Breve reseña de una traición de Nicolás Maduro
En 2011 el fallecido presidente de Venezuela inauguró la Comuna Agroindustrial Willian Lara, inspirada en una idea similar desarrollada en Bielorrusia. El proyecto se concretó, la construcción comenzó y el dinero se gastó. Seis años después no hay producción que justifique los 300 millones de dólares ni los 1.287 millones de bolívares invertidos. El gobierno del sucesor de Hugo Chávez, acuciado por la caída de los precios del petróleo, olvidó la idea de convertir al país en una gran comuna y abandonó el proyecto. Nada asegura que el enésimo fracaso de un plan chavista para repoblar las agrestes zonas del centro de Venezuela destierre de corpus ideológico de su burocracia las supercherías voluntaristas de Simón Rodríguez: “O inventamos, o erramos”
La
historia es la misma y siempre tiene el mismo final, pero el camino al fracaso
hay que contarlo de nuevo porque ahora incluye una traición al legado de Hugo
Chávez. Todo empieza con un convenio suscrito en Minsk, capital de Bielorrusia,
el 17 de octubre de 2010, oficializado en Venezuela dos meses después. Ambas
naciones, presididas entonces por Aleksandr Lukashenko y Hugo Chávez, sellaron
el “Acuerdo de cooperación en materia agrícola para la construcción de cinco
ciudades agroindustriales (Comunas Agroindustriales) en la República Bolivariana
de Venezuela".
La
apuesta lucía como otro intento de poblar la agreste zona central del país. Una
vuelta de tuerca al eje Orinoco-Apure, un intento anterior de Chávez y su
mentor, Jorge Giordani, de aprovechar esos enormes descampados para intentar
revertir la costumbre de los venezolanos de residenciarse en el norte o en la
costa porque el clima es más benigno y se concentra una mayor actividad
económica.
El
Gobierno chavista se encargaría de financiar el proyecto, y, como siempre, cada
vez que durante la larga gestión del fallecido mandatario se cerraba un negocio
con otro país, Bielorrusia haría las habituales “transferencias tecnológicas y
de conocimientos” en cada una de las fases. El estado Guárico albergaría a la
primera de esas cinco ciudades agroindustriales en las tierras del fundo La
Roana (El Sombrero, municipio Julián Mellado), y así quedó establecido en la
Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6017, del 31 de diciembre de
2010.
Los
trabajos comenzaron con aparente rapidez. El 14 de julio de 2011, en un Consejo
de Ministros encabezado por Chávez, y transmitido en cadena nacional de radio y
televisión, se presentó al país ese “experimento” –como él mismo lo llamó-, que
ya estaba activo y que prometía convertirse en una referencia nacional en la
producción de alimentos.
“Nosotros
visitamos a finales del año pasado unas ciudades agrícolas, altamente
industrializadas, en Bielorrusia, y le dije a Aleksandr que me gustaría iniciar
un experimento en Venezuela, acoplándonos a nuestras realidades. Y mira cómo ya
estamos avanzando”, comentó Chávez a modo de introducción. Luego agregó: “Son
cinco ciudades integrales, productivas, comunas agroindustriales. A la que
fuimos nosotros (en Bielorrusia) tiene hasta un tren interno, son como 15 mil
hectáreas. Aquí en El Sombrero ya está naciendo la comuna agroindustrial
socialista William Lara”.
El
ambicioso proyecto comprendería la construcción de 500 viviendas con las que se
beneficiarían 2.500 personas. Una nueva ciudad o, como el entonces jefe del
Estado insistía, una comuna agroindustrial que comenzaría desde cero, pues con
las viviendas se incluiría el desarrollo de las áreas sociales con canchas
deportivas, centros culturales, escuelas, servicios, centros de salud y hasta un
centro comercial. Así lo prometió Leonid Marinich, viceministro de Agricultura y
Alimentación de Bielorrusia, en una inspección efectuada en septiembre de
2011.
