A unos panameños se la pusieron ‘bombita’ para construir el estadio Hugo Chávez

Una compañía vinculada a un grupo empresarial bajo investigación en Panamá obtuvo en 2013 -junto a otras dos grandes asignaciones- el contrato para el nuevo estadio de béisbol de Caracas, a cuya culminación el presidente Nicolás Maduro acaba de ordenar que se le dé prioridad. ¿Cómo terminó beneficiado por el sucesor de Chávez el mismo emporio familiar que, como las pesquisas posteriores mostrarían, estaba siendo consentido al mismo tiempo por el Gobierno del neoliberal, y hoy prófugo, Ricardo Martinelli?
Del
padrinazgo de la derecha panameña, al de la revolución venezolana; de un pasado
con visos de corrupción a un futuro que está por verse; un grupo empresarial
radicado en Ciudad de Panamá buscó la manera de sacarle provecho a las obras de
infraestructura que el Gobierno venezolano promete, y lo
consiguió.
En
tan solo siete meses, entre agosto del año 2013 y marzo de 2014, logró
adjudicarse tres contratos, uno de los cuales resalta sobre los demás: el
estadio de béisbol Hugo Chávez, que se levantará en los espacios de La
Rinconada, al suroeste de Caracas, en los predios del nuevo parque que también
llevará el nombre del desaparecido caudillo bolivariano.
Con
toda probabilidad se trata del proyecto público de más envergadura en la ciudad
de Caracas, y uno de los más importantes de la administración del presidente
Nicolás Maduro, quien, consciente del impacto que en términos de propaganda
pudiera tener la culminación del sitio deportivo, encomendó la obra
personalmente al vicepresidente Tareck El Aissami. “Le dije a Tareck que se
convierta en el padrino ejecutor del estadio de béisbol más completo, moderno y
más grande que tendrá Venezuela, y que estamos construyendo en el Parque Hugo
Chávez en La Rinconada”, dijo el mandatario venezolano el 14 de marzo durante
una alocución televisada desde el palacio presidencial de Miraflores, donde
abanderaba a la delegación que marchaba a competir en los Juegos Juveniles
Parapanamericanos de Brasil. “Va bastante bien, será monumental, bellísimo y es
el regalo que le haremos a nuestro béisbol y a nuestra Caracas, y podrá ser
utilizado más allá de este deporte, en muchas otras
actividades”.
El
anuncio ha despertado enormes expectativas en la capital de un país en el que
-como en otras naciones de la cuenca del Caribe- el béisbol es el deporte rey.
Casi 400 venezolanos han jugado en las Grandes Ligas de este deporte en Estados
Unidos. Pero, a pesar de su importancia como pasatiempo, el béisbol profesional
del invierno austral -cuando la temporada en Estados Unidos entra en receso
hasta la primavera- se juega en Caracas en un estadio venerable pero vetusto y
poco funcional, construido para los Juegos Panamericanos de 1959 y gestionado
desde entonces por la Universidad Central de Venezuela (UCV), archirrival del
régimen chavista y un socio incómodo para los equipos de la liga
profesional.
En
medio de la crisis económica más severa que Venezuela haya sufrido desde su
guerra de Independencia, el Gobierno de Maduro se ha esforzado en garantizar el
acceso a divisas preferenciales para que los organizadores del campeonato
profesional puedan importar insumos y jugadores. Si para el próximo mes de
octubre consigue tener lista una nueva sede para la pelota, como los
venezolanos conocen coloquialmente el juego, estaría así ganando puntos en el
favor de los electores.
Al
frente del esfuerzo ha quedado El Aissami, quien acaba de recibir una sanción
del Departamento del Tesoro estadounidense por su presunta vinculación con el
crimen organizado. Pero, junto al funcionario, destaca una empresa panameña con
sucursal en Caracas, Landscape
Vision Corporation,
encargada de la obra.
