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La Fiscalía vuela primero y paga después

El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes

Segunda entrega | Por no devolver una aeronave asegurada en el año 2000, la Procuraduría General de la República y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) deben indemnizar con 15 millones de dólares a la empresa Servicios y Reparaciones Aeronáuticos. El caso revela cómo las deficiencias del Ministerio Público en el combate al narcotráfico se convierten en un búmeran para el Estado mexicano.

En julio de 2000 se decretó la confiscación del avión tipo Sabreliner y la detención de dos pilotos, quienes presuntamente transportaban 67 paquetes de cocaína. Sin embargo, dos años después fueron absueltos porque los agentes policiales alteraron el estado físico de la aeronave, según una sentencia emitida en 2002 por un juez penal en el estado de México (centro del país). Esto impidió que sirviera como prueba durante el proceso.

Así, la Procuraduría estaba obligada a regresar el avión. No obstante, lo utilizó hasta 2006 para luego entregarlo al SAE, entidad pública que lo vendió como chatarra por la cantidad de 3.895 dólares.

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