La frontera del más allá
La delgada línea que separa a Norte de Santander con Venezuela oculta camposantos de desaparecidos de lado y lado, víctimas de la violencia de grupos armados ilegales que se mueven con facilidad entre ambos países. Sus familiares recorren trochas, veredas y hasta cementerios del lado venezolano, en búsqueda de sus desaparecidos, sin la ayuda de los gobiernos
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Carmen
Cecilia Torres Maldonado lleva siete años y dos meses viviendo un calvario.
Exactamente desde el 9 de abril de 2010. Ese día desapareció su único hijo,
Sergio Omar Abril Torres. Desde entonces ella no ha logrado volver a estar
tranquila. Tal ha sido el cambio en su vida, que dejó de trabajar en el colegio
que está cerca a su casa, en el barrio Trigal del Norte, en Cúcuta, para
dedicarse a la búsqueda de su primogénito.
Al
momento de su desaparición, Sergio Omar, según su madre, llevaba dos años
trabajando como mototaxista en el barrio El Escobal de Cúcuta. La labor del
joven era llevar personas hacia Ureña, población venezolana que está después del
puente internacional Francisco de Paula Santander, a cambio de
dinero.
Carmen
recuerda que ese 9 de abril su hijo, de 26 años de edad, salió a trabajar como
lo venía haciendo desde hacía dos años. “Él se fue como todos los días, a las 6
de la mañana, y, según me contaron algunos de sus compañeros, mi muchacho estuvo
trabajando hasta las 4 de la tarde, cuando comenzó a llover muy fuerte”. A
partir de esa hora, nadie volvió a ver a Sergio Omar.
Después
de esperarlo en vano toda la noche, la madre salió al día siguiente a buscarlo.
Llegó al lugar donde trabajaba y preguntó a los compañeros de su hijo posibles
causas de su desaparición. Pero no consiguió ninguna. Entonces Carmen recordó
que antes de que saliera a trabajar, Sergio Omar le hizo un comentario. -Mamá,
cómo le parece que ayer llegaron dos hombres en un taxi, me llamaron y me
preguntaron, “¿es verdad que usted se las está dando de
paraco?”.
Los familiares de los desaparecidos continúan esperando a sus seres queridos. Aunque algunos sepan que ya no se encuentran con vida.
Los familiares de los desaparecidos continúan esperando a sus seres queridos. Aunque algunos sepan que ya no se encuentran con vida.
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La
mujer angustiada le preguntó a su hijo qué les había contestado. “Él les
contestó que no, que él no sabía nada de eso y que lo único que hacía era
trabajar”.
Su
hijo agregó que uno de los hombres al escucharlo, sacó el celular y llamó a
alguien, con quien habló por varios minutos. “Luego le dijeron a Sergio que se
quedara tranquilo, que siguiera trabajando y que no había pasado nada”. Los
desconocidos se marcharon. Pero extrañamente, al otro día el muchacho
desapareció y hasta hoy nadie tiene razones claras de su
paradero.
Después
de un año de la desaparición de Sergio, un desconocido llegó a la casa de Carmen
y le aseguró que a su primogénito lo habían asesinado. “El tipo me dijo que a mi
hijo lo tenían enterrado en el sector La Isla, en la tercera trocha que conocen
como La Mona, que va de El Escobal hacia Ureña. Él me indicó las coordenadas y
me dijo: ‘Él está pasando el río Táchira, donde queda una cuevita, que la hacen
unos ramales’”.
La
mujer, desesperada por lo que le habían dicho, corrió a dar la nueva información
a las autoridades colombianas, a quienes ya había hecho la denuncia formal de la
desaparición de su hijo. Pidió a los funcionarios que la acompañaran, pero éstos
se rehusaron, ya que no tenían permiso para laborar en suelo venezolano.
Entonces ella decidió ir y verificar por sí misma.