De tres, tres
La
idea de construir un nuevo estadio de béisbol en Caracas no llegó como promesa
aislada. Forma parte de un proyecto macro denominado Parque Hugo Chávez,
propuesta ambiciosa surgida en días de campaña electoral, cuando Nicolás Maduro
se preparaba para medirse, tras la muerte de Chávez, frente al candidato
opositor Henrique Capriles Radonski en las presidenciales de abril de 2013.
Maduro ganó finalmente los comicios con una ventaja de poco más de un punto
porcentual, según las cifras oficiales.
Además
de este campo de béisbol (con capacidad para 36.711 personas), el parque incluye
la construcción de un estadio de fútbol para 55.000 espectadores, un campo de
béisbol infantil, gimnasio cubierto, la sede de la Universidad Bolivariana de
Venezuela, del Sistema de Orquestas Infantiles y del Movimiento de Artes
Escénicas César Rengifo; una estación intermodal de transporte (subterráneo,
superficial y ferrocarril), cuatro parques comunales, una plaza, un mirador y
200 hectáreas de jardines y áreas recreativas que se conectarán con las 630
hectáreas de área montañosa que en Caracas conocen como Parque
metropolitano.
Todo
lo anterior en un espacio donde ya existen desde hace décadas el hipódromo La
Rinconada, el campo de softbol, la estación terminal de la Línea 3 del Metro de
Caracas, la estación Simón Bolívar del ferrocarril Caracas-Cúa, el Museo
Alejandro Otero y el Poliedro de Caracas, recinto que ha servido de sede para
buena parte de los eventos culturales, deportivos y feriales de la ciudad desde
su inauguración, en 1973, aunque en tiempos de Hugo Chávez comenzó a usarse
también para eventos políticos.
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Las
obras del parque comenzaron en agosto de 2013, tras un acto oficial encabezado
por Nicolás Maduro y el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge
Rodríguez, por ser esta alcaldía la encargada de desarrollar el proyecto;
mientras que los movimientos de tierra que dieron inicio a los trabajos del
estadio de béisbol ocurrieron dos meses
después.
A
cuatro años de aquellas acciones, hay varias certezas: se han invertido al menos
400 millones de bolívares y 30 millones de dólares aprobados por Maduro en
agosto de 2013, además de 100 millones de bolívares aprobados por la Asamblea
Nacional en junio de 2015; se han inaugurado cinco hectáreas del parque aunque
con retrasos (el Jardín de los Primeros Pasos –en dos etapas–, un mirador y la
Plaza de las Fuentes), el estadio de fútbol -con diseño de Sir Richard Rogers,
premio Pritzker de arquitectura y creador del Centro Pompidou de París- apenas
está en la fase inicial de movimientos de tierra y la Fundación Parque Hugo
Chávez –creada por la Alcaldía de Libertador para ser el ente ejecutor de las
obras– se encarga de todas estructuras proyectadas menos del estadio de béisbol
Hugo Chávez, la que exhibe mayor avance.
A
pesar de la visibilidad que el alcalde Jorge Rodríguez -ex vicepresidente de la
República y, además de El Aissami, uno de los dos astros ascendentes del
chavismo gobernante- ha mantenido en torno a la obra, el destino del estadio no
lo maneja el gobierno capitalino. Es la Fundación Propatria 2000 (Fundapropatria
2000), dependiente del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno, con el apoyo de la Oficina Presidencial de Planes y
Proyectos Especiales (OPPPE), la que contrata los trabajos a Landscape Vision
Corporation S.A (Lanvicorp) para que ejecute el proyecto. Se trata de una
empresa registrada en agosto de 2013 en Caracas como la sucursal venezolana de
una compañía del mismo nombre creada en Ciudad de Panamá en abril de
2006.