Lo
que entonces imaginaban los proyectistas de la comuna superaba la simple
aglomeración de viviendas. Querían construir en un área cercana una planta para
procesar carne de aves y matadero de pollos de engorde, una granja lechera, una
planta de procesamiento de lácteos (leche, yogurt, queso), otra planta de
producción de alimentos balanceados para animales, un complejo para limpieza,
secado, refinación y almacenamiento de granos; un patio para maquinarias, granja
avícola y un almacén de fertilizantes. Todo esto en un espacio aproximado de 150
hectáreas. Además, en otras 4.800 hectáreas (de las 7.817 disponibles), se
desarrollaría la producción agrícola de maíz, soya, hortalizas, pasto y frutas
(melón y parchita), y las restantes 2.500 hectáreas servirían de zona protectora
para todo ese espacio, ubicado al sur del río Guárico.
Hugo
Chávez aprobó ese 14 de julio de 2011 300 millones de dólares para ejecutar el
proyecto, provenientes del Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional), y otros
1.287.014.565 bolívares, del Fondo Chino -Venezolano, se sumarían a la inversión
en el año 2012, precisa la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y
Tierras, para concretar la primera de las cinco comunas agroindustriales
convenidas por Bielorrusia.
Alcaldía Municipio Julián Mellado. Fotografía: Patricia Marcano.
Avenida Bolívar de El Sombrero, una de las vías principales del pueblo. Fotografía: Patricia Marcano.
Plaza Bolívar de El Sombrero. Fotografía: Patricia Marcano.
Plaza Bolívar de El Sombrero. Fotografía: Patricia Marcano.
Algunos conservan sus viejos uniformes de BZS, empresa bielorrusa que ejecuta la comuna agroindustrial. Fotografía: Patricia Marcano.
BZS liquidó al personal que trabajaba en La Roana, comuna William Lara, en diciembre de 2013. Fotografía: Patricia Marcano.
Chávez junto a Lukashenko durante una de sus visitas a Venezuela.
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El
proyecto quedó en manos de la empresa Belzarubezhstroy (BZS), creada en la
capital de su país en mayo de 2007. Fue la primera gran obra que esa empresa
intentó desarrollar en Venezuela a través de sus dos filiales, BZS Venezuela,
S.A. y BZS Construcción, S.A. Aún no había estallado el escándalo que la marcó.
En diciembre de 2011, apenas meses después de contratar con el estado
venezolano, en una investigación periodística del diario El
Universal, se la vinculó con el contrabando de
cabillas.
El
propio Lukashenko,
lo confirmó en su país por aquellos días. Viktor Shevtsov, el dueño de BZS, y otros capitanes de empresa que tenían
negocios en el país suramericano, fueron detenidos e investigados por la
Fiscalía General de la exrepública soviética por su supuesta relación con el
desvío de fondos destinados para las obras venezolanas. Shevtsov, de trayectoria
cuestionada, investigado incluso por Estados Unidos por tráfico de armas en
Irak, como bien lo refleja la investigación titulada “El
mercader bielorruso”,
publicada en Armando.Info en 2011, quedó tras las rejas pero no por mucho
tiempo. Una nota de noviembre de 2013, del medio bielorruso Charter97.org, sobre
el círculo íntimo que rodea a Lukashenko y sus turbios movimientos, lo
identificó como uno de los oligarcas leales al dictador bielorruso. Recuerda su
arresto por desvío de dinero público e informa, además, que Shevtsov “ha vuelto
al ruedo” tras pagar una indemnización.
En
el fracaso del proyecto de la comuna agroindustrial, sin embargo, no parece
haber obrado la mala fama de BZS. La incapacidad del Estado venezolano ha sido
determinante para que el experimento que se le ocurrió a Hugo Chávez se sume a
la retahíla de proyectos que no son capaces de prosperar en Venezuela. El
entorno influye, pero también la poca disposición a establecer la continuidad
administrativa entre distintas gestiones. Esta es también la historia de cómo el
presidente Nicolás Maduro no continuó con el legado sagrado de su
antecesor.
