En 2013 a Odebrecht le daban (casi) igual tanto Maduro como Capriles

Santana y Moura, que asesoraron a la campaña de Chávez de 2012, habían revelado que Odebrecht pagó al siete de los 35 millones de dólares del importe de su factura.

Pero ahora surgen nuevos y más precisos detalles de la relación.

El Director Ejecutivo de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, prestó el 15 de diciembre pasado una declaración jurada en la sede de la Procuradoría General en el estado de Sergipe, costa nororiental de Brasil. El poderoso ex representante de Odebrecht en Caracas se acogió así a la figura de “delaciones premiadas”, establecida en la normativa brasileña, y que ha permitido a las autoridades brasileñas investigar la trama de corrupción del llamado caso Lava Jato, a través de testigos protegidos que confiesan a cambio de beneficios procesales. Hasta ahora 78 personas, entre altos ejecutivos de las empresas involucradas y sus respectivos operadores financieros –los llamados doleiros–, han preferido ofrecer sus testimonios en esas condiciones.

Del relato de Azevedo, que hizo ante los procuradores Heitor Alves Soares y Leonardo Cervino Martinelli, y en compañía de sus abogados, Carla Domenico y Sergio Ferraz de Campos, algunos respaldos acaban de filtrarse para este reportaje. El trascendido implica en simultáneo, por paradoja o ironía, a los adversarios de la reñida campaña electoral de 2013, Nicolás Maduro y Henrique Capriles Radonski.

No cabe duda de que Maduro llegó al palacio presidencial de Miraflores en 2013 con un decisivo apoyo de Odebrecht. A cambio del dinero, el hoy presidente habría garantizado a la constructora las mismas condiciones favorables de las que ya gozaba con su antecesor y mentor, Hugo Chávez.

Para ello, Maduro nunca se reunió en persona con los brasileños. Contó con la intermediación del entonces coordinador de su campaña electoral, Américo Mata, que en nombre del gobierno venezolano pidió 50 millones de dólares para garantizar a la constructora la puesta al día de los pagos -que en Venezuela pueden retrasarse con facilidad por la morosidad del Estado o por los trámites de aprobación de divisas necesarios para superar el régimen de control de cambio- y la participación en contratos de obras por venir.

Las reuniones de Mata con Azevedo, hasta tres, se efectuaron en el Gourmet Market de El Rosal, uno de los pocos cafés de moda que sobreviven a la crisis en Venezuela, preferido de modelos y hombres de negocios, cercano al distrito financiero de Caracas, El Rosal, y a la oficina de Odebrecht. A nombre de Odebrecht, Azevedo se comprometió a cancelar 35 de los 50 millones de dólares que le pedían para cerrar un trato.

El entonces interlocutor de Azevedo y emisario de Maduro, Américo Mata, es una pieza transversal en el engranaje del chavismo, que ha ido subiendo peldaños a la vera del ex diputado, varias veces ministro y hasta ex vicepresidente de la República, Elías Jaua, quien por estos días recientes presidió la comisión promotora de la polémica Asamblea Nacional Constituyente que el oficialismo se propone instalar.

Américo Mata ha circulado por distintos puestos de confianza de la administración pública, desde viceministro de Economía Agrícola y directivo de la extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) pasando por las directivas de Hidrocapital, el Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista (Inces) y la Corporación Nacional Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.

En 2015 Mata sucedió directamente a su auspiciante, Elías Jaua, en la presidencia de la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy Miranda, Corpomiranda. Se trata de un ente que el chavismo creó ad hoc desde el Gobierno central para eclipsar al gobernador de esa provincia, Capriles Radonski. Jaua desempeñó esa suerte de gobernación paralela de Miranda -estado del que recibió el título oficioso de Protector- como presidente de Corpomiranda hasta 2015, cuando dejó el cargo para postularse como candidato a la Asamblea Nacional y lo legó a su pupilo, Américo Mata.

