Venezolanos cruzan por tierra Los Andes para tratarse el VIH en Perú

La mayor potencia petrolera del hemisferio se desentiende de sus seropositivos y los deja morir. Desde 2012 escasean los medicamentos y la pandemia se propaga sin freno en Venezuela. Así que ahora se cuentan por decenas los pacientes que, para salvar sus vidas, emprendieron una epopeya de 4.000 kilómetros por carretera para alcanzar la tierra prometida donde encontrarían tanto empleo como salud.
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Una
tarde de septiembre de 2016, Antonio regresó a su casa sin el antialérgico que
necesitaba su esposa. Después de largas horas de recorridos por farmacias vacías
en San Fernando, capital del estado de Apure (llanos del suroccidente
venezolano), sólo tuvo una certeza: ambos tenían que abandonar el
país.
El
estrés por la escasez permanente de alimentos y medicinas estaba minando sus
defensas y su situación se complicaba al ser ambos pacientes con VIH. Era
urgente que retomaran sus terapias, pero en una Venezuela sin reservas de
antirretrovirales y pastillas tan básicas como para tratar una gripe o una
infección, la incertidumbre de la espera resultaba tan nociva como la propia
enfermedad. La pareja aún no podía saberlo entonces, pero su lucha por salvar su
vida los llevaría a hacer un largo viaje por tres países de Suramérica para
recibir atención médica y los fármacos vitales para controlar el virus del sida.
La última estación sería Perú.
Antonio
y Pamela viven en Lima con su hija pequeña desde hace nueve meses. Se instalaron
en una habitación alquilada al norte de la capital peruana porque solo en este
país han encontrado empleo para sufragar sus gastos básicos. “Necesitábamos
retomar nuestras terapias, pero sobre todo vivir sin angustia. Eso ayudó mucho a
disminuir nuestra carga viral”, dice Antonio, un hombre de mediana estatura y
gestos pausados, en el local en Lima de una organización civil que vigila el
abastecimiento de antirretrovirales.
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Esta
familia forma parte de una oleada de 7.000 venezolanos que en lo que va del año
consiguieron permisos de permanencia temporal facilitados por el Gobierno
peruano, según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Aunque no
hay estadísticas oficiales sobre el número específico de personas que llegaron
de Venezuela por razones de salud, desde noviembre del 2016, la ONG Grupo
Impulsor de Vigilancia Sobre Abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales
(GIVAR) ha registrado 20 casos de venezolanos con VIH que emigraron al Perú
específicamente con el objetivo de retomar sus terapias para controlar esta
enfermedad. “Nos siguen llegando correos de personas que piden que las ayudemos
para que reciban aquí los medicamentos de manera gratuita”, explica Marlon
Castillo, coordinador de este colectivo ubicado en el distrito de San Martín de
Porres, al norte de Lima.
En
realidad, Perú no es la primera opción de los venezolanos que emigran por
razones de salud. Lo explica la geografía: para alcanzar por tierra el país,
primero hay que atravesar Colombia y Ecuador. Por eso, quienes migran en pos de
un tratamiento buscan ayuda antes en las ciudades ecuatorianas de Quito y
Guayaquil, a las que llegan tras un agotador viaje por tierra que cruza Colombia
desde Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con
Venezuela, hasta la frontera con Ecuador.
En
Ecuador los trámites para que los ciudadanos extranjeros accedan a los servicios
de salud y al tratamiento antirretroviral de manera gratuita son rápidos y
sencillos: apenas se necesita presentar un carnet de identificación y la
historia clínica, además de acudir a algunas charlas de orientación. Pero allá
el problema es otro: “En Ecuador no encontramos trabajo y nos quedamos sin
dinero”, cuenta Pamela, quien era profesora en una escuela pública de su país,
pero ahora trabaja como vendedora en una tienda de ropa en el centro de Lima. Su
esposo, que también era empleado público, ha conseguido un oficio como ayudante
en una fábrica de franelas en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito La
Victoria de la capital peruana.
Antes
de instalarse en Perú, por unas semanas la pareja recibió atención especializada
en el Hospital de Infectología de Guayaquil, la principal ciudad portuaria de
Ecuador. A pesar de ello, las nuevas facilidades de migración dispuestas por el
Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski les atrajeron a
Perú.
