Jesús Villanueva: el auditor de Pdvsa que quería esconder su riqueza

En julio de 2010, tras revocarle el poder que le habían otorgado para el manejo de una empresa llamada Blue Sea Enterprises, Villanueva Rojas, miembro de la gestión de Rafael Ramírez en la estatal petrolera venezolana, no desistió, sino que, a través de su asesor en Luxemburgo, logró que su hija, Anny Josefina Villanueva Silva, fuese autorizada para manejar la firma de ultramar.

Esta historia se desprende de una serie de correos internos de la firma internacional conocidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). El resto del relato que aquí se presenta ha sido elaborado a partir del análisis de estos escritos y de entrevistas a testigos que corroboraron las informaciones encontradas.

En julio de 2010, al mismo tiempo que se aprobaba que la hija actuara como testaferro, en Pdvsa se preparaba la jubilación de Villanueva Rojas, quien se distinguía del resto de sus compañeros por su buen vestir y su trato cordial, sobre todo con las compañeras de trabajo. A este hombre que ingresó a la industria petrolera en 1982, lo señalaron de filtrar un informe de auditoría interna entregado el 7 de abril de 2009 al presidente de la estatal petrolera, Rafael Ramírez, que demostraba las irregularidades cometidas en la compra de alimentos para el programa social del presidente Hugo Chávez, denominado Pdval, de acuerdo con lo que escribió la periodista Mery Mogollón en agosto de 2010 en la revista Contexto. “Ese informe era una carta que tenía bajo el brazo para presionar a quienes creyó le habían dado la espalda al desplazarlo en la directiva de la industria”, comenta una excompañera de trabajo de Villanueva. Otra exempleada de la industria recuerda que antes de su jubilación se le señaló por dudosos manejos en pagos de facturas a proveedores y en la administración de los fondos de fideicomisos de Pdvsa.

Sin embargo, sería el informe del caso Pdval su punto final. Según ese documento hasta mediados del año 2008, Pdvsa utilizó un poco más de 2 mil millones de dólares para comprar un millón de toneladas de alimentos. El informe elaborado por el equipo de Villanueva Rojas reveló que solo 25% de lo adquirido llegó al país, y de ese total solo 15% fue repartido. Además, reportó al menos 180 millones de dólares en sobreprecios por no considerar las mejores ofertas, adquirir productos dañados y sobreprecio en algunos casos de casi 100%. Por otra parte, de las 10 empresas proveedoras contratadas, seis eran intermediarias. Todo esto ocurrió en el marco de una emergencia por desabastecimiento de alimentos.

La revelación de ese documento redactado en 2009 por el equipo de Villanueva, quien no dudaba en presentarse como el ejecutivo que tenía bajo su dominio todas las cuentas de haberes y deberes de Pdvsa, se conoció a mediados de 2010, cuando el hallazgo de cerca de 100 mil toneladas de alimentos descompuestos que había comprado la petrolera estatal a empresas de China, EEUU, Brasil y Argentina, era un escándalo que llevó a la detención de tres funcionarios de la empresa encargados del comercio de esos bienes.

Al revisar los correos de Mossack Fonseca sobre el ex auditor de Pdvsa, se evidencian los esfuerzos de la firma para facilitar las operaciones con los testaferros de las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Con esas maniobras, que rozan la ilegalidad, se violan los controles internacionales contra el blanqueo de dinero proveniente de actividades como el narcotráfico y la corrupción.

El primer paso en esta historia ocurre en Luxemburgo, el gran ducado rodeado de Bélgica, Alemania y Francia. El 20 de marzo de 2009, un representante de Mossack Fonseca solicita incorporar en el registro de Panamá una lista de 15 empresas. Incluso advierte que, si alguna no está disponible, es decir, si ya el nombre está en uso por otra firma, “basta con agregar una palabra adicional” para crear una nueva denominación.

Entre las 15 empresas se encuentra Blue Sea Enterprises, que queda inscrita en Panamá el 23 de marzo, con un capital de 10 mil dólares. Sus directivos serían entonces empleados de Mossack Fonseca, quienes prestan su nombre para el trámite ante el registro mercantil.

Pero dicha compañía de papel, sin sede física propia, ni empleados y con ninguna mercancía en producción o exhibición, es vendida casi a los dos meses, el 5 de mayo del mismo año. Aunque los documentos filtrados no indican quién es el comprador y con qué propósito la adquiere, ese mismo día se informa a los directivos de Mossack Fonseca de las gestiones de due dilligence efectuadas para determinar si Jesús Manuel Villanueva Rojas era una persona políticamente expuesta.