El
acta constitutiva presentada en el Registro Público panameño, cuya copia puede
leerse entre los documentos del expediente mercantil consignado en Caracas,
detalla sus amplios fines e intereses: “Establecer gestionar y llevar a cabo, en
general, el negocio de financiamiento, inversiones y correduría en todos sus
ramos, y organizar o llevar a cabo y emprender cualquier negocio, transacción u
operación que comúnmente se lleve a cabo por financistas, capitalistas,
promotores, suscriptores de la emisión de acciones u otros valores u
obligaciones de personas, compañías, sociedades anónimas, sociedades colectivas
o asociaciones, o por corredores en bienes raíces, comerciantes, fabricantes y
mercaderes”.
Los
trabajos que esta compañía suscribió con el gobierno panameño entre 2013 y 2014
tuvieron como instituciones beneficiarias al Ministerio de Vivienda de ese país
y su puerta de salida, el Aeropuerto Internacional de
Tocumen.
En
el caso de la sucursal venezolana, la razón social es un poco más precisa:
“Desarrollo de operaciones de obras y servicios, propias de la industria de la
construcción en general, tanto públicas como privadas, energía, comunicaciones,
instalaciones y sistemas”, aunque también incluye el negocio del financiamiento,
préstamos, hipotecas, inversiones, correduría, compra y
venta”.
La
decisión de abrir una filial en Caracas se discutió en una asamblea
extraordinaria de accionistas el 8 de julio de 2013 en Panamá; la propuesta fue
autorizada y firmada por el presidente de la empresa, Ramón Carretero, y el
secretario, su hermano Vicente Carretero. Al mes ya estaban haciendo los
trámites en Caracas y a los 20 días de formalizar la nueva sede,
Lanvicorp-Venezuela suscribió su primer contrato en el país, precisamente con
Fundapropatria 2000, para construir “20 CDC de Paz”, los centros deportivos,
culturales y de paz ideados como parte del Movimiento por la Paz y la Vida,
también creado por Maduro durante su campaña presidencial en 2013. Desde
entonces estos gimnasios verticales con fachadas multicolores han proliferado en
varios estados, como parte de un proyecto prohijado directamente por el
presidente Maduro y su entorno. La primera dama, Cilia Flores de Maduro
-conocida como La primera combatiente en la jerga del
oficialismo-, fue la jefa fundadora en 2013 del Movimiento por la Paz y la Vida,
en cuyo tren directivo también se ha reportado la participación de dos hijos de
Flores y del hijo del presidente Nicolás Maduro.
El
segundo contrato firmado por Lanvicorp (FPP-CO-2014-01-003) fue para la
remodelación y reacondicionamiento de los hoteles Guaicamacuto y Gran Caribe
junto a la construcción de un centro de convenciones, todos en Caraballeda
(estado costero de Vargas), de fecha 11 de febrero de
2014.
Y
el tercero (FPP-CO-2014-02-005), del 20 de marzo de 2014, le asignó la
construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez en La Rinconada, Caracas. En los
tres casos ha sido contratista de Fundación Propatria 2000 y así puede leerse en
el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
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Beneficiados por Martinelli
En
la empresa Lanvicorp todo quedó en familia: los hermanos Ramón y Vicente
Carretero Napolitano comparten la junta directiva con otro pariente, Félix
Fallabella Napolitano, quien ocupa el puesto de tesorero. Hasta el 25 de marzo
de 2013, Roberto, otro de los hermanos Carretero Napolitano se mantuvo al frente
de la Presidencia, pero ese día se realizó una reunión extraordinaria para
designar a los nuevos integrantes de la directiva, según precisa uno de los
documentos contenidos en el expediente que formalizó la creación de la sucursal
en Caracas.
Reconocido
en su país, Roberto destacaba por figurar a cargo de una retahíla de grandes
empresas, pero desde 2015 su nombre ha resonado más por los contratos que gozó
durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), hoy prófugo
de la justicia panameña.