Fracaso eterno
En
documentos oficiales fue registrada como la Comuna Agroindustrial William Lara.
Pero en el propio pueblo de El Sombrero (a unos 230 kilómetros de Caracas), los
lugareños la conocen por su nombre original: La Roana.
La
finca era un latifundio abandonado al momento de ser tomado por el Gobierno
venezolano. En 2011, según la versión oficial, se sembraron 600 hectáreas de
maíz; y en 2012, 691 hectáreas, un número inferior, en todo caso, a las 900 que
aspiraban los rectores de la cartera. “En La Roana se cultivó maíz hace dos o
tres años, dos veces nada más desde que comenzó sus actividades”, asegura un
campesino que laboró en la comuna.
Quienes
trabajaron en este proyecto hablan con la condición de que se les resguarde su
identidad. En El Sombrero, con una población aproximada de 30 mil habitantes, se
aprendió a ser discreto, a desconfiar y andar con miedo por la fuerza. En uno de
los barrios de este pueblo, conocido como “Concha de Mango”, nació, creció y
vivió José Antonio Tovar Colina, alias El Picure, líder de una banda delictiva
dedicada al robo, extorsión, secuestros y asesinatos, conocida como “el Tren del
Llano”. Tovar Colina fue capturado y asesinado por los cuerpos de seguridad
venezolanos el 3 de mayo de 2016. Pero aunque el líder ya no existe, la banda ha
seguido actuando en la zona con sus herederos. Lo saben en el pueblo y por ello
el temor en una tranquilidad aparente.
La
comuna agroindustrial se dividió en dos partes: Roana 1 (parte agrícola) y Roana
2 (parte industrial, donde estaban los bielorrusos jefes de las obras, pues la
mano de obra era venezolana). Desde la carretera es posible advertir los límites
de ambos proyectos en la inmensidad de la sabana y las obras abandonadas. “Eso
es un cementerio de maquinarias. En esos terrenos hay tractores, 27
cosechadoras, 46 birromas, 16 basucas 8610 para transportar maíz; cinco o seis
camiones tipo volteo y tipo cava para cargar maíz, 12 o 13 sembradoras, dos o
tres fumigadoras. Hay rastras, hay rotativas. Pero todo está abandonado y
desvalijado. En Roana 1 llegaron a construir 16 viviendas”, cuenta el
campesino.
El Sombrero, Territorio de Paz. Fotografía: Patricia Marcano.
Entrada 1, Comuna Agroindustrial William Lara (La Roana). Fotografía: Patricia Marcano.
Entrada 2 Comuna agroindustrial William Lara (La Roana). Fotografía: Patricia Marcano.
Entrada 2 Comuna agroindustrial William Lara (La Roana). Fotografía: Patricia Marcano
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Aunque
algunas maquinarias fueron trasladadas hacia Barinas, donde BZS construyó una
fábrica de tractores (también en convenio con Venezuela), la misma gente del
pueblo y alrededores se ha llevado las piezas, los arranques, los cauchos. El
campesino afirma: “Los tractores buenos se los han llevado algunos consejos
comunales o particulares para trabajar en sus terrenos. Pocos los
devuelven”.
El
entusiasmo inicial que despiertan los nuevos proyectos siempre termina
acomodándose a la inercia de la vida en el campo. La falta de inversión, la
incapacidad y la pérdida de interés liquidan todos los planes y dejan todas esas
tierras en el estado ignoto en el que siempre han estado. El campesino recuerda
que la idea del Estado era otorgarles créditos para que sembraran la tierra y
arrimaran su cosecha a la producción nacional. “La mayoría cosechaba para ellos
mismos y al final eso se convirtió en un negocio. ‘¿Quieres un tractor? Dame el
dinero’, así te decían. Eso era una rosca, eso era pa’ los vivos, no pa’ uno”,
explica.
