Unas cuantas sombras de Samantha Gray

De vuelta al anonimato tras una fugaz pasantía en la política como candidata a la alcaldía de un municipio de Caracas en 2008, esta rubia empresaria ha sacado partido a la ambivalencia: se le relacionó sentimentalmente a un poderoso militar chavista y a un alcalde opositor. Hace dos años una denuncia de un posible fraude de sobrefacturación expuso a sus socios, lo que permitió detectarla, desde Miami, a la cabeza de un grupo de negocios que crece como proveedor del Gobierno venezolano.
Saltó a
la arena política con 30 años de edad. No solo con ese gesto la también rubia
Samantha Gray Quintero evocaba a la ex Miss Universo, Irene Sáez; ayudaban sus
modos sutiles y la pretensión de ser alcaldesa de Chacao, el rico municipio del
noreste de Caracas donde Sáez gobernó por ocho años antes de ser candidata
presidencial y desaparecer de la vida pública.
Gray se incorporó a la
contienda electoral por la Alcaldía de Chacao con ímpetu, desafiante, porque la
suya era una candidatura independiente, fuera de la órbita de los partidos
políticos. Pero solo fue una incursión fugaz. El 11 de noviembre de 2008, apenas
doce días antes de la votación, desistió de su candidatura para apoyar a Emilio
Graterón, la ficha del exalcalde Leopoldo López –futuro líder del partido
Voluntad Popular y célebre preso político– y el más favorecido por las
encuestadoras.
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El
elegido de Gray ganó en las urnas. Y resultó que la selección era mutua:
Graterón, el nuevo alcalde Chacao, inició un noviazgo con Gray que se
prolongaría dos años más. A esa relación le había precedido otra de la que la
propia Gray hizo un retrato hablado en un comunicado a la opinión pública que
emitió en ese movido 2008: “Tuve una relación (sentimental) con un militar
venezolano que desempeñó funciones de confianza para el gobierno central.
Relación que, por cierto, terminó a raíz de lo incompatible que resultaban sus
ideas con las que profeso en torno a la democracia, la tolerancia y el progreso
en un sistema de libertades”, admitió.
La
confesión pública había sido forzada por una columna de la periodista Patricia
Poleo, quien desde Miami y en el diario familiar, El Nuevo País, se
había referido a un “lobo feroz disfrazado de Caperucita” que hacía campaña en
Chacao, tradicional bastión opositor, a pesar de estar “relacionada
sentimentalmente con quien ha sido uno de los más fieles escoltas de Hugo
Chávez”, el entonces presidente. La propia prensa se encargaría de revelar que
el consorte en la sombra era Jesús Suárez Chourio, en efecto, edecán predilecto
del comandante revolucionario y, en la actualidad, con el grado de General de
División, Jefe de la Región Centro de Defensa Estratégica Integral (Redi) del
Ejército venezolano.
Después
de que Gray –conocida en los mentideros de la política solo como Samantha
Quintero– abandonó sus aspiraciones de ser una autoridad electa del Estado, así
como sus romances con figuras del poder, sus menciones públicas menguaron de
manera paulatina. Esa extinción del nombre en medios se produjo en proporción
inversa a su cada vez mayor presencia en documentos de registros
mercantiles.
De
profesión administradora y contadora pública, Gray ya había amasado una red de
negocios y socios para el momento en que coqueteó abierta y literalmente con la
política y los políticos.
Cinco
empresas, al menos, estaban a su mando desde 2004: Koh Samuy Investment LLC (en
Florida, Estados Unidos), la asociación cooperativa Lanzallamas 12 RL
(Venezuela), Graysam C.A. (accionista hasta 2010, junto a su madre, María Luisa
Quintero), Agro Food Corporation y Latimex Corporation (estas dos últimas, en
Panamá). Son muchas las actividades de estas compañías, pero casi la totalidad
coinciden en la importación de productos.
Su
conglomerado siguió creciendo en silencio hasta que hace dos años, el 5 de
febrero de 2015, el diario El Nuevo Herald de Miami publicó una
nota del periodista venezolano Antonio María Delgado bajo el título
de “Gobierno
de Venezuela otorgó $125 millones a empresas de maletín”.
Citando un reporte confidencial filtrado a la prensa por funcionarios
venezolanos de inteligencia, el texto aseguraba que tres empresas, beneficiadas
con divisas a tasa preferencial desde la Corporación Venezolana de Comercio
Exterior (Corpovex), al mando del poderoso general de Aviación Giuseppe Yoffreda
Yorio, habrían completado importaciones de productos de higiene personal con al
menos 30% de sobrefacturación.