Hasta
hace unos meses, los venezolanos que llegaban a Perú debían obtener un permiso
de estancia como refugiados, pero en enero de 2017 el Gobierno peruano aprobó
emitir un permiso temporal de permanencia sólo para ciudadanos de ese país. El
documento, que tiene una vigencia de un año, permite a los venezolanos estudiar,
trabajar y atenderse en un servicio de salud aunque carezcan de seguro médico.
"Este apoyo es humanitario, por la situación que está pasando Venezuela. Es una
forma de devolver lo que antes ellos hicieron por los peruanos en la época del
terrorismo", dice un vocero de la Superintendencia Nacional de
Migraciones.
En
el Sistema Integral de Salud (SIS) estaban registrados 2.667 ciudadanos con
carnet de extranjería hasta 2016, lo que les permite recibir atención médica en
calidad de asegurados. La situación de los migrantes venezolanos es distinta
porque muchos de ellos aún no tienen el carnet. “Este caso está siendo estudiado
para ver cómo vamos incorporándolos al seguro con una contribución mínima”, dice
María Cecilia Lengua Hinojosa, médico encargada de la gerencia de riesgos y
evaluación de las prestaciones del SIS.
Los
pacientes extranjeros con VIH reciben sus medicinas sin pago alguno, ya que el
tratamiento antirretroviral es de acceso universal y gratuito en todo el mundo.
Sin embargo, aquellos que carecen de seguro médico en Perú deben pagar por los
chequeos clínicos una tarifa que puede ser evaluada en los servicios de
asistencia social de los hospitales.
Todas
estas ventajas aparecían enumeradas en diversos grupos creados en Facebook por
otros venezolanos para ayudarse a seguir la ruta hacia Perú. Los esposos Pamela
y Antonio se convencieron así de que esta era una oportunidad. Cruzaron en
automóvil desde el pueblo fronterizo de Huaquillas, Ecuador, con dirección hacia
Zarumilla, Perú, pernoctaron unos días en Tumbes, y luego tomaron un autobús
interprovincial que los condujo finalmente hasta Lima. “Volver a empezar no fue
fácil, pero hemos tenido mucha suerte. Ahora recibimos atención en el hospital
San José del Callao”, dice Pamela, una mujer de 36 años, de un tono de voz
alegre y manos inquietas mientras habla.
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Del orgullo a la tragedia
La
tarde del 3 de mayo pasado, Caracas se quedó sin electricidad y el activista
Jonathan Rodríguez, presidente de la ONG StopVIH, no tuvo otra opción que
recurrir a la batería de su auto para recargar su celular y seguir con la
entrevista que concedía a las autoras de este reportaje por un canal de
Whatsapp. “Hay personas que se mueren todos los días por la escasez de
medicamentos e insumos hospitalarios en Venezuela”, escribió mortificado. “El
Gobierno sólo muestra indiferencia”, añadió.
La
crisis generalizada del país, que linda con una emergencia humanitaria, acosa
con saña al sistema de atención a los pacientes de VIH en Venezuela, otrora un
orgullo de la sanidad pública, incluso, durante la primera etapa de la
autodenominada Revolución Bolivariana, cuando el país desafió a los cárteles
farmacéuticos globales y distribuyó de manera gratuita drogas antirretrovirales
importadas de India.
Pero
eso duró lo que el boom petrolero. Desde 2012 empezaron a
escasear los medicamentos, casi imposibles de obtener ahora. El virus se propaga
otra vez con rapidez, más allá del colectivo de 200.000 portadores que, se
calcula muy en trazos gruesos, pervive en el país. La enfermedad vuelve a
recobrar una alta tasa de mortalidad en Venezuela, retrocediendo a escenarios de
principios de los años 80, pero con el agravante de que el desabastecimiento en
los hospitales impiden acompañar la agonía de los pacientes con dignidad y
paliativos. Un
reportaje del diario Toronto Globe and Mail,
publicado a mediados de junio pasado, encontró en Venezuela una situación más
dramática que la que enfrentaron los países africanos en los peores momentos de
la pandemia, a finales del siglo pasado.
