Las constructoras brasileñas también dieron mordiditas

Las delaciones del caso ‘Lava Jato’ en Brasil han producido un desborde de testimonios sobre pagos irregulares que inundan y salpican a círculos de poder en Venezuela. Pero no todo ocurre entre jerarcas de la política. Las contratistas, con Odebrecht a la cabeza, repartieron allí donde les pareció que hacía falta y en las magnitudes adecuadas. Mientras se siguen filtrando papeles de la fiscalía brasileña, la comidilla de los expedientes menciona un amplio elenco de personalidades que incluye desde el empresario Gustavo Cisneros hasta un diputado de la oposición.
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No
solo fueron peces gordos. También con pequeñas carnadas, mordidas de montos
moderados, la constructora brasileña Odebrecht se ganó los favores de
intermediarios y funcionarios de segunda línea. Es lo que se viene sabiendo
según se revela la trama de corrupción más grande en la historia de Brasil, la
de Lava Jato, cuya película no termina de proyectarse. Esta misma
semana los fiscales del caso optaron por aplazar la publicación de los
expedientes que han venido prometiendo para el resto de América Latina. Pero de
a cuentagotas aparecen facturas, transferencias y testimonios, que dejan
constancia de que en la República Bolivariana los brasileños compraron favores
grandes y favores pequeños.
En
la cuenta número 7575921120 del Commercebank de Miami, por ejemplo, aterrizó el
3 de octubre de 2007 una transferencia por 50.000 dólares procedente del
Multibank de Panamá. El emisor era la Constructora Internacional del Sur, una
empresa fachada del istmo que, como se ha comprobado, sirvió de tapadera para
que Odebrecht desembolsara sobornos en el extranjero. La cuenta receptora en
Florida está acreditada a nombre de José Pestana, un funcionario venezolano
entonces a cargo del Proyecto de la Línea 4 del Metro de Caracas.
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De
eso quedó constancia en la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá y también
en Suiza, a donde compareció una de las figuras clave en esta maraña de
depósitos y transferencias: el operador financiero Fernando Migliaccio, que se
mantuvo al frente del Departamento de Operaciones Estructuradas –un eufemismo
que encontraron en Odebrecht para evitar presentarse como la unidad de sobornos
y comisiones– a través de la que depositaban a funcionarios, como el ingeniero a
cargo del contrato MC-2932 del Metro de Caracas.
José
Pestana Goncalves fue gerente del Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) en
el Distrito Capital y estado de Vargas, en el litoral central venezolano; a
finales de 2010 obtuvo del ministro Ricardo Molina un ascenso que le permitió
llegar a director regional del Ministerio para Vivienda y Hábitat. Tres años
antes, para el momento en que recibió la transferencia se desempeñaba como
representante del Estado venezolano en el Consorcio Línea 4. De manera
elocuente, su carrera como funcionario público desembocó –como consta en el
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales– en la nómina de una de las firmas
de Odebrecht (CBPO Ing de Venezuela) que le tocaba
supervisar.
Aunque
se intentó contactarlo, no hubo respuestas. Ni siquiera en la dirección que
apunta la cuenta en la que recibió la transferencia. En la conserjería del
edificio confirmaron que se trataba de su domicilio, pero nunca atendió los
llamados a la puerta, tampoco los mensajes que se le dejaron por
escrito.

Lejos
del control cambiario y de las regulaciones impuestas por el gobierno
venezolano, las comisiones de Odebrecht y el resto de las constructoras
brasileñas establecidas en el país nunca pasaron por la banca local; no
obstante, las direcciones venezolanas de algunos beneficiarios de los
desembolsos han permitido conectar los puntos. Pasó así con un depósito
de 377.000 dólares dirigido al coordinador general del proyecto del segundo
puente sobre río Orinoco, Lucas Valera. Ocurre
hoy lo mismo con una transferencia que llegó a la cuenta de una empresa
registrada en Panamá con el nombre de Quest Investment Group Inc, pero cuyo
domicilio señala una oficina en el piso 4 del Centro Coinasa de La Castellana,
en el este de Caracas, que corresponde con el bufete de abogados del diputado de
la oposición venezolana, Eudoro González Dellán.
Seguro
de que no ha cometido irregularidad alguna, el jefe de la delegación venezolana
al Parlamento del Mercosur y dirigente del partido Primero Justicia (PJ, el
mismo del dos veces excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, y del
presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges) dice que se trata de una
transferencia dirigida no a él ni a su empresa, sino a una de las tantas firmas
internacionales a las que ha prestado servicios desde su bufete de abogados. El
nombre sin embargo se lo guarda; prefiere mantenerlo en
reserva.