Dos
de las tres empresas caracterizadas en el informe como “de maletín”, Inversiones
Villaber Inc y Representaciones Felther, pertenecen a directores vinculados al
círculo hermético de socios de Samantha Gray, un verdadero clan que ha visto
crecer exponencialmente sus negocios durante la última
década.
Dos claves
De
la trayectoria empresarial de Samantha Gray –quien formó parte del equipo de
campaña del exdirigente socialcristiano Enrique Mendoza, pero también figuró
como Jefa de Investigaciones Especiales de la Contraloría del municipio Sucre de
Caracas, bajo la gestión del chavista José Vicente Rangel Ávalos– se pueden
inferir al menos dos claves para el éxito: una, no hacerle ascos ni a tirios ni
a troyanos. Tal en los negocios, como en el amor: si vivió sus primaveras con
Suárez Chourio y Graterón, cada uno en los extremos del espectro político
venezolano, se convirtió en proveedora para muchas instituciones del Estado
chavista, en particular, de organizaciones militares.
La
otra clave se parece a la máxima del personaje principal del
superventas Cincuenta sombras de Grey, escrita por E.L. James:
identifica en otros individuos las habilidades que puedas aprovechar para tú
crecer.
Ciertamente,
Samantha Gray se ha complementado con un compacto grupo de socios que mantiene
un curioso patrón de operaciones.
Al
frente de ese grupo aparece Rosa Gisela Olivis Peña, la esposa del padre de
Samantha (el empresario australiano Clifford Ross Gray).
La
excandidata a alcaldesa compara a Olivis con un "hada madrina", una mejor amiga,
una hermana, una confidente y, claro, la principal socia. Olivis se había
encargado de que Samantha ingresara a la dinastía Gray. “(Ella) se las ingenió
para que papi y yo nos conociéramos (cuando ya casi cumplía 18 años)”, decía en
una entrevista a la revista Caras en
2008.
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De
un pacto afectivo a uno mercantil. Gray y Olivis son socias en cuatro empresas.
Así se ha expandido la hermandad entre ambas mujeres que, de manera directa o
no, han creado alianzas con otras empresarias como Yanori Bernal Vargas, Ambar
Johana Quiroga Mata y Mary Luz Giannetti.
El
grupo no es muy cuantioso. Integra, además de los ya mencionados, a Gustavo Soto
Montiel, Higfrancys Herrera, Félix Ramón Hernández, y Roda Saab Ganam, Olivis
Peña y Bernal Vargas. En el clan se registran muchos
entrecruzamientos.
Uno
de ellos es Representaciones Felther, esta, homónima de la que se menciona en el
reportaje de El Nuevo Herald pero, a diferencia de esta,
registrada en Venezuela. Allí Yanori Bernal comparte patrimonio con Félix
Hernández, igual como ocurre en otra empresa, la asociación cooperativa
Lanzallamas 12. Hernández, a su vez, tiene otra corporación, Visloy, registrada
en Panamá en 2011 a su nombre y a los de Olivis y de un tercero, Elio
Villarroel. Mientras que Olivis tiene otra corporación, que hasta hace poco
compartía con Bernal, llamada Graysam. A su vez, estos empresarios se relacionan
con otros en un segundo y hasta tercer nivel. Son muchas variantes de
polinización endógena en el grupo de
inversionistas.
No
solo la correlación entre socios y empresas resulta un patrón, sino que los
empresarios vinculados con Gray también comparten sedes, abogados y hasta tienen
clientes en común: Ince Militar, Inversora del Instituto de Previsión Social de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ipsfa), Inces (Instituto Nacional de
Capacitación y Educación Socialista), alcaldías de Libertador (Caracas) y de
Guanta (Anzoátegui), Gobernación del estado Anzoátegui, Ministerio para las
Relaciones Exteriores, Fundación Misión Madres del Barrio, Bolivariana de
Puertos (Bolipuertos), entre otros entes gubernamentales. Estos son los casos de
Representaciones Felther C.A. y de la corporación Graysam C.A., que han obtenido
contratos con los mismos organismos de la administración
pública.
Para
Higfrancys Herrera, socia de este clan empresarial, uno de estos clientes es
ampliamente conocido. Esta militante del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) y excandidata a diputada de la Asamblea Nacional en 2010, también fue
gerente regional de Inces en el Distrito Capital hace menos de una década, entre
otros cargos gubernamentales que ha desempeñado. Se vincula con Samantha Gray,
Bernal y Olivis, entre otros ejecutivos, en la asociación cooperativa
Lanzallamas 12, actualmente inhabilitada para contratar con el Estado venezolano
y en la que opera como tesorera.