Ya en la sucursal de Mossack Fonseca en Luxemburgo habían emitido un poder para el manejo de la firma, y esperaban por el resultado de la búsqueda. Es una formalidad, explica el abogado venezolano Alejandro Rebolledo, con la que cumplen la banca y las empresas de asesoría financiera para evitar delitos de legitimación de capitales. El 6 de mayo de 2009, un día después de la venta, una funcionaria de la firma explica en un correo cómo procederían una vez acordada la venta de la empresa: “Con el poder emitido por las oficinas de Luxemburgo se envían las instrucciones para actualizar la hoja de vida de la compañía. Con esos datos los oficiales investigamos al apoderado y actualizamos el sistema si a persona no tiene antecedentes que nos perjudiquen”. No en todos los casos reciben la alerta, pero sí en el de Villanueva Rojas.

Los correos filtrados demuestran el debate interno que se generó en Mossack Fonseca debido a la posición de Villanueva Rojas en Pdvsa. Aunque la primera búsqueda descarta que para mayo de 2009 sea aún directivo de la petrolera, en un análisis posterior, de julio del mismo año, lo catalogan de directivo y explican que la empresa Blue Sea Enterprises será usada como un vehículo de inversión. También detallan, de acuerdo con la información recibida desde Luxemburgo, que el origen de los fondos del cliente, proviene de otro banco suizo y sería producto del “ahorro acumulado por el cliente durante su larga actividad profesional”.

Sin embargo, una alta ejecutiva de la firma expuso el 10 de julio: “Mi opinión es que las probabilidades de que en algún momento pueda surgir un escándalo son altas, más porque se consideran intocables y están haciendo las cosas a su manera”, afirma, en referencia a la forma cómo se manejaban los funcionarios en Venezuela.

Entonces no solo fue Ramón Fonseca, sino también Jurgen Mossack, el otro socio fundador de la firma, quien en dos correos de una línea cada uno comentó de forma consecutiva y en apoyo a su socio: “Correcto, no podemos tenerlo como cliente”. Luego de esto, agrega:“Además de estar ellos y el banco –la entidad financiera que participaba en la operación nunca es identificada- ayudando a la causa comunista”.

Luego de esas últimas palabras la sentencia estaba dictada. El 22 de julio informan que:“Los socios han decidido no otorgarle el poder dado al señor Villanueva, dado a que es una persona clave en Pdvsa siendo actualmente el Director/Contralor/Auditor de dicha entidad (…) Vemos un alto riesgo de hacer negocios con esta persona, ya que tiene acceso directo al tesoro público y el origen de sus fondos puede ser cuestionada en un momento dado, por lo que las probabilidades de un escándalo son más altos. Los socios también han sugerido ponerse en contacto con el banco (su cliente) directamente y evitar que por esta situación también sean afectados”.

Desde Luxemburgo, el asesor de Villanueva desestimó los argumentos enviados por la oficina. “Mi cliente para esta empresa es un banco en Suiza. Ellos saben del señor Villanueva y su fondo. Sin embargo, ellos lo aceptaron como cliente, ya que han utilizado varias fuentes confiables (no sólo World Check) para comprobar el origen de los fondos depositados en la cuenta bancaria y que son absolutamente seguro de que el dinero tiene su origen en el negocio limpio”.

Las comunicaciones cesaron hasta febrero de 2010. Antes el representante de Villanueva pidió sin éxito que reconsideraran la decisión. El primer día del segundo mes del año, el asesor manda desde Luxemburgo un correo a Mossack Fonseca. Esta vez pide retomar el caso de la empresa Blue Sea Enterprises y sugiere a la hija de Villanueva, Anny Josefina Villanueva Silva, como la titular del poder.

Anny Josefina Villanueva Silva, de acuerdo con la base de datos del Seguro Social de Venezuela, trabajó en Baker Química de Venezuela hasta 2008. Su vida transcurre entre Cumaná –oriente del país- y Caracas –la capital de Venezuela-. Al ser contactada vía telefónica para este reportaje, reconoció ser hija del ex directivo de Pdvsa, pero no quiso informar del paradero de su padre o algún número telefónico para ubicarlo. “Él no está aquí”, dijo antes de reír y callar cuando se le preguntó si el ex auditor de Pdvsa está en Houston junto a su segunda esposa.