“Yo
llegué hasta ese lugar, que estaba en un islote. Allí había zapatos enterrados y
pedazos de ropa de mujer. En ese lugar deben haber muchas más personas
enterradas”, contó. Pese a que removió algo de tierra, no encontró nada que le
indicara que Sergio estaba en ese sitio.
María Teresa Cristancho lleva décadas esperando el regreso de sus hijos
Así
como ella, hay miles de madres, padres, hermanos, tíos, abuelos, primos y
sobrinos en Norte de Santander y el estado Táchira buscando familiares que un
día se fueron y no volvieron más. Las historias son muy similares. Sólo cambian
los nombres de los grupos armados ilegales que actúan en la frontera
colombo-venezolana. Y los números de los desaparecidos, que van en aumento y
todo por el cambio o transformación de esos grupos armados, según contó la
fundación Progresar, quien se ha dedicado por 20 años a indagar sobre este
tema.
El calvario que le tocó vivir
Zoraida
Meneses también llora a su hijo Carlos Alberto Meneses, quien estuvo cinco meses
desaparecido este año. En mayo la llamaron para informarle que su cadáver había
aparecido en una trocha que lleva hacia a la población La Mulata, en Venezuela.
El cuerpo del joven, de 22 años de edad, fue hallado semienterrado y en avanzado
estado de descomposición. La mujer tuvo que esperar casi seis meses para que el
Instituto de Medicina Legal y Forense le confirmara que el de
Carlos.
“Mi
hijo desapareció el 12 de diciembre, cuando iba en una moto roja Bera 200, por
la vía Santa Cecilia-San Faustino, zona rural de Cúcuta”, relata la mujer. Ese
día el gobierno venezolano había cerrado la frontera como consecuencia de la
eliminación del billete de 100 bolívares, base de una economía de menudeo que
incluye el contrabando de combustible y de divisas. “Carlos Alberto tenía un
dinero que destinaba a la compra de gasolina que trasladaba en su moto. Desde
entonces desapareció. Dos días después encontraron su vehículo en la orilla de
esa carretera, con las llaves pegadas”, contó la
madre.
Zoraida cuenta la historia sobre la desaparición de su hijo, y su lucha para conocer su paradero.
Zoraida cuenta la historia sobre la desaparición de su hijo, y su lucha para conocer su paradero.
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De
inmediato Zoraida se dio a la tarea de recorrer las trochas fronterizas, sin
resultados. La ley de silencio predomina por esas vías, donde grupos armados
ilegales conviven con autoridades militares -tanto del lado colombiano como del
venezolano-, alimentados por un contrabando que no
cesa.
Cinco
días después las autoridades se comunicaron con la mujer y le informaron que
debían tomarle muestras de su ADN para contrastarlo con el del cuerpo de una
persona que había aparecido a orillas del río Pamplonita. “Medicina Legal me
tomó las pruebas el 21 de diciembre y me dijeron que los resultados se
demorarían entre seis meses y un año”, recordó Zoraida. A partir de ahí inició
la lucha para que el gobierno se los agilizara.
Después
de cinco meses de insistir, el instituto forense le comunicó que los restos eran
de Carlos. Sin saber si reír o llorar, se alistó prontamente y se dirigió con su
familia a reclamar el cadáver de su hijo para darle un último adiós. Ahora sólo
espera que algún día las autoridades colombianas le esclarezcan el atroz
crimen.
En la línea fronteriza no paran de encontrarse fosas de desaparecidos.
En Ureña, vereda La Mulata, encontraron recientemente una fosa con 12 cuerpos.
Autoridades colombianas y venezolanas han trabajado conjuntamente para resolver la situación de los desaparecidos
Masacres y desapariciones ya hacen parte de la historia de la frontera nortesantandereana
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Más de dos décadas horror
La
odisea transfronteriza que vivieron Carmen y Zoraida no es nueva. Es el fenómeno
de la desaparición forzada, que viene ocurriendo desde hace más de 20 años en
todos los rincones del país.