A
la primera consulta sobre el tema, González Dellán prometió averiguar de cuál de
sus clientes se trataba, pero adelantó que –como a tantos– alguna vez en su
oficina prestaron servicios para establecer en el país a Andrade Gutierrez, la
constructora brasileña con más contratos en Venezuela después de Odebrecht. En
la segunda oportunidad fue más cauto: dijo que no se trataba de esa
firma.
“Revisamos
el tema en la oficina y se trata de una consultora extranjera a la que llamamos
y automáticamente nos dijeron que no tienen ninguna vinculación –y yo les creo–
con Lava Jato ni Petrobras ni nada de esa vaina”, afirmó. “Más allá no puedo
responder; no tengo como decir más nada de sus operaciones –sobre lo que hacen o
lo que no hacen– al final del día uno es un abogado, le piden una consulta y
cada quien hace su negocio”.
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No
hay más. El diputado prefirió no dar más detalles sobre una transferencia
irregular, que lleva el domicilio de su bufete y que la Policía Federal de
Brasil denuncia en al menos tres informes que reposan en la Delegación Regional
de Combate contra el Crimen Organizado de la Superintendencia del estado de
Paraná. Según esos testimonios, se trata de un pago enviado por la constructora
Andrade Gutierrez, a través de una estructura paralela.
Para
más señas, fue un depósito de una de las tantas
firmas offshore (DGX Import and Export Limited, registrada en
Hong Kong) que empleó Andrade Gutierrez como fachada. Así se lee en la
trasferencia y así refuerza el ya célebre doleiro Alberto
Youssef, un comisionista que al no saber explicar sus movimientos bancarios, en
2013 terminó detonando el caso de corrupción que ha dinamitado el establishment
de Brasil y buena parte de la región.

Nadie
imaginó que el empresario Marcelo Odebrecht, el hombre fuerte de los negocios en
Brasil, terminara condenado a más de 19 años de prisión. Ni hablar de los
escándalos que han comprometido al expresidente Luiz
Inácio Lula da Silva o al actual mandatario, Michel Temer.
Hasta opositores como el excandidato presidencial, Aecio Neves, han salido
salpicados. Esta semana incluyeron al líder de la oposición venezolana, Henrique
Capriles, en la lista de Odebrecht. La revista Valor
Económico de Sao Paulo sorprendió diciendo que en las presidenciales de
2012, el gigante de la construcción brasileña no puso los huevos en una sola
canasta: si bien financiaron la última reelección del expresidente Hugo Chávez,
al mismo tiempo contribuyeron con la campaña de la oposición
venezolana.
Ya
la Policía Federal de Brasil había sugerido que los adversarios a Chávez también
recibieron lo suyo: “Marcelo Bahia Odebrecht (el CEO de la empresa) alerta sobre
pagos ilícitos a la oposición”. Eso apuntaron el 25 de junio del año pasado en
uno de los tantos informes que han venido filtrando, pero en esta oportunidad
los señalamientos apuntan directamente contra el también gobernador del estado
Miranda –en el centro del país– y provienen de parte de Euzenando Azevedo, el
hombre fuerte de Odebrecht en Venezuela, quien se sumó a la lista de testigos
convertidos en delatores, a cambio de beneficios
procesales.
Mejor
que nadie, Azevedo sabe lo que ocurrió en Venezuela. Discreto como buen hombre
de negocios y provisto de la simpatía brasileña, supo transitar sin hacer bulla
por los vericuetos de las esferas bolivarianas. Tanto, que Chávez nunca le
escatimó elogios y buenas palabras. “Grande amigo”, le dijo públicamente el 13
de noviembre de 2006 mientras resaltaba su papel durante la inauguración del
segundo puente sobre el río Orinoco. “Para Euzenando un abrazo muy especial y
una felicitación pero muy, muy especial, por su voluntad de acero,
inquebrantable en el impulso de la obra y de las distintas obras que estamos
adelantando en Venezuela”.
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Del virrey de
Odebrecht en Caracas no se había escuchado denuncia alguna. La última vez que se
le vio aterrizando por Venezuela fue el 17 de diciembre del año pasado a bordo
del vuelo 223 proveniente de Panamá. Invisible desde entonces, su testimonio
–ahora filtrado por medios brasileños– señala que fue apartado del cargo cuando
Nicolás Maduro se enteró que la empresa también apostaba por la campaña
opositora.
