Jeannette Almeida no tiene quien le escriba
A nueve meses de que se publicara la filtración de los documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, conocida mundialmente como los ‘Panama Papers’, sólo una persona se mantiene detenida en Venezuela. La abogada Jeannette Almeida Quevedo es acusada de captación indebida, sufre una enfermedad crónica y sus allegados se preguntan cuál es la verdadera razón por la que aún sigue en prisión.
“Hoy fui
a la dulcería Momi y compré un pastel para celebrar los 6 meses del hackeo a mi
firma sin ni un caso en el mundo en contra nuestra”, tuiteó sarcásticamente el 4
de octubre de 2016 el dueño de la firma Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora. Él
se encuentra en libertad. También su socio Jürgen Mossack. Sin embargo, la
representante del bufete en Venezuela, Jeannette Almeida Quevedo, no tiene nada
que celebrar.
Almeida
es la segunda persona en ser arrestada tras la publicación de las actividades de
Mossack Fonseca en Venezuela, difundida como parte de los
llamados Panama Papers. Hoy es la única que sigue en
prisión.
En abril
de 2016 fue detenido Josmel Velásquez, hermano de Adrián Velásquez Figueroa,
conocido como Guarapiche, ex escolta del presidente Hugo Chávez, a
quienes se le detectaron, gracias a la filtración, empresas en el paraíso fiscal
de Seychelles, en el Océano Índico. La fiscalía les acusó de supuestos delitos
de lavado de dinero y asociación para delinquir. Sin embargo, en agosto de 2016,
el juez 14 de Control de Caracas, Jorge Timaury, ordenó a la Dirección de
Contrainteligencia Militar (DGCIM) liberar a Josmel Velásquez en estatus
condicional. Desde entonces Velásquez se convirtió en prófugo de la justicia.
¿Por qué en un caso sí hay libertad provisional y en el otro no?
Fotografía mostrada por los abogados de Almeida como evidencia de su actual estado de salud.
Adrian Velázquez y su esposa Claudia Diaz, ambos vinculados en los Panama Papers.
Lila Camejo de la ONG Justicia Venezolana
chevron_leftDesliza la imagen para ver máschevron_right
zoom_inHaz click sobre cada imagen para ampliar
“Ella ha
sido utilizada por el Gobierno para querer demostrar que ellos están combatiendo
la corrupción. Ella está involucrada injustamente en este caso”, dice la
directora de la organización Justicia Venezolana, Lilia Camejo, quien ha asumido
parte de la defensa, y agrega que “detuvieron a la persona que menos tiene que
ver con las operaciones ilícitas que se pudieran hacer con esas empresas. Ella
sólo hizo el registro mientras los verdaderos culpables están en
libertad”.
El delito
por el que se le acusa es el de captación indebida, previsto y sancionado en el
artículo 114 de la Ley de Instituciones Financieras del Sector
Bancario.
La
Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de La Patria, del también
director del portal web Primicias24.com, Carlos Herrera, ha acusado a Almeida en
los medios de fingir enfermedad para fugarse. Además afirma que la abogada creó
“una red casi indescifrable de corporaciones, empresas y fundaciones donde
legitimó y bancarizó dinero, principalmente a funcionarios y exfuncionarios
públicos, sus testaferros y comisionistas.”
Una tarjeta de presentación la incriminó
El 20 de
mayo de 2016, a las 7:30 de la mañana, diez agentes policiales, junto con
representantes del Ministerio Público, se dirigieron a la residencia familiar de
Jeannette Almeida, ubicada en la urbanización Macaracuay del este de Caracas, en
jurisdicción del estado de Miranda, para realizar un allanamiento. En la casa
sólo se encontraban la madre de Almeida y una sobrina de cinco años. Luego de
unas horas, aparecería una de sus hermanas, a quien los funcionarios amenazaron
con llevarla detenida si no aparece la abogada mercantil.
Cuando
finalmente Almeida se presentó al lugar en compañía de sus abogados, aceptó ir a
declarar a la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia
Militar (DGCIM). Allí, tras nueve horas de interrogatorio, quedó detenida. Hace
seis meses debió ser trasladada a la enfermería del cuerpo de inteligencia,
donde todavía se le mantiene recluida. Según sus familiares, padece de artritis
reumatoidea, una enfermedad crónica que se caracteriza por la inflamación de las
articulaciones y otros tejidos.
