Un paraíso transgénico estalla en Puerto Rico
La isla es el epicentro de experimentos con semillas modificadas genéticamente en Estados Unidos y sus territorios. El Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico siguió una a una estas plantaciones y en el camino encontró que del negocio se benefician multinacionales como Monsanto, que ya ocupan 14% de las tierras públicas con el mejor potencial para producir alimentos. Las semilleras reciben más subsidios que los impuestos que pagan al gobierno de una región sumida en su peor crisis fiscal.
Las
aspas de los molinos de viento giran sobre cultivos de soya y maíz modificados
genéticamente, platanales y fincas aplastadas por la fiebre del cemento. Aparece
el mar Caribe, áreas verdes a la izquierda, y a la derecha una salida que
conduce a un territorio ocupado: las semilleras multinacionales como Monsanto
controlan el 31% de las tierras con mayor potencial para la agricultura en el
municipio de Juana Díaz. Es el epicentro transgénico de Puerto
Rico.
De
norte a sur, de este a oeste, las semilleras ya dominan alrededor de 10,000
cuerdas públicas y privadas. Eso equivale al área destinada en 2016 a la siembra
de plátano, que el Departamento de Agricultura identifica como el cultivo
vegetal de principal importancia económica en el País.
Nadie
sabía del boom silencioso de las corporaciones de agroquímicos
y transgénicos en las mejores fincas de la Isla, hasta que el Centro de
Periodismo Investigativo (CPI) inventarió las propiedades tras visitas de campo
y consultas a documentos públicos, y luego analizó el área con información
geográfica digital suministrada por la Junta de Planificación. Con el avance de
las semilleras en Puerto Rico, la Isla se convirtió entre 2006 y 2015 en la
localidad con más permisos para hacer experimentos con transgénicos en todo
Estados Unidos y sus territorios.
En
Juana Díaz aparecen camiones militares color khaki tras las rejas del Fuerte
Allen de la Reserva del Ejército de Estados Unidos, y al doblar a la derecha, en
el barrio Capitanejo, caminan empleados de las semilleras vestidos con trajes
protectores blancos de pies a cabeza. Son clara señal de los trabajos intensivos
con sustancias químicas en el paisaje repetitivo de soya y maíz. La colonia
estadounidense es el paraíso de corporaciones que dominan la industria global de
las semillas transgénicas y los agroquímicos: Monsanto, Bayer CropScience,
DuPont Pioneer, Syngenta, Dow AgroSciences, AgReliant Genetics e Illinois Crop
Improvement.
Este
sector industrial recibió más de $526 millones en subsidios y exenciones
contributivas entre 2006 y 2015, según un análisis de esos beneficios que consta
en documentos gubernamentales. Fueron los años en que Puerto Rico se sumía en el
impago de su deuda de $69 mil millones, lo que provocó que el Congreso de
Estados Unidos le impusiera una Junta de Control Fiscal.
En
esa misma década, las multinacionales acapararon el 14% del área de las fincas
públicas de la Autoridad de Tierras con mayor potencial para producir comida, en
el corredor agrícola de Guayama a Juana Díaz. Así lo indican los cálculos con
sistemas de información geográfica que hizo David Carrasquillo, presidente de la
Sociedad Puertorriqueña de Planificación, a petición del CPI. Puerto Rico solo
produce el 15% de sus alimentos, según el Departamento de Agricultura. Las
multinacionales no usan esas tierras para producir comida, sino para
experimentar. Envían las semillas fuera del país para continuar el proceso de
investigación y desarrollo, y luego las venden en el mercado global. Las
semilleras no sólo alquilan, sino que han comprado alrededor del 50% del área de
todas las fincas que controlan. Monsanto ya es dueña de unas 1.762 cuerdas,
mientras que la alianza Dow AgroSciences y Mycogen Seeds posee
1.748.
Multinacionales en Tierras Públicas con Mayor Potencial Agrícola. Mapa por David Carrasquillo, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación.
Área de Experimentos con Transgénicos en las Mejores Tierras Para Producir Comida. Mapa por David Carrasquillo, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación.
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A
la izquierda de la carretera #1, antes de llegar al río Bucaná, se levanta una
cerca de tela metálica coronada de alambres de púas. No exhibe un letrero con el
logo de Monsanto, a la que pertenece, según el Registro de la Propiedad. Entre
los huecos de la verja se ve una tierra sin hierba, camiones que vierten una
sustancia química sobre el terreno, y un cobertizo blanco a lo lejos. Con 1.061
cuerdas, equivalente a 600 campos de fútbol, esta es la finca más grande de todo
el inventario de las semilleras. Al norte, en el barrio Sabana Llana, comienza
otra propiedad de 509 cuerdas de la misma multinacional con sede en el estado de
Misuri. Al este, se extienden campos de experimentación alquilados por las
semilleras Illinois Crop Improvement, una asociación que trabaja por los
intereses de la agricultura del estado de Illinois, y la suiza Syngenta
Seeds.