Al
círculo de empresarias se le suma Mary Luz Giannetti, una ingeniera química que
está asociada con Olivis en la compañía panameña JM Mercantil Suply, creada en
2010. Giannetti figura como directiva de otros negocios dentro y fuera del país:
G&G Investment y Terra Firme Consulting Group, ambas en Estados Unidos; en
Intersum, registrada en el estado de Bolívar (provincia industrial en sur del
país), y comparte acciones con la esposa de Roda Saab Ganam (socio de la
Corporación Graysam en Venezuela).
Giannetti,
además, aparece como apoderada de Imagin Global Corporation (Panamá) junto a
Juan Carlos Chourio Moreno, otro próspero empresario venezolano que mantiene
negocios con el gobierno a través de Bariven, la central de compras
internacionales de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.
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Empresas gemelas
Una
práctica común del grupo parece ser la constitución de empresas-espejo en el
estado de Florida, Estados Unidos. Es el caso de las dos compañías mencionadas
por El Nuevo Herald: tanto Inversiones Villaber y Representaciones
Felther son homónimas –se diría que gemelas– de otras constituidas en Caracas.
Igual ocurre con Graysam.
Felther
tiene una directora común tanto en Venezuela como en Estados Unidos: se trata de
Yanori Bernal, cuñada de Rosa Olivis, una voluptuosa morena de 41 años y
accionista de unas siete compañías.
En
entrevista para este reportaje, Yanori Bernal negó haber recibido “ni un dólar
del Gobierno” para importar con sus compañías en Caracas. Explica que no tenía
conocimiento de tales acusaciones en Florida y agrega que Inversiones Villaber
2007 (Caracas) –empresa en la que fue accionista hasta febrero de 2016– tampoco
ha sido beneficiada con divisas preferenciales. No obstante, confirma que su
compañía Representaciones Felther Inc, en Miami, “ganó” un contrato con Corpovex
hace menos de tres años. “Corpovex no compra a las empresas nacionales. Tuvimos
que abrir una en Miami (Representaciones Felther). Con esa empresa participamos
en la licitación, que duró unos ocho meses, y ganamos el contrato. Hasta dinero
me quedaron debiendo de ese contrato, como 20% y no sé ni cómo me lo pagarán”,
asegura.
En
una oficina de la Torre Easo (en Chacaíto, centro geográfico de Caracas), Bernal
y Villarroel recuerdan que ya llevan nueve años operando desde ese edificio. Los
dos primeros años estaban en el piso de arriba, en el que funcionaba la
Corporación Graysam C.A.; pero luego se mudaron de oficina para seguir adelante
con sus otras compañías. “No somos una empresa de maletín y una prueba es que
somos contribuyentes especiales ante el Seniat (Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria). Lo que ocurre es que nuestra empresa
Representaciones Felther (en Caracas) está temporalmente fuera del Registro
Nacional de Contratistas por no hacer, en este momento, negocios con el
gobierno”, agregan.
En
Venezuela, existe un férreo control cambiario desde 2003. El Estado es el único
ente autorizado para el manejo de la asignación de divisas a empresas públicas y
privadas y particulares. Durante 14 años, los organismos administradores han
cambiado, al igual que el mecanismo de instrumentación normativo y operacional.
En la actualidad, se mantienen una banda por subasta sobre los bolívares 650 y,
otra, con un costo preferencial de bolívares 10 por dólar en la adquisición de
productos y servicios prioritarios para el Gobierno, sin que sea pública la
lista de compañías que ganan estas licitaciones. Esta distorsión ha resultado
ser muy atractiva para numerosas empresas que negocian jugosos contratos a dólar
preferencial y venden en el mercado paralelo, en las que se incluyen sobornos y
redes de corrupción. Según la ONG Transparencia Internacional, este país
sudamericano fue calificado el año pasado como el más corrupto de Latinoamérica,
según indicadores de percepción.
Otras
vinculadas al grupo de inversionistas, como Lanzallamas 12, Graysam, Venservice
y la cooperativa Ola Brava 12, tienen como domicilio fiscal la Quinta Gray,
localizada en Chacao. Unas pertenecen directamente a Gray Quintero y otras a
muchos de sus socios.
Entre
ellos destaca el abogado Gustavo Soto Montiel, socio de Gray y de Olivis en las
corporaciones panameñas Latimex Corporation y Agro Food Corporation, que aparece
como cliente de la firma Mossack Fonseca –de acuerdo a la filtración conocida
como Panama Papers– a la hora de constituir en mayo de 2011 una corporación,
Environmental Fuels, en las Islas Vírgenes Británicas.
(*)
Este trabajo fue investigado y publicado en simultáneo por Armando.info en
alianza con El
Cambur.