Villanueva Rojas es contador público egresado de la Universidad Central de Venezuela, con un postgrado en Economía de Hidrocarburos en la misma casa de estudio, con certificaciones internacionales como auditor interno y examinador de fraude, según el perfil escrito por la periodista Mery Mogollón en agosto de 2010.

Cuenta Mogollón que el ex directivo ingresó a la industria petrolera en 1982, como empleado de Meneven, una desaparecida filial de Pdvsa. Hasta 1999, “Villita”, como lo llamaban sus compañeros de trabajo más cercanos, era un gerente medio con poca proyección de crecimiento, situación que cambió con la llegada del chavismo.

En 2002, integra junto a Rafael Ramírez, hoy embajador de Venezuela ante la ONU, la directiva encabezada por el fallecido economista Gastón Parra Luzardo. A ese grupo de ejecutivos le tocó afrontar el paro petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003, que buscaba presionar al presidente Hugo Chávez para que cambiara su relación con la industria petrolera y respetara la meritocracia. En ese contexto, Villanueva Rojas se dedicó a documentar las pérdidas que luego sirvieron para abrir procesos penales en contra de los ejecutivos de la estatal que fueron despedidos por sumarse a la protesta, que dejó pérdidas por encima de los 20 mil millones de dólares.

Pese a los cambios que ocurrieron en la industria, dice Mogollón, que el funcionario se mantuvo muy cerca de Alí Rodríguez, presidente de Pdvsa (2002- 2004), y luego de Rafael Ramírez (2004-2014), aunque no dejó de criticar por ejemplo la dispersión de recursos en los programas sociales del chavismo, conocidas como misiones, las cuales, a juicio de Villanueva Rojas, pudieran ser considerado un caso de malversación de fondos.

Como auditor general de Pdvsa y presidente de la Comisión de Auditoría le correspondió firmar el último balance presentado por la estatal venezolana ante la Comisión de Valores de EEUU en el año 2006. Las autoridades de EEUU criticaron su multiplicidad de cargos. “No se considera independiente de acuerdo con los términos definidos en las reglas de Gobierno Corporativo del New York Stock Exchange”, eso debido, a que, en una explicación más criolla, como auditor y directivo, se pagaba y daba el vuelto.

Su actual esposa, Maritza Rojas de Villanueva, ocupó también altos cargos en la administración de la industria petrolera, sobre todo después de 2003, cuando fue trasladado a Citgo, filial petrolera venezolana con sede en Houston, EEUU. En 2011 se convirtió en Tesorera en Jefe de la compañía, según revela la carta de ascenso de esa época, por lo que su esposo viajaba con frecuencia a esa ciudad.

Villanueva Rojas salió de Pdvsa en 2010 y pasó a trabajar en la oficina de Caracas de Gazprom, donde laboró hasta 2011. Desde ese momento se desconoce cuál es su lugar de residencia y no se tiene más información de la empresa Blue Sea Enterprises.

Su hija dice no recordar el nombre de la compañía, pero asegura que no se encontrará ningún documento que compruebe que ella maneja una cuenta bancaria de Blue Sea Enterprises. “Si ustedes no tienen un documento que diga que hay una cuenta a mi nombre de esa empresa no pueden decir que yo soy testaferro”, expresó al ser entrevistada telefónicamente, para luego agregar: “Si yo tengo esa empresa a nombre de mi papá cuál sería el problema”.

De acuerdo con el abogado peruano Oscar Solano, especialista en recuperación de activos dentro de la división legal y consultoría del Instituto de Basilea Internacional para la Recuperación de Activos (Icar), “la definición internacional más modesta sobre Personas Políticamente Expuestas (PEP, en inglés), pretende no solo alcanzar a quien tiene el poder político como es el funcionario público, si no todas aquellas personas que están relacionadas, como su familia directa, los amigos, los socios y sus empresas”. En casos como estos, afirma el experto, procede una sanción a la empresa que realiza la gestión de parte del organismo contralor de su país, aunque pudiera participar también el Fincen, la agencia del Departamento del Tesoro de EE. UU que destapó el lavado de dinero a través del Banco Privado de Andorra que involucró a cuatro exfuncionarios del gobierno venezolano.

Con la colaboración desde Cumaná de Nayrobis Rodríguez