El botín de los narcos también migra

Gianfranco Napolitano pasó de tener una ferretería en el pueblo llanero de Tinaquillo a levantar más de 40 empresas entre Estados Unidos y Panamá. En el camino dejó una estela tan controversial que ni siquiera el bufete de Mossack Fonseca quiso tenerlo como cliente. Del chavismo obtuvo varios contratos públicos en el estado Yaracuy, desde donde huyó tras las acusaciones por corrupción contra el ex gobernador Carlos Giménez. Recientemente, mientras en Miami se declaraba en bancarrota, ponía su plataforma de medios a la orden del diputado Luis Parra, cabecilla de la llamada ‘fracción Clap’ que en enero intentó tomar por asalto la directiva de la Asamblea Nacional.  

Una red de empresas propias y de familiares convirtió al Mayor del Ejército William Hernández Cova en uno de los principales contratistas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Más de 250 contratos cayeron de su lado durante la década en que esa institución estuvo dirigida por otro colega militar, el General Carlos Rotondaro Cova. Aquello fue el inicio de una expansión que no cesa, a contravía del desplome económico del país, y que ha colocado al grupo empresarial a la cabeza de una compañía petrolera en Colombia, de una clínica privada y hasta de bodegones en el este de Caracas, entre otros negocios.

Como si fuera una dimensión paralela en la que se tuercen las leyes del mercado global donde los precios del oro van al alza, en la zona minera del estado Bolívar la cotización del metal se ha desplomado a la mitad a raíz de la cuarentena impuesta por el coronavirus. Pero, atención, que este ‘Black Friday’ no es para todos: solo le sacan provecho quienes han cartelizado el mercado áureo local mediante la coacción y el uso de dólares, desde pandillas del crimen organizado a guerrilleros o autoridades militares. Los mineros artesanales producen a diario y necesitan vender para sobrevivir, pero lo hacen a precios de liquidación porque las medidas de confinamiento han cerrado los canales de comercialización. Mientras, otros actores acumulan oro para asegurarse una próxima bonanza.

Los empresarios colombianos que se consagraron como los contratistas preferidos de Nicolás Maduro ya no sólo canalizan sus intereses a través de un laberíntico portafolio de empresas y accionistas ‘offshore’. Para entrar de lleno en industrias básicas, desde hace algún tiempo encargan a ciertos individuos, allegados a sus negocios y dispuestos a atravesar en cualquier dirección el umbral entre los sectores público y privado, para posesionarse de compañías del Estado venezolano. Así hicieron con Minervén y estuvieron a punto de hacerlo con la productora de fertilizantes en Barranquilla, Monómeros Colombo Venezolanos, quizás solo detrás de Citgo, la propiedad más valiosa de la República en el exterior.

Esta vez se trata de otro comandante: Wilmar Castro Soteldo, el compañero de armas de Chávez el 4F y varias veces ministro, quien coqueteó hace dos años en público con la idea de conformar un empresariado a la medida de la revolución. Dos de sus colaboradores más cercanos sabían exactamente de qué hablaba. Yomana Koteich y Pedro Khalil pasaron de ser funcionarios públicos a prolíficos empresarios que han contratado con el Estado venezolano -solapando a veces una cosa con la otra- gracias a la cercanía, bendición e influencia del ex teniente coronel nacido en los Llanos... También como Chávez.

Con una mezcla de clarividencia y audacia, el hombre más rico de Venezuela ya venía internacionalizando sus negocios desde hace tiempo. Pero las últimas adquisiciones de Juan Carlos Escotet para seguir expandiéndolos llevan hasta al observador más distraído a arquear las cejas. Hace semanas anunció la compra de un banco portugués que sirvió de pivote para saquear las arcas de un país africano. Meses antes, se había hecho del control de la sucursal en Florida del liquidado Banco Espirito Santo, también de Portugal, que con anterioridad había sido fruta de tentación para el banco suizo preferido de la boliburguesía. ¿Qué motiva esas jugadas de alto riesgo reputacional?