La
organización de Rodríguez ha documentado 66 graves episodios de
desabastecimiento de 25 antirretrovirales desde noviembre de 2009 hasta la
fecha. Esta situación ha puesto en riesgo la vida de las más de 65.000 personas
con VIH que recibían del Estado las medicinas que las mantienen con vida. Sin
tratamientos oportunos o debido a problemas que los empujan al abandono, muchos
pacientes corren el riesgo de hacerse resistentes a los medicamentos y su
pronóstico se complica.
“Lo
que está sucediendo en Venezuela va en contra de todos los esfuerzos globales
para controlar la pandemia. Que no haya tratamiento antirretroviral sostenible
en un país va a traer consecuencias graves para su población: habrá más enfermos
debilitados, más casos de nuevos infectados y más muertos. Ahora, con el
problema migratorio, está el riesgo también de llevar virus mutados resistentes
fuera de las fronteras venezolanas, lo que empeorará la situación del VIH en el
mundo”, dice Jesús Aguais, director de la organización civil Aid for Aids, con
sede en Estados Unidos.
En
el 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya advertía que
Venezuela era el país con más problemas de abastecimiento de antirretrovirales
en América Latina, una situación que se agudizó en los últimos dos años y que
ahora impide mantener bajo control esta enfermedad. Las cifras disponibles de
ONUSIDA revelan que las muertes relacionadas al VIH/Sida en este país se han
incrementado. “En 1997, no superaban las mil; en el 2015, llegaron a los 3.300
casos”, indica Michela Polesana, oficial de Comunicaciones de este organismo de
las Naciones Unidas para la región. Este no es el único problema: en Venezuela
viven también 44.000 personas infectadas con VIH que desconocen su diagnóstico y
cada año se suman un promedio de 5.600 nuevos enfermos.
Pese
a este desolador panorama, el Ministerio de Salud venezolano no agilizó las
acciones de prevención del virus y las compras de las medicinas para los
pacientes infectados. En el 2014, el Gobierno reconoció que de las 30 medicinas
para el VIH de su lista de compras, solamente estaban cubiertas 14. Menos aún
garantizó las provisiones de otros medicamentos esenciales, como cicatrizantes y
anticoagulantes.
A
comienzos del 2017, la situación llegó al límite: 90% de las medicinas de alto
costo, en su mayoría antirretrovirales y oncológicos, no llegaron a las
farmacias de los hospitales en Venezuela. Las importaciones de fármacos están
trabadas debido a que el Estado no tiene suficiente presupuesto para cubrirlas.
Según datos del sector farmacéutico en Venezuela, el Ministerio de Salud
mantiene desde 2014 una deuda de 4.000 millones de dólares con laboratorios
proveedores. Ese año, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana
(FFV), Freddy Ceballos, dijo que el régimen recuperaría la confianza del sector
si liquidaba 60 % de la deuda. Pero no hay indicios de que se haya cumplido esta
condición.
Las
autoridades sanitarias han comprado antirretrovirales a través del Fondo
Estratégico de Medicamentos de la OPS en los años 2015 y 2016. Sin embargo,
Antonieta Caporale, una de los tres ministros de salud que ha tenido Venezuela
en los últimos seis meses, dijo en abril pasado que no se pudieron realizar a
tiempo las adquisiciones de este año por problemas administrativos. “Conocimos
que todo el lote costaba alrededor de 12 millones de dólares y el Gobierno no
tenía liquidez”, sostiene Alberto Nieves, de la ONG Acción Ciudadana Contra el
SIDA (ACCSI) en una entrevista para este
reportaje.
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Resistencias peligrosas
Cuando
Elvis Ortuño partió de Valencia, la capital del estado de Carabobo y principal
centro de la industria ligera en Venezuela, tuvo que desprenderse de su familia,
de su pareja y de su último año de carrera de Educación. Era marzo de 2016, se
había enterado de que los antirretrovirales no estaban garantizados para los
próximos meses y temió por su vida. Entonces apenas completaba un mes intentando
asimilar la noticia de que estaba infectado con el VIH, y las pruebas de carga
viral advertían que sus valores de CD4 (un tipo de células que ayudan a combatir
las infecciones) estaban por debajo de lo normal. “Si me quedada, corría el
riesgo de generar resistencia al tratamiento y sería incapaz de combatir el
virus”, explica este joven de 35 años que ahora vive en la ciudad de Trujillo,
al norte de Perú.