Según Valor
Económico, cuando el servicio de inteligencia en Venezuela detectó la
contribución de Odebrecht a la campaña de Capriles, el entonces ministro de
Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, amenazó con cortar todos los contratos.
La empresa brasileña entonces no tuvo más remedio que relevar a su embajador y
enviarlo a otras tareas. Las cosas siguieron en aparente calma pero el romance
del chavismo con la constructora terminó. Tanto así que en su testimonio,
Azevedo advierte que el Gobierno llegó a represar 1.000 millones de dólares que
luego fueron pagando de a poco.
Capriles
ha negado cualquier vinculación con el caso, y para eso en febrero recordó que
ni en la Alcaldía de Baruta ni en la Gobernación del estado Miranda ha firmado
contrato alguno con Odebrecht o alguna otra de las contratistas de esta trama.
“Pretenden convertirme en el chivo expiatorio”, respondió a principios de año,
cuando desde el oficialismo se le buscaba incriminar. “Ahora resulta que del
Gobierno corrupto que contrató con Odebrecht millones, ¡yo soy el señalado! ¡De
verdad dan pena! Vergüenza ajena”.

Los
coletazos del llamado caso Lava Jato en Venezuela ponen de
manifiesto el debate sobre el financiamiento de la política, que cambió a partir
de 1999 cuando los partidos quedaron sin fondos del Estado. La trama de Brasil
desnuda a los políticos de ese y otros países, pero también a un sin número de
empresarios que han optado por pagar favores. Verbigracia el empresario
venezolano Gustavo Cisneros, cuyo nombre también salió a relucir en las tantas
actas que procesan los fiscales brasileños.
Cisneros
contrató el lobby del exministro de Lula y dirigente del Partido de los
Trabajadores de Brasil, José Dirceu, para que intercediera ante el presidente
Hugo Chávez y lograra renovar la concesión del canal Venevisión. Algo similar
hizo la empresa Ambev –la megamultinacional propietaria, entre diversas marcas,
de la cerveza Brahma– que recurrieron a los mismos servicios para tratar con el
alto Gobierno una salida sin contratiempos del mercado
venezolano.
"Nosotros
teníamos un problema en Venezuela, el cambio era controlado, teníamos
dificultades con el gobierno de (Hugo) Chávez, que era un gobierno cerrado (…) y
esa salida necesitaba ser negociada con el gobierno para no tener mayores ruidos
en otros países donde tenemos presencia fuerte como Argentina y Centroamérica”,
expuso ante la justicia Milton Seligman en nombre de la empresa Ambev.
“Queríamos tener una salida negociada con el gobierno (…) y recordé buscar a
Dirceu porque sabía de su cercanía con el presidente
Chávez".
La
empresa JD Assessoria e Consultoria, de Dirceu, recibió más de 12 millones de
dólares entre 2006 y 2013 por cabildeos y favores políticos que sólo él podía
acometer por su cercanía a Lula Da Silva y su entorno. Además de las
asignaciones contratadas por Cisneros y Ambev, otra empresa brasileña, Consilux,
apeló a Dirceu, cuya mediación alcanzó para que los directivos de la compañía
lograran entrevistarse no una ni dos, sino tres veces con el ex presidente
Chávez, a quien pedían cancelar las partidas de un proyecto de la Misión
Vivienda que prometía 5.000 casas en el complejo habitacional Cayaurima de
Ciudad Bolívar.
“Dirceu
me llevó tres veces para hablar personalmente con Chávez y después de eso el
dinero comenzó a salir más rápido”, confesó el dueño de la empresa, Aldo
Vendramin, en los interrogatorios y entrevistas que ha dado desde entonces. Las
viviendas, sin embargo, se quedaron en promesas y entre ellos quedaron
comprometidos 416 millones de dólares de los que no hay
noticia.
Del
paso de la empresa Consilux por Venezuela solo habían quedado fotos de unos
obreros en huelga de hambre a las puertas de la embajada de Brasil en Caracas.
Viajaron en mayo de 2011 del estado de Bolívar, en el sur, a la capital
venezolana, sobre la costa norte, para pedir pasivos laborales y salarios caídos
durante un año. Más tarde las denuncias salieron de algunos de los beneficiarios
que quedaron en viviendas a medio terminar. Sus testimonios constatan la
hemorragia de fondos públicos que ahora se lee en los expedientes de Lava Jato.
Y con episodios de esa magnitud, de a pequeñas mordidas, Odebrecht y el resto de
las constructoras brasileñas del caso Lava Jato repartieron el botín en
Venezuela.