Construcción sin criterio
En
el otro sector (el industrial) se levantarían estructuras para todo tipo de
propósitos. Así lo recuerda Carlos (nombre ficticio en resguardo de su
identidad). Pero incluso la intención se detuvo. “En diciembre de 2013, nueve
meses después de la muerte del presidente Chávez, nos liquidaron a todos”,
recuerda. “Un día trajeron a los abogados, nos hicieron firmar y nos dieron los
cheques. Dijeron que no había dinero, que el Gobierno no había entregado los
recursos. Decían que era en toda Venezuela, pero eso es mentira. En otras partes
siguieron construyendo”.
En
Roana 2 solo queda personal bielorruso (tres personas, aseguran) que asisten
entre lunes a viernes a las oficinas instaladas llano adentro. No es posible ver
desde la entrada ninguna de las obras que quedaron inconclusas: el galpón para
la producción de lácteos, otro galpón para los pollos y las estructuras para
almacenar maquinarias e insumos. Pero algunas casas de techos rojos sí se
divisan desde la carretera.
La
cifra de las viviendas varía. No más de 60, dicen unos. Más de 100, aseguran
Carlos y los vigilantes, quienes aclaran que, de éstas, solo diez están
habitables. En el cómputo final hay una inevitable dosis de azar como
consecuencia del secretismo con el que se maneja el proyecto: en total serían
500 viviendas. Un trabajador de BZS precisa que se construyeron 175, pero no
tienen servicios. Los bielorrusos no encontraron la forma de llevar el agua a
través de tuberías.
En
papel las plantas agroindustriales planificadas para esta comuna generarían 10
toneladas por hora de alimentos balanceados para animales, 600 toneladas al año
de carne avícola, 20 toneladas por turno de leche y sus derivados (yogurt y
queso) con 330 reses procesadas al año, granja para pollos de engorde con una
capacidad para 2,5 millones de pollos bebés al año, un complejo de
almacenamiento de granos con capacidad para 18.000 toneladas por año y un
almacén con capacidad para 2.000 toneladas de fertilizantes, 80 toneladas de
pesticidas y 80 toneladas de semillas. Todo esto está descrito en el proyecto
original que desarrollaría la empresa bielorrusa y que muestra como carta de
presentación en el portal web de la compañía. Aquel 14 de julio de 2011 Hugo
Chávez aseguraba que cada uno de esos proyectos de producción de carne de pollo,
lácteos, alimentos balanceados, viviendas, hortalizas a campo abierto y demás
siembras, tenían que ser “mirados, pensados y planificados como un injerto del
socialismo”, que tenía que ir ampliándose y multiplicándose para ir rumbo a la
consolidación del socialismo del siglo XXI.
La primera de cinco
Diez
años después de haber llegado a la presidencia, Chávez comenzó a hablar de las
comunas y su fortalecimiento para lograr constituir un estado comunal que
permitiera, a su vez, construir una sociedad socialista.
En
2010 fue publicada la Ley Orgánica de las Comunas. En 2012, en el plan de
gobierno presentado para la reelección, el comandante
presidente ahondó en la consolidación de esa forma de gobierno local
como su gran apuesta. Lanzó una cifra: 3.000 comunas socialistas al finalizar su
mandato en 2019. Y un estimado mínimo para alcanzarla: 450 comunas por
año.
La
meta no ha sido superada. Hasta marzo del presente año el Ministerio del Poder
Popular para las Comunas identificó 1.742.
Según
la ley que las rige, una comuna son varios consejos comunales que hacen vida en
un espacio geográfico determinado, y estos, los consejos comunales, se
establecieron en la primera etapa del gobierno de Chávez cuando buscaba con afán
distintas formas de organización popular y
cogobierno.