Al
igual que varios de sus compatriotas, Elvis Ortuño exploró en internet las
alternativas de migración que tenía y emprendió un viaje por tierra hacia
Guayaquil, Ecuador. El camino no fue sencillo. Le habían advertido que pasaría
por continuas revisiones de oficiales de la Guardia Nacional en la alcabala de
La Caramuca, en el estado de Barinas -patria chica del comandante Hugo Chávez y
de su familia, que le ha dado tres gobernadores en fila-, antes de seguir la
ruta hacia su destino. “Nos hicieron bajar del autobús y revisaron nuestros
equipajes. Pude ver que se llevaron a dos personas a las que supuestamente les
habían encontrado una mercancía ilegal, pero las denuncias de que los propios
guardias te siembran cosas son constantes”, relata.
El
problema de Elvis empezó en el puesto migratorio colombiano para llegar a la
ciudad de Cúcuta desde San Antonio del Táchira, en Venezuela. Allí donde los
oficiales le impidieron continuar su camino. La única manera para dejarlo pasar
era que mostrara un boleto aéreo de retorno a su país, a manera de constancia de
que no se quedaría en Colombia. Durante un día y medio buscó diversas formas de
cruzar la frontera: rogó por horas a los policías y le pidió a un médico que le
facilitara un certificado de viaje por razones de salud, pero nada de eso
funcionó. Sólo cuando mostró la reserva del boleto de avión que le había
expedido una agencia de viajes ecuatoriana a la que contactó por teléfono, su
pasaporte fue sellado y cruzó la frontera.
“Sabía
que al pasar el Puente Internacional Simón Bolívar (N. de R.: sobre el río
Táchira, frontera entre Venezuela y Colombia) mi vida iba a cambiar. Fue
como un signo de esperanza”, cuenta. Entonces, Elvis Ortuño tenía apenas 120
dólares en el bolsillo, su último kit de antirretrovirales que cubriría su
terapia de un mes y una maleta pequeña de ropa. Debía continuar el viaje en
autobús desde Colombia hacia Ecuador.
Luego
de 36 horas de recorrido, el joven venezolano de contextura delgada y piel
tostada llegó al Puente Internacional de Rumichaca, por donde ingresó a Ecuador.
Su éxodo debía terminar en el Hospital de Infectología de Guayaquil, por lo que
tuvo que hacer más conexiones con servicios de transporte interprovincial para
atravesar territorio ecuatoriano y cumplir su objetivo. En ese servicio de salud
recibió la atención que esperaba: le dieron los antirretrovirales con tan sólo
mostrar su historia clínica y no tuvo inconvenientes para acceder a los chequeos
médicos en forma gratuita. El problema llegó siete meses después, cuando no
logró hallar un empleo que le permitiera sostenerse. Entonces volvió a indagar
en internet una segunda opción de destino y se comunicó por correo con el
colectivo GIVAR para que lo ayudara a recibir tratamiento antirretroviral en
Perú.
En
octubre de 2016, Elvis Ortuño cruzó otra frontera pero esta vez confiado en que
conseguiría el trato deseado. No llegó a Lima, sino que se quedó en la ciudad de
Trujillo, en el norte de Perú, donde consiguió integrarse al programa de
tratamiento antirretroviral gratuito del hospital de Belén y se empleó como
mesonero en un restaurante. Ahora se siente tranquilo, pues sus exámenes
clínicos muestran que no se ha hecho resistente a las medicinas pese a que tuvo
que interrumpir algunas veces su terapia.
Sin
embargo, esta angustia la viven miles de sus compatriotas infectados que
permanecen aún en Venezuela. “Si un paciente con VIH deja de tomar sus
medicamentos cuando se encuentra entre el sexto y noveno mes de terapia, su
carga viral se incrementará y el fármaco dejará de hacer efecto. Si hay muchos
pacientes que se encuentran en esta situación, obviamente la epidemia se
descontrolará”, explica el médico Eduardo Sánchez Vergaray, presidente de la
Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas del Perú.