Roberto
Carretero se presentó el 24 de febrero de 2015 en la Fiscalía Anticorrupción
para rendir declaraciones, por las supuestas irregularidades en la adjudicación
de contratos para la compra-venta de bolsas de comida a través de los fondos del
extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), hoy Dirección de Asistencia Social,
adscrita al Ministerio de la Presidencia de Panamá.
Tras
culminar su declaración de indagatoria, la fiscalía le ordenó la medida cautelar
de detención preventiva que duró hasta el 8 de mayo de ese mismo año, cuando el
despacho fiscal, a cargo de Ruth Morcillo, cambiara la medida por un arresto
domiciliario.
Según
una auditoría de la Contraloría General de la República de Panamá, Roberto
Carretero Napolitano junto a otros dos comerciantes, y con la colaboración del
exdirector ejecutivo del PAN, Rafael Guardia Jaén –actualmente detenido–
obtuvieron más de 16 millones de dólares en órdenes para la compra de estas
mercancías, monto que equivale casi a la mitad de la posible lesión patrimonial
causada al Estado en este caso, que asciende a 32 millones de
dólares.
El
informe indica que el destino final de las bolsas de comida era incierto. Las
empresas de Carretero Napolitano y de los comerciantes Carlos Araúz y Juan
Carlos Marciaga, no consignaron elementos suficientes que acrediten que las
bolsas fueron entregadas al PAN o a los beneficiarios finales, toda vez que la
documentación que reposa en los expedientes no contiene información íntegra ni
confiable.
En
la declaración de indagatoria del caso, efectuada por el exdirector del PAN,
Guardia Jaén relató a la fiscalía que los tres empresarios tenían más de 16
sociedades distintas inscritas en el PAN y que entre ellos (Araúz, Marciaga y
Carretero Napolitano) “se intercambiaban las empresas”.
Sobre
estos actos irregulares los auditores de la Contraloría panameña determinaron
que los empresarios crearon compañías y que las alternaban para participar en el
proceso de compra y contrataciones con el Estado, a fin de desviar los controles
existentes. Otra de las anomalías identificadas por los auditores está vinculada
al pago que hacían a los empresarios; en la institución este tipo de trámites
tomaba, como proceso regular, dos semanas, pero en indagatoria Massiel
Heurtemate –del departamento de adquisiciones del PAN– indicó que el pago para
los tres empresarios tenían que salir máximo en dos días
laborales.
No solo de PAN viven los negociados
En
sus confesiones a la fiscalía, los empresarios Carretero Napolitano, Araúz y
Marciaga manifestaron que parte de las comisiones que les pedía el exdirector
del PAN iban supuestamente destinadas para la campaña presidencial de los
candidatos de Cambio Democrático (CD), partido al que pertenece Ricardo
Martinelli, presidente de Panamá en ese entonces.
Roberto
Carretero Napolitano informó que entregó cheques a la cuenta de Guardia Jaén
para la campaña política, pero no especificó cantidades ni nombres de las
personas a las que iban dirigidos los desembolsos.
Por
estas investigaciones el Ministerio Público panameño, a través de la Fiscalía
Anticorrupción, mantiene confiscado un monto de un millón de dólares de
Carretero Napolitano, quien tiene una medida cautelar de casa por
cárcel.
No
se trata de cualquier modo, del único caso que le imputan: el 13 de julio del
2015, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación, tras noticias de
supuestas irregularidades en la compra de instrumentos musicales para el
Ministerio de Educación del país centroamericano con fondos del PAN. En ese
expediente se acusa a Roberto Carretero Napolitano como posible infractor de la
comisión del delito de peculado, en su calidad de dueño firmante y beneficiario
real de las 13 empresas y sociedades ligadas a las irregularidades suscitadas en
la adquisición de instrumentos musicales para el Ministerio de Educación,
gestionada a través del PAN, y que ocasionó desembolsos totales de 11,7 millones
de dólares.
Por
este caso la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el llamado a juicio para los
dos exjefes del PAN entre 2009 y 2014, Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia
Jaén, así como a la exministra de Educación, Lucy Molinar.