En
noviembre pasado, el Ministerio Público (MP) informó en un comunicado que la
acusación y las pruebas presentadas por los fiscales contra Almeida habían sido
admitidas en el tribunal, con lo que se daba inicio a su
enjuiciamiento.
A
mediados de diciembre de 2016, la defensa comunicó en rueda de prensa que a
Almeida le fue negado el amparo solicitado por medida humanitaria. La
organización que la representa, Justicia Venezolana, solicitó también medidas
cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede
en Washington DC.
Su
abogada, Neyda Pérez, explica que se está frente a un caso definitivamente
político y que a Almeida se le están violando todos sus derechos. “Manejan el
caso de Panamá Papers como un delito bancario, con pruebas ofrecidas por el
Ministerio Público, desfasadas y descabelladas. Está privada de libertad
sencillamente porque le encontraron una tarjeta de presentación del bufete
involucrado en el caso”, relata.
Las evidencias
Si
se pone en el buscador el nombre “Jeanette Almeida”, aparecen 6.958 resultados
en la base de datos en la que se organizó la filtración de Mossack Fonseca, de
más de 11 millones de documentos, recibida originalmente de un tal John Doe por
dos reporteros del diario Süddeutsche Zeitung de Munich,
Alemania. Nueve de cada diez de esas menciones corresponden a documentos,
correos electrónicos en su mayoría, en los que la abogada se identificaba como
parte de Mossack Fonseca Venezuela C.A.
La
relación de Almeida con el bufete panameño data del año 2004. En el portafolio
hecho público por la filtración de Mossack Fonseca, la abogada aparece como
accionista de al menos ocho empresas. En Panamá registró Dewita International en
2010, Global Profit International Inc en 2011, Orcalson Finance Inc también en
2011, Sungrange Industries Corp. y Queve Team Corp. en 2013. En British Anguilla
abrió MF Consulting LTD y Edumet Corp en 2009. En 2014 repitió el proceso con MF
Consulting LTD en las islas Seychelles. No hace falta subrayar la
correspondencia de las siglas MF con las iniciales de la controvertida
corporación panameña.
A
Almeida se le conocía por ser una abogada exitosa, profesora universitaria,
sostén de familia y como una de las propietarias de la franquicia de ventas de
galletas Chip-A-Cookie. Pero pocos sabían de su relación con Mossack Fonseca.
“Ella es una profesional muy buena, profesora del IESA, se dedicó al tema de las
franquicias en el país y tenía el negocio de las galletas. No tiene nada que ver
con Mossack Fonseca”, explica una amiga de la detenida.
Sara
Montenegro, directora de asuntos legales de Mossack Fonseca, declaró al
diario La Prensa de Panamá, en julio de 2016, que la detención
de Almeida no involucra directamente a la firma en ninguna actividad ilícita.
“Almeida representaba a una franquicia de nuestro grupo que trabajaba de forma
independiente, en negocios diversos”, informó Montenegro.
La
directora de asuntos legales agregó que “hasta donde tenemos conocimiento, las
sociedades involucradas fueron revendidas por ella a clientes profesionales
dentro de los cuales figuran bancos y abogados. Dichas sociedades no fueron
incorporadas por nuestro grupo en su totalidad, sino por otras firmas
panameñas”.
Además
de que el nombre de la detenida aparece con frecuencia en la base de datos
filtrada, existe registro de empresas a su nombre, y algunos testimoniantes
afirman recordarla hablando en nombre de Mossack Fonseca desde su oficina en
Chuao, una urbanización de clase media en el sureste de Caracas. La estrategia
de la defensa es sostener que ella no tenía nada que ver con el bufete y que era
sólo una abogada mercantil internacional que constituyó unas empresas ejerciendo
su derecho al trabajo.
La
defensa también niega que Almeida trabajara desde una oficina “clandestina”,
como informaron las autoridades venezolanas. “Almeida ni ha firmado nada ni ha
constituido nada ilícitamente fuera ni dentro de este país”, dice una nota de
prensa difundida por los abogados defensores en diciembre de
2016.
