa.
Villanueva
Rojas es contador público egresado de la Universidad Central de Venezuela, con
un postgrado en Economía de Hidrocarburos en la misma casa de estudio, con
certificaciones internacionales como auditor interno y examinador de fraude,
según el perfil escrito por la periodista Mery Mogollón en agosto de
2010.

Uno de los correos filtrados que evidencia el debate interno que se generó en Mossack Fonseca debido a la posición de Villanueva Rojas en Pdvsa.
Cuenta
Mogollón que el ex directivo ingresó a la industria petrolera en 1982, como
empleado de Meneven, una desaparecida filial de Pdvsa. Hasta 1999, “Villita”,
como lo llamaban sus compañeros de trabajo más cercanos, era un gerente medio
con poca proyección de crecimiento, situación que cambió con la llegada del
chavismo.
En
2002, integra junto a Rafael Ramírez, hoy embajador de Venezuela ante la ONU, la
directiva encabezada por el fallecido economista Gastón Parra Luzardo. A ese
grupo de ejecutivos le tocó afrontar el paro petrolero de diciembre de 2002 a
febrero de 2003, que buscaba presionar al presidente Hugo Chávez para que
cambiara su relación con la industria petrolera y respetara la meritocracia. En
ese contexto, Villanueva Rojas se dedicó a documentar las pérdidas que luego
sirvieron para abrir procesos penales en contra de los ejecutivos de la estatal
que fueron despedidos por sumarse a la protesta, que dejó pérdidas por encima de
los 20 mil millones de dólares.
Pese
a los cambios que ocurrieron en la industria, dice Mogollón, que el funcionario
se mantuvo muy cerca de Alí Rodríguez, presidente de Pdvsa (2002- 2004), y luego
de Rafael Ramírez (2004-2014), aunque no dejó de criticar por ejemplo la
dispersión de recursos en los programas sociales del chavismo, conocidas como
misiones, las cuales, a juicio de Villanueva Rojas, pudieran ser considerado un
caso de malversación de fondos.
Como
auditor general de Pdvsa y presidente de la Comisión de Auditoría le
correspondió firmar el último balance presentado por la estatal venezolana ante
la Comisión de Valores de EEUU en el año 2006. Las autoridades de EEUU
criticaron su multiplicidad de cargos. “No se considera independiente de acuerdo
con los términos definidos en las reglas de Gobierno Corporativo del New York
Stock Exchange”, eso debido, a que, en una explicación más criolla, como auditor
y directivo, se pagaba y daba el vuelto.
Su
actual esposa, Maritza Rojas de Villanueva, ocupó también altos cargos en la
administración de la industria petrolera, sobre todo después de 2003, cuando fue
trasladado a Citgo, filial petrolera venezolana con sede en Houston, EEUU. En
2011 se convirtió en Tesorera en Jefe de la compañía, según revela la carta de
ascenso de esa época, por lo que su esposo viajaba con frecuencia a esa
ciudad.
Villanueva
Rojas salió de Pdvsa en 2010 y pasó a trabajar en la oficina de Caracas de
Gazprom, donde laboró hasta 2011. Desde ese momento se desconoce cuál es su
lugar de residencia y no se tiene más información de la empresa Blue Sea
Enterprises.
Su
hija dice no recordar el nombre de la compañía, pero asegura que no se
encontrará ningún documento que compruebe que ella maneja una cuenta bancaria de
Blue Sea Enterprises. “Si ustedes no tienen un documento que diga que hay una
cuenta a mi nombre de esa empresa no pueden decir que yo soy testaferro”,
expresó al ser entrevistada telefónicamente, para luego agregar: “Si yo tengo
esa empresa a nombre de mi papá cuál sería el problema”.
De
acuerdo con el abogado peruano Oscar Solano, especialista en recuperación de
activos dentro de la división legal y consultoría del Instituto de Basilea
Internacional para la Recuperación de Activos (Icar), “la definición
internacional más modesta sobre Personas Políticamente Expuestas (PEP, en
inglés), pretende no solo alcanzar a quien tiene el poder político como es el
funcionario público, si no todas aquellas personas que están relacionadas, como
su familia directa, los amigos, los socios y sus empresas”. En casos como estos,
afirma el experto, procede una sanción a la empresa que realiza la gestión de
parte del organismo contralor de su país, aunque pudiera participar también el
Fincen, la agencia del Departamento del Tesoro de EE. UU que destapó el lavado
de dinero a través del Banco Privado de Andorra que involucró a cuatro
exfuncionarios del gobierno venezolano.
Con
la colaboración desde Cumaná de Nayrobis
Rodríguez