También
se formularon cargos a los representantes legales de las sociedades que
obtuvieron los contratos entre 2012 y 2013, pero “en el transcurso de la
investigación se evidenció que dichas personas ejercían en función de un
denominador común, es decir, el comerciante Carretero Napolitano”, indican los
documentos oficiales de Fiscalía.
Lo
anterior fue corroborado con documentos bancarios de dichas sociedades, en las
que Roberto Carretero Napolitano figuraba como firmantes de las cuentas, y
además el propio Carretero Napolitano aceptó, en su declaración de indagatoria,
que dichas sociedades le pertenecían. Sobre las acusaciones en su contra,
Roberto Carreteo Napolitano ha manifestado ante la fiscalía que es inocente de
los cargos que se le imputan. En su defensa dijo que es un comerciante de
trayectoria y reconocido en su país, y que participa en muchos actos de
licitación con el Estado. Reconoció que las empresas que se investigan en este
expediente en efecto le pertenecen, aunque aclaró que el representante legal de
ellas es otra persona y que, debido a un manejo administrativo interno, él
estaba frente a las mismas.
El
expresidente panameño, Ricardo Martinelli, también está siendo investigado por
el caso del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y las bolsas de comida, junto a
otros hechos de corrupción, pero ha evadido a la justicia refugiándose en
Estados Unidos. A los seis meses de haber entregado la presidencia abandonó
Panamá (en enero de 2015) y desde entonces vive en
Miami.

Ricardo Martinelli. Fotografía tomada de Wikipedia
Negocios familiares
Roberto
Carretero Napolitano es hasta ahora el único integrante de esta familia de
empresarios que está siendo investigado por hechos de corrupción. Ramón
Carretero no tiene señalamientos similares en su contra, pero en Panamá, tras lo
ocurrido con su hermano, una sombra de dudas cubre al grupo
empresarial.
En
su país Ramón Carretero forma parte de 46 sociedades anónimas y dos fundaciones,
con 63 personas en calidad de socio. Se maneja de bajo perfil, evita asistir a
eventos que lo expongan ante los medios de comunicación, pero no ha dejado de
ser una persona conocida, al igual que su familia, no solo por el tema
empresarial sino también por sus vinculaciones con el deporte. Además de ser
dueños de tiendas de bicicletas, tanto Ramón como Roberto y Vicente Carretero
han practicado ciclismo; actualmente el hijo de Ramón, llamado igual pero de
apellidos Carretero Marciacq, es un ciclista profesional laureado y reconocido
en competencias internacionales.
En
la sucursal venezolana de Lanvicorp, donde Ramón oficia como presidente,
constituida en 2013, decidieron en 2015 hacer modificaciones sobre el tipo de
empresa. En enero de ese año, en una asamblea realizada en Panamá, la junta
directiva acordó “su voluntad de asumir las condiciones establecidas en la
normativa interna de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a las
Empresas de Producción Social, destinando las ganancias de la sucursal a un
reparto igualitario”.
Esto
significa, y así se detalla en el expediente constitutivo, que la sucursal
venezolana podría participar en los proyectos de las comunidades a través de
aportes al Fondo Social de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) o mediante la
prestación de bienes y servicios; contribuir al desarrollo de empresas de
producción, distribución y servicio comunal; presentar ofertas sociales en
procesos licitatorios; consorciarse con empresas medianas y empresas de
propiedad social con el fin de fortalecerlas tecnológicamente, así como
desarrollar y acompañar a empresas pequeñas y de producción social a través del
desarrollo de sistemas, tecnologías y establecimiento de programas que permitan
la inserción de estas empresas en el sistema productivo.