A través de esos canales la campaña oficialista recibió los aportes de Odebrecht. La ruta no solo burló los controles establecidos por el régimen desde 2003 con el control de cambios y la posterior Ley de Ilícitos Cambiarios, varias veces reformada, pero siempre precisa a la hora de exigir declarar ante el Banco Central y convertir cualquier divisa extranjera a la tasa oficial. También eludió lo que estipula la Ley de Procesos Electorales, que en su artículo 75 prohíbe de manera expresa la propaganda electoral “financiada con fondos de origen extranjero”.

Se pudo contactar al intermediario del gobierno venezolano, Américo Mata, por una llamada al mismo número de teléfono por el que antes respondía a los periodistas. No obstante, la comunicación finalizó inmediatamente después de mencionar la palabra Odebrecht, y no se pudo restablecer. 

Pero al mismo tiempo ocurría algo sin precedentes. Tal vez al medir con perspicacia el cambio de la dirección del viento en el clima electoral venezolano, Odebrecht decidió también poner unas fichas en la casilla del candidato opositor.

La revista Valor Económico de Sao Paulo sorprendió en mayo advirtiendo que la constructora ya había apoyado a Henrique Capriles Radonski en la campaña de octubre de 2012, en la que enfrentó a un Chávez moribundo y perdió. Algo similar, pero sin pormenores, había asomado en enero el diario The Wall Street Journal.

Ahora un nuevo legajo de documentos inéditos –filtrados para este reportaje– muestran que la corporación dio al año siguiente, para enfrentar a Maduro, un apoyo aún más decidido a la campaña de Capriles Radonski.

Esa noche Capriles garantizó que Odebrecht se mantendría en Venezuela después del chavismo. “Nunca traté nada con él directamente sobre alguna ayuda financiera, pero estaba inferido que había ayudado y de manera muy cariñosa me agradeció y enfatizó que si ganase no tomaría ninguna actitud contra los contratos”, aseguró Azevedo.

A diferencia del escándalo actual, cuando la marca de Odebrecht se ha reservado en todo el mundo y todos los idiomas el sinónimo de corrupción, para esa fecha el nombre portaba un halo de éxito en la globalización. A los representantes corporativos les resultaba más riesgoso y cuesta arriba explicar al chavismo las razones de una foto con su contendor, que para el líder de una oposición ávida de votos y mecanismos de financiamiento hacer el mismo ejercicio con su clientela electoral.

No hay que olvidar que, además, por esos días Capriles expresaba en público su admiración por el modelo de desarrollo implantado en Brasil por Lula y el Partido de los Trabajadores (PT), algo que le debió facilitar la entrada con uno de los símbolos de la expansión internacional del lulismo, pero que le deparó no pocas controversias con sus aliados más radicales de oposición.

El eco de la llamada operación Lava Jato muestra que más allá de la corrupción, los sobornos y los sobreprecios, las constructoras de Brasil también se preocuparon por apoyar hasta las campañas electorales de los débiles. Pero no era un simple acto de justicia o conmiseración con los underdogs: los brasileños buscaban garantizar que ningún viraje político los sacara del juego.

Ya en la elección anterior le habían girado a la campaña del candidato opositor venezolano, mediante empresas registradas en paraísos fiscales, unos dos millones de dólares, según el testimonio de Azevedo. Él y Capriles se habían conocido en 2012 a través de un constructor venezolano llamado Benito Rodríguez, cuya empresa era subcontratada por Odebrecht. El candidato entonces aseguró que respetaría los contratos preestablecidos. 

Los acercamientos de Odebrecht con cualquier gobierno empezaban con la campaña electoral. Era un apoyo al dirigente y al partido político, que luego abría otras puertas. Eso declaró esta semana el abogado brasileño, Rodrigo Tacla, que formó parte del Departamento de Operaciones Estructuradas de la compañía. “El primer contacto se establecía en la campaña electoral”, dijo esta semana desde España en entrevista con los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil para diario El País. “Odebrecht corría con los gastos del marketing político de los candidatos”.