En
el país no hay una cifra exacta de la gente que un día salió de su casa y no
volvió, y las estadísticas de las instancias oficiales – Medicina Legal,
Fiscalía, policía y Defensoría del Pueblo- no coinciden entre
sí.
El
gobierno se ha propuesto arrojar luces sobre esta problemática a partir de la
creación de una comisión de la verdad de desaparición forzada, según lo
establecido en el acuerdo de paz que se firmó con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), luego de más de medio siglo de conflicto. El
trabajo de este grupo, que aún no ha empezado, tendrá el reto de aclarar el
número de personas desaparecidas en la frontera que, aseguran organizaciones
defensoras de derechos humanos como la fundación Progresar, está en
aumento.
Entre
ellas existe el consenso de que este delito se presenta con mayor frecuencia en
poblaciones del Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander
y Tibú. En las últimas dos décadas han desaparecido en ese departamento
alrededor de 3.600 personas, según las cifras del departamento de Medicina
Legal, adscrito a la Fiscalía Nacional. La misma Fiscalía y Policía aseguran que
esos números no son exactos porque muchas familias se abstienen de denunciar,
sea porque no lo quieren o porque son advertidas de no hacerlo por grupos
armados ilegales.
La
Fundación Progresar, una organización sin fines de lucro, es una de las pocas
que ha trabajado a fondo con los familiares de los desaparecidos en la frontera.
En 2010 registraron -en el libro Tantas vidas arrebatadas- “un alto
número de desapariciones forzadas en Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, El
Zulia, Puerto Santander y San Cayetano. Encontraron con que los grupos armados
ilegales usan vehículos particulares y armas para interceptar personas y
someterlas. Nadie volvía a ver a esas víctimas, pues quedaban enterradas en
fosas hechas en la línea fronteriza, bien en Colombia o
Venezuela”.
La
práctica delictiva ha sido reconocida por ex líderes de grupos irregulares.
Jorge Iván Laverde Zapata, ex comandante del desmovilizado bloque Fronteras, de
las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, afirmó para este trabajo en una
entrevista que se le hizo en Antioquia, donde hoy está radicado, después de
salir de prisión, que la desaparición era una práctica muy común para ese grupo
armado ilegal. “Para desviar cualquier información, bien fuera en Colombia o en
Venezuela, nosotros agarrábamos a la persona, la matábamos y enterrábamos, o la
echábamos al río. Si decidíamos que apareciera, la dejábamos al otro lado del
río, pues así no habría ninguna investigación. En Venezuela las autoridades no
se matan la cabeza con los muertos que no son de allá”. Laverde hoy colabora con
la justicia para ayudar a ubicar a los desaparecidos, pues así lo obliga la Ley
de Justicia y Paz a la que se sometió cuando decidió desmovilizarse. Este grupo
armado tampoco tiene una cifra exacta de cuántas personas desaparecieron. Tan
sólo señalan más de cinco mil muertos y desaparecidos en Norte de
Santander.
A
esta confesión se le suma la que hizo el paramilitar Edilfredo Esquivel Ruiz, en
mayo de 2009. Él aseguró que cuando se inició el holocausto de los ‘paras’ en la
zona de frontera, en el año 2000, pudo constatar con un funcionario de la
Guardia Nacional venezolana que muchos de los asesinados y desaparecidos por su
grupo ilegal eran enterrados en el municipio Jesús María Semprún, del estado
Zulia. Esta situación generó protestas entre los pescadores de la
localidad.
Wilfredo
Cañizares, director de la Fundación Progresar, explicó que en la década del 90
la desaparición forzada tenía una connotación política, porque tanto la
guerrilla o la fuerza pública la usaban como un arma para atacar al enemigo.
Hacia la década siguiente el conflicto cambió, con las alianzas entre
narcotraficantes y los grupos armados, y la práctica continuó. Luego empeoró
cuando se sumaron los paramilitares. “Ya no se desaparecía una persona, sino a
toda su familia. A partir del 2005, los grupos que nacen del fracaso de la
negociación con las autodefensas comenzaron a desaparecer por cualquier cosa.