Uno
de los sectores que ha apoyado a las empresas de producción social (EPS) en
Venezuela es Pdvsa,
la petrolera estatal. En su portal web explican que las “empresas promotoras de
EPS” son “aquellas entidades económicas dedicadas a la producción de bienes,
obras y servicios relacionadas con el sector petrolero, alineadas a las
políticas del Estado, que participan voluntariamente en el programa EPS”, y
describen cinco aspectos que deben cumplir quienes deseen sumarse al programa de
empresas de promotoras de EPS. Justamente esos cinco puntos son los que
Lanvicorp cita entre las actividades que puede hacer su sucursal venezolana al
asumir esa modalidad.
Para
conocer detalles sobre esta faceta, de los antecedentes de la empresa y la
construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez, la autora de ese reportaje
solicitó formalmente una entrevista en las oficinas de Lanvicorp en Caracas,
pero no obtuvo respuesta. Previamente, en una primera visita donde se requirió
información sobre las obras y conversar con algún ingeniero encargado, un
representante del departamento de Comunicaciones Corporativas advirtió que esa
información era considerada “sensible” y que quizás no podían proporcionarla,
pero haría las gestiones y avisaría. No ocurrió.
Hasta
ahora lo que sí está claro y es de dominio público es que los contratos logrados
por Lanvicorp llegaron de la mano de Fundapropatria 2000, fundación del Estado
venezolano creada en febrero de 2001 por la procuradora general de la República
de ese momento, Marisol Plaza Irigoyen.
Nació
como un ente adscrito al Ministerio de la Defensa. Luego fue transferido al
Ministerio de Infraestructura (en septiembre de 2003), siete años después pasa a
la Vicepresidencia de la República (en octubre de 2010) y en la Gaceta Oficial
del 1º de abril de 2013 Fundapropatria 2000 pasa al Ministerio del Despacho de
la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, donde
continúa.
El
acta constitutiva de la fundación explica que su objeto es la organización,
planificación, promoción, administración, financiamiento y ejecución de
proyectos especiales de carácter social, cultural, asistencial, habitacional,
vial, alimentación y agroindustrial. De ahí la vasta cantidad de obras en la que
ha estado involucrada, resonando primero en infraestructuras viales, pasando por
hospitales, viviendas y ahora estadios y hoteles. Cuenta con la figura de un
presidente y con un consejo directivo conformado por cuatro directores y sus
suplentes.
Mientras
Fundapropatria 2000 estuvo adscrita al Ministerio de Infraestructura y luego a
la Vicepresidencia, Reyna Vilma Rodríguez Salazar se mantuvo como presidenta.
Fue removida el 20 de diciembre de 2012 por Nicolás Maduro, vicepresidente en
ese momento, y sustituida por Daniel Tascón Gutiérrez (hermano del fallecido
diputado oficialista Luis Tascón), quien estuvo hasta octubre de 2013. Fue
durante su gestión que Lavincorp, la empresa panameña, se agenció el primer
contrato con el Estado venezolano para construir los llamados CDC de
paz.
Luego,
entre octubre de 2013 y mayo de 2014, Ilich Vladimir Lárez Brito se encarga de
la presidencia. Entonces adjudicó a Lavincorp la remodelación de los hoteles en
Vargas (en la costa central venezolana) y la construcción del estadio de béisbol
en Caracas.
Lárez
Brito es destituido el 6 de mayo de 2014 y por él es designado Walter Jacob
Gavidia Flores (hijo de Cilia Flores, primera dama de Venezuela), quien se
mantiene en el cargo hasta diciembre de 2015. Entonces Lárez Brito regresó a la
presidencia. En la actualidad, y desde el 30 de enero pasado, Juan Francisco
Escalona Camargo se desempeña como director encargado.
En
los últimos cuatro años, varios nombres han repetido –incluso alternado– en los
cargos de presidente y director del consejo directivo de Fundapropatria 2000. Es
el caso de Lárez Brito, quien desde febrero de 2013 participaba como directivo y
regresa a ese cargo durante la presidencia del hijo de Cilia Flores. También
Otto Mollegas y Carlos
Erik Malpica Flores, este último sobrino de la primera
dama y
del presidente Maduro.