Solo
este año se han presentado cinco episodios de escasez de antirretrovirales en
Venezuela: desde enero no hay Zidovudina en jarabe para niños y desde febrero
tampoco se encuentran reservas de Complera, un comprimido que contiene
rilpivirina, emtricitabina y tenofovir. Tan grave como esta situación es que
este país ya no cuenta con datos epidemiológicos confiables porque tampoco
dispone de reactivos para hacer las evaluaciones clínicas. “No sabemos cómo
estamos”, manifiesta Elia Sánchez, infectóloga y ex presidenta de la Sociedad
Venezolana de Epidemiología.
La
doctora Sánchez dice que hay pocas posibilidades de medir correctamente los
niveles de resistencia de los pacientes con VIH porque no hay insumos para hacer
las pruebas. Han pasado tres años desde que se hizo el último examen de genotipo
en esta población y desde hace seis meses no hay reactivos para los análisis de
cargas virales que cada paciente debe realizarse cada tres o cuatro
meses.
El
VIH era una de las enfermedades a las que el Estado venezolano le dedicó mayor
presupuesto desde que se creó el programa nacional para controlar la epidemia en
1999. Sin embargo, el Ministerio de Salud ahora no le da prioridad. “Los
esquemas de tratamiento están compuestos de medicinas antiguas. El país no
cuenta con terapias modernas porque son muy costosas”, dice
Sánchez.
Retienen las donaciones
En
Venezuela, el Estado es el único responsable de importar los medicamentos para
abastecer las farmacias y hay dos organizaciones no gubernamentales que cuentan
con un banco de fármacos proveniente de donaciones: Cáritas Venezuela y la
Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), a
través del programa Acción Minoritaria de Venezolanos, que se abastece de los
donativos enviados por compatriotas en el extranjero. Sin embargo, los envíos
son cada vez más restringidos y limitados. Alberto Nieves, de la ONG Acción
Solidaria Contra el VIH, denuncia que ha sido testigo de cómo las autoridades se
quedaron con lotes de medicinas que llegaron del exterior y que no fueron
distribuidas a los beneficiarios.
Además,
en el 2016, Cáritas Internacional intentó enviar 75.000 unidades de medicinas
esenciales, pero las autoridades decomisaron la carga en el aeropuerto. Según
voceros de esta organización contactados para este informe, el Gobierno puso
restricciones incomprensibles para el ingreso de los lotes de
medicamentos.
Si
bien en Caracas una parte de la población de pacientes con VIH sobrevive con las
últimas reservas de medicinas del Ministerio de Salud, estas no llegan a centros
urbanos de provincia como Valencia, Maracaibo y Barquisimeto, donde se han
reportado casos de niños y adultos con más de cuatro meses sin terapia
antirretroviral. Por esta razón, son cada vez más las personas que como Antonio,
Pamela y Elvis deciden hacer un largo viaje por América Latina para conseguir
los medicamentos y salvar su vida.
Los
servicios de salud de Colombia, República Dominicana y Panamá también han
reportado grupos de venezolanos con VIH que han ingresado en los últimos dos
años a sus programas gratuitos de terapia antirretroviral. No hay datos
disponibles sobre el número específico de migrantes con esta condición de salud,
pero el éxodo de pacientes preocupa a algunas ONG en Venezuela porque temen que
los sistemas de salud de otros países vean afectados sus presupuestos y reservas
de medicinas. En República Dominicana, por ejemplo, se estimó que el gasto por
atenciones a pacientes extranjeros con VIH llegó a 1,4 millones de dólares en
2016. La mayoría de los atendidos eran haitianos y venezolanos. “Esta situación
se evitaría si el Gobierno reconociera el grave problema de salud pública que
tenemos y aceptara sin complicaciones la ayuda humanitaria internacional”, dice
Alberto Nieves, de Acción Solidaria Contra el VIH.
El
desabastecimiento generalizado de medicinas desencadenó en mayo una masiva
marcha de pacientes y profesionales de salud en Caracas, quienes resistieron las
bombas lacrimógenas y la represión de la Guardia Nacional que intentó sin éxito
impedir que llegaran hacia el Ministerio de Salud. Las personas enfermas que
salieron a las calles tenían un lema: “Si no salimos, igual nos morimos por
falta de medicamentos”.
(*)
Reportaje preparado especialmente para Armando.info por el website Ojo Público,
de Lima, Perú, en el marco del proyecto The Big Pharma Project.