Relaciones de Almeida con MF Consulting LTD y Chip a Cookie Corp en la base de datos de los Panama Papers
En
septiembre pasado, la autora de este reportaje visitó una de las oficinas de
Almeida en la Torre Mariana en la urbanización El Rosal, hasta hace poco
considerado el distrito financiero de la capital venezolana. Los vigilantes
informaron que, en efecto, funcionarios de la policía habían hecho una
inspección en mayo y se llevaron varias cajas llenas de papeles. “Ay, esa
abogada nos metió en un rollo. Por aquí vinieron a llevarse los documentos de la
oficina”, confesó el encargado del edificio. De su oficina en Chuao no se
encontró rastro. Sólo se supo que, después de la filtración de
los Panama Papers se hiciera pública, dejó de asistir con la
misma regularidad.
¿Sabe algo más?
Los
abogados y allegados de Almeida insisten en que su detención es un asunto
político. “¿Por qué tienen a Jeannette allí? ¿Es un premio de la Fiscalía? ¿Una
estadística más?”, pregunta su representante legal, visiblemente
alterada.
Mientras
tanto, sus amigos comentan que varias veces se han preguntado si Almeida tenía
un enemigo o información que alguien no quiere que salga a la luz pública. “La
última vez que la visité le pregunté si había alguien. Pero ella está perdida,
me dice que no sabe nada”, cuenta una amiga cercana.
El ex
gobernador del estado Aragua y autor del libro Estado Delincuente,
Carlos Tablante, cuestionó la poca información proporcionada por el Ministerio
Público al momento de la detención de Almeida: “¿Qué encontraron en allanamiento
de la oficina Mossack Fonseca en Caracas el Ministerio Público y la Policía?
¿Por qué el silencio?”, escribió.
Manuscrito enviado por Jeannette Almeida enviado a Armando.info mediante sus abogados - Parte I.
Manuscrito enviado por Jeannette Almeida enviado a Armando.info mediante sus abogados - Parte II.
Solicitud de medida cautelar en favor de Almeida interpuesta por la ONG Justicia Venezolana ante la CIDH.
Cédula de identidad de Jeannette Almeida.
chevron_leftDesliza la imagen para ver máschevron_right
zoom_inHaz click sobre cada imagen para ampliar
Para este
reportaje y a través de sus abogados, Almeida hizo llegar desde prisión un
manuscrito de dos páginas. En el texto, que remite de manera equívoca a un
“señor Armando” residente en el extranjero -una confusión que se puede atribuir
a la cabecera de este website, Armando.info-, la abogada agradece la
solidaridad de sus familiares y amigos cuyas actuaciones “me recuerdan que hay
mucho por hacer, que mañana será mejor que hoy, que hay que seguir adelante con
esperanza, gratitud y fe”. A pesar del tono de ilusión con que escribe, incluye
en la carta una cita que atribuye a Elie Wiesel y que alude al trato diferencial
que, en su perjuicio, ha recibido de la justicia venezolana: “La neutralidad
solo sirve para el opresor, el silencio nunca ayuda a las víctimas”.
El
Consorcio de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, la
organización que habilitó la base de datos y coordinó desde Washington DC la
publicación de los Panama Papers a escala mundial, ha aclarado que aparecer en
la filtración no significa necesariamente que se ha cometido un crimen.
“Nosotros creemos que el periodismo de investigación puede exponer actos que son
claramente ilegales o sistemas que supuestamente son legales pero que son
increíblemente inmorales, injustos y que han creado una enorme inequidad en la
sociedad”, explicó Marina Walker, subdirectora del ICIJ, en una entrevista a
Vice en septiembre de 2016.
Después
de que el caso de Almeida se mantuviera de bajo perfil durante meses, hoy su
hermana pide clemencia a las autoridades con lágrimas en los ojos. Ante los
medios de comunicación enarbola la foto de la abogada, donde esta aparece usando
un collarín y cabestrillos que sostienen sus brazos inmovilizados. “A mi hermana
se le están violando todos sus derechos. Su salud es crítica y está
deteriorándose progresivamente”.