En
medio de toda la actividad de experimentación está enclavada Arús, una comunidad
de apenas siete calles, una barbería, una capilla católica, un templo
evangélico, una escuela y un bar.
José
Ramón Campos, que lleva 51 años viviendo en Arús, se levanta a las 5:00 am para
caminar en el parque de pelota y mantenerse en forma. “Pero ahora es lo
contrario. Hay una pestilencia”, dice Campos, preocupado por su salud. “Yo me he
tenido que meter allí, para llamarles la atención”, indica señalando al otro
lado de la calle, donde Monsanto tiene su campo de experimentación. “Tiran
químicos durante el día y la noche. Nos da mucho ardor en los ojos”, añade
Leonor Campos, su esposa. “Siempre uno está con dolores de cabeza y dolores de
garganta”.
Las
ventanas y las puertas de las casas están cerradas. No sólo para protegerse de
las sustancias químicas, sino para evitar el polvorín que levantan los camiones
y el viento, porque la tierra está descubierta por causa del herbicida. La
tierra se pega a las ventanas, las cortinas, las mesas. De entre un grupo de 10
vecinos reunidos para discutir cómo la semillera los afecta, Héctor Luis Negrón
Cintrón da un paso al frente, ayudándose con el bastón. “Me da problemas
respiratorios. Tengo que estar rascándome todo el cuerpo”. Antonio Avilés
Pacheco, quien vive hace diez años en Arús, asegura tajantemente que los vecinos
han desarrollado un olfato detector de pesticidas y herbicidas. “Es notable
cuando utilizan los productos químicos. Al respirar podemos percibir que están
en el ambiente”.
Tomás
Torres era un “listero”, el que se encargaba de pasar lista de los obreros que
trabajaban en estas tierras que pertenecían a la Sucesión J. Serrallés, y que
antes producían caña, mango y vegetales. Sabe que los agroquímicos no son nada
nuevo; los usaban sus antiguos patronos. La diferencia es la cantidad y quién
manda ahora: “Monsanto es el rey de la agricultura de Juana Díaz”, aseguró.
Antonio Avilés Pacheco añade: “Debe ser el rey del veneno. Porque eso es lo que
trae Monsanto”. Señala al árbol donde se reúnen los vecinos. “Nosotros estamos
ahí sentados, pero nos instruimos. ¿Por qué nosotros tenemos que ser los
conejillos de indias? ¡Somos conejillos de indias! Eso es un laboratorio, eso no
es agricultura”.
Félix
Morales Torres, otro vecino de Arús, solía cruzar por una servidumbre de paso de
lo que ahora es la finca de Monsanto para ir a la playa de Boca Chica. “A mí me
gusta pescar. Pero ya no se puede entrar por ahí porque cerraron los portones.
No tenemos acceso a la playa. Antes pescábamos camarones, tirábamos anzuelo,
chinchorro”.
Leonor Campos y su esposo, José Ramón, residentes de Arús, Juana Díaz. Fotografía por Abimael Medina. Centro de Periodismo Investigativo.
Los vecinos Félix Luis Morales Torres, izquierda, y Héctor Luis Negrón Cintrón, derecha, residentes de Arús. Fotografía por Abimael Medina. Centro de Periodismo Investigativo
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Los
vecinos sostienen que hasta ahora nadie había llegado a Arús para que sus voces
contra las semilleras fueran escuchadas ¿Qué quiere la comunidad? “A ver si
alguien interviene y controla eso, o que Monsanto se vaya de aquí”, concluyó
Campos.
Entre
la capilla católica y el templo evangélico de Arús, la calle conduce a
Manzanilla, una comunidad de casas humildes que colinda al sur con la playa, y
al norte con la finca de Monsanto. El pastor de la Iglesia Misionera del
vecindario dijo que un empleado de la compañía fue a atender las preocupaciones
de los vecinos mostrándoles un video corporativo. “Nos dijeron que los productos
químicos que están usando son para matar un gusano; nos dijeron que no nos
afectan, aunque los que los echan usan trajes blancos de protección”, añadió el
pastor. “Yo digo que nos compraron un poquito. Podaron unos árboles de la
carretera, hicieron una fiesta de Reyes y les trajeron juguetes a los niños.
Donaron parte de la comida para una limpieza en la comunidad. Donaron pollo con
papas”.