Las
comunas agroindustriales, aunque son incluidas por el ministerio en la lista
general de comunas, tenían otro perfil. Lo novedoso de ese concepto era “la
integración del sector primario, el procesamiento industrial y la convivencia.
De allí el concepto de comuna agroindustrial socialista”, explicaba el entonces
ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, a Chávez en el consejo de
ministros del 14 de julio de 2011. Hoy, retirado de la política, y dedicado a la
docencia (es profesor de Economía Política en la Universidad Bolivariana de
Venezuela), Loyo reitera esa explicación y detalla que el proyecto establecía la
vinculación de comunidades campesinas que históricamente habían estado aisladas.
“Era un planteamiento de desarrollo rural”, explica el
exministro.
En
ese mismo consejo de ministros de julio de 2011, Loyo informó dónde se
construirán las próximas comunas agroindustriales, considerando que la levantada
en Guárico sería la primera de cinco: una de ellas estaría al sur del lago de
Maracaibo (en un terreno de 2.500 hectáreas), en el estado occidental de Zulia;
otra en Barinas, provincia de los llanos occidentales, en un terreno ubicado
entre los ríos Pagüey y Santo Domingo; una tercera en el estado Miranda, al
norte de Venezuela, en la zona de Valles del Tuy; y la última entre los estados
Aragua y Carabobo, en el centro del país. “Se planificaron varias, pero
efectivamente la que avanzó fue la comuna William Lara”, afirma Loyo, quien dice
desconocer el estatus de estas obras. “Es una inversión alta que se tiene que
revisar porque se trata del campo venezolano, donde históricamente no ha habido
inversión”.
Casas abandonadas en la comuna agroindustrial El Diluvio. Fotografía: Sheyla Urdaneta / THE WALL STREET JOURNAL.
Obras abandonadas Ferrocarril Tinaco-Anaco. Fotografía: Patricia Marcano.
Vista de galpones desde entrada 2 de la comuna agroindustrial William Lara (La Roana). Fotografía: Patricia Marcano.
Viviendas construidas en la comuna, vistas desde la carretera. Fotografía: Patricia Marcano.
Viviendas construidas en la comuna, vistas desde la carretera. Fotografía: Patricia Marcano
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Un
reporte publicado en enero por el diario The Wall Street
Journal da cuenta de lo que parece ser una comuna agroindustrial
distinta a las anunciadas por Loyo en aquel programa. La llamaron Diluvio y está
levantada al pie de una de las cordilleras que separan a Venezuela de Colombia
en el estado Zulia. La construcción fue encargada a Odebretch y se ha quedado en
ruinas, como otras tantas obras que la empresa brasileña empezó a desarrollar en
Venezuela. Hoy sobreviven sus restos enmontados.
En
la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), del año 2012,
se habla del proyecto agroindustrial de La Roana. El documento detalla que la
comuna debía estar lista al finalizar 2012 y que para ello se aprobaron Bs.
1.287.014.565 (provenientes del Fondo China-Venezuela). De ese total la obra
tuvo un avance financiero de 40%, es decir, se consumieron Bs 514.805.863 y el
avance físico de la obra alcanzó el 19,43% al terminar ese
año.
Lo
que más avanzó (en 7,68%) fue la siembra de 900 hectáreas y la adquisición de
maquinarias agrícolas (solo 4% de lo planificado). Lo demás apenas dio unos
pasos que superaron el 2% de las metas de construcción. El despacho de
Agricultura alegó como obstáculo para que el proyecto avanzara las “diferencias
técnicas entre los equipos decisores Venezuela-Belarús para el inicio de las
obras”.