Malpica
Flores, quien ha ocupado diversos e importantes cargos en la administración
pública, incluyendo el de tesorero de la nación, llega a Fundapropatria 2000 de
la mano de sus tíos, como en otras oportunidades. Maduro asume la
vicepresidencia de la República en octubre de 2012 y el 2 de noviembre, en una
de sus primeras actuaciones, designa a los integrantes del consejo directivo de
Fundapropatria 2000, incluyendo a Malpica Flores como uno de los cuatro
directores principales. Se mantuvo en ese cargo hasta mediados de 2015, lo que
significa que figuraba en esa posición cuando su primo, Walter Jacob Gavidia
Flores, detentó la presidencia.
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Refuerzo chino
La
inversión destinada para la construcción del estadio Hugo Chávez –bautizado con
ese nombre desde sus bocetos– no se ha precisado públicamente. El dinero
asignado ha formado parte de montos generales para la construcción del Parque
Hugo Chávez: en agosto de 2013 Nicolás Maduro aprobó 300 millones de bolívares y
30 millones de dólares, e informó de otros 101,2 millones de bolívares para el
pago de anteproyectos y obras preliminares. Dos años después, la Asamblea
Nacional aprobó 100 millones de bolívares para el parque.
En
todo caso, su construcción no se ha detenido y los trabajos no se paralizan ni
los fines de semana: un contingente de obreros chinos labora de lunes a lunes.
El personal chino llegó a La Rinconada con la empresa Zhejiang
Southeast Space Frame Company (ZSSF)
el año pasado, tras ser contactada para desarrollar la estructura metálica del
estadio y su instalación.
Con
ellos es que ha podido levantarse el esqueleto de acero, en forma ovalada, que
desde hace varios meses sobresale de la montaña y que será el soporte de las
gradas del estadio; visible desde lejos e imponente de
cerca.
ZSSF
es una empresa reconocida en China, especializada en estructuras de acero, con
experiencia en la construcción de grandes estructuras deportivas, museos,
estaciones de ferrocarril, aeropuertos, y ganadora del premio Luban de
Ingeniería de la Construcción en su país. Cuenta, esta sí, con experiencia
acreditada en los trabajos que está ejecutando en La
Rinconada.
En
un documento del 14 de marzo de 2016, suscrito por ZSSF con otra empresa china
intermediaria (Jiuqi Import & Export), encargada de conectar a vendedores y
compradores, se dan detalles sobre su participación en las obras del estadio
Hugo Chávez y la adquisición de la estructura de acero para su montaje en suelo
venezolano.
El
costo de la estructura –según los datos del documento, pero que ningunma
autoridad venezolana corrobora– es de 71,6 millones de dólares, y el de su
instalación, otros 23,75 millones de dólares.
En
septiembre del año pasado, el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la
Presidencia, adscrito al Ministerio del Despacho de la Presidencia, realizó una
inspección a esas obras. El reporte, publicado en su portal web, señala que los
trabajos desarrollados por la Fundación Propatria 2000 y la Oficina Presidencial
de Planes y Proyectos Especiales, presentaban un avance físico de 17% con
respecto al movimiento de tierra, fundaciones y estructura; que el 80% de la
estructura correspondiente a las gradas ya se encontraba en el país y en proceso
de colocación, y que las estructuras metálicas fueron prefabricadas en China y
traídas a Venezuela para su ensamblaje e instalación.
Aunque
el documento no revela la cuantía de la inversión realizada por el Estado para
concretar la obra, sí indica que su conclusión se proyecta en 2018 y que su
diseño cuenta con todas las características y normas que debe cumplir un estadio
de las grandes ligas, por lo que contaba para ese momento, septiembre de 2016,
con la certificación de la Major League Baseball.
(*)
Con información de Olmedo Rodríguez desde Ciudad de Panamá.