
La fortuna intocable de El Chapo Guzmán (y otros tesoros desconocidos)
Desde su primera fuga de un penal de máxima seguridad, en 2001, a la fecha, al mítico jefe del Cártel de Sinaloa apenas le incautaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada, 171 municiones y cuatro objetos, entre otros bienes de menor valor. Tras su extradición, ahora Estados Unidos va por su fortuna. Pero no es el único caso en el que hay que reparar. Cerca de 200 solicitudes de información al Estado mexicano revelan que, aunque en la Guerra contra las Drogas decapiten a las organizaciones criminales, sus patrimonios y estructuras financieras permanecen casi intactas, y que de lo poco que se les quita, es aún menos lo que se sabe
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Primera
entrega | Desde
que Joaquín El Chapo Guzmán se fugó la primera vez de una
cárcel de máxima seguridad en Jalisco, provincia del occidente de México, la
Procuraduría General de la República no combatió la estructura financiera de su
poderoso cartel, el de Sinaloa, ni la suya personal, calculada en 21.600
millones de dólares. Así lo demuestran documentos de la Fiscalía
federal.
La
primera huida fue en enero de 2001. Luego fue recapturado en el puerto de
Mazatlán en febrero de 2014 y encarcelado. Consumó la segunda fuga por un túnel
en julio de 2015. Burló el sistema penitenciario una y otra vez y lo
recapturaron a principios de 2016.
Un
año después, el Gobierno mexicano decidió sorpresivamente extraditarlo a Estados
Unidos, un día antes de que asumiera la Presidencia Donald Trump, el 20 de enero
de 2017.
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Pasaron
tres diferentes gobiernos -los de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto- y la Procuraduría reporta que, en el periodo 2001-2017,
apenas le decomisaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una
granada y 171 municiones. El valor de lo recuperado palidece en relación al
patrimonio estimado de El Chapo, similar al del hombre en el puesto
33 entre los 100 más ricos del mundo, Michael Dell, el creador de la compañía
homónima de informática, según la
revista Forbes.
El
análisis de tres bases de datos de la Procuraduría, obtenidas a través de
solicitudes por la Ley de Transparencia vigente en el país, demuestran que,
aunque el Estado mexicano ha detenido narcotraficantes de alto vuelo, las mismas
autoridades tienden a desconocer la magnitud de sus estructuras financieras. La
información que manejan las instituciones responsables sobre la cantidad y el
valor de los bienes incautados es escasa e irregular. Y en los casos que se
manejan cifras, el valor de objetos y dinero registrados son ínfimos en
contraste con las estimaciones de los haberes de los
mafiosos.
La
debilidad institucional en la investigación financiera contra las mafias también
incide en procesos judiciales que se le revierten al Estado. En algunos casos,
el gobierno ha tenido que resarcir daños económicamente a terceros por bienes
incautados al narcotráfico. La situación se agrava con las extradiciones de
narcos al extranjero, ya que México, al desconocer las estructuras de bienes y
recursos económicos del crimen, corre el riesgo de no poder
reclamarlas.
Se
solicitó una entrevista con el Procurador General, Raúl Cervantes, para aclarar
diferencias en la data y ahondar en el tema pero, hasta la fecha de redacción de
este reportaje, no fue concedida.
A
inicios de mayo, Cervantes afirmó en una entrevista televisiva que El
Chapo no utilizaba el sistema financiero. “Siempre que estábamos
buscando, decíamos: ‘No utiliza el sistema financiero’. No es tan sencillo. Hay
otros que sí lo utilizan”.
El
Chapo. En 2015, la PGR acepto´ que no habi´a aseguramientos registrados al capo
ma´s buscado del mundo..... by ArmandoInfo on
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“Cero” inmuebles
A
la Procuraduría se le solicitó dos veces información sobre todo lo asegurado
desde 2001 al cártel liderado por El Chapo. En la primera ocasión,
en septiembre de 2015, el reporte fue el siguiente: “Se hace de su conocimiento
que respecto de Joaquín Guzmán Loera se tiene un total de 0 inmuebles, casas,
terrenos, empresas y cuentas bancarias aseguradas (...)”. Pero el documento
también hacía una salvedad: “Pueden existir aseguramientos que, dada la
situación jurídica y el estado procesal, pueden no estar
reportados”.
