El botín de los narcos también migra
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
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Tras la extradición de El Chapo Guzmán, el Gobierno de Estados Unidos
anunció que iría tras su fortuna, calculada a grosso modo en 21.600
millones de dólares, producto de la venta de drogas durante más de dos décadas.
El anuncio presagia un panorama difícil para el Estado mexicano.
Además
de que ya confisca cantidades mínimas a las fortunas de los principales
cabecillas del narcotráfico, y debe resarcir a terceros por errores en estos
procesos -como se viene demostrando en esta serie de reportajes, elaborada a
partir de más de 200 documentos oficiales obtenidos por solicitudes de
información-, ahora México enfrenta una consecuencia todavía peor de su chapuza
en las confiscaciones de bienes del crimen organizado: a pesar de ser el
territorio donde esas bandas trafican, matan y hacen negocios, México puede
quedarse con las manos totalmente vacías. De la fortuna de El Chapo -que
representa una cuarta parte del patrimonio de Bill Gates, considerado este año
el más rico del mundo por la revista Forbes-, por ejemplo, México quizás
no obtenga un dólar.
La
situación ha puesto en guardia a legisladores mexicanos, que están exigiendo al
Ejecutivo que su país detenga las extradiciones de narcos a Estados Unidos si no
hay una negociación en la devolución de sus bienes asegurados por la
administración norteamericana. Las pérdidas para el Estado mexicano serían
cuantiosas.
En el gráfico, la información de 2017 corresponde hasta el 9 de enero.
Según
documentos obtenidos por la Ley de Transparencia, 1.144 narcotraficantes han
sido extraditados a gobiernos extranjeros entre 2000 y 2017. La mayoría -1.064;
de ellos, 853 de nacionalidad mexicana- fueron enviados a Estados Unidos. Tan
sólo 19 a España y 10 a Canadá, reportan los informes de la Dirección de
Procedimientos Internacionales de la Procuraduría.
“Ya
existe un convenio internacional que regula el tipo de relación cuando se
detiene a un criminal en México y se entrega a Estados Unidos”, advirtió Jorge
Ramos Hernández, diputado presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara
Baja. “Se firmó desde hace siete años y sigue vigente”.
El
acuerdo contempla un porcentaje de distribución de los bienes asegurados o
incautados dependiendo del nivel de participación de cada país. “Pero no es
suficiente”, puntualizó el legislador. “El gobierno ha sido muy pasivo en
iniciar la mesa de alto nivel entre las dos Tesorerías (norteamericana y
mexicana) a través de la Cancillería. Se requiere apurar el paso¨,
dijo.
Por
eso diputados del Partido Acción Nacional (PAN) -que fue gobierno en México
entre 2001 y 2012- proponen ahora que el Estado mexicano reclame 50% de los
recursos que asegure Estados Unidos a los delincuentes
extraditados.
¿Hay
algún antecedente de una devolución? “Negativo, ni uno solo”, aseguró el
legislador, “el Gobierno federal está reprobado”. Explicó que se hizo un
esfuerzo real con la deportación de Edgar Valdez Villarreal, el narcotraficante
conocido como La Barbie, pero la iniciativa no prosperó porque
Valdez tenía la ciudadanía americana, una regla que no aplica para regresar el
dinero. Debía ser mexicano.
La chapuza frente a EE UU
En
octubre de 2015 La Barbie, quien fuera operador del Cártel de los Beltrán Leyva,
y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, líder del Cártel del
Golfo, fueron entregados a Estados Unidos con otros 11 delincuentes reclamados
por ese país. A pesar del convenio con Washington, México no tiene reportes de
la devolución de dinero o bienes asegurados a los criminales por delitos como
delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, posesión de cartuchos
de uso exclusivo del Ejército, delitos contra la salud y homicidio
calificado.
Otro
caso que revela posibles pérdidas para el Estado, es el de Osiel Cárdenas
Guillén, líder del Cártel del Golfo. Fue uno de los 13 hombres más buscados de
la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration,
DEA), por quien la entidad norteamericana ofreció hasta dos millones de dólares
de recompensa. Cárdenas fue extraditado a Estados Unidos en
2007.
En
la lista proporcionada por la Procuraduría, se reporta que a Cárdenas se le
confiscaron 904 objetos, 43 vehículos, 21 inmuebles, 18 armas, 37 joyas, 34.926
dólares y 146 dólares, entre otros de menor valor. Sin embargo, las autoridades
mexicanas no tienen información de lo confiscado por Estados
Unidos.
Sin
embargo, la situación contrasta con la información en medios públicos de lo
congelado a Osiel: 20 millones de dólares en propiedades. Lo mismo ocurrió con
el narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, quien fuera
condenado a cadena perpetua por una Corte de Washington. El gobierno
estadounidense le confiscó, según reportes de prensa, propiedades por un valor
de 529 millones de dólares.
Paquetes en el patio de almacen de la PGR con bienes incautados a los carteles del narcotráfico.
Joaquín El Chapo Guzmán fue apresado en 2016 y extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017
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Reciprocidad retardada
El
vacío en las arcas mexicanas contrasta con el apoyo que ha dado México a su
vecino del norte en algunas investigaciones, indica María Elena Morera,
fundadora y presidenta de Ciudadanos por una Causa en
Común.
“México
y Estados Unidos siempre han trabajado en conjunto”, apuntó. “Muchas
investigaciones que se conocen allá las hicieron en México. Lo ético sería que
la recuperación de los bienes se viniera a México. Sin embargo, no estamos
viendo eso, no hay una relación con Estados Unidos en este tema”,
afirmó.
Pero
aunque se coopere, no siempre hay solidez en las investigaciones mexicanas. Son
casos como los de Iván Reyes Arzate, un policía federal, y Veytia Cambero, ex
procurador de justicia del Estado de Nayarit, en el centro-oeste mexicano. Ambos
están relacionados con cárteles de la droga y fueron detenidos recientemente en
suelo norteamericano. “México no tiene investigaciones fuertes al respecto. No
creo que Estados Unidos nos regrese algo que no investigamos”, opinó
Morera.
Ante
la expectativa para que Estados Unidos regrese el dinero asegurado del narco o
crimen organizado hay un caso que sepulta esa posibilidad. En 2012, el gobierno
estadounidense sancionó por 1.900 millones de dólares al banco británico HSBC,
en decomisos y multas civiles, por violar la Ley de Secreto Bancario y la Ley
contra Tratos con el Enemigo.
La
entidad bancaria fue acusada de transferir miles de millones de dólares a favor
de Irán y de los cárteles de la droga de México para lavar dinero a través del
sistema financiero de Estados Unidos. “La investigación se hizo aquí en México,
pero Felipe Calderón no la quiso sacar. En cambio, la sacó Estados Unidos y se
quedó con todo el dinero”, remató Morera.
Mientras
tanto en México, en el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto se describe el trabajo realizado por la Unidad de Investigación Financiera
de la Secretaría (ministerio) de Hacienda, que tiene bajo su responsabilidad
combatir el lavado de dinero, identificar patrimonios ilegales, simulaciones y
operaciones ilícitas. En un apartado señala: “Células del crimen organizado
desarticuladas: cero”.