La
fecha de culminación de la comuna indicada por el MAT en ese mismo informe anual
no coincide con los anuncios oficiales dados desde 2011, cuando se hablaba de
2014 o 2015 como años en los que concluirían las obras. Todo se paralizó en
diciembre de 2013. Desde entonces no ha habido más información oficial en los
despachos de Comunas y Agricultura y Tierras. Sí hay una somera mención en la
memoria y cuenta del Ministerio de Comercio del año 2014, en un capítulo donde
se informa la importación de maquinaria agrícola desde Bielorrusia para la
comuna agroindustrial del fundo La Roana. Justo en el año en el que se reporta
la paralización de las obras.
En
febrero se solicitó información sobre el avance y estatus de este proyecto en
las oficinas de BZS de San Juan de Los Morros, capital del estado Guárico, pero
no la suministraron. La representante legal, Elvira González, y el ingeniero
civil de la obra, Gerardo González, dijeron conocer la información, pero no
estar autorizados para proporcionarla.
También
se entregó una solicitud de información en las oficinas de BZS ubicadas en la
zona militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, y semanas más tarde, a través de un
correo electrónico la empresa ofreció una declaración. A pesar del abandono, la
frustración de los lugareños y el desinterés del gobierno de Nicolás Maduro, los
bielorrusos quieren continuar: “Se mantienen las negociaciones sobre la
realización de la segunda etapa de la obra y los volúmenes de dicho contrato.
Esperamos exitosos resultados en las negociaciones para poder empezar con su
ejecución”.
No
hay más detalles ni explicaciones sobre lo ocurrido con este proyecto, aunque sí
insisten en su propósito, que luce de difícil concreción, de continuar la obra.
La ciudad agroindustrial William Lara, dice el primer párrafo de la breve
respuesta, “permitirá en un mayor nivel proveer la seguridad agroalimentaria del
país hermano venezolano y también permitirá aumentar la producción de alimentos
por métodos industriales”.
Tierra sin ley
De
llegar a reactivar las obras, la empresa bielorrusa tendría que buscar nuevas
contratistas para trabajar en esos predios, o ganarse de nuevo la confianza que
perdió. La relación de BZS con las compañías venezolanas que trabajaron en La
Roana no siempre fue buena.
“Me
pagaron bien, aunque ellos decían que Venezuela no les pagaba, a nosotros sí nos
pagaron todo. Claro, a unos precios de gallina flaca, pero pagaban”, dice
Leandro Soto, de la Cooperativa de Servicios y Proyectos
Seikatsu.
Soto
trabajó en la comuna durante año y medio, hasta diciembre de 2013,
específicamente en las terrazas de la zona siete, donde se requería hacer un
movimiento de tierra para la instalación de maquinarias. También acondicionó un
área que serviría de depósito de tractores y les alquiló equipos para hacer
compactaciones.
Otras
tres contratistas refirieron que BZS Venezuela y BZS Construcción les quedó
debiendo las retenciones de impuestos al finalizar la relación de trabajo, y
asoman una arista sobre la ejecución de esas obras que, hasta entonces, no se
había considerado: la inseguridad. Nadie tomó en cuenta este aspecto al momento
de aceptar el negocio.
José
Bustamante, de la compañía Proferca, afirma: “Solamente ejecuté el 20% del
contrato asignado, no solo por la escasez de materiales sino por la inseguridad.
El hampa en El Sombrero era muy fuerte, los sindicatos de la construcción
también. Por eso solo estuvimos tres meses. Hicimos un corte de cuenta y dejamos
eso así”. Proferca debía construir 20 viviendas, pero solo dio tiempo de hacer
las losas y estructuras.
La
empresa Siltec vivió algo similar en el trato con los sindicatos. La atomización
del movimiento obrero promovida hace más de tres lustros por el chavismo devino
en una guerra a pistola por el control de los grandes proyectos de
infraestructura. Los hombres contratados por Siltec apenas deforestaron la zona
y construyeron bases para las viviendas. “Se pudo haber hecho más”, se lamenta
Eric Morales, su representante. La empresa culminó su contrato y se fueron para
no volver jamás a esa tierra sin ley.