En
otra solicitud, en febrero de este año, la Procuraduría afirmó: “No es posible
desagregar y/o discriminar si lo asegurado pertenece a la organización delictiva
referida en su solicitud (Cártel de Sinaloa)”. En su lugar, remitió el total de
dinero asegurado a narcotraficantes entre 2001 y 2016. En total, unos 823
millones de dólares. También entregó lo contenido en una serie de boletines de
prensa.
En
los comunicados, la Procuraduría señala diversas diligencias efectuadas para la
detención de personas, encabezadas por El Chapo, así como el
aseguramiento de diversos bienes. No obstante, se precisa que de los documentos
“no es posible obtener de manera específica los aseguramientos a la persona de
su interés”.
Por
ejemplo, en un comunicado del 22 de febrero de 2014, la Procuraduría presumió de
cómo funcionarios de la Marina detuvieron al narcotraficante. José Murillo
Karam, entonces procurador general, declaró: “En razón de este operativo hemos
asegurado (…) 97 armas largas, 36 armas cortas, dos lanzagranadas, un
lanza-cohetes, 43 vehículos (19 blindados), 16 casas y cuatro ranchos hasta este
momento”.
Días después, el 26 de febrero, se amplió la información en otra conferencia de prensa: “97 armas largas, 36 armas cortas, 311 cargadores, dos lanza granadas, un lanza cohetes, dos cohetes, una subametralladora calibre 9 milímetros, dos explosivos, 6.044 cartuchos, nueve granadas de fragmentación, cuatro granadas de 40 milímetros para arma larga, 43 vehículos (19 blindados), 38 equipos de comunicación y 14 casas. También 420 mil pesos (23 mil dólares) y 4.690 dólares, 3.110 kilogramos de metanfetaminas (cristal), 82 kilogramos de cocaína y 25 kilogramos de marihuana”.
La
Procuraduría no precisó quién era el propietario de esos bienes ni su ubicación
actual. Tampoco aclaró las discrepancias entre los datos de ambos
comunicados.
En
agosto de 2014, con el principal objetivo de mantener un mayor control de los
bienes asegurados a la delincuencia, la Procuraduría puso en marcha el Centro
Nacional de Control de Bienes Asegurados. Hoy está desactualizado, pues no hay
data para los últimos tres años.
La
página oficial ofrece información de los aseguramientos entre los años 2006 y
2014, con un total de 589,8 millones de dólares (entre pesos, dólares y euros),
además de empresas, embarcaciones, inmuebles, vehículos, aeronaves, obras de
arte, armas, hidrocarburos y droga, entre otros, que fueron asegurados a la
delincuencia. Pero no se especifica el valor de cada uno de los bienes muebles e
inmuebles, ni a cuál narcotraficante o cártel
corresponden.
El
Chapo. Despue´s de su extradicio´n a EU, la PGR informo´ sobre aseguramientos
mi´nimos al narcotraficant... by ArmandoInfo on
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Cárteles indemnes
Pero
el de El Chapo no es un caso aislado en la benevolencia u
omisión continua del Estado mexicano frente a los bienes del crimen organizado.
Al ampliar el lente, es clara la inacción frente a las estructuras financieras
de líderes mexicanos del narcotráfico. Así lo evidencian las respuestas de la
Procuraduría cuando se le requiere el listado de bienes y cuentas bancarias
asegurados a los principales cárteles. Entre ellos los de Los Zetas, Beltrán
Leyva, Tijuana, La Familia, del Golfo, Caballeros Templarios, Jalisco Nueva
Generación, del Milenio, Resistencia, Guerreros Unidos, Juárez o Independiente
de Acapulco.
En
ambas ocasiones que se dirigió la solicitud de información (en 2015 y 2017) la
institución contestó: “No es posible desagregar y/o discriminar si lo asegurado
pertenece a la organización delictiva referida en su solicitud”. Y remite el
mismo listado general de lo asegurado por la Procuraduría en el periodo
2001-2016. El registro ofrecido no contiene detalles sobre lo confiscado, sólo
los montos totales en dólares, euros y pesos.