Todo esto tiene un hilo conductor. Aún hoy en Cúcuta y el área metropolitana se
sigue desapareciendo (a personas)”.
Con un servicio sin mucho problema
El
desinterés en realizar investigaciones exhaustivas cuando se encuentra una fosa
o un cadáver en la frontera y así ayudar a decenas de personas que desean
esclarecer las desapariciones de sus familiares, no exclusiva de las autoridades
venezolanas. En Colombia, a pesar de los lineamientos de la Fiscalía y la
Policía contra la desaparición forzada, los resulados son pocos. La ausencia de
documentos oficiales al respecto lo comprueban. Un
claro ejemplo es que las autoridades no tienen más de 10 personas dedicadas a
investigar desapariciones. Este portal pudo comprobar que la Policía
Metropolitana de Cúcuta sólo cuenta con dos funcionarios de planta para llevar
esas pesquisas, mientras que el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía,
tiene tres funcionarios. Hasta hace menos de cinco años, el Gobierno ordenó
crear una unidad especializada de desaparición forzada adscrita a la Fiscalía,
pero poco se conoce de sus avances. Se le solicitó una entrevista. Hasta el
momento han sido las confesiones de paramilitares o guerrilleros las que han
guiado a las autoridades a los lugares donde han enterrado a las personas, que
luego han identificado y entregado a sus familiares.
Coronel Javier Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta
El
coronel Javier Barrera, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que su
institución tiene trazada una ruta para recibir denuncias y ejecutar
investigaciones sobre desaparecidos. Pero en relación a la frontera, Barrera
tomó distancia, argumentando que esas zonas son controladas por el Ejército. “En
la Constitución de Colombia está muy claro que los límites fronterizos son
vigilados por el Ejército Nacional”, señaló.
Territorios fronterizos de muerte
Las
poblaciones venezolanas que han sido usadas por los grupos armados ilegales de
Colombia como aliviadero para cometer las desapariciones y asesinatos son las
poblaciones Llano Jorge, San Antonio del Táchira, Boca de Grita, Ureña, La
Mulata y sus alrededores. Hoy no es raro ver grupos de familias colombianas o
venezolanas en la morgue del cementerio central de San Cristóbal, buscando
noticias de sus familiares desaparecidos, pues las autoridades encuentran fosas
con cadáveres en la frontera con frecuencia.
El CICPC venezolano, realiza investigaciones en la frontera.
Progresar
indicó en su libro que en las morgues del estado Táchira hay falencias en las
pruebas periciales que se aplican a casos producto de la violencia, como
homicidios o desapariciones. En la frontera venezolana, apuntan, no hay
infraestructura o protocolos para ordenar procesos e información que permita
esclarecer estos delitos. La morgue y el cementerio central de San Cristóbal han
atendido cadáveres que no son reclamados, muchos de los cuales serían
colombianos.
Cadáver de un colombiano hallado en Venezuela
En
este camposanto están recibiendo este año cinco cadáveres a la semana
provenientes de los límites entre Colombia y Venezuela, según Cardona. Este año
han abierto 10 fosas comunes, donde hay enterrados entre 10 y 15 cadáveres, en
cada una de ellas. Muchos de esos muertos podrían ser colombianos o venezolanos
desaparecidos por las fuerzas irregulares que operan en la
frontera. “Hasta
que Colombia y Venezuela no se pongan de acuerdo y construyan una herramienta en
común, la frontera seguirá siendo usada por los grupos armados ilegales para
hacer de las suyas, las desapariciones no pararán y seguirán aumentado como ha
sucedido hasta ahora”, afirmó Cañizares. Los nombres de los autores
de este reportaje no se revelan por protección
Los familiares lloran a sus desaparecidos
Los familiares lloran a sus desaparecidos
Los familiares lloran a sus desaparecidos
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