Los
terrenos de las semilleras se extienden principalmente a lo largo de 117
kilómetros, unas 73 millas, en casi toda la costa sur de Puerto Rico. Incluyen
143 cuerdas de la Estación Experimental Agrícola de Isabela y Aguadilla, en el
noroeste del país, que Monsanto alquiló y está en proceso de entregar para
enfocar los trabajos en Juana Díaz. Hay 18 cuerdas adicionales de la alemana
BASF, y 218 de la tejana RiceTec, que no trabaja con semillas modificadas
genéticamente sino con híbridas. También cuentan unas 900 cuerdas de un
agricultor en Santa Isabel que siembra frutas y verduras, y donde la semillera
3rd Millenium Genetics cultiva soya y maíz. Esta última es muy diferente a las
demás corporaciones, pues desarrolla cultivos híbridos para el consumo del
ganado local.
Hay
más tierras en manos de las multinacionales que pagan a otros dueños de fincas
para que siembren en su terrenos los cultivos experimentales. “Son negocios y el
agricultor tiene que ganar dinero”, explicó Ramón González, expresidente de la
Asociación de Agricultores. Posee terrenos en el municipio de Salinas, los
primeros que se ven al bajar por la autopista #52, colindantes con instalaciones
de Syngenta y DuPont Pioneer. González no quiso precisar cuánta tierra destina a
los transgénicos ni a qué semillera da servicios. “Le siembro a varias de
ellas”’, sostuvo.
Las
fincas del sur. ¿Por qué aquí? ¿Qué tienen de especial? Están en el área de
menor precipitación de Puerto Rico, mientras se sirven de agua de canales de
riego: las semilleras pueden regar sus cultivos de forma científica, sin que las
plantaciones estén expuestas a demasiada lluvia que atrae hongos. La zona está
identificada como tierra para la agricultura “de importancia estatal” y con una
categoría del 1 al 4 de uso agrícola, la máxima calificación en términos de
capacidades químicas y físicas para la producción de alimentos y fibras, según
el Servicio de Conservación de Recursos Naturales, agencia federal dedicada a la
protección de los suelos. Se trata de propiedades con fertilidad natural y
llanas, por lo que se pueden mecanizar, y el trabajo es mucho más fácil en
comparación con la faena en la jalda. A eso se añade que se encuentran en la
ruta de las dos ciudades más importantes, Ponce y San Juan, con acceso fácil por
la autopista #52.
“Esto
es lo que yo necesito”, exclama el empresario Duamed Colón. Pone una rodilla en
el suelo, parece tomar algo y enseña el puño como si hubiese agarrado tierra.
Pero no está en las fincas del sur, sino en un hotel de la capital, donde se
llevó a cabo una cumbre de innovación empresarial auspiciada por el Fideicomiso
de las Ciencias, Tecnología e Investigación, que busca expandir la base
industrial del País. De entre todos los participantes de la cumbre, Colón es el
único que intenta innovar desde la agricultura autóctona. El Fideicomiso becó a
este biólogo con estudios graduados en ciencias agrícolas en el Recinto
Universitario de Mayagüez, para que empleara el cultivo de tejido, una modalidad
de biotecnología agrícola, en el desarrollo de plátanos vigorosos que no estén
contaminados con el gusano barrenador.
Este
nemátodo, una de las principales plagas del plátano, agujerea la planta desde
las raíces hasta el centro, causando que los agricultores apliquen pesticidas
para intentar salvar la cosecha, lo que encarece costos, aumenta el tiempo de
trabajo y añade al medioambiente un componente tóxico. Colón intenta desarrollar
una marca de plaguicidas biológicos que no causen un impacto a la naturaleza, y
experimenta con plantas cobertoras que acompañan los alrededores de los
plátanos, para mantener a raya las llamadas malezas, prescindir de herbicidas y
evitar la erosión. Pero el científico, empresario y agricultor necesita resolver
el escollo principal para el crecimiento de su empresa: conseguir 100 cuerdas de
buena tierra a un precio módico. Al terminar su presentación durante la cumbre,
auspiciada en parte por Monsanto, Colón puso dos mapas de los municipios sureños
de Juana Díaz y Santa Isabel sobre un mostrador del hotel. Señaló las fincas de
la Autoridad de Tierras, agencia que ofrece a los agricultores alquiler de
terrenos públicos a precios económicos. Pero la Autoridad de Tierras aún no ha
respondido su solicitud de arrendamiento desde hace casi tres años, porque
alegadamente sus predios ya están ocupados. De las 6,591 cuerdas controladas por
las multinacionales de transgénicos entre Guayama y Juana Díaz, el 44% las
alquilan a la agencia gubernamental.