Está
el caso de Ismael El Mayo Zambada, el segundo a bordo del
Cártel de Sinaloa en tiempos de El Chapo. Es uno de los narcos más
buscados y por quien la Procuraduría ofrece la máxima recompensa de 1,66
millones de dólares. No hay nada incautado de él. “Después de efectuar una
búsqueda exhaustiva y minuciosa en sus archivos (en el periodo 2001-2016), fue
posible localizar cero (0) registros de bienes asegurados, esto es, casas,
terrenos, inmuebles, empresas, dinero, cuentas bancaria…”.
Otro
ejemplo de cómo las estructuras financieras del narcotráfico sobreviven a los
operativos de los cuerpos de seguridad, es el de Vicente Carrillo Fuentes
—hermano del difunto Amado, El señor de los cielos —, líder del
Cártel de Juárez. De él apenas se reportan los aseguramientos de 115 objetos,
dos armas, tres cargadores y 58 municiones o
cartuchos.
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Hacienda se deslinda
Además
de la Procuraduría, en febrero también se consultó a la Secretaría (ministerio)
de Hacienda sobre los montos asegurados y los nombres de las empresas
sancionadas por ilícitos o lavado de dinero —incluyendo las que son señaladas
por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos—.
Su
respuesta: “La Unidad de inteligencia financiera no puede proporcionar la
información solicitada, en virtud de carecer de facultades en materia de
clausuras y aseguramientos”. Incluso, indicó que no es su competencia: “Se
sugiere consultar el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes o a la
Procuraduría Federal del Consumidor, quienes se estiman las autoridades
competentes para atender la solicitud que nos ocupa”, dijo Alberto Bazbaz Sacal,
titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de
Hacienda.
Es
una recomedación estéril. La Procuraduría Federal del Consumidor tiene la misión
de proteger y promover los derechos de las y los consumidores mexicanos,
“garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de
consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y
servicios”.
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Faltan investigaciones en profundidad
Las
organizaciones ciudadanas de monitoreo no han tenido mejor respuesta a sus
solicitudes. “La información que entrega el Gobierno es tan mala que no permite
un proceso de sistematización”, indicó Francisco Rivas, director del
Observatorio Nacional Ciudadano. “Demuestran que no hay un control en los
aseguramientos”.
Quedan
preguntas en el aire, dice, como cuál es el destino de los bienes asegurados.
“Esto sin contar lo que devuelven por los malos procesos”,
agregó.
María
Elena Morera, fundadora y presidenta de otra organización, Ciudadanos por una
Causa en Común, subrayó que el gobierno está combatiendo de “manera parcial” a
la delincuencia. “Si sólo corta las cabezas, los que están abajo quieren subir y
provocan una serie de diferentes violencias para tener el puesto de arriba”. Los
grandes cárteles se multiplican en decenas de bandas criminales dedicadas,
además de la droga, al narcomenudeo, secuestro, extorsión, piratería y robo de
combustible, explicó.
En
otros países, como Estados Unidos, tienen un mecanismo más profundo para el
combate a las finanzas mafiosas. “Se investiga a las bandas completas, se las
identificada y en el momento preciso rompen los mandos superiores y medios, o
las finanzas. Son investigaciones de más largo aliento, donde los resultados son
fuertes”, argumentó.
Por
eso la activista remarca el fracaso en México de la Ley de Extinción de Dominio,
un mecanismo por el que el Estado asegura los bienes de origen ilícito: “No ha
servido, es inútil”. En Colombia, contrasta, es exitosa, porque se han afectado
más 49.712 bienes de la delincuencia organizada, de los que más de 10.000 se han
asegurado a favor del Estado. “Realmente no tenemos un régimen que esté
fortalecido para combatir las bandas criminales”.
En
el fondo, opinó, existe una debilidad institucional. “La Procuraduría investiga
e integra mal las averiguaciones y el Estado mexicano termina pagando. No
combaten y causan un daño institucional”.
Osiel
Ca´rdenas, li´der del Ca´rtel del Golfo.pdf by ArmandoInfo on
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