“Se
está quedando afuera un proyecto como el de nosotros”, denunció Colón. “No te
estoy hablando del romanticismo de la agricultura. Estoy hablando de una empresa
real de biotecnología agrícola que ya contrató a un doctor para pagarle el
sueldo que merece un profesional de su nivel, y un asistente de
laboratorio”.
Sólo
Monsanto arrienda 791 cuerdas a la Autoridad de Tierras en el barrio Río Cañas
Abajo, en Juana Díaz. Eso es lo que dice el contrato registrado en la Oficina
del Contralor, pero en realidad Monsanto está ocupando 842 cuerdas, según los
inventarios de arrendamiento oficiales. Eso quiere decir que el Gobierno le deja
gratis la diferencia de 51 cuerdas. Esa es la mitad de la tierra que necesita el
empresario Duamed Colón para desarrollar su proyecto empresarial y científico.
En medio de las fincas gubernamentales en el barrio Río Cañas, Monsanto compró
tres propiedades adicionales equivalentes a 76 cuerdas, donde construyó sus
instalaciones privadas con $800.000 de fondos públicos que le dio como
“incentivo” la Compañía de Fomento Industrial, que promueve a Puerto Rico como
un destino para las inversiones.
El empresario Duamed Colon.
“Todo
el argumento de que las semilleras extranjeras crean empleos es relativo. Agro
Tropical quiere crecer, crear empleos y producir comida, pero estamos limitados
por el acceso a la tierra”, añadió Duamed Colón.
En
cambio Monsanto, Syngenta Seeds, Dow AgroSciences junto con Mycogen Seeds,
DuPont Pioneer y su matriz DuPont, Bayer Crop Science y AgReliant Genetics
controlan cada una más de los 500 acres (515 cuerdas) permitidos por la Ley de
Tierras y la Constitución de Puerto Rico. La cuerda es el sistema para medir
área que heredaron los puertorriqueños del coloniaje español, y equivale a 3,930
metros cuadrados. Es prácticamente lo mismo que un acre, el sistema de medición
heredado como colonia estadounidense.
¿Por
qué el límite de 500 acres? La disposición fue ideada por el gobierno militar de
Estados Unidos tras la invasión de 1898 a Puerto Rico, para evitar el
latifundio, como se le conoce a las explotaciones agrarias de grandes
dimensiones por parte de las corporaciones. Esta medida se convirtió en el
corazón de la reforma agraria luego de la Gran Depresión, en medio de huelgas
contra las grandes corporaciones cañeras, que ocupaban parte de las mejores
tierras que podían utilizarse para producir comida. Con la Segunda Guerra
Mundial de fondo, submarinos de Hitler hundían barcazas que traían alimentos a
Puerto Rico, y en la Isla había hambre. Fundado con el lema de “Pan, tierra y
libertad”, el Partido Popular Democrático (PPD) creó el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico sobre los cimientos de esa reforma agraria. Su artífice, Luis Muñoz
Marín, promovía las expropiaciones de las propiedades mayores a los 500 acres,
para que pasaran a la Autoridad de Tierras, creando las llamadas fincas de
beneficio proporcional, que nunca rindieron frutos por haber nacido en medio de
un romanticismo de la tierra ajeno a la ciencia y la técnica, como explica Rubén
Nazario en su libro El paisaje y el poder: la tierra en el tiempo de
Luis Muñoz Marín.
En
la pasada década, las administraciones PPD y del Partido Nuevo Progresista (PNP)
parecen haberse rendido ante las multinacionales que sobrepasan el límite
constitucional. El exsecretario de Justicia Guillermo Somoza Colombani indicó,
en una opinión legal del 20 de junio de 2012, que las semilleras podían dominar
más de 500 acres porque no se dedican a la agricultura, sino a una actividad
científica y empresarial llamada investigación y desarrollo. Puerto Rico regresa
así a la época en que las grandes corporaciones cañeras podían dominar las
mejores tierras.
“Lo
que tenía que hacer el secretario de Justicia era mirar la intención de la ley
con los ojos del presente”, analizó el abogado Carlos Ramos, profesor de derecho
constitucional, cuando supo del avance de las multinacionales en las mejores
tierras de Puerto Rico. “Con las semilleras estamos viendo que ya empezó el
latifundio del Siglo XXI. Esta es una nueva versión de lo que ha sido la
historia de América Latina y de Puerto Rico durante el siglo pasado. Estas
corporaciones poco a poco van a estar interfiriendo en el uso de la tierra, se
van a manifestar como un poder político que influye en la legislatura, y eso
precisamente es lo que quería prevenir la